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Carles Puigdemont ha afirmado este mismo martes que tiene previsto acudir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, que se llevará a cabo el próximo 2 de julio en Estrasburgo. No obstante, el expresidente de Cataluña espera que antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, aunque aún no han presentado recurso alguno sus abogados.

«Es inconcebible que dos electos que han recibido más de dos millones de votos no estemos en la sesión constitutiva del Parlamento europeo», ha dicho Puigdemont en una rueda de prensa en la sede de la Eurocámara en Bruselas, a donde ha acudido invitado por un grupo de eurodiputados favorables al independentismo catalán.

El político catalán no ha querido dar detalles sobre el recurso que su defensa estudia presentar ante la Justicia europea, ni ha aclarado cuándo prevén hacerlo, pero en cualquier caso ha dicho que esperan «una decisión antes del 2 de julio».

Los tiempos dependerán de «la vía exacta que elegirán los abogados», ha añadido Puigdemont, quien ha insistido en que es «absolutamente importante saber por parte de las autoridades europeas si tenemos la posibilidad o no de ir».

Los abogados de Puigdemont han apuntado ya que aspiran a llevar el caso ante Luxemburgo y que el tribunal se pronuncie bajo el procedimiento acelerado, con el que la corte europea resuelve los casos urgentes en una media de dos meses.

UNA CARRERA CONTRA LA JUSTICIA

El Tribunal con sede en Luxemburgo resuelve normalmente litigios entre países y las instituciones de la Unión Europea y solo pueden acudir directamente a él particulares si se trata de una decisión de las instituciones comunitarias que les haya afectado de «manera personal», según han subrayado fuentes europeas.

En el caso de la acreditación como eurodiputado de Puigdemont, sin embargo, ha sido la Junta Electoral Central la autoridad española que le ha denegado el acta por no haber ido personalmente a acatar la Constitución, un requisito que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en España.

Otra posibilidad para el expresidente catalán sería plantear un recurso por omisión si considera que el Parlamento europeo debía haber tomado una decisión –la de permitirle tomar posesión de su escaño– y no lo ha hecho, aunque hasta la fecha la institución ha respondido que las listas de eurodiputados son una competencia que corresponde a las autoridades nacionales de cada Estado miembro.

Otra forma de llegar hasta la Justicia europea sería optar primero por la justicia española para presentar el recurso y solicitar al Tribunal nacional que planteara una cuestión prejudicial al TUE. En este caso, el juez español puede aceptar o no la petición y solo estaría obligado a elevar la cuestión a Luxemburgo si fuera la última instancia a la que el demandante podría acudir en España.

PP y Vox han acercado posturas en su última reunión tras los desencuentros de los últimos días. La formación de Abascal, que había criticado al PP por no otorgarle cocejalías hasta el punto de poner en jaque el gobierno en la Comunidad, ha llegado a acuerdos que Almeida no ha querido desvelar.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes tras reunirse en Cibeles con el secretario general de Vox y concejal del Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith; el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, que las negociaciones avanzan dentro de un marco «razonable y sensato», y que de este modo se da «cumplimiento al acuerdo con Vox», pese a que continúa sin desvelar si la formación de Santiago Abascal ha solicitado Concejalías de Gobierno.

Dicha reunión, de unas tres horas y media, se ha producido el mismo día en el que la diputada y vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha admitido que en el acuerdo con Vox para el Consistorio «figuran concejalías», asegurando que ahora toca «aclarar» el pacto en el Ayuntamiento y continuar con las negociaciones en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

PP Y VOX SE CALLAN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO

Ha recordado Almeida que ambas formaciones se dieron 20 días para negociar tras su investidura, y ha precisado que en este «primer encuentro» con Vox se han establecido «las bases de esa negociación de acuerdo al documento que se firmó con el PP y Vox», el cual tienen «intención de cumplir».

«Están en curso esas negociaciones, están avanzando, pero no se puede halar ni sobre contenido ni sobre resultados porque sería absolutamente aventurado», ha manifestado el regidor madrileño. Misma tónica siguió ayer en su primera junta de Gobierno, tras la que aseveró que no entraría en «dimes y diretes» sobre las peticiones de Vox.

Todo ello después de que la coordinadora del partido en Madrid y diputada regional, Rocío Monasterio, anunciara ayer que suspendía «toda relación» con los ‘populares’ por «incumplimiento del contrato» en el Ayuntamiento.

A día de hoy, Martínez-Almeida ha indicado que «está más cerca el cumplimiento entre PP y Vox», y «eso es lo importante». «Nosotros vamos a cumplir el acuerdo que tenemos con Vox. Ha sido razonable lo planteado por ambas partes. Tenemos cuestiones que tratar y el plazo no se ha agotado ni de lejos», ha concluido.

La formación liderada por Santiago Abascal no ha realizado declaraciones tras el encuentro en Cibeles. Ortega Smith ha manifestado en diversas ocasiones que en el pacto se habla de «concejalías de gobierno y puestos de responsabilidad directiva de entes municipales» y ha avisó de que habría consecuencias si los ‘populares’ lo incumplen.

La dirección de En Marea ha instado a los diputados críticos con el portavoz orgánico y parlamentario, Luis Villares, a que renuncien a su acta. La formación quiere apartar a aquellos que proponen a José Manuel Sande para erigirse en senador y pide que apoyen el nombre propuesto por la cúpula, el de Mariló Candedo. En Marea culpa a Podemos de «golpismo».

Así lo ha indicado la viceportavoz de la coordinadora de En Marea, Ana Seijas, en una rueda de prensa celebrada en la tarde de este martes, horas después de que los diputados críticos (mayoría en el grupo parlamentario) formalizasen la propuesta para que Sande sea electo como senador en virtud de la condición de segunda fuerza que ostenta En Marea en la Cámara gallega.

De este modo, la dirección de En Marea da de margen hasta el viernes (día en el que, a las 13,30 horas, concluye el plazo para registrar propuestas para senador) para que los ocho diputados que votaron a favor de Sande en el proceso interno desarrollado en el seno del grupo acaten el nombre de Mariló Candedo.

De no hacerlo, la cúpula del partido instrumental pedirá a estos parlamentarios (Antón Sánchez, Paula Quinteiro, Marcos Cal, Luca Chao, Julia Torregrosa, Carmen Santos, Ánxeles Cuña y Manuel Lago) que renuncien a su acta por haber cometido una «infracción muy grave» del código ético de En Marea y haber incumplido los compromisos adquiridos en 2016 para figurar en las listas de las elecciones autonómicas.

Sin embargo, de manera previsible estos diputados desoirán la petición de dimisión de la cúpula de En Marea pues no reconocen a la dirección de la organización que lidera Luís Villares como órgano superior al que el grupo parlamentario se deba.

De este ‘ultimátum’ quedan excluidos los tres diputados afines a Villares (Davide Rodríguez, Paula Vázquez Verao y Pancho Casal), Flora Miranda (votó a la propuesta de la dirección) y Eva Solla (se abstuvo en la votación interna).

Además, la dirección quiere que, en el caso de que los diputados señalados decidan ignorar su petición y mantengan su acta, estos parlamentarios «abandonen» el grupo de En Marea «al resultar evidente que no representan» a la organización «ni tienen la intención de hacerlo».

PROPUESTA DE VILLARES

A preguntas de los medios, Ana Seijas no ha concretado si Villares, en su condición de portavoz parlamentario, seguirá adelante con su propuesta para senadora a instancias de la dirección de En Marea y registrará el nombre de Candedo para el cargo antes de las 13,30 horas del viernes.

Esto obligaría a pronunciarse a la Mesa del Parlamento sobre a cuál proposición otorga validez, si a la de los diputados críticos (mayoría de ocho sobre 14 en el grupo) o a la del portavoz del grupo. Se trataría, de confirmarse, de una situación sin precedentes en la historia de la Cámara gallega.

El pasado lunes, fuentes del Parlamento gallego consultadas por Europa Press confirmaron que si esa es «la voluntad mayoritaria del grupo» deben «acreditarla documentalmente a través de un acta firmada por los asistentes a la reunión» para trasladarla a la Mesa del Parlamento. Este trámite fue completado en la mañana de este martes por diez diputados de En Marea, que firmaron un acta en el que formalizan el nombre de Sande como propuesta mayoritaria del grupo para ser senador.

«Estos diputados se deben a esta organización (En Marea)», ha aseverado Seijas, que ha instado a los parlamentarios críticos a «reconsiderar su actitud» y aceptar a Candedo como propuesta para senadora.

La situación abierta deja al borde de la ruptura definitiva al grupo de En Marea, que podría ver como alguno de los dos bloques en los que se dividen sus representantes en el Pazo do Hórreo acaba en el grupo mixto.

Si esto ocurre, según Seijas, «la responsabilidad no será de En Marea» sino de los diputados «que no acatan» lo que marca la dirección política «por la que se presentaron» en las elecciones autonómicas, cita en la que la segunda fuerza en el Parlamento concurrió como partido instrumental de adscripción individual.

ACUSA DE «GOLPISMO» A PODEMOS

Así las cosas, En Marea culpa de la crisis abierta en el seno del grupo a la dirección de Podemos y a su líder estatal, Pablo Iglesias, al que acusa de promover el «golpismo político» y el «transfuguismo» en el grupo parlamentario.

El partido instrumental dice sentirse «víctima» de una «decisión tomada desde Madrid». «Podemos quiso quedarse con todo, fue la decisión tomada en Vislategre II: destruir la casa común para quedarse con todo. Es la vieja política de la fiebre por los cargos», ha apostillado Seijas.

En esta línea, ha insistido en que «En Marea no es propiedad de Podemos ni de Pablo Iglesias», sino que es una organización «en la que solo mandan las inscritas». A continuación, ha recordado episodios previos vividos en el vida interna del espacio político en los que afines a Villares y críticos, especialmente Podemos, evidenciaron sus discrepancias.

Así, ha citado el caso de la diputada Paula Quinteiro «amparada solo por ser de Podemos», el apoyo en el Congreso al proyecto «infame para Galicia» de los PGE de 2018 –finalmente no aprobados– o «la negación de las prácticas ilícitas en el censo de En Marea» durante las polémicas primarias en las que Villares refrendó su liderazgo.

«El último episodio de este desprecio de Podemos hacia En Marea es el llamamiento público de (Antón) Gómez-Reino de desoír una decisión democrática de En Marea», ha subrayado Seijas en referencia a Mariló Candedo, propuesta para senadora en base a las primarias para la configuración de listas para las generales del pasado mes de abril, en las que En Marea y Unidas Podemos concurrieron por separado.

Pablo Iglesias ha expresado su opinión en redes sociales, acerca de la imagen del deshielo en Groenlandia que ha sido realizada por el científico del Instituto Meteorológico de Dinamarca Steffen Olsen y que se ha hecho viral. El secretario general de Podemos considera que hay que tomar medidas urgentes ante la «envergadura de la crisis climática».

Ese plan, detallado en el programa electoral de la formación para las generales de abril, apuesta por ejemplo por reducir la producción energética primaria basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de la producción de fuentes renovables en 2040. A esto, Iglesias suma medidas como crear una empresa pública de energía, ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables, o el cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 y de las nucleares para 2024.

Iglesias apuesta además por recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, y lograr que el 70 por ciento de los vehículos vendidos en 2030 sean eléctricos o de energías alternativas, para que en 2040 se alcance el objetivo del 100 por cien.

TEMPERATURAS 40 GRADOS POR ENCIMA DE LO NORMAL

El diputado de Equo, Juan López de Uralde, también ha mencionado la fotografía de Olsen en su perfil de Twitter, y ha señalado que «el hielo se deshace a toda velocidad con temperaturas 40 grados por encima de lo normal».

La imagen, que ha sido compartida también por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, la hizo el científico cuando participaba en una misión en el noroeste de Groelandia consistente en la recuperación de material colocado por sus colegas en el hielo marino.

Olsen difundió en las redes sociales la fotografía que tomó el pasado 13 de junio advirtiendo de que las comunidades locales de esta zona de Groelandia dependen del hielo marino para el transporte, la caza y la pesca.

El PSN está dispuesto a que Geroa Bai gobierne en Navarra, siempre y cuando EH Bildu no esté en la mesa del Parlamento. Este parece el principal escollo en las negociaciones que están llevando acabo estos partidos, junto a Podemos e Izquierda-Ezkerra para la constitución del Legislativo foral este mismo miércoles.

En esas conversaciones, Geroa Bai se ha postulado para presidir el Parlamento y ha planteado que EH Bildu tenga una secretaría en la Mesa de la Cámara. El PSN ha aceptado la primera parte del planteamiento, es decir, que Geroa Bai asuma la Presidencia, pero no la segunda, ya que no quiere a EH Bildu en la Mesa, según han informado a Europa Press fuentes de los partidos.

Este martes por la mañana se ha producido una reunión entre Geroa Bai, PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra sin que se haya producido acuerdo y los contactos se mantendrán a lo largo del día, en la víspera de que este miércoles, a partir de las 11 horas, se constituya el Parlamento de Navarra.

GEROA BAI QUIERE A BILDU EN LA MESA

Tras el resultado de las elecciones del 26 de mayo, la suma de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra daría 23 escaños, mientras que Navarra Suma tiene 20 escaños y EH Bildu, siete.

Un acuerdo entre PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E les garantiza el control de tres de los cinco puestos en la Mesa del Parlamento, la presidencia, una vicepresidencia y una secretaria. Los otros dos puestos (una vicepresidencia y otra secretaría) serían para Navarra Suma.

En el marco de estas negociaciones, Geroa Bai ha propuesto que EH Bildu tenga un puesto en la mesa y ha explicado que para ello no sería necesario que el PSN diera su apoyo a la formación abertzale. Sería suficiente con que Geroa Bai, EH Bildu Podemos e I-E sumaran sus votos. Geroa Bai considera que este planteamiento contribuiría a generar «estabilidad» para un hipotético nuevo Gobierno.

Sin embargo, el PSN se mantiene reticente al planteamiento de que EH Bildu entre en la Mesa. Los socialistas quieren tener dos puestos en la Mesa, una vicepresidencia y una secretaria.

Ada Colau afrontará una complicada legislatura al frente de la alcaldía de Barcelona. Tras largos diálogos e incluso lágrimas para ser investida, ahora ni siquiera goza de una mayoría absoluta. La ruptura de Ciudadanos con Valls se ha acrecentado con la fuga de Corbacho, que ha escogido a la formación naranja y ha dejado tirado a a Valls. De esta forma, Colau ha perdido en los últimos días cuatro concejales, que dejan sus hipotéticos apoyos en 20, con la mayoría absoluta en 21.

CORBACHO APUESTA POR CIUDADANOS

La decisión del que fuera ministro socialista parece ir encaminada hacia la representación que sí tiene Ciudadanos en la Diputación de Barcelona, la misma que él presidió entre 2004 y 2008 y de la que Valls se quedaría fuera. Corbacho mantendrá este mismo martes una reunión con el partido de Rivera, que podría suponer un vuelco a la actual estructura del grupo en el Ayuntamiento de Barcelona.

De momento, según ha comentado esta misma mañana Carrizosa, la número dos Mariluz Guilarte será la presidenta y el edil Paco Serra el portavoz. A esta hora se desconoce si la valentía de Corbacho será premiada con alguno de estos dos puestos. Lo que evidencia aún más esta fuga es la ruptura total e insalvable de Valls con Ciudadanos tras facilitar éste sus votos para investir a Colau.

Esta decisión, adoptada por Rivera, ha sido defendida por Ciudadanos por enésima vez en las últimas 24 horas. A pesar de que el objetivo de Valls era evitar un gobierno de independentistas con ERC al frente, la formación naranja sostiene que Colau también se ha declarado en muchas ocasiones a favor del separatismo. Lo cierto es que la alcaldesa puso un lazo amarillo en el Ayuntamiento en su primer día al mando, que ha provocado las protestas de los partidos constitucionalistas.

COLAU, ANTE UNA LEGISLATURA COMPLICADA

La alcaldesa de Barcelona no ha pasado unos meses fáciles. Su reelección ha sido más complicada de lo esperado, tras unas elecciones en las que su partido obtuvo un resultado similar al de ERC. La formación independentista buscó un apoyo mutuo, pero Colau mostró su rechazo, a la par que su predisposición a gobernar. Este rechazo propició los insultos que han castigado a Colau, que afirmó haber meditado su cese.

Colau admitió no sentirse excesivamente cómoda con el apoyo del PSC y Ciudadanos, pero aceptó ser investida con su apoyo. 21 escaños, los justos y necesarios para una mayoría absoluta de la que ahora no gozará. La ruptura de la formación naranja le restó tres y ahora, la fuga de Corbacho, le quita otro más. Sin el apoyo mayoritario, la alcaldesa de Barcelona tendrá que apoyarse en diferentes partidos para según qué medidas. Una legislatura que se antoja complicada.

El PSOE ha denunciado este mismo martes la intención de Vox de despedir a 9.000 trabajadores públicos, como ya expresó esta formación en el pasado. Los socialistas consideran que es una de las «exigencias» que el partido de Abascal puso a PP y Ciudadanos para aprobar los presupuestos de este año en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista y delegado de Universidades del PSOE-A, Antonio Ramírez de Arellano, ha indicado que «el precio» que está dispuesto a pagar el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) a Vox por el acuerdo presupuestario suscrito para este ejercicio y el próximo es el «despido de 9.000 trabajadores públicos» del sector de los entes instrumentales, que son entidades que prestan servicios públicos fundamentales para los ciudadanos en el ámbito de la salud y otras cuestiones.

«Esa es la cantidad que Vox expresó en su día en la Comisión de Hacienda, Industria y Energía y, por lo que se comprueba ese es el precio que le va a poner al Gobierno, el despido de 9.000 empleados públicos», según ha alertado el portavoz socialista, quien ha pedido al Ejecutivo que diga claramente si va a cumplir con esa exigencia de la extrema derecha.

Ha querido dejar claro que en la Junta no ha existido ninguna «administración paralela», sino entes que realizan como fórmula instrumental labores que están relacionadas con servicios públicos.

Para Arellano, cada Gobierno tiene la legitimidad en el marco de sus competencias de reorganizar este sector de la forma que considere oportuna, pero en este caso se están «ocultando despidos. Ha indicado que la empiezan a verse «señales» como el hecho de que la propia consejera de Empleo, Rocío Blanco, haya hablado de colaboración público-privada en materia de empleo y reorganización del SAE.

Ha insistido en que el coste que está dispuesto a pagar Moreno por mantenerse en el Gobierno es el «despido» de 9.000 empleados públicos si cumple con las exigencia de Vox.

EL PSOE-A EXIGE UNA RESPUESTA DE PP Y CS

Ramírez de Arellano ha indicado que los 9.000 empleos que están en el punto de mira del Gobierno son los «señalados por Vox». Según ha explicado, este partido ya dijo en sede parlamentaria que «sobraban 9.000 empleados» de las agencias y entidades que prestan servicios a los ciudadanos y el Gobierno de Moreno está «de rodillas ante los postulados de Vox».

Según Ramírez de Arellano, de hecho, en el acuerdo presupuestario suscrito por el Gobierno de PP-A y Cs con Vox se habla de consignar en un presupuesto inmediato 15 millones de euros para empezar a «prescindir de trabajadores y comenzar a pagar despidos»: «Evidentemente esto está en el acuerdo y la petición de Vox está muy clara y el Gobierno tiene que decir con rapidez si la va a atender o no».

Asimismo, se ha referido al hecho de que Vox haya exigido al Gobierno, «menospreciando la labor» de la Cámara de Cuentas o de la Intervención de la Junta, que las auditorías de los entes instrumentales sean hechas por entidades externas privadas que cobran importantes cantidades por este tipo de trabajo.

Ramírez de Arellano ha indicado que los sindicatos, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda para ofrecer una valoración sobre el proyecto de Ley de Presupuestos para este año, han expresado preocupación por que las cuentas de la comunidad «incumplen» los aspectos que se habían acordado con los representantes de empleados públicos en el año 2018, y por el hecho de que el acuerdo con Vox apunte «de manera directa al sector de los entes instrumentales».

El PSOE y Unidas Podemos han afrontado su enésimo desencuentro tras la reunión mantenida el pasado lunes. Sánchez ha sostenido que las posiciones de ambas formaciones siguen «muy alejadas», a pesar de que Iglesias se mantiene como su socio preferente. El encuentro se ha producido dentro del marco de diálogo que ambos líderes se comprometieron a mantener con el fin de acercar posturas de cara a la inminente investidura.

Pese a ello, Sánchez sigue considerando a Iglesias (Unidas Podemos) como «socio preferente» y proseguirán «con la máxima disposición de entendimiento» la búsqueda de un acuerdo de legislatura, garantizan las mismas fuentes.

El escollo principal entre ambas formaciones sigue siendo el empecinamiento de Podemos de entrar en el Consejo de Ministros, mientras que los socialistas preferirían que la colaboración con los ‘morados’ se ciñera a pactar un programa de gobierno.

Lo máximo a lo que estarían dispuestos a ceder en el PSOE es a incluir en el gabinete de ministros a un perfil profesional de reconocido prestigio en su ámbito de actuación que se situase en la órbita ideológica de Podemos, sin tener necesariamente que haber ido en alguna ocasión en las listas electorales en representación de los ‘morados’.

Los socialistas sí se han mostrado partidarios de pactar con Podemos un programa de gobierno y justifican su rechazo a la entrada de miembros de la cúpula de Podemos en el Ejecutivo en el hecho de que sólo con los morados no llegan a la mayoría absoluta.

De hecho, algunos partidos cuya colaboración podría llegar a ser necesaria para superar la investidura han mostrado su rechazo a la entrada de Podemos en el Gobierno, como es el caso de Coalición Canaria o incluso ERC.

La entrevista entre Sánchez e Iglesias este lunes pasado en Moncloa es la tercera cita que han mantenido –o al menos de las que se ha tenido conocimiento– desde la celebración de las elecciones generales el pasado 28 de abril. A diferencia de los dos primeros encuentros, que fueron públicos, éste se celebró de manera discreta.

UN GOBIERNO DE COOPERACIÓN

En la entrevista del pasado 11 de junio en el Congreso de los Diputados, Sánchez ofreció a Iglesias un «Gobierno de cooperación», un término que, aclararon los socialistas, no equivale a una coalición.

De ese encuentro los socialistas salieron muy satisfechos porque interpretaban que Podemos estaba rebajando sus exigencias al aceptar hablar de gobierno de cooperación en lugar de reclamar una coalición.

También ayer a mediodía –supuestamente antes de su reunión con Sánchez– Iglesias se mostraba «optimista» ante la marcha de las negociaciones con el PSOE y aseguraba que «más temprano que tarde» habría un gobierno de coalición que «afronte los retos fundamentales del país y que dé estabilidad a España».

Podemos también ha establecido como una línea roja para alcanzar un acuerdo con el PSOE la derogación de la Reforma Laboral impulsada en 2012 por el PP y acabar con «los aspectos más lesivos» de la reforma socialista de 2010.

Desde la formación ‘morada’ aseguraban este martes que Sánchez e Iglesias seguirían hablando mucho en las próximas semanas intentando llegar a un consenso.

Ana Belén Castejón, secretaria general del PSOE de Cartagena y alcaldesa en ese mismo municipio, ha anunciado que dimite «de todos los cargos orgánicos» y que por lo tanto dejará de representar al PSOE «a nivel local y regional», después de haber firmado un acuerdo con el PP para repartirse la alcaldía sin el consentimiento del partido.

Así lo ha puesto en conocimiento en rueda de prensa, minutos después de conocerse que el concejal socialista Manuel Mora, uno de los seis concejales socialistas de Cartagena que dieron su apoyo a un gobierno de PP, PSOE y Ciudadanos en el Consistorio cartagenero, anunciara la renuncia a su acta de concejal.

La socialista ha convocado la rueda de prensa minutos después de conocerse que el concejal socialista Manuel Mora entregaba su acta como concejal. Aunque Mora ha explicado en un comunicado que ya tenía tomada la decisión, sí que ha expuesto que apoyó el pacto por solidaridad con sus compañeros.

La socialista ha anunciado asimismo que renuncia a los cargos que ostenta dentro del partido y que no volverá a presentarse a la reelección a secretaria general del PSOE en Cartagena, ni como candidata a la alcaldía, aunque ha querido dejar claro que ella seguirá aplicando políticas socialistas.

A pesar de los acontecimientos, Castejón ha aclarado que la decisión de no presentarse a la reelección la tomó el pasado 26 de mayo.

UN PACTO CONTRA MC

En relación al pacto llevado a cabo para evitar que la lista más votada, la de MC Cartagena, liderada por José López, llegara a la alcaldía, la socialista ha señalado que «se ha demostrado» que el PSOE sabe aliarse contra quien «fomenta la violencia física y verbal. López no ha sabido entender que que los ciudadanos quieren diálogo, consenso y entendimiento y ha demostrado su incapacidad para sentarse a dialogar con quien piense diferente». Asimismo ha expuesto que la decisión de pactar con PP y Ciudadanos «no fue fácil», pero que asumen las consecuencias.

Aparte, ha dejado claro que entre ellos y el PSOE regional «siempre ha habido entendimiento». «En este gran equipo siempre hemos encontrado aliento y apoyo de nuestro secretario general», ha manifestado añadiendo que nunca antes se había incumplido una norma, por eso quieren «facilitar» las decisiones que va a tomar esta tarde el partido a nivel regional.

Castejón ha dejado constancia en las redes sociales de su decisión, en un tuit, que dice así: «Dimito de todos mis cargos orgánicos en el @psoe_ct y en el @PSOE_RM y renuncio a presentarme a la reelección a la Alcaldía en 2023 y a la secretaria general de Cartagena. Seguiré trabajando por mi municipio y por mi partido como alcaldesa y militante de base».

Iván Espinosa de los Monteros considera sensato que PP o Ciudadanos faciliten la investidura de Sánchez para evitar la repetición de elecciones o que el futuro gobierno recaiga en manos de los separatistas. El portavoz parlamentario de Vox les anima a abstenerse debido a que cree que ambos partidos son «muy parecidos» al PSOE.

«Sánchez tiene intención de ser investido con el apoyo «explícito o implícito» de las fuerzas separatistas»

Espinosa de lo Monteros

Espinosa de los Monteros ha respondido así a los periodistas en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre la posibilidad de que puedan celebrarse unas segundas elecciones en caso de que Sánchez no consiga los apoyos necesarios para una investidura que, en todo caso, prevé celebrar «pronto».

El dirigente de Vox ha señalado que Sánchez tiene intención de ser investido con el apoyo «explícito o implícito» de las fuerzas separatistas, y lo que está preparando, a su juicio, es una «escenificación» de cómo se llega a ese apoyo final: quizá con una primera sesión de investidura «fallida» para, después, «forzar» una segunda.

NO SE PUEDE ESTAR EN MANOS DE LOS SEPARATISTAS

Con todo, Espinosa de los Monteros ha apuntado que sería «muy grave» que el país estuviera «en manos de los separatistas, de los enemigos de España», por lo que ha instado tanto al PP como Ciudadanos a abstenerse porque «en el fondo no hay mucha diferencia entre los que ellos propugnan y el PSOE».

Es más, cree que «el 80% de su programa es muy parecido» y que, por tanto, ha abundado en que si los ‘populares’ y la formación naranja no acaba facilitando la investidura de Sánchez, «tendrán que explicarlo».

Lo que sí ha dejado claro es que «obviamente» Vox no se abstendrá porque el presidente ni siquiera les ha convocado dentro de la ronda de consultas que abrió la semana pasada con las fuerzas parlamentarias, «una evidente señal», en su opinión, de que su partido y el PSOE están «en las antípodas ideológicas».

VOX NO ESTÁ ENFADADO CON EL PP

Preguntado por qué ahora también considera que el PP, y no sólo Ciudadanos, debería abstenerse en la investidura de Sánchez, Espinosa de los Monteros ha recordado que en su día lo que dijo era que tendría más sentido que lo hiciera el partido de Albert Rivera, que es «prácticamente idéntico» al socialista, pero ha recalcado que el PP va «por el mismo camino». «No veo mucha diferencia entre un partido y otro», ha apostillado.

Sobre si esta posición tiene que ver con su enfado por las negociaciones del Gobierno madrileño, el diputado de Vox ha aclarado que su partido no tiene «ningún enfado con nadie», sino que tienen «ganas de llegar a acuerdos sensatos y prudentes, y que se cumpla lo pactado.