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La encuesta es anónima y solo puede responderla una vez.
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Estamos realizando una investigación sobre los Españoles más influyentes en cultura.
Nos gustaría conocer su elección, por lo que le invitamos a seleccionar hasta un máximo de 25 personalidades. La encuesta solo le tomará cinco minutos.
La encuesta es anónima y solo puede responderla una vez.
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El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha empezado en los últimos días a advertir a las principales empresas españolas con intereses en el Reino Unido de la posibilidad de que se produzca una salida abrupta de este país de la Unión Europea a finales de marzo y que, por ello, se preparen para dicha eventualidad, según informaron fuentes gubernamentales a MONCLOA.COM.
En paralelo, el Gobierno ultima la puesta en marcha de una web oficial sobre el Brexit en la que los españoles se podrán informar sobre las consecuencias más inmediatas de la salida británica de la UE. Dicha página estará alojada previsiblemente en la misma web del Gobierno español (www.la-moncloa.es) y se basará en la experiencia adquirida con el buzón o ventanilla única que se abrió en la web de la Embajada española en Londres hace casi dos años.
Los asuntos que se han podido abordar hasta ahora en ese buzón oficial son los de la residencia permanente, la asistencia sanitaria, la cobertura médica privada, el sistema de pensiones y prestaciones sociales, los asuntos educativos como las tasas universitarias o la homologación de títulos, el futuro de programas y becas de ámbito científico y, por último, las consecuencias fiscales y de tipo impositivo para particulares.
Desde marzo de 2017 se pueden realizar consultas a través de dos direcciones electrónicas (emb.londres.brexit@maec.es o brexitventanillaresidentes@maec.es). Todas las preguntas van a un único buzón, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda su envío a una sola de las dos direcciones.
El Gobierno prevé adoptar a través de un real decreto, que se aprobará como muy tarde a principios de febrero, los planes de contingencia necesarios para el caso de que Reino Unido abandone la UE sin aprobar el acuerdo de salida que negoció con Bruselas.
Sánchez indicó en su última rueda de prensa de diciembre que esos planes están ya muy avanzados. Entre ellos hay medidas normativas destinadas a garantizar los derechos adquiridos de los españoles residentes en Reino Unido y los británicos residentes en España, a los que el jefe del Ejecutivo quiso trasladar un mensaje de tranquilidad. «Sus derechos se preservarán sea cual sea el escenario», subrayó.
Los planes también persiguen proteger las relaciones comerciales y, entre otras cosas, prevén las necesidades materiales y personales para, por ejemplo, establecer los controles aduaneros habituales para el comercio con un tercer país (que es lo que pasará a ser el Reino Unido a partir del próximo 30 de marzo).
También se establecerán los puntos de control críticos y las eventuales necesidades de refuerzo en la Administración. Sánchez insistió en que el Gobierno trabaja con las instituciones comunitarias en los planes de contingencia europeos y que seguirá desarrollando una labor informativa con los sectores que puedan verse afectados.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha querido lanzar una campaña de información masiva para no transmitir la sensación de que el ‘no acuerdo’ es inevitable, pero el presidente del Gobierno hizo hincapié en que está preparado. De ahí que las fuentes gubernamentales estimen que ha llegado el momento de poner este asunto más en primer plano.
En el caso de que se produzca un Brexit duro a finales de marzo, la mayoría de los analistas prevé una fuerte depreciación de la libra esterlina, por lo que afectaría de lleno a las empresas españolas con presencia en el mercado británico.
Entre las compañías españolas más expuestas destacan las del sector financiero, según recordó recientemente El Español. Tanto el Santander como el Sabadell tienen importantes posiciones en el Reino Unido. El primero a través de su filial Santander UK y el segundo a través del TSB, su última adquisición que tantos quebraderos de cabeza le ha dado últimamente.
En el caso de la entidad presidida por Ana Botín, han sido muy claros tanto respecto al impacto que tendría el Brexit, como a su vocación de permanencia en Reino Unido pase lo que pase. A principios de mes el grupo mandó un informe al organismo regulador de la bolsa de EEUU, la Comisión del Mercado de Valores (SEC), en el que reconocía que el Brexit suponía un «riesgo» para su negocio y que podía impactar «significativamente» en sus resultados operativos, su estado financiero y sus previsiones.
El Reino Unido fue en 2017 el cuarto mercado del grupo. El negocio realizado en el país supuso un 13% de su beneficio. Un porcentaje significativo que hace que la compañía siga apostando por el territorio pase lo que pase.
En el caso de Telefónica, el Reino Unido supone cerca de un 15% de sus ingresos. La compañía está viendo ya cómo su filial O2 está reportando menos ingresos que en el pasado. Algunos informes señalan que el efecto del negocio en el Reino Unido ya habría provocado de una caída del 25% del negocio.
Al ser el consumidor final la principal vía de ingresos de la operadora de telecomunicaciones en el Reino Unido, tanto la bajada de la libra como la pérdida de capacidad adquisitiva de los ciudadanos le afectaría mucho. Los 25 millones de clientes de O2 tienen un impacto importante en las cuentas de la empresa que dirige José María Álvarez-Pallete.
Otra de las compañías más afectadas por el Brexit sería IAG, conglomerado que incluye a Iberia. La situación accionarial de la aerolínea podría traerle problemas ante un Brexit duro. En el caso de que menos de la mitad de sus accionistas no fueran europeos, el grupo se vería en un importante problemas ya que modificaría totalmente las condiciones en las que trabaja hasta el momento en Europa.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, no levanta cabeza desde que se publicaron los audios del comisario José Manuel Villarejo con ella a finales de septiembre. En una encuesta realizada por internet para MONCLOA.COM, un 73% de los consultados considera que tiene que dejar su cargo público tras la polémica generada entonces.
Sólo un 18% de los encuestados estima que debe seguir como ministra de Justicia, mientras que un 9% prefiere no terciar entre las dos opciones. El alto porcentaje de gente que reclama la dimisión de Delgado es prácticamente el mismo entre hombre y mujeres. Por edades, los más críticos son los de 45 a 55 años. En todas las franjas se supera el porcentaje del 70%, salvo en la de más de 65 años que desciende al 60%.
Por Comunidades Autonómas, las más críticas con la actuación de la titular de Justicia son Aragón, donde sólo el 13% absuelve a la ministra, seguida de Cantabria (14%) y Castilla y León (15%). En el lado contrario, Navarra y Galicia son las regiones en las que más gente prefiere que siga en su puesto.
En dicha encuesta también se preguntó por el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, tras su polémica fiscal con una de sus viviendas. En su caso, el 57% ve motivos suficientes para que dimita, mientras que un 35% opina lo contrario y un 8% prefiere no opinar.
El exastronauta tiene en las dos Castillas a sus principales detractores, mientras que en el País Vasco y Galicia hay una mayoría que se inclina por dejarle que siga de ministro en el Ejecutivo de Sánchez.
El sondeo para MONCLOA.COM fue realizado entre el 20 y el 28 de noviembre por internet y en él participaron 4.306 personas de toda España. El margen de error es del 1,5 por ciento con un nivel de confianza del 95 por ciento.
La debilidad de Delgado se plasmó también en una encuesta de Sigma Dos para El Mundo, que se publicó el pasado 31 de diciembre con un sondeo realizado entre el 21 y 27 de diciembre a partir de un millar de entrevistas.
En dicha encuesta, ninguno de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez llegó al aprobado en una puntuación del 1 al 10, siendo la titular de Justicia, Dolores Delgado, la que consiguió la nota más baja (3,7). Por contra, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, fue el que logró la mas alta, un 4,69; seguido por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con un 4,53 sobre 10.
Los propios votantes socialistas suspendieron a Delgado -junto a Reyes Maroto e Isabel Celaá-. La ministra de Justicia es también la más castigada por los electores de PP y Cs (no llega ni al 3 en ambos casos) y los votantes de Podemos, socio principal del Gobierno, sólo salvan a Duque y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En los dos años y medio que dura ya la actual legislatura en España, primero con Mariano Rajoy en la Moncloa y desde hace seis meses con Pedro Sánchez como presidente, la actividad parlamentaria de Ciudadanos ha sido intensa.
Además de promover cientos de proposiciones no de ley, preguntas al Gobierno, interpelaciones a ministros y mociones, la formación naranja ha registrado 31 proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados desde julio de 2016. Este último tipo de iniciativas tienen una mayor relevancia porque una vez que se aprueban, se convierten en ley.
Sin embargo, el análisis del proceso seguido por esas 31 iniciativas muestra que solo dos de ellas han sido aprobadas. El balance es el mismo si se tienen en cuenta los tres años que Ciudadanos lleva en el Congreso, ya que en la breve legislatura anterior solo se aprobaron siete leyes y ninguna era de este partido.
El primer gran éxito de Cs fue la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que, tras incorporar una serie de modificaciones planteadas por otros partidos y recibir el visto bueno de la Cámara Baja y del Senado, está en vigor desde octubre de 2017.
En la votación de toma en consideración en el Congreso, donde se decide si puede comenzar la tramitación parlamentaria o no, recibió el respaldo de 323 diputados y ninguno votó en contra, aunque hubo doce abstenciones. Posteriormente, fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras.
Gracias a ello, esta iniciativa sirvió a Albert Rivera y los suyos para sacar pecho por su capacidad de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas y mejorar las condiciones de los autónomos, uno de los colectivos a los que el partido naranja presta más atención.
La ley incluye medidas como la eliminación de trabas administrativas, la ampliación a un año de la tarifa reducida, la posibilidad de darse de alta y de baja en el Régimen Especial hasta tres veces al año, la protección del accidente in itinere, nuevas ventajas fiscales y el derecho a baja de maternidad y paternidad.
La otra ley de Ciudadanos que ha prosperado en el Congreso es la de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, más conocida como Ley de Muerte Digna. Aunque todavía está pendiente de entrar en la Cámara Alta, lo previsible es que también salga adelante.
En este caso, el grado de consenso en el Congreso fue alto –315 votos a favor de la toma en consideración–, aunque no tanto como en la ley de los autónomos En la votación final del pasado 20 de diciembre, una vez consideradas las enmiendas, recibió 23 votos en contra, los de UPN y los nacionalistas vascos y catalanes.
Sin embargo, de las 31 proposiciones de ley impulsadas por Ciudadanos durante esta legislatura, solo diez han sido debatidas y sometidas a votación en la Cámara Baja, aunque esto tiene una sencilla explicación.
Puesto que el tamaño de cada grupo determina el número de iniciativas que puede llevar al Pleno, en el caso de Cs, cuarta fuerza parlamentaria y con muchos menos diputados que el PP, el PSOE o Unidos Podemos, el cupo es relativamente pequeño. Aun así, ha conseguido que tres de sus proposiciones hayan iniciado su tramitación.
Se trata de la Ley de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, la Ley para Garantizar la Independencia de los Nombramientos en los Organismos Reguladores y la de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, que se unió después a una iniciativa similar del PDeCAT.
Por contra, el Congreso ha rechazado la toma en consideración de cinco leyes planteadas por Ciudadanos. La que ha encontrado una mayor oposición en el hemiciclo ha sido la de Lucha contra la Precariedad Laboral, para establecer un modelo de contrato único, que solo convenció a los dos diputados de UPN y recibió 302 noes.
El partido de Albert Rivera tampoco logró sumar muchos apoyos a su propuesta de reforma de la Fiscalía General del Estado, con la que buscaba “garantizar la independencia” de este órgano estableciendo que el fiscal general fuese elegido por una mayoría parlamentaria reforzada en vez de por el Gobierno. Votaron a favor Unidos Podemos y Compromís.
Mucho más ajustados fueron los resultados de las votaciones en el caso de la ley para suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España, la que pretendía eliminar el requisito de conocer la lengua cooficial para acceder a un empleo público y la que apostaba por desarrollar la Alta Inspección educativa mediante la creación de una agencia independiente.
Estas dos últimas se enmarcan en la lucha de Ciudadanos contra los partidos nacionalistas; concretamente, contra el “adoctrinamiento ideológico” en las escuelas y los intentos de “discriminar” a los ciudadanos que no hablan catalán o euskera.
Aunque la formación naranja sabe de antemano que algunas de estas propuestas no van a prosperar en el Congreso, en ocasiones las impulsa con el objetivo principal de que ciertos partidos queden retratados en la votación, por ejemplo el PSOE ante la iniciativa de la Alta Inspección educativa.
El nuevo año comienza con una subida sin precedentes del salario mínimo interprofesional (SMI). Este incremento no sólo beneficiará a las retribuciones más bajas, sino que afectará indirectamente a los cargos públicos de Podemos, que tenían limitados sus ingresos a un máximo de tres veces el salario mínimo. El resto deben donarlo.
La subida del SMI supone que los miembros de Podemos que reciben un sueldo público por el cargo que ostentan verán incrementados sus ingresos reales un 22,3%. Este es el porcentaje que sube el SMI, que en 2019 será de 900 euros al mes.
Con estos datos, el salario mensual de un cargo público de Podemos alcanzará los 2.700 euros en 2019. La subida percibida será de 493 euros, puesto que durante 2018 sólo pudieron cobrar como máximo 2.207 euros al mes.
El salario mínimo se ha mantenido prácticamente estancado durante años, hasta que en 2017 se incrementó un 8% y alcanzó los 707,6 euros mensuales. El año pasado experimentó otra subida del 4%, lo que lo llevó a los 735,9 euros. Por lo tanto, desde 2016, el SMI ha subido un 37,3%.
Estos cambios han supuesto para los cargos públicos de Podemos pasar de cobrar un máximo de 1.965 euros mensuales en 2016 a los 2.700 euros de 2019. Esto supone una subida de 734 euros en tres años.
La subida también tiene un efecto colateral, pero en este caso negativo. Los cargos públicos de Podemos deben donar todo lo que cobren por encima de este máximo. Como el incremento del salario mínimo ha sido muy superior al de los emolumentos recibidos, la consecuencia es que la cuantía de las donaciones que realizan se ha visto reducida.
En el caso de los diputados y senadores, su retribución se ha mantenido prácticamente congelada, por lo que el incremento del salario mínimo interprofesional ha supuesto que los miembros de Podemos que ocupan estos cargos electos aporten menos fondos en donaciones. Estas se dedican al propio partido y a financiar proyectos de interés social patrocinados por su formación a través de la plataforma “Impulsa”.
El programa Impulsa desarrolla proyectos innovadores con proyección social, según señala en su página web, y se financia “gracias al excedente de los cargos públicos electos de Podemos, quienes entienden que hacer política debe ser un servicio para la sociedad y no una forma de hacer dinero”.
Los últimos proyectos ganadores de Impulsa han sido una “cooperativa social, por la Igualdad e integración, en busca de una ciudad libre de humos”, una “unidad de convivencia tecnológica”, un programa para “promover derechos de ciudadanía” y, por último, un programa llamado “¡En mi clase no! Coalición de Centros Educativos contra el acoso LGTB”.
La limitación de las cantidades máximas que podrían cobrar los cargos públicos del partido quedó establecida en el Consejo Ciudadano Estatal de enero de 2016, cuando el SMI era de 655 euros y, por lo tanto, la retribución máxima quedó en 1.965 euros mensuales.
Las normas establecidas en Podemos indican que el resto deberá ser donado por estos cargos públicos, aunque para que no tengan que tributar por los emolumentos de los que no disfrutan es el partido quien compensa los impuestos pagados por estas donaciones.
El reglamento del partido incluye diferencias en razón de la situación personal de los cargos que reciben salarios públicos. De esta manera, podrán cobrar medio salario mínimo más por cada persona a cargo. Así que, por ejemplo, según esta regla, la diputada Carolina Bescansa puede cobrar 900 euros más que su compañero de filas, Íñigo Errejón, puesto que tiene dos hijos a su cargo.
El incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros mensuales en 2019 es el resultado del acuerdo entre el Gobierno socialista y Unidos Podemos. Se trataba de uno de los puntos clave para garantizar el apoyo de estos últimos a los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe conseguir aprobar en las Cortes.
De hecho, el propio Pablo Iglesias reflejó este logro en un reciente mensaje a través de Twitter, donde señaló: “Hemos conquistado la mayor subida del salario mínimo de la democracia. Hoy millones de familias tienen 900 razones para empezar un año un poco mejor. Feliz 2019. Sí se puede”.
La subida del salario mínimo interprofesional afecta a cerca de 2,5 millones de trabajadores y el incremento establecido para el año 2019 ha supuesto la mayor subida registrada en cuatro décadas. Según el Gobierno, este incremento contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social y reduce la brecha salarial de género, ya que afecta a un 56,7% de mujeres frente a un 43,2% de hombres.
La decisión del Gobierno deja al salario mínimo interprofesional diario en 30 euros y en 12.600 euros el SMI anual. El que cobran los empleados del hogar por hora ascenderá hasta los 7,04 euros. La subida mejora sustancialmente el acuerdo al que habían llegado los interlocutores sociales y el Gobierno del Partido Popular, que pactaron que el salario mínimo alcanzara los 850 euros mensuales en 2020. Los sindicatos y la patronal preveían, por su parte, que este alcanzara los mil euros.
José María Aznar destaca en el sondeo realizado por internet para MONCLOA.COM como el presidente del Gobierno vivo mejor considerado de la democracia. El 36% de los encuestados se decantó por él, doblando prácticamente a su inmediato seguidor, Felipe González (19%). Más atrás quedaron los últimos inquilinos de La Moncloa: José Luis Rodríguez Zapatero (18%), Mariano Rajoy (16%) y Pedro Sánchez (10%).
La encuesta demuestra que el tiempo cura las críticas del pasado ya que tanto Aznar como González acabaron sus respectivas etapas como presidente del Gobierno con una mayoría de los españoles en contra. Ahora parece que la percepción es otra.
En el sondeo también se preguntó por quién había sido el peor presidente vivo de la democracia en España y ahí sale mejor parado Felipe González ya que sólo un 2% de los encuestados se inclina por él. José María Aznar aún genera rechazo para el 25% de los consultados, de ahí que González le supere en la diferencia entre seguidores y detractores.
De los presidentes más recientes, Zapatero aún despierta grandes antipatías en un 27% de los encuestados, Rajoy tiene casi tantos críticos (17%) como apoyos, mientras que Sánchez es el peor visto: un tercio de las personas que participaron en el sondeo creen que es el peor presidente de la democracia.
El liderazgo de Aznar en esta encuesta se cimenta en los apoyos obtenidos en Aragón, Madrid y las dos Castillas, con porcentajes por encima del 40%. Además, es mejor valorado entre los hombres (37%) que entre las mujeres (30%). Y por edades, salvo en las franjas de 18-25 años y de más de 66 años, sus porcentajes se mueven entre el 35 y 45 por ciento.
En el ranking de las 17 Comunidades Autónomas, Aznar queda en primera posición en 11 de ellas y sólo queda en tercera posición en Cataluña, Islas Baleares y País Vasco. Sorprende, por ejemplo, que quede en primer lugar en bastiones socialistas como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. De ahí ese 36% de consultados que le ven como el mejor presidente vivo de la democracia.
La segunda posición de González se debe a que supera el 25% de los apoyos en las islas Canarias y Baleares, aunque sólo logra una primera posición entre los presidentes vivos en en la región canaria. Además, logró la segunda posición en Andalucía, Extremadura, Madrid y Aragón. Por contra, queda en cuarta posición en Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. Destaca las antipatías que cosecha en Navarra, donde es visto como el peor de los cinco presidentes vivos de la democracia.
El primer presidente del PSOE es mejor valorado entre las mujeres (22%) que entre los hombres (19%) y, sobre todo, entre las generaciones de más edad, es especial a partir de los 46 años.
En lo que se refiere a Zapatero, sus mejores guarismos -por encima del 30%- los obtiene en las regiones históricas: País Vasco, Galicia, Cataluña y Navarra. En todas ellas, así como en Baleares, es considerado el mejor jefe del Ejecutivo de la democracia.
Sin diferencias por sexo, en la encuesta por franjas de edad destaca el descontento de los que más sufrieron la pasada crisis económica. Apenas un 12% de los que ahora tienen entre 46 y 55 años le puntúan como el mejor, a diferencia de las generaciones más jovenes o de los que ya están en edad de jubilación.
Rajoy, por su parte, no logra vencer en ninguna comunidad autónoma, de ahí que sólo el 16% de los encuestados le vean como el mejor presidente vivo de la democracia. El mayor respaldo lo consigue en Andalucía y Cantabria -con más de un 20%-. Sin embargo, queda el último en el País Vasco y Cataluña.
Por sexos, es ligeramente mejor visto entre mujeres (19%) que hombres (16%). Y en franjas de edad su mejor resultado está entre los jóvenes de 18 a 25 años, con un 21% de apoyos.
Por último, Pedro Sánchez sufre el desgaste propio de estar gobernando. Sólo un 10% le ve como el mejor en la tabla de presidentes. Destacan los porcentajes de Cataluña y el País Vasco, donde supera el umbral del 25%, lo que denota que es bien visto en los territorios donde hay más nacionalismo.
El actual jefe del Ejecutivo es el peor valorado de los cinco presidentes en todas las Comunidades Autónomas, menos en Navarra y en las citadas Cataluña y País Vasco. En los porcentajes de sexo y edad no hay grandes diferencias.
El sondeo fue realizado entre el 20 y el 28 de noviembre por internet y en él participaron 4.306 personas de toda España. El margen de error es del 1,5 por ciento con un nivel de confianza del 95 por ciento.
El año 2019 se va a estrenar con la entrega llave en mano al capital extranjero de la única empresa española que dispone de un satélite espía radar en pleno funcionamiento, con el que suministra imágenes de gran precisión para garantizar la seguridad de los más de 3.000 efectivos militares españoles de las unidades terrestres, navales y aéreas desplegadas en misiones de paz, adiestramiento o protección en Asía, África y Europa.
Su nombre es Hisdesat Servicios Estratégicos y también dispone en órbita de dos satélites que prestan con carácter exclusivo los servicios estratégicos de comunicaciones a las Fuerzas Armadas españolas y a otros organismos oficiales nacionales y de otros estados.
El último Consejo de Ministros del año, celebrado el pasado viernes ha sido la fecha elegida por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez para autorizar la entrada mayoritaria de capital italo-alemán en Hisdesat, la compañía que desarrolla unas actividades calificas como “relacionadas con la defensa nacional”, en palabras del propio Gobierno.
Hisdesat ofrece lo que se denomina “servicios gubernamentales” por satélite, principalmente a las Fuerzas Armadas españolas y otras instituciones oficiales nacionales en los ámbitos de la defensa, seguridad, inteligencia y las relaciones exteriores. Pero ¿cómo ha sido posible que Hisdesat, una empresa que en reiteradas ocasiones ha sido calificada como “estratégica” por los ministerios de Defensa, Industria y Economía, pase ahora a estar bajo el control de capital extranjero?
Ha ocurrido de forma indirecta, pero con perfecto conocimiento por parte del Gobierno español tras un informe favorable de la Junta de Inversiones Exteriores. Además, la decisión se empezó a gestar bajo el gobierno de Mariano Rajoy y ahora ha visto la luz verde definitiva con Pedro Sánchez.
La italiana Atlantia Spa y la alemana Hochtief AKT han establecido así una alianza cuyo resultado es la compra de la totalidad del paquete accionarial ‒nada menos que el 89,68%‒ de Abertis Infraestructuras, el mayor accionista de Hispasat, que es el principal operador español de comunicaciones vía satélite y una de los operadores regionales más importantes del mundo.
Al frente de la misma, en calidad de consejero delegado, está desde mayo de 2011 Carlos Espinós, un hombre del área de telecomunicaciones de Abertis que desde su llegada ha dado a la empresa un gran impulso internacional y tecnológico.
La compra por parte del dúo italo-alemán ha ocurrido ante la negativa de Red Eléctrica Española ‒participada en un 20% por el estado‒ de adquirir las acciones puestas a la venta por Abertis, cuyo principal accionista es el Grupo catalán La Caixa. Abertis asumió el 12 de noviembre de 2013 el control de la compañía, tras aumentar su participación accionarial y posteriormente comprar el paquete que poseía la francesa Eutelsat.
Con esa abrumadora mayoría, resulta una insignificancia el 7,41% del capital que queda en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y mucho más el 2,91% que ostenta el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), ahora dependiente del ministerio de Ciencia, Universidades e innovación que dirige el exastronauta Pedro Duque.
Pero la gran carambola de hacerse con el timón de Hispasat es que tanto Atlantia ‒buque insignia de la familia Benetton‒ como Hochtief AKT ‒filial alemana de ACS, que preside Marcelino Fernández Verdes, consejero delegado de ACS‒ se convierten en los accionistaS de referencia de Hisdesat, puesto que 43% de Hisdesat está en manos de Hispasat.
El resto del capital de Hisdesat está dividido entre participaciones de empresas estatales y de compañías privadas. El paquete oficial lo ostenta ISDEFE ‒con el 30%‒, la consultora de ingeniería cuyo capital pertenece en su totalidad al ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). El resto de los patrones de Hisdesat son Airbus (15%), Indra (7%) y SENER (5%).
Aunque la compra de Hispasat y su derivada Hisdesat se sitúa en alrededor de 18.100 millones de euros, los aliados italo-germanos tienen en perspectiva una serie de ingresos seguros a corto, medio y largo plazo.
Será la consecuencia del contrato de prestación de servicios que el Ministerio de Defensa suscribirá en breves fechas con Hisdesat durante nada menos que 15 años (2023-2037) y por el cual, abonará anualmente al operador una cuota anual de 93,17 millones de euros ‒1.397,55 millones de euros en los 15 años‒ por derechos de utilización de los dos nuevos satélites de comunicaciones seguras.
Además, el Consejo de Ministros del 27 de julio aprobó la concesión de un préstamo de 750 millones de euros a Hisdesat por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Con el citado capital, la sociedad que preside Miguel Ángel Panduro debe poner a punto el nuevo sistema de comunicaciones seguras Spainsat Nueva Generación ‒Spainsat NG-1 y NG-2‒, lo que conlleva el desarrollo y fabricación de dos avanzados satélites eléctricos, así como su centro de control terrestre asociado.
Hisdesat también cuenta en la actualidad con dos plataformas que proporcionan comunicaciones encriptadas ‒muy difíciles de interferir por parte de terceros‒ tanto al Estado Mayor de la Defensa, como al Estado Mayor Conjunto, a los Ejércitos de Tierra, Aire y Armada, así como al CNI y a los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores, entre otras instituciones oficiales.
Son el Spainsat ‒en órbita desde marzo de 2006‒, que culminará su vida operativa en 2021 y el Xtar-Eur, lanzado al espacio en 2005. Uno y otro serán relevados por los Spainsat NG-1 y NG-2 a partir de 2023, según estimaciones del Ministerio de Defensa que ahora dirige Margarita Robles.
Creada en 2001, Hisdesat Servicios Estratégicos es una entidad que se autodefine por tener “un accionariado de carácter institucional”, lo que ahora queda en entredicho. De naturaleza comercial, ostenta la gestión de los satélites de comunicaciones situados en las posiciones orbitales geoestacionarias ‒a 36.000 kilómetros de la tierra ‒que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de Naciones Unidas concede al Estado español.
También ha recibido la concesión gubernamental para posicionar en órbita y operar el satélite bautizado Paz, la primera plataforma de observación de la Tierra ‒coloquialmente satélite espía‒ con tecnología radar.
Equipado con una avanzada antena radar fabricada en España por Airbus Defence and Space en su factoría de Barajas (Madrid), Paz fue lanzado al espacio el 22 de febrero pasado desde la base espacial norteamericana de Vandenberg (California) y desde principios de septiembre presta servicios a las Fuerzas Armadas españolas.
La labor de este satélite radar es suministrar las imágenes al Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación (CESAEROB), al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), al CNI e incluso a la Unidad Militar de Emergencias (UME), en este último caso cuando lo requiere para sus labores de socorro y asistencia técnica en caso de desastres.
En 2020 está previsto que Hisdesat ponga en el espacio un segundo satélite de observación de la Tierra ‒bautizado Ingenio‒ que, aunque su finalidad principal es ofrecer imágenes ópticas en el espectro visible e infrarrojo, también tendrá aplicaciones militares.
Otro aspecto a considerar es que, aunque el almirante Bolívar ejerce una presidencia no ejecutiva, ya que el hombre fuerte de la sociedad es Miguel Ángel Panduro ‒consejero delegado de la compañía‒, resulta evidente que el nombramiento de un almirante como cabeza visible de Hisdesat ‒antes fue el teniente general del Ejército del Aire Juan Antonio del Castillo‒ obedece a la estrecha relación que el Ministerio de Defensa quiere mantener con la compañía y es una prueba más de la importancia que las autoridades políticas del departamento asignan al operador.
Abertis es una compañía que gestiona más de 1.500 kilómetros de vías de peaje y posee una gran implantación internacional en este campo, principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Francia, India y Puerto Rico. Controlada por Critería CaixaCorp‒ un holding de empresas perteneciente al grupo La Caixa‒ que fue uno de los pagos en especie a que se vio sometido en su momento el Gobierno de Zapatero para recibir el apoyo a sus iniciativas por parte de diputados de la antigua Convergencia i Unio.
Cuando la compañía francesa Eutelsat puso en venta su paquete de acciones de Hispasat, Atlantía pujó por ella, pero el Ejecutivo de Rajoy puso obstáculos bajo el argumento del carácter estratégico de la filial de satélites de Abertis.
ACS entró en la puja, pero finalmente Atlantia y la filial alemana de la compañía española han llegado a un acuerdo cuyo desenlace en el campo de la defensa nacional se produjo el pasado 28 de diciembre.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, es el político preferido por los españoles para irse una tarde de cañas con él. Un 25% de los encuestados en un sondeo elaborado para MONCLOA.COM se decantó por él, justo por delante del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (24%) y del líder de Vox, Santiago Abascal (22%). Más atrás quedaron Pedro Sánchez (15%) y Pablo Casado (14%).
En el caso de Iglesias, hay más mujeres que hombres (un 27% frente a un 25%) que prefieren tomarse unas cervezas con él. Por Comunidades Autónomas, los ciudadanos del País Vasco, Cataluña y Galicia son los más animados para irse de cañas con el líder de Podemos, quien acaba de ser elegido por su partido para encabezar el cartel electoral en las futuras elecciones generales.
Por el contrario, los encuestados de Extremadura, Aragón y Andalucía fueron los más reacios a esta iniciativa. En cuanto a las franjas de edad, los más jóvenes le eligen en mayor medida, aunque el porcentaje va descendiendo a medida que se avanza en edad hasta los 46-55 años. A continuación vuelve a subir el interés entre los mayores de 56 años.
El caso de Rivera es inversamente proporcional al de Iglesias. Así, son los vascos, catalanes y gallegos los que menos quieren irse de cañas con él. Por el contrario, los encuestados de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía fueron los más dispuestos a ello.
Por sexos, un 27% de las mujeres se decantaron por él para ir a tomar cervezas, mientras que entre hombres disminuye el número -un 23%-. En cuanto a edades, el interés por pasar un rato con el líder de Ciudadanos va en aumento hasta los 55 años, aunque luego el índice cae notablemente. Por ejemplo, sólo un 13% de los encuestados de más de 65 años se animó a irse de cañas con él.
Abascal quedó en tercer lugar en esta encuesta, siendo los encuestados de Extremadura y Aragón los más favorables a irse de tapeo con el líder de Vox. Por contra, catalanes, canarios y, en general, los encuestados de la parte norte de España son más reacios a ello.
Por sexos, se constata claramente que es una persona más preferida por los hombres (23%) que por las mujeres (17%) para tomarse unas cañas, quizás por algunas manifestaciones de dirigentes de la formación ‘verde’ que no han gustado entre los colectivos feministas.
En el caso de las franjas de edad, a Abascal le ocurre lo mismo que a Rivera: el interés es mayor entre los más jovenes, pero de los 55 años en adelante cae de forma notable el deseo por irse de tapas con él.
Pedro Sánchez quedó en cuarta posición en la encuesta con sólo un 15% de los encuestados que se decantaron por él. Los más animados a tomarse una cerveza con el presidente del Gobierno fueron los canarios, riojanos y gallegos. Por contra, madrileños y aragonses fueron los menos entusiastas.
Entre sexos no hubo diferencias, mientras que por franjas de edad se constata que los mayores son los más proclives a tomarse una cerveza con Sánchez: un 22% de los encuestados de más de 65 años así lo manifestaron.
Pablo Casado fue el último en esta tabla: sólo un 14% de las personas que participaron en la encuesta le eligió a él para salir de tapas. Los habitantes de las dos Castillas y de la Comunidad Valenciana fueron los más animados a ello, mientras que catalanes y vascos apenas se decantaron por él -5%-. En el apartado de sexos y de franja de edad, el líder del PP prácticamente calcó las tendencias de Sánchez.
El sondeo fue realizado entre el 20 y el 28 de noviembre por internet y en él participaron 4.306 personas de toda España. El margen de error es del 1,5 por ciento con un nivel de confianza del 95 por ciento.
El sindicato policial Agrupación Reformista de Policías (ARP) ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a los excomisarios José Manuel Villarejo y José Luis Olivera -quien dirigió la UDEF y posteriormente el Centro de Inteligencia sobre el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)- por dar chivatazos a María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, sobre casos de corrupción que estaba investigando la Policía y que afectaban al PP.
MONCLOA.COM difundió los audios en los que Villarejo comunicó a Juan Cotino que su sobrino debía «limpiar todos los papeles» antes de un registro. También avisó al marido de Cospedal de que había una investigación abierta en Alicante contra Ripoll -el caso Brugal- y adelantó al PP que habría detenciones en la ciudad de Murcia por el caso Umbra.
El sindicato ARP indicó en un comunicado que son «de público y notorio conocimiento» gracias a los medios de comunicación una serie de grabaciones de audio protagonizadas por el comisario Villarejo, «las cuales son un compendio de conductas reprobables protagonizadas por policías de alto rango y sus cómplices, políticos, empresarios, y toda una serie de personajes que forman un sainete de corrupción que acertadamente se ha denominado CLOACAS DEL ESTADO».
En opinión de este sindicato, se ha llegado a un punto en el que se están conociendo presuntas operaciones en las que, «utilizando los recursos materiales y humanos del Ministerio del Interior, y especialmente de la DGP, se ha llegado a trabajar a espaldas de la Justicia por intereses políticos ajenos al interés general». A juicio de ARP, se ha «prostituido» la función policial y la causa pública «para proteger a los corruptos».
Este sindicato de policías lamenta que desde el sindicalismo policial actual se esté a “otras cosas” más beneficiosas para sus propios intereses y «en campañas políticas apelando a los sentimientos» para captar afiliados, en vez de defender la imagen» tan deteriorada que se está mostrando de la Policía por culpa de las infames actuaciones de aquellos que en nombre de un falso patriotismo están llenándose los bolsillos y haciendo trabajos sucios a los políticos de turno«.
ARP se muestra dispuesta a abrir las ventanas de la Policía para que entre «aire fresco y renovador a través de la denuncia de corruptelas y abusos varios», por lo que ha decidido activar la acción de la Justicia a través de la Fiscalía «ante la posible acreditación de la comisión de delitos respecto de la Operación Brugal y el Caso Gürtel por parte de funcionarios policiales de alto rango, que presuntamente mercadeaban con la información operativa confidencial con la que trabajaban abnegadamente los policías investigadores sin saber éstos que estaban siendo ‘traicionados’ por sus superiores.
En su opinión, caben pocas dudas de que los máximos dirigentes del PP y los altos mandos policiales de su confianza «han traicionado durante años a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tanto afirma apoyar el Partido Popular».
Esther Muñoz de la Iglesia, la senadora del Partido Popular (PP), se ha convertido estos últimos meses en una de las mayores críticas de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que no ha dudado en reprobar en cada una de sus intervenciones ante la Comisión de Justicia.
Los audios revelados por MONCLOA.COM revelaron la estrecha relación del excomisario Villarejo y la ministra. Coincidiendo con ello, el 25 de septiembre surgía entre ellas una acalorada discusión en la Comisión de Justicia. Muñoz acusó a la ministra de preferir trabajar con hombres antes que con mujeres y le sugirió que abandonase su puesto por mentir a la ciudadanía.
Natural de León, Múñoz dio sus primeros pasos en la política en 2015 con los populares. A sus 33 años presume de ser una de las portavoces del PP más notables en el Senado: «Mintió usted cuando dijo que estaban defendiendo al juez Llanera y mintió usted cuando dijo que no tenía ningún tipo de relación ni profesional ni personal con el señor Villarejo. Va usted de titular en titular, de rectificación en rectificación», le espetó a la titular de Justicia.
Ante la irrupción de Vox, la ministra Delgado aseguró que el partido de extrema derecha había rechazado “en parte” la Constitución mientras que partidos como Bildu y PDeCAT aceptaron la Carta magna “como forma de ser”.
«La moción de censura tenía un precio que es romper nuestro país, no hizo nada cuando el ministro de exteriores dijo que Cataluña era una nación»
“La moción de censura tenía un precio que es romper nuestro país, no hizo nada cuando el ministro de exteriores dijo que Cataluña era una nación, no hizo nada cuando la delegada del gobierno en Cataluña dijo que se podía dar un indulto a los presuntos secesionistas y no ha sido cesada. No hizo nada y no va a hacer nada, porque todo forma parte de un plan para que ustedes se mantengan en el gobierno”.
Querida Dolores, como me tienes bloqueada no te puedo escribir.Etiqueto al @PSOE para q te lo hagan llegar
¿No me dices cada pleno q trabajas por la justicia?
Para ti trabajar por la justicia solo es desenterrar a un muerto y utilizar a la A.delE. xa pagar peajes a los indepes pic.twitter.com/S0gGtpl3En
— Ester (@EsterMunoz85) November 3, 2018
Además, la senadora reprochó a la ministra haberla bloqueado a través de Twitter: «La todavía Ministra de Justicia me ha bloqueado. ¿Será porque soy mujer? ¿Será porque hago mi trabajo de oposición? ¿Será porque le recuerdo sus mentiras?. La feminista y demócrata Dolores Delgado bloquea a la oposición. Este es el talante socialista».
Tras dichas declaraciones, la senadora leonesa indicó que la postura de la ministra no “le sorprendía” pues a su juicio los socialistas se decantaban por el bloque de independentistas: “Lola prefiere Bildu y a los nacional-independentista. Que son muy constitucionalistas (ironía). Podrían decir que no les gustan los extremos, ni unos ni otros, pero no, batasunos, los indepes y la extrema izquierda, si les van”.
Fue una de las senadoras más críticas contra el independentismo catalán, acusando al presidente Pedro Sánchez de estar en el Ejecutivo a través del apoyo independentista. Asimismo, subrayó que el verdadero error de estos últimos fue la utilización de la lengua y le educación “contra sus propios ciudadanos”.
El 155 quedó supeditado a convocatoria de elecciones rápida. Las encuestas les eran favorables. Primero Cs y luego Cataluña.
Tras el gatillazo, ahora tenemos a Torra.
La arrogancia y la inexperiencia de cs puede posibilitar elecciones anticipadas.Y de nuevo lo pagaremos ls🇪🇸 pic.twitter.com/0xHlv3u8Nc
— Ester (@EsterMunoz85) May 26, 2018
“Creo que se dan situaciones que en cualquier país democrático son inconcebibles. Un país democrático no se puede permitir que en ciertas partes de su territorio la gente no tenga libertad para estudiar en el idioma oficial que considere oportuno”.
El pasado mes de abril, los populares tumbaron la propuesta del PSOE en el Pleno del Senado. Dicha iniciativa apoyada por el resto de grupos parlamentarios tuvo como objetivo una mayor dotación económica a la ley de Memoria Histórica así como la investigación de la Fundación Francisco Franco y convertir el Valle de los Caídos en un Centro de memoria de las víctimas de la Guerra Civil.
La senadora afirmó su “apoyo a las víctimas del franquismo”, aunque aseguró que esta iniciativa socialista solo buscaba obligar a los ciudadanos a tener un pensamiento único sobre la historia. “Hay que reparar a las personas que fueron agredidas por la dictadura, pero no se puede reeditar, reescribir e imponer una versión de la versión de la historia, que es lo que hace el PSOE. La historia no tiene memoria”, subrayó.
Además la popular, que se define a sí misma como “amante de la historia”, intervino en un programa de Antena 3 para justificar la oposición del PP a la exhumación del dictador, donde también señaló que sacar a Franco del mausoleo no era una cuestión relevante para ella pues “a sus 33 años ni le iba ni le venía”.
La muerte de la joven Laura Luelmo y las circunstancias en las que Bernardo Montoya presuntamente acabó con su vida han ocupado la actualidad informativa desde la semana pasada, haciendo que los partidos políticos comenten lo ocurrido y planteen medidas para tratar de evitar este tipo de crímenes.
En Ciudadanos, este caso ha revelado algunas discrepancias internas respecto a cómo enfocar los homicidios o asesinatos de mujeres vinculados a agresiones sexuales, algo muy poco habitual en un partido empeñado en dar apariencia de unidad y unanimidad y donde parece que nadie cuestionara nunca los argumentarios.
Mientras que algunos dirigentes y diputados de Cs transmiten el mensaje de que Montoya agredió y mató a Laura como podría haber matado a cualquier otra persona, hay otros, especialmente dirigentes mujeres y diputadas, que inciden en el hecho de que la víctima sea una mujer y el agresor un hombre.
Un día después de que el cadáver de la joven profesora apareciera, el 17 de diciembre, a las afueras de El Campillo, el municipio onubense al que se había mudado unos días antes de su desaparición, Albert Rivera se refirió a ello durante una visita a Figueruelas (Zaragoza).
El presidente de la formación naranja apostó por tomar “medidas valientes” en el Código Penal “para proteger mejor a las víctimas y luchar contra la reincidencia”. “Para que las mujeres y, en general, cualquier víctima se sienta protegida y no acabe muerta a manos de nadie”, dijo.
Con la coletilla “y cualquier víctima”, Rivera evitó referirse exclusivamente a las mujeres, dando a entender que en crímenes así el género no es relevante y que el machismo no es un factor a tener en cuenta. El mismo enfoque mantuvo al día siguiente, tras confesar Bernardo Montoya que mató a la chica y poco antes de que la autopsia revelara una agresión sexual.
El diputado Toni Cantó parece compartir la visión de Rivera. En una entrevista, censuró a quienes desde “los extremos” intentan “criminalizar a un sexo, un género o una etnia” (Montoya es gitano), y aseguró además que España es “uno de los países más seguros del mundo”.
A continuación, mencionó por igual a hombres y a mujeres: “Quiero garantizar que haya herramientas para permitir que ella y que todos los demás podamos… mi hija, mi hijo, mi familia, todas las mujeres españolas, puedan caminar seguras por la calle”.
De hecho, el diputado naranja desdeñó las quejas de quienes afirman no poder sentirse tan seguras como los hombres en la calle en determinados momentos. No hay que “mezclar los temas”, dijo.
El enfoque de Rivera y de Cantó contrasta con las palabras de su compañera de escaño Patricia Reyes, que al día siguiente, en el Pleno del Congreso, expresó su preocupación ante los “muchos mensajes” en redes sociales que “ponen en duda que la violencia sexual sea violencia machista”.
“Señorías, debe quedar claro: el 96,4% de los delitos contra la libertad sexual con condena han sido cometidos por hombres y solo el 3,6% por mujeres. La violencia sexual es violencia machista y como tal debe ser tratada”, subrayó.
Eso sí, Reyes aclaró que eso “no significa que todos los hombres sean unos violadores en potencia”. Y tampoco “que nos maten a todas”, agregó, dirigiéndose específicamente a los representantes de Podemos.
A esta diputada, responsable del área de Mujer y LGTBI en la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz de Igualdad en el Congreso, no le cuesta hablar en femenino cuando se refiere a un asesinato como el de Laura Luelmo. “Tanto por hacer por ti, por tantas como tú y por todas”, señaló en Twitter tras conocer la noticia.
En su cuenta de Instagram, Reyes se hizo eco de una publicación antigua de la joven en redes sociales en la que decía «Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo, ESE es el problema”, y otra con el cartel del Día Internacional de la Mujer.
Pero ella no fue la única dirigente del partido liberal que aludió a ese miedo que afirman sentir algunas mujeres en ciertas circunstancias y a la importancia de combatir el machismo en la sociedad; la diputada Marta Martín compartió el mensaje en el que se pedía “un 2019 en el que cada niña y mujer que sale de su casa vuelva sana y salva”.
También Inés Arrimadas empatizó con la tragedia de Laura Luelmo y escribió en Instagram: “Como muchas mujeres, sé lo que es quedar para correr con amigas para no ir sola. También sé lo que es salir a correr sola y mirar hacia atrás al escuchar un ruido extraño. El asesinato de Laura nos ha golpeado a todas. No pararemos hasta conseguir la plena igualdad en nuestra sociedad”.
Mientras tanto, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, y la diputada Marta Rivera compartieron en sus cuentas de Twitter opiniones de otras personas que no van precisamente en la línea de lo expresado por Reyes o Arrimadas.
Por ejemplo, un artículo de Arcadi Espada que desvincula el machismo de los asesinatos de mujeres u otros de Milena Busquets y de Aurora Nacarino-Bravo que sostienen que se está culpando a los hombres como colectivo.
En sus declaraciones a los medios, tanto Cantó como Girauta se centraron en criticar la bronca entre el PP, el Gobierno y Podemos en el hemiciclo a cuenta de la prisión permanente revisable e insistieron en la propuesta de Cs de endurecer el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios para presos condenados por crímenes graves y con riesgo de reincidir.
