La verdadera razón del PNV para eternizar la legislatura de Sánchez

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El PNV disfruta de su mayor cuota de poder en sus 123 años de historia. La formación ‘jetzale’ tiene el bastón de mando en el Gobierno de Euskadi, controla las tres diputaciones vascas, participa en el Gobierno de Navarra a través de Geroa Bai y marca la agenda en Madrid, tal y como se vio en el amago de presupuestos de Rajoy para 2018 y en la moción de censura de Pedro Sánchez.

Es por ello que el Partido Nacionalista Vasco no quiere oír hablar del ‘superdomingo’ de mayo, que evidentemente perjudicaría electoralmente a los partidos periféricos porque miles de ciudadanos acudirían a las urnas ‘en clave nacional’.

Andoni Ortuzar, presidente del Euskadi Buru Batzar, pidió el pasado domingo desde las páginas de El Correo al Gobierno que debe aguantar hasta otoño del próximo año: «Tiene que intentarlo por su bien y por el de su partido, y por dar la pelea democrática», se supone que ante Vox.

Ortuzar avisó al PSOE que «en Andalucía se ha demostrado que los partidos de izquierda en España tienen que revisar su manual». Aunque reafirma su apoyo a los socialistas: «Si se pudiera ir a octubre sería lo ideal. También es verdad que no se puede estar en condiciones infrapolíticas». 

El presidente del PNV también envió un recado a ERC y al PDeCAT porque «Casado, Cs y Vox quieren volver a una España en blanco y negro. Los que fuimos juntos a la moción de censura deberíamos ser capaces de conformar no un frente, sino un bloque positivo». ´

Por último, señaló que «ara que esto pueda germinar y alumbrar una siguiente legislatura -remarca- hace falta que además de en lo nuestro, pensemos globalmente». Resulta paradójico que el PNV pida pensar ‘globalmente’ cuando sus últimas apuestas están siendo su apoyo indirecto a las votaciones populares conocidas como Gure Esku Dago, que nació al calor del procés, y a su apuesta por el nuevo Estatuto Vasco que buscará reforzar las cuotas de autogobierno para Euskadi.

AITOR ESTEBAN MATIZA A ORTUZAR

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, afirmó que no será su partido el que ponga la zancadilla a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 pero reconoció que la formación ‘jetzale’ advierte la precariedad parlamentaria de Sánchez: «No tiene sentido para mi grupo concretar un acuerdo presupuestario si no hay unas mínimas posibilidades de que salga adelante».

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Andoni Ortuzar quiere alargar la legislatura de Pedro Sánchez. Foto: Flickr PNV.

Aun así explicó que «no seremos nosotros quienes pongamos trabas imposibles de cumplir para impedir que salgan adelante los Presupuestos, pero es necesario que previamente haya conseguido la misma disposición de otros grupos, e intente sumar la mayoría suficiente».

Esteban no da por agotada la legislatura y también exigió a Pedro Sánchez una hoja de ruta de transferencias para Euskadi, entre las que se incluyen la AP1 entre Armiñón y Burgos y las líneas de tren Alonsotegi-Barakaldo y Bilbao-Basauri. El portavoz nacionalista esta misma semana también se desmarcó de la petición de Quim Torra de asumir ‘la vía eslovena» y calificó sus declaraciones de «desafortunadas».

EL PNV CONTRA ‘EL RÉGIMEN DEL 78’

El PNV ha criticado esta semana el «oscurantismo» de la Mesa del Congreso después del veto que ha sufrido su pretensión de tener acceso a todos los diputados a conocer las actas y documentos de las comisiones de investigación una vez hayan concluido sus trabajos.

La intención ‘peneuvista’ era, en palabras de Aitor Esteban, «acabar con el régimen heredado de la Transición, que tiende al oscurantismo». Los ‘jetzales’ tenían la intención de acceder a las actas secretas de la comisión que investigó entre 1979 y 1982 la situación de los derechos humanos en cárceles y comisarías.

El nacionalismo vasco se ha sumado a Unidos Podemos y al nacionalismo catalán para desgastar a la monarquía española. Hace unas semanas ETB emitió una polémico documental sobre la presunta corrupción que anida en Zarzuela y en la misma cadena pública vasca se lanzó la semana pasada una ‘bomba’ sobre doña Letizia.

El senador Jon Iñarritu, de EH Bildu, explicó que circulaba por Madrid «que la próxima bomba que dejará caer Villarejo tiene relación con la Familia Real, en concreto, con la reina Letizia».

Xabier Lapitz, estrella de ETB y conductor de la tertulia ‘En jake’, dio pábulo a la rumorología que dice que Pedro Sánchez está frenando con llamadas a los editores unos audios comprometidos sobre una presunta relación de doña Letizia con Javier López Madrid.

Lapitz también señaló que «en ETB ya nos preguntamos cómo es posible que Letizia tenga 8 millones de euros en una cuenta. Eso es más grave que sus andanzas amorosas o no. ¿Cómo ha conseguido la reina acumular una riqueza de 8 millones? Es una barbaridad».

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La Casa Real, en el punto de mira de ETB y quizás del PNV. Foto: Casa S.M el Rey

La cifra procede del tabloide británico Daily Express, al que se le han unido otros medios internacionales como el alemán Süddeutsche Zeitung, que afirma que la Casa Real española es «la más impopular de Europa» y que el papel de Juan Carlos I en el 23-F es «una leyenda», y el The New York Times, que afirmaba hace unos días que «la monarquía española necesita un referéndum».

El PNV parece cómodo en ese debate y su ausencia, junto a los diputados de ERC y el PDeCAT, en los actos del Congreso por el cuarenta aniversario de la Constitución así lo evidencian.

 

El giro centrista de Errejón a base de tuits patrióticos y constitucionales

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Iñigo Errejón, candidato por Podemos a la Comunidad de Madrid, busca encontrar apoyos del centro a través de la defensa del patriotismo y el constitucionalismo. El dirigente ‘morado’, que nunca ha hecho alarde de los símbolos del Estado, ahora los despliega a través de sus redes sociales.

El candidato de Podemos retuiteó a través de su cuenta personal un artículo del escritor Juan Manuel De Prada. Bajo el título “Patriotismo”, Prada se posicionó acerca de la polémica del sketch de Dani Mateo al que señaló como «culpable de su desprestigio«.

En la víspera de este artículo, Errejón alabó la figura del general José María de Torrijos , quien fue fusilado por el absolutismo de Fernando VII por reclamar el regreso de la Constitución de Cádiz: «El 11 de diciembre de 1831, el general Torrijos fue fusilado junto a sus 48 compañeros por intentar acabar con el absolutismo y restaurar la Constitución de 1812. La historia de España está llena de patriotas que lucharon contra los reaccionarios y por las libertades de todos».

En una entrevista para Telemadrid hace unos meses, el candidato no dudo en pedir disculpas a los que habían entendido que Podemos “renegaba de la Constitución” y señaló que su única pretensión era “actualizarla a 2018” sin hacer una revisión histórica.

El diputado nacional agregó que uno de los cambios irreversibles sería la eliminación de los aforamientos de los políticos y además un implemento de derechos sociales recogidos en la Carta Magna. “El gobierno empieza por una cosita, pero creemos que hay que ser más valiente”, concluyó Errejón.

“Un futuro compartido”, así titulaba Errejón un video colgado en sus redes en conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española. Con una escenografía ubicada en la Puerta del Sol madrileña, el diputado abogó por una recuperación del futuro.

ERREJÓN VS IGLESIAS

Errejón, el que fuese fiel aliado de Pablo Iglesias, ahora contraataca con un patriotismo impropio del partido que le vio debutar como político . Asimismo, el diputado de Podemos rescató este último mes la bandera española e hizo hincapié en que «los símbolos no deben cederse a reaccionarios”, en este caso haciendo referencia a Vox.

La estrategia al margen de Pablo Iglesias ha comenzado para el candidato a la Puerta del Sol. En un desayuno informativo hace una semana, Errejón se desmarcó de la “alerta antifascista” que promulgó el líder del Podemos tras el fracaso electoral del 2-D.

Además, el candidato negó que en Andalucía hubiese 400.000 fascistas y solicitó “humildad para atender y escuchar las causas” de todos los partidos políticos, incluido Vox. Sin duda, un golpe bajo para Iglesias que después del resultado de las andaluzas culpó “a la extrema derecha” de ser la causante del mal.

“Tenemos que ser capaces de ofrecerles certezas. Donde hacemos eso no anida, el miedo. El combate no es contra otra fuerza política, sino contra el caldo de cultivo del miedo: la desigualdad, la incertidumbre. Yo voy a trabajar para que tengan un referente en Madrid”, subrayó Errejón.

«Sí tenemos una política patriótica: la plurinacionalidad y el derecho a decidir. No nos da miedo. Nuestra patria está construida por diferentes países»

El candidato a la Comunidad de Madrid fue claro en 2015 cuando afirmó en el programa de «Al Rojo Vivo» que su formación no entendía «el patriotismo en términos de banderas» e indicó que defender a un país consistía en “defender a su gente”. De esta forma, insistió  en que había ciudadanos españoles identificados con diferentes signos nacionales y que solo a través de la colaboración conjunta «se podría regenerar España».

En 2016, Errejón sostuvo que Podemos y sus aliados defendían el patriotismo y destacó que la plurinacionalidad estaba basada en un “proyecto común para defender a los pueblos” de las políticas de los populares.

Sí tenemos una política patriótica: la plurinacionalidad y el derecho a decidir. No nos da miedo. Nuestra patria está construida por diferentes países, seremos los pueblos los que construiremos la convivencia no los de arriba”, agregó el diputado.

No podemos olvidar, que Pablo Iglesias en 2013 ironizó sobre el significado de ser patriota en España y declaró que no podía utilizar la bandera rojigualda ni decir España aunque optaba por un ser «un patriota de la democracia».

Pablo Iglesias, líder de la formación morada, manifestó el año pasado la necesidad de que las banderas “cuidasen” y no fuesen motivo de agresión: “Las banderas de nuestra patria son las que cuidan, aquellas que agreden no tienen sentido. Queremos una España que cuide”.

Un discurso contrario al de Podemos es el de Vox, donde este último anima a defender la bandera española en sus discursos políticos. De hecho, la formación de Santiago Abascal creó una iniciativa llamada “la bandera de todos”, que consistía en que los simpatizantes y afiliados denunciasen cualquier Administración Pública que impidiese la bandera de España.

La cuenta oficial de Vox denunció tras un acto de Vox en Sevilla el año pasado, que era un acto “revolucionario” llevar consigo un bandera. En Barcelona, un militante de Vox  repartió 300 banderas en la playa en respuesta al cementerio de “cruces amarillas” por los presos políticos.

Rivera justifica las reformas de Macron aunque Francia incumpla el déficit

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Las intensas protestas de los llamados chalecos amarillos en Francia, que dicen representar a las clases medias empobrecidas, han puesto contra las cuerdas a Emmanuel Macron y le han forzado a anunciar una serie de medidas para tratar de mitigar el malestar social y los desórdenes públicos en París y otras ciudades.

Un año y medio después de llegar al Palacio del Elíseo, el nivel de apoyo de Macron entre los franceses estaba en mínimos tras varias semanas de protestas: solo el 20% le daban su aprobación, según una encuesta de Ipsos. En cambio, Albert Rivera mantiene intactos su admiración y respeto por él.

El presidente de Francia sigue siendo su principal referente como gobernante liberal y reformista a pesar de las críticas internas a las que se enfrenta, y así lo ha puesto de manifiesto el líder de Ciudadanos cuando le han preguntado por la situación política en el país vecino.

Rivera ha vuelto ha mencionar a Macron como un ejemplo a seguir, ha defendido su gestión de la crisis de los chalecos amarillos e incluso ha justificado las medidas que ha anunciado para responder al clamor de la calle, cuyo coste hará que el déficit público de Francia se dispare.

Según ha dicho el propio Gobierno francés, las propuestas del presidente le costarán a las arcas públicas entre 8.000 y 10.000 millones de euros y provocarán un incremento del déficit, que podría llegar al 3,4% en 2019.

Esto supondría un incumplimiento por parte de Francia, ya que los Estados miembros de la Unión Europea no pueden registrar un déficit público de más del 3% del producto interior bruto, aunque desde Bruselas han indicado que las reglas del Pacto de Estabilidad permiten superar esa barrera “de manera limitada, temporal, excepcional”.

Pero no parece que esto preocupe a Albert Rivera, que esta semana, en una entrevista en Antena 3, respaldó la posición de Macron y negó que corregir el rumbo de sus políticas equivaliera a claudicar ante los alborotadores.

RIVERA JUSTIFICA LA POLÍTICA DE MACRON

Es que “tiene patas arriba un país”, dijo el presidente de Ciudadanos para justificar ese giro. “Si no lo hace, le critican; si lo hace, le critican. Esto de dar consejos cuando no eres presidente es más complicado”, declaró.

Esta postura contrasta con las advertencias de Cs por la posibilidad de que España incumpla los objetivos de déficit público acordados con la Comisión Europea. “¿Qué necesidad tenemos de hacer el ridículo en Bruselas y volver a la falta de credibilidad?”, planteó Rivera a finales de noviembre.

El líder de la formación naranja sostiene que el  Gobierno debe presentar unos Presupuestos para 2019 que cumplan con la senda de déficit en vigor, el 1,3%, y no el 1,8%, que es el objetivo que querían el Ejecutivo y Podemos pero que recibió el rechazo del Congreso, incluido Ciudadanos“¿De dónde va a sacar 5.000 millones más del bolsillo de los españoles?”,  preguntó a Pedro Sánchez en la última sesión de control en la Cámara Baja.

La situación en Francia fue uno de los temas que surgieron en el Pleno celebrado esta semana, donde se dio el hecho insólito de que Podemos e Izquierda Unida elogiaron a Macron. Lo pusieron como ejemplo para pedir a Sánchez que defienda ante la Comisión Europea el acuerdo presupuestario que pactaron aunque suponga un incremento del déficit.

“Me gustaría que mi Gobierno pudiera hacer lo mismo que va a hacer el señor Macron. Asumir que cuando la gente señala el camino, un presidente tiene que seguir el camino que está señalando la gente”, apuntó Pablo Iglesias.

Manuel Valls
Manuel Valls junto a Albert Rivera en la manifestación de Barcelona de marzo. Foto: Flickr C’s

En defensa de Macron, Rivera ha quitado hierro a las movilizaciones de los chalecos amarillos –“le ha pasado a casi todos los presidentes” franceses– y ha dicho que es normal que el impulso de ciertas reformas pueda tener “un coste interno”.

“Pero benditos líderes que son capaces de reformar su país y de liderar Europa”, “ojalá hubiera más líderes políticos con la valentía de plantear una Europa unida frente a los populismos y los nacionalismos”, defendió.

Las medidas anunciadas por el Ejecutivo francés, que tienen como objetivo mejorar el poder adquisitivo de las personas con ingresos más bajos, son variadas y numerosas. Se aplicará un aumento de cien euros a quienes cobran el salario mínimo, las horas extraordinarias estarán exentas de impuestos, se congela la subida de las cotizaciones para los pensionistas que cobren menos de 2.000 euros al mes y se pedirá que las empresas paguen a sus empleados una prima especial de fin de año, por la que no se tributará.

“Queremos una Francia donde una persona pueda vivir dignamente de su trabajo”, afirmó el lunes pasado Macron, que, sin embargo, no ha accedido a restablecer el impuesto sobre la fortuna, sustituido a principios de año por un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario que los chalecos amarillos ven insuficiente.

Previamente, el Gobierno francés había satisfecho una de las principales reivindicaciones de los manifestantes al renunciar a un nuevo aumento de los impuestos sobre los carburantes. Esto hará que el Estado cuente con 4.000 millones de euros menos en sus ingresos.

 

Un juez admite la querella de Crespo contra Garzón por los audios de Villarejo

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El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por el número dos de la denominada trama Gürtel, Pablo Crespo, contra el ex magistrado Baltasar Garzón por la grabación del comisario José Manuel Villarejo en 2009 a la que tuvo acceso MONCLOA.COM.

El juez Esteban Vega considera que los hechos descritos en la denuncia «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación judicial«. Por lo tanto, considera «procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación».

De manera paralela, el juez ha librado un oficio al Consejo General del Poder Judicial «a fin de que se informe sobre la situación actual del querellado Baltasar Garzón Real, con el fin de determinar la competencia de este juzgado para el conocimiento de los hechos formulados en la querella».

Asimismo, el instructor ha acordado librar un oficio al Decanato de la Audiencia Nacional «a fin de que se remita a este órgano testimonio de las Normas de Reparto de los Juzgados Centrales de Instrucción en el año 2008″.

Pablo Crespo, condenado a 37 años y medio de cárcel en el juicio del caso Gürtel, presentó a principios de octubre una querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón como consecuencia de las grabaciones que realizó el comisario José Manuel Villarejo y que fueron publicadas por MONCLOA.COM. Esta fue la primera acción judicial que se concretó de las que anunciaron los condenados en el caso Gürtel.

En las grabaciones aparece un diálogo del comisario Villarejo con Gabriel Fuentes, adjunto al director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Villarejo le relata que en agosto de 2008 participó en una comida con Baltasar Garzón el día anterior al que el magistrado abrió las primeras diligencias del caso Gürtel.

En el almuerzo también participaron, según Villarejo “preparando lo de la Gürtel”Juan Antonio González, en aquel momento comisario general de información y José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía.

garzon villarejo
El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

El abogado de Crespo, Miguel Durán, considera, al presentar la querella por prevaricación, que los audios del comisario José Manuel Villarejo “ponen al descubierto una posible confabulación por parte del exjuez Baltasar Garzón en la Operación Gürtel” que tendría como objetivo “perjudicar al Partido Popular”.

En ese sentido, el abogado afirma que el juez Garzón se hizo cargo de “un caso preparado para que él mismo instruyera y que asumió de forma injusta”. La querella señala que se habrían vulnerado las normas de reparto de la Audiencia Nacional.

La grabación de la conversación del comisario Villarejo descubre, según Durán, que Garzón pudo “canalizar judicialmente un complot” al asumir la instrucción de este caso. También considera que la asignación del caso supone “un mero fraude de ley”.

El texto de la querella recuerda que las defensas del caso Gürtel insistieron durante la instrucción de este sumario en que se habían vulnerado las normas de reparto de los casos en la Audiencia Nacional. El juez Garzón se hizo cargo del mismo, según le solicitó la Fiscalía, debido a que uno de los protagonistas, Luis de Miguel Pérez, también había sido investigado en el caso BBV-Privanza por el mismo magistrado.

Según el abogado de Pablo Crespo, el juez Baltasar Garzón se hizo con el caso porque si hubiera caído en manos de otro magistrado de la Audiencia Nacional “las cosas podrían no salir conforme al plan que se había ideado”.

El abogado Miguel Durán señala que el juez Garzón ni siquiera hizo referencia en su auto de apertura de las diligencias al caso BBV-Privanza y considera que las grabaciones del comisario Villarejo suponen nuevas pruebas que demostrarían un “complot” que estuvo “cocinado entre bastidores judiciales por y para el querellado”.

LA “CONFABULACIÓN” DEL JUEZ GARZÓN

La querella subraya que las grabaciones evidencian que el caso Gürtel podría ser resultado de una “confabulación” que habría “teledirigido la causa ad hoc” hacia el magistrado Garzón. Así y tras hacerse eco de las palabras literales descubiertas en las grabaciones difundidas por MONCLOA.COM, la querella que interpone Crespo contra Garzón afirma que la causa “había sido previamente confeccionada” por el magistrado.

Durán insiste en la querella en los argumentos ya utilizados durante la instrucción y el juicio del caso Gürtel, respecto a la “débil o nula conexión procesal” entre el caso BBV-Privanza y el caso de corrupción que afectó de forma contundente al Partido Popular. Esto indica, a su juicio, que el entonces juez instructor se habría hecho con Gürtel para tener “el dominio fáctico sobre lo que él y sus eventuales correligionarios querían que fuese el caso Gürtel”.

La exposición de los hechos por parte del querellante desliza que el juez se “apoderó” del caso “parece que jaleado por altas instancias del Gobierno de entonces”. Igualmente, señala que “el nacimiento del caso fue de todo menos un nacimiento administrado por un juez imparcial”. A juicio del citado abogado, “lo hizo con el objetivo de instrumentalizar el proceso penal para lograr intereses u objetivos ajenos a la función judicial”.

La querella presentada pide que sean llamados a declarar el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en la prisión de Estremera, así como a los comisarios Juan Antonio González García, José Luis Olivera Serrano y al excomisario Gabriel Fuentes, citados como presentes en el almuerzo al que hace referencia José Manuel Villarejo en las grabaciones.

Por último, el abogado solicita al juzgado que adopte medidas para “asegurar y en su caso reforzar, la integridad física del testigo” Villarejo, debido a “la extraordinaria gravedad de los hechos que son denunciados” así como “por el hecho notorio de que éste posee información relevante de personas de interés público”.

 

La jefa de Gabinete de Sáenz de Santamaría ficha por la agencia de comunicación Tinkle

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El Gobierno ha autorizado a María González Pico, jefa de Gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría en Vicepresidencia, a trabajar en la agencia de comunicación Tinkle, dirigida por Javier Curtichs, según publica el Portal de Transparencia.

Nacida en Aranda de Duero (Burgos), González Picó es periodista licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense y tiene un máster en Liderazgo en la Gestión Pública del IESE. En su papel en Moncloa, su cargo oficial era el de directora de gabinete y, entre sus funciones, estaba la de “conocer las actividades, programas y planes de los distintos departamentos ministeriales con el fin de facilitar sus funciones de coordinación de la acción del Gobierno”.

Una atribución que le permitía estar en la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, donde nacía la acción del Gobierno y que organizaba el Consejo de Ministros. Además, tenía una silla como vocal en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Pero sus funciones iban mucho más allá y actuaba como la consejera inseparable de Sáenz de Santamaría y la persona que supervisaba sus discursos y actividades en público. La vicepresidenta tenía plena confianza en ella y siempre le consultó desde temas políticos hasta cuestiones de imagen. Tras la salida de Sáenz de Santamaría de Génova, la propia González Pico rescindió su contrato con el PP.

La autorización del Gobierno a González Pico no fue la única. Por ejemplo, la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue autorizada a trabajar en el despacho de abogados británico Hogan Lovells. Tras sus dimisiones a principios de noviembre de la Ejecutiva nacional del PP y del escaño en el Congreso de los Diputados, Cospedal solicitó su reingreso en la Abogacía del Estado.

Jaime García-Legaz, por su parte, también ha conseguido un trabajo alejado de la política. El que fuera presidente-consejero delegado de Aena ha recibido el visto bueno del Ejecutivo socialista para fichar por el despacho de abogados Herbert Smith Freehills, donde coincidirá con su antiguo compañero en el Gobierno, Rafael Catalá.

Sin embargo, tanto García-Legaz como Cospedal no se incorporarán finalmente a los despachos de abogados anglosajones, Herbert Smith y Hogan Lovells, respectivamente, al haber sido rechazados en última instancia y pese a que ya contaban con la autorización que para ello habían pedido al Gobierno y que se ha llegado a publicar en el portal de Transparencia.

Asimismo, García-Legaz tiene ya el visto bueno para incorporarse a la consultora empresarial Alula Capital y a la consultora especializada en transporte marítimo Ocean Infrastructures Management.

Además, Gregorio Izquierdo, que fue presidente del Intituto Nacional de Estadística (INE) en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ejercerá a partir de ahora como economista por cuenta propia. Y el exeurodiputado y expresidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Pablo Zalba, se incorporará a Gerson Lehrman Group.

Por último, Màxim Huerta, el que fue por apenas una semana ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a su medio natural, la televisión. El periodista ha firmado un contrato con ‘La fábrica de la tele‘, la productora de ‘Sálvame’, para presentar un programa en Mediaset.

 

Roures asegura que no es responsable del uso que la Generalitat dio a sus servidores informáticos

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Jaume Roures y su compañía, Mediapro, han hecho llegar a MONCLOA.COM un escrito de rectificación a la información titulada: «Mediapro dio apoyo sin contrato a la consulta del 1-O pero facturó antes y después». El texto es el siguiente:

«A la vista de los afirmaciones contenidos en los artículos publicados en Ia web www.Moncloa.com bajo la firma de Francisco Mercado, los días 4 y 5 de diciembre de 2078 titulados, respectivamente, «Una filial del grupo de Roures dio soporte a la consulta ilegal del 1-O’ y «Mediapro dio apoyo sin contrato a Ia consulta del 1-O pero facturó antes y después», en los que se alude o Mediapro (MEDIAPRODUCCION, S.L.U.) y a Jaume Roures Llop, ejercitamos nuestro derecho reconocido en lo Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación y al efecto rectificamos los referidas informaciones manifestando que:

1.- No es cierto que ninguna filial del grupo Mediapro diera soporte o lo consulto ilegal del 1-O, ni que tuviéramos «centros de procesos de datos vinculados con la consulta ilegal» en la tercera planta de lo sede de Mediapro.

2.- Ninguna sociedad del grupo Mediapro realizó ninguna «labor» ni «apoyo técnico» poro la votación del 7-O: Mediapro Cloud ha prestado y prestó servicios de «housing» a organismos vinculados con el Gobierno de la Generalitat, en igualdad de condiciones que los prestados al resto de sus clientes.

3.- Los servicios de «housing» que, entre otros servicios, Mediapro Cloud presta a sus clientes consisten en la cesión de un espacio físico para alojar los servidores del cliente, sin que Mediapro Cloud intervenga de ningún modo en el uso que el cliente hace de estos servidores.

4.- Mediapro no se ha «enganchado» nunca a ninguna «hoja de ruta hacia lo independencia», lo que es totalmente falso.

5.- Mediapro no es, ni tampoco lo es ninguna sociedad de su grupo, responsable del uso o actividades que realicen sus clientes utilizando los servidores ubicados físicamente en sus instalaciones, por lo que no puede haber intervenido en la cesión y entrega de datos de carácter personal u otros actividades que se mencionan en lo noticia.

6.- El Grupo Mediapro no prestó su sede central para realizar el recuento de la consulta del 7-O. Tampoco cedió sus instalaciones paro comparecencias de los políticos o cargos de la Generalitat. Mediapro habilitó en sus instalaciones un centro de prensa (IPBC) para acoger y prestar servicios profesionales a los medios de comunicación desplazados a Barcelona por el interés informativo. Al IPBC fueron invitados todos los partidos políticos, instituciones, incluida lo Delegación del Gobierno en Cataluña y entidades sociales que se habían posicionado respecto a la consulto del 7 de Octubre. Utilizaron sus instalociones, ademós del Govern de la Generalitat, aentidades, comisiones internacionales y partidos políticos.

7.- El Grupo Mediapro no ha regalado nunca o empresas de televisión conexiones satelitales para difundir ningún contenido, y siempre ha facturado todos los servicios prestados a terceros. Todos los servicios de transmisiones prestados por empresas del Grupo Mediapro durante el fin de semana del 7 de octubre de 2077 fueron facturados y cobrados aplicando las tarifas habituales.

8.- Mediapro Cloud no realizó ninguno labor de soporte específico «poro lo red informática que manejó ilegalmente el censo catalán», sino que se limitó a proporcionar el mismo servicio que ofrece a todos sus clientes, en desarrollo de su objeto social consistente, entre otras actividades, en prestar los servicios de cesión de espacio para ubicar servidores de terceros, sin tener conocimiento ni responsabilidad del uso a que se destinen tales servidores por los clientes.

9.- No es cierto que se otorgara otro contrato por lo Generalitat a Mediapro Cloud el 8 de enero de 2078 por un monto de 727.000 euros más l.V.A., sino que a ese concurso al que alude la información, tramitado por el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), no se presentó ningún licitador, por Io que resultó desierto.

10.- El contrato tramitado por la AOC adjudicado a Mediapro Cloud el 2 de octubre de 2078 por un monto de 748.760 euros más I.V.A. (expte. núm. AOC-2078-723) no fue adjudicado «a dedo», sino que se tramitó con anterioridad otro expediente por el procedimiento abierto (núm. AOC-2078-64, publicado el 25 de junio de 2078), en el cual solo se presentó uno oferta de Mediapro Cloud, que fue excluida por razones formales, por lo que el concurso resultó declarado desierto. Por ello, y al amparo del art. 768.a).7e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación adjudicó el contrato o Mediapro Cloud mediante el procedimiento negociado sin publicidad con concurrencia en el expediente núm. AOC-2018-723, como consta todo ello en el perfil del contratante de la Generalitat.

11.- Es falso que Mediapro, ni ninguna otra sociedad de su grupo, diseñaran «la campaña del ilegal 9-N», ni que ello le reportara 800.000 de Artur Mas».

 

Revuelo en el Ejército tras el fichaje del general Coll por Vox

Vox presentó ayer al general retirado Fulgencio Coll como cabeza de cartel para las elecciones municipales de mayo en Palma de Mallorca y provocó un enorme revuelo en el seno de las Fuerzas Armadas ya que el exjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de 2008 a 2012 es una figura con gran prestigio dentro del estamento militar.

Coll estuvo al frente del Ejército de Tierra a las órdenes de José Luis Rodríguez Zapatero y la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón. En la primera legislatura socialista llevó a cabo la retirada de las tropas españolas de Irak y puso en marcha la Unidad Militar de Emergencias (UME) tan denostada por el PP en sus inicios y que, sin embargo, ahora es defendida por toda la clase política sin discusión.

Se da la circunstancia de que Coll formó parte de una cúpula militar en la que cohabitó con Julio Rodríguez, el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y que ahora forma parte de Podemos y aspira a ir de la mano con Manuela Carmena para la alcaldía de Madrid.

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Fulgencio Coll (izq.) junto a Chacón, Zapatero y el general Julio Rodríguez.

«Los extremistas no están en Vox, están en aquellos que apoyan a los terroristas o a los separatistas o en aquellos que nos quieren llevar a un modelo neocomunista que ha fracasado en Venezuela«, subrayó Coll en su estreno como político.

Asimismo, el general retirado aseguró que renunciará a su sueldo de alcalde si llega al Consistorio mallorquín. El presidente de Actúa-Vox en las islas Baleares, Jorge Campos, destacó que el exJeme es un «candidato de lujo» para competir en Palma de Mallorca por su reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y recordó que sus antepasados han tenido cargos importantes en las islas.

Así, el abuelo de Coll, Juan Coll Fuster, fue alcalde de Palma durante el franquismo, concretamente entre 1945 y 1952, y su antepasado Juan Coll Crespí también lo fue en 1856. «Proviene de una familia con una doble vocación de servicio y con la entrega a España a través de la milicia, y la entrega a los mallorquines y palmesanos, puesto que su padre fue el último presidente de la Diputación antes de convertirse en Consell insular», recordó Campos.

El fichaje de Coll por Vox provocó un alud de comentarios dentro de las Fuerzas Armadas, como en su día lo fue la entrada de Rodríguez en Podemos. «Siempre supimos que era un general muy flexible en sus planteamientos», subraya otro general retirado a MONCLOA.COM tras haber compartido tareas con Coll la pasada década.

En su momento, sorprendió que Chacón se decantase para Tierra por un general que venía «de una familia de derechas y conservadora», aunque esa condición la tiene buena parte de los altos mandos militares.

A la hora de decidir quién iba a ser el Jeme en 2008, para la ministra de Defensa y, también para Zapatero, fue determinante el buen hacer de Coll para poner en marcha la UME y que en 2004 retirase con éxito las tropas españolas de Irak cuando los socialistas llegaron al poder.

COLL NO ES EL PRIMER GENERAL EN LANZARSE AL RUEDO POLÍTICO

El fichaje de Coll por Vox es un ejemplo más de que los generales que abandonan las Fuerzas Armadas al llegarle la hora del retiro y posterior jubilación, se están lanzando al ruedo político sin los miedos y prevenciones que hubo durante las primeras décadas de democracia.

Otro exJeme que ha vestido el traje de político ha sido Luis Alejandre, quien estuvo a las órdenes de Federico Trillo en el último gobierno de José María Aznar. En los últimos años ha desempeñado el cargo de consejero de Transportes en el Gobierno insular de Menorca, gobernado por el PP.

Alejandre fue uno de los firmantes del polémico manifiesto titulado «Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España», en el que denunció la «campaña infame» que estaba llevando a cabo «la izquierda política» para desprestigiar al dictador a través de la «perversa pretensión» de exhumar sus restos del Valle de los Caídos.

En la lista de firmas figuraban militares con hojas de servicio intachables como Alberto Asarta, excomandante de los cascos azules de la ONU en el Líbano, o el exteniente general Juan Enrique Aparicio, que hasta 2016 formaba parte del Ministerio de Defensa como Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra.

Otros firmante del manifiesto fueron el almirante José María Treviño Ruiz, jefe del gabinete técnico de Trillo; el gener de División Juan Chicharro, excomandante general de Infantería de Marina y exayudante de campo del rey Juan Carlos que en la actualidad es más conocido por ser el presidente de la Fundación Francisco Franco.

También puso su firma en el polémico escrito el teniente general Agustín Muñoz-Grandes Galilea, ex capitán general de la II Región Militar e hijo del general del mismo nombre que mandó a la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial.

 

El juez obliga a Podemos a purgar el sumario de Villarejo

La acusación particular que ejerce en solitario Podemos debe lidiar con una dura papeleta en el caso Tándem: decidir qué parte del sumario debería permanecer en la causa y qué debe ser excluido por razones legales y de intimidad de terceras personas ajenas a los hechos puramente delictivos.

La causa ya llega mutilada a Podemos. La policía se ha encargado de eliminar del sumario todo aquello que entienden que afecta a la seguridad del Estado, léase las grabaciones de Corinna, por ejemplo, según informaron fuentes judiciales a MONCLOA.COM.

Esto es un concepto tan vago como discutible. De hecho, ha sido esgrimido por los implicados tanto para justificar sus conductas como para lograr una coartada, basada en no contar lo que hicieron porque vulneraría los secretos del Estado. Obviamente, en los 20 terabytes de información contenida en los discos duros del comisario José Manuel Villarejo siempre puede haber elementos que rocen su actividad profesional legítima, el combate del terrorismo o la delincuencia común.

Otro tanto puede ocurrirle a su amigo y socio de aventuras Enrique García Castaño, exjefe de la unidad de la Comisaría General de Información encargada de balizar o pinchar teléfonos a los terroristas durante años. En los cientos de conversaciones grabadas entre ambos, pueden aflorar asuntos que tengan que ver estrictamente con la lucha policial contra el delito.

Pero hay muchas otras informaciones que son ajenas a tal lucha: García Castaño aflora en el presunto caso de extorsión de un miembro de la familia García Cereceda cuyo signo es la ambición económica y una guerra fratricida entre hermanas. Ninguna de ellas era yihadista.

Y, sin embargo, García Castaño presuntamente facilitó a Villarejo teléfonos de todos los personajes vinculados con una de las hermanas García Cereceda. Tampoco el caso en el que se investiga al marido y socio de Ana Rosa tiene que ver con el terrorismo, sino con una supuesta extorsión para cobrar deudas.

Por todo ello, es complejo el papel del policía que hubo de escudriñar cuándo el tándem Villarejo-García Castaño habla de presuntas extorsiones a privados y cuándo habla de terrorismo, porque en el mismo audio pueden cruzarse ambos caminos reiteradamente.

El papel que le toca a Podemos es doble. En la parte escrita, fundamentada casi en exclusiva a la presunta extorsión a ciudadanos guineanos, los letrados de este partido deben proponer qué folios o elementos deben ser excluidos porque no revisten interés penal.

Pero más dura se prevé la tarea que deben aplicar a la parte informática: determinar y proponer qué parte se tiene que excluir del sumario por entender que no reviste interés penal o porque vulnera la intimidad de terceros.

Y esta labor debe realizarse de manera absolutamente analógica: sin teléfonos, ni cámaras ni escáners. Papel y lápiz. Ni siguiera se permite el uso de un sospechoso bolígrafo, siempre posible continente de cámara o grabadora. Y todo esto en un plazo récord de 90 días, si bien prorrogables, visionando el material en los ordenadores habilitados en el juzgado.

PODEMOS PONE EL GRITO EN EL CIELO

Los abogados de Podemos han puesto el grito en el cielo y en Twitter: «La obstaculización a la justicia es el grave problema al que a menudo nos enfrentamos a la hora de preparar casos tan relevantes y graves como es Tándem (Villarejo). Nos dan 90 días para examinar 20 terabytes de información, anotando lo que nos interesa a papel y lápiz», señaló el equipo legal de la formación morada.

La queja de los letrados del partido de Iglesias no acaba aquí: «¿La consecuencia de esto? La pagaremos todas y todos. Errores, datos mal anotados o simplemente ‘perdidos’ entre Teras de información. Barreras materiales y temporales que obstruyen y perjudican nuestro trabajo y por ende, a la justicia. Un Terabyte bastaría para grabar 250.000 canciones en MP3, suficientes para llenar dos años de escucha sin parar; dos semanas de películas en DVD sin pausa o 500.000 fotografías digitales».

Esta es la herencia que deja el juez instructor, Diego De Egea, que ha protagonizado un duelo cruento con los fiscales de la causa. El magistrado ha archivado piezas por no ver delito, medidas que los fiscales han recurrido urgiendo la práctica de pesquisas básicas antes de dar carpetazo. Un juez que creyó que los clientes de Villarejo no sabían que era comisario.

De Egea ha renunciado por «razones personales» a su papel de juez de apoyo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Su titular, Manuel García Castellón, hereda un polvorín, salvo que logre un nuevo juez de apoyo…o huya también a otro puesto.

 

El Código Penal prevé hasta cuatro años de cárcel por obstaculizar el Consejo de Ministros

El Código Penal establece que los que invadan el local donde se encuentre el Consejo de Ministros o pongan obstáculos a la libertad del Gobierno en esta reunión podrán ir a prisión entre dos y cuatro años. Esta previsión legal puede complicar la convocatoria de protestas contra la reunión del Ejecutivo en Barcelona, el próximo 21 de diciembre, por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR) .

A través de su cuenta de Twitter, estos comités han bautizado la movilización con el lema “el #21D serem ingovernables”. En estos mensajes, llaman a tomar las calles, organizar la respuesta y preparar la resistencia. Uno de los hashtag bajo los que organizan la movilización en esta red social es #TombemElRègim.

Otros mensajes recuerdan la frase del dramaturgo Bertolt Brecht: “Quien no comparte la batalla, compartirá la derrota”. Las llamadas a la movilización convocan el 21 de diciembre, a primera hora de la mañana, en la Llotja de Mar, en Barcelona, el lugar donde tiene prevista su celebración el Consejo de Ministros.

El artículo 503 del Código Penal señala que incurrirán en la pena de prisión de dos a cuatro años “los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros”, así como “los que coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del Gobierno reunido en Consejo”.

El lugar elegido para la reunión se encuentra en el centro de la ciudad, lo que podría complicar los dispositivos policiales de protección. Los Mossos han expresado a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, su preocupación por la localización de la reunión. La policía catalana defiende que el despliegue policial sería más efectivo en el Palacete Albéniz, que se localiza en Montjuïc.

La Llotja de Mar es un edificio monumental situado en el centro de la ciudad, muy cerca de la plaza de Sant Jaume y del parlamento de Cataluña. En declaraciones a Onda Cero, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern catalán, Elsa Artadi, señaló que “no es el lugar más idóneo” para la celebración del Consejo de Ministros, no por un “criterio político, sino técnico”, que asoció a razones de movilidad.

Consejo CDR

Artadi también señaló el “malestar” de una parte de la sociedad catalana con la fecha en que se celebrará, que, a su juicio, tiene “un punto de provocación”. El 21 de diciembre se cumple un año de las últimas elecciones catalanas, que fueron convocadas después de que fuera disuelto el Gobierno de la Generalitat con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Cuando la vicepresidenta Carmen Calvo anunció el pasado mes de noviembre la decisión del Gobierno de celebrar una de sus reuniones en Barcelona recordó que el presidente Pedro Sánchez se había comprometido a devolverle la visita al presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando fue recibido en el Palacio de la Moncloa el pasado mes de julio.

Calvo afirmó que “si el Consejo de Ministros es en Barcelona, el presidente Sánchez saludará y se reunirá con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes”. Esta respuesta se producía después de que Torra hubiera invitado a Sánchez a visitarle en Cataluña el pasado mes de septiembre. El Gobierno central, sin embargo, ha preferido la fórmula de la celebración del Consejo de Ministros, como el que tuvo lugar en Sevilla en octubre, una decisión que iguala la relación entre el Ejecutivo central y todas las comunidades.

“Si el Consejo de Ministros es en Barcelona, el presidente Sánchez saludará y se reunirá con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes”

El anuncio de las movilizaciones de los Comités de Defensa de la República en Cataluña se produjo el mismo día en que el Gobierno central reiterara que el Consejo de Ministros se celebraría en Barcelona. La confirmación se produjo después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, expresara como “opinión personal” que no había que “empecinarse” en mantenerla.

El contexto estaba además caldeado por las reacciones a las movilizaciones de los CDR, que cortaron varias autopistas de peaje. La Fiscalía ha abierto una investigación sobre si los Mossos mantuvieron una actitud pasiva y no impidieron estas interrupciones del tráfico. Esta situación ha llevado al Partido Popular y Ciudadanos a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la aplicación de nuevo del artículo 155 de la Constitución y dejar en suspenso la autonomía de Cataluña.

Esta misma semana se produjo también otra polémica, esta vez por las palabras del president Torra en las que llamó de nuevo a seguir la llamada “vía eslovena” hacia la independencia. Estas palabras fueron descalificadas por la oposición a su Gobierno, que le recordó la guerra que sufrió este país.

Torra puntualizó posteriormente que la vía eslovena que él reclama termina en su declaración de independencia, y no en la guerra que vino a continuación. Este conflicto se desarrolló en los diez días posteriores a la declaración de independencia, en los que se produjeron 62 muertos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó las manifestaciones de Torra como una grave irresponsabilidad, debido a que éste propusiera esta vía “con todas las consecuencias” y “dispuestos a todo”. Para Borrell, las palabras de Torra suponen “apelar a una solución violenta”.

 

El éxito de Santiago Abascal en una conferencia de su antigua jefa Esperanza Aguirre

No cabe duda de que la coyuntura estaba de cara. Por un lado, la conferenciante, Esperanza Aguirre, suele ser garantía de éxito. Por otro, el tema de la conferencia, “La necesidad de una alternativa al Frente Popular”, cuanto menos provocador. Tiene lógica que entre el público congregado para el acto este lunes se sentara Santiago Abascal, el político revelación de la temporada. Lo más llamativo fue que Abascal fue tan ovacionado y aclamado como Aguirre.

Llamativo, porque la audiencia tenia un enorme volumen de cuadros y militantes del Partido Popular. “De los de toda la vida”, explica gráficamente un asistente al acto. Pocos dejaron de saludar, abrazar e incluso besar a Santiago Abascal, resplandeciente tras su brillante resultado electoral en Andalucía.

Se trataba de una conferencia organizada por la Fundación Villacisneros y la Fundación Valores y Sociedad. Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, compartía cartel con el ex alcalde de A Coruña y ex embajador ante la Santa Sede, el socialista Francisco Vázquez y el ex eurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner.

La Fundación Villacisneros fue fundada en el año 2007 “con el objetivo de promover los principios y valores que emanan de la dignidad de la persona y constituyen la esencia de la civilización occidental”. Entre sus misiones está “la defensa de la vida”, lo que suele ser sinónimo de contrario al aborto. Su presidente es Ignacio Gómez-Pineda, empresario y financiero en la vida “civil”.

Al auditorio de la Mutua Madrileña, en un lateral de la Castellana de Madrid, acudió el Gotha del PP aguirrista. Y también el PP duro de los tiempos de plomo en el País Vasco. No en vano María San Gil es la coordinadora de estas conferencias que tienen el nombre genérico de “El nuevo Frente Popular”.

Jaime Mayor Oreja, Paloma Adrados, José Luis Martínez Almeida, José María Álvarez del Manzano, entre diputados, concejales y otras autoridades de la derecha madrileña actual. De la futura, flanqueando a Santiago Abascal estaban Carlos Urquijo, ex delegado del Gobierno en el País Vasco y el periodista Herman Tersch. Tersch, por cierto, estaba a la derecha de Abascal.

Santiago Abascal
Santiago Abascal en la conferencia de Esperanza Aguirre, flanqueado por Carlos Urquijo (a la derecha en la foto) y Herman Tersch. | Fundación Villacisneros

“Lo que pasó define exactamente cual es el clima político actual”, explica otra de las personas que se contaban entre el público. La sensación fresca y ganadora que ofrece la opción de Vox en la derecha mueve simpatías incluso entre los cuadros del PP, lo que da datos al proyecto de Pablo Casado, posiblemente.

Realmente Santiago Abascal es un hijo de este PP, escindido en su día por el viaje al centro izquierda preconizado por el “arriolismo” dominante en tiempos de Mariano Rajoy. Abascal se curtió como concejal en el País Vasco, en los años en que maría San Gil remedaba a una Agustina de Aragón frente a la barbarie terrorista de ETA. Posteriormente Abascal fue acomodado en el amplio manto que la estructura de la Comunidad de Madrid daba a Esperanza Aguirre. Un cargo en un entramado autonómico como los que quiere ahora eliminar el líder de Vox.

A todo esto la conferencia versó sobre la actualidad política dominada por las elecciones andaluzas y la forma de oponerse a las corrientes de Podemos y sus pactos con el PSOE. Se habló de España y de su unidad. Aguirre afirmó que “Los andaluces no han aceptado que el PSOE pacte con Torra”. Según explica la nota informativa de la Fundación Villacisneros, “manifestó su convicción de que ya existe una alternativa a la profunda anomalía de que el Gobierno de España esté formado por sus enemigos y declaró que a pesar de lo que se intenta transmitir.

AGUIRRE DEFIENDE AL PARTIDO DE ABASCAL

No es de extrañar que los militantes y mandos del PP se abrazaran a Abascal, ya que la propia Esperanza Aguirre pareció una fan de la formación que queda a la derecha del PP. En su entusiasmo, ella, que tiene sus orígenes en el centro, llegó a afirmar que: “Vox no es un partido de ultraderecha”.

La irrupción electoral de Vox cambia los cálculos que singularmente el PP se había hecho de cara a alas elecciones autonómicas y locales del próximo mes de mayo. Con el aliento de recuperar la alcaldía de Madrid, en la ecuación además de la pujante candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, entra ahora la candidata in péctore de Vox, Rocío Monasterio. Es un secreto a voces que el PP anda como loco pensando y calculando cuál puede ser su mejor candidato. Una encuesta hecha en exclusiva para Moncloa.com desvela que, casi empatados están Adolfo Suárez Illana y el actual portavoz que se bate el cobre cada día con Manuel Carmena, José Luis Martínez Almeida. De hecho, muchas voces en el PP subrayan el carácter mas eficaz de la posición de Almeida a la hora de pelear por los votantes con Vox, posiblemente más cercano a la derecha que Suárez Illana.

Si Aguirre parecía una seguidora de Vox, no le fueron a la zaga ni el socialista –bastante más fuera que dentro del PSOE– Francisco Vázquez y el centrista Sosa Wagner. Vázquez dijo que “los valores de España están amenazados por iniciativas anticonstitucionales que buscan un nuevo sistema de valores sociales y la ruptura de la unidad de España».

Vázquez también mostró su preocupación por la situación de la lengua española en ciertas comunidades autónomas como la gallega, en la que está a su juicio marginada. “Hay partes de España que tratan a nuestra lengua no como propia sino como invasora”.

El azul del PP tomaba, en la fresca noche de diciembre de Madrid, entre los árboles pelados y decorados con bombillas por la Navidad, un tono más verdoso, acorde a la imagen de Vox, la derecha-derecha que amenaza con irrumpir de una vez.

 

El PP defiende ahora los toros aunque no los incluyó en el programa de las andaluzas

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El Partido Popular (PP) se postula estos días como máximo defensor de la fiesta de los toros, pese a que en las elecciones andaluzas no incluyó en su programa político propuestas para promocionar o defender la tauromaquia.

A pesar de que los populares se han pronunciado estos días en defensa a la tauromaquia, en su programa político del 2-D no incluyeron esa idea. Lo que sí hicieron es comprometerse por una educación para la convivencia con los animales y su bienestar.

El único programa político que incluyó de manera más radical una transición hacia la prohibición de la tauromaquia fue Adelante Andalucía, que promovió la lucha por la defensa de los animales con catorce propuestas. Por supuesto, el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) presentó un programa electoral llamado “Andalucía sin maltrato animal”.

Por su parte, Vox incluyó en su programa electoral el impulso de una ley de protección de la tauromaquia por pertenecer al «patrimonio español”. Con respecto a la caza, el partido de Santiago Abascal la apoyaba como una actividad necesaria para el mundo rural.

El polémico debate de la tauromaquia ha sido protagonista estos últimos días en el Congreso, donde tras los pésimos resultados obtenidos por los socialistas en las elecciones andaluzas, y el miedo a la fuga de votantes hacia Vox por parte de los populares, estos últimos han radicalizado su discurso respecto a la tauromaquia.

El líder del PP, Pablo Casado, afirmó que el PSOE quiere prohibir los toros «sin darse cuenta, como hemos dicho nosotros en una resolución presentada en el Congreso, que dan trabajo a 190.000 personas en España, que suponen una recaudación de más de 3.000 millones de euros, que seis millones de españoles van a los toros si quieren y así va a seguir siendo”.

Por su parte, el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, anunció ayer dos propuestas en la asamblea regional para la defensa de la caza y los toros. Además, invitó al Gobierno a “mojarse” en el Parlamento para luchar contra los antitaurinos.

En cualquier caso, las cifras oficiales han desmentido las que ha dado Pablo Casado, ya que habló de seis millones de taurinos en España y, sin embargo, según el Anuario de Estadísticas Culturales del Gobierno, el porcentaje de la población que asistió a una corrida entre 2014 y 2015 fue del 9,5%, es decir, 3,6 millones de ciudadanos. 

Diego Sánchez Cruz, director del foro Economía del Toro, calculó que en 2017 se vendieron cinco millones de entradas para corridas de toros e hizo hincapié en que realmente se trata de tres millones de espectadores, ya que algunos de las entradas se corresponden a personas que acudían a más de un festejo. 

La incursión del PP en esta polémica sobre los toros se produjo después de que el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Jaime de Olano, presentase hace unos días en la Cámara baja una propuesta en defensa de la caza y toros.

Mi opción es disfrutar de los animales vivos y siempre me ha resultado muy llamativo que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir a los animales

Esta iniciativa nació como una crítica a las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez y tras las declaraciones de la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que admitió que prohibiría los toros y la caza en nuestro país.

En un programa de Onda Cero, Ribera subrayó que no le gustaba ver la muerte de otros animales: “Mi opción es disfrutar de los animales vivos y siempre me ha resultado muy llamativo que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir a los animales. Creo que eso está cambiando rápidamente y que los patrones culturales y valores sociales lo hacen a ese ritmo”, dijo.

Amparándose en el artículo 193 de la Constitución, los populares iniciaron una proposición no de ley con el objetivo de “defender, preservar y reconocer” la tauromaquia. Además, en la proposición se estableció que la tauromaquia “es una actividad profesional y económica legítima, que contribuye indiscutiblemente a la subsistencia de la dehesa, de la marisma y de su biodiversidad”.

VOX Y PP COMPITEN CON LA DEFENSA DE LOS TOROS

El PP también incluyó en la iniciativa más definiciones sobre las implicaciones de la tauromaquia en España: “Es más que un conjunto de actividades económicas, medioambientales o zootécnicas. La tauromaquia se constituye como parte esencial del patrimonio histórico y cultural de los españoles”.

La lucha política a favor y en contra de la tauromaquia llega en un entorno muy fragmentado de la derecha. Vox se había impuesto como el apoyo político esencial para el mundo del toro con un programa encaminado a “defender tradiciones como la tauromaquia o la caza” como apuesta por la libertad.

Algunos toreros han manifestado su apoyo a las posiciones defendidas por Vox. Así, por ejemplo, el diestro Morante de la Puebla se comprometió a apoyar a Vox públicamente tras el acto multitudinario de Vista Alegre, en Madrid.

En las elecciones andaluzas, Morante se convirtió en el icono del partido de Abascal en la comunidad. El último día de campaña de Vox, el torero sorprendió conduciendo una furgoneta empapelada con el lema electoral de este partido: “Andalucía por España”.

 

A Ciudadanos se le queda corta la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña

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Los acontecimientos de los últimos días en Cataluña han alarmado a Ciudadanos, que advierte de que se ha llegado a una situación límite ante la que es necesario actuar sin demora. En palabras de su presidente, Albert Rivera, Cataluña es ahora “un territorio sin ley”.

Para el partido liberal, la gota que ha colmado el vaso ha sido el polémico llamamiento del presidente de la Generalitat a seguir la “vía eslovena” para conseguir que Cataluña sea por fin un Estado independiente, y así lo manifestó Inés Arrimadas el domingo.

“El señor Torra está apelando a un conflicto civil que causó decenas de muertos”, afirmó la líder de Cs en Cataluña, que ve a Torra y su Gobierno como “un peligro público para la convivencia y la democracia”.

La solución que reclama Ciudadanos al Ejecutivo de Pedro Sánchez es activar inmediatamente el artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat, y en ello están insistiendo los máximos dirigentes del partido desde el pasado fin de semana.

Para imprimir urgencia a esta demanda, estos días repiten sin cesar una idea: si Sánchez no aplica el 155, será corresponsable, junto a Torra, de todo lo que ocurra en Cataluña. Y en el escenario actual creen que no basta con aplicar la Ley de Seguridad Nacional, ya que consideran que se quedaría corta.

Esta ley, que habilita al Ejecutivo central para dar órdenes a los Mossos d’Esquadra para mantener el orden público cuando se produce una situación de emergencia, tendría un alcance menor que el 155, ya que solo afectaría a las cuestiones relativas a la seguridad y el orden público.

Rivera y Arrimadas festejan con Juan Marín el resultado de las andaluzas. Foto: Flickr Cs

El Gobierno ya ha remitido tres cartas a la Generalitat, a modo de advertencia, dirigidas por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros del Interior y de Fomento, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, a los responsables de estas mismas carteras en el Govern.

El aviso de Marlaska es que si la Generalitat persiste en la “dejación de funciones” y los Mossos no actúan contra las protestas de los Comités de Defensa de la República, que han provocado “graves alteraciones del orden público y de la seguridad del tráfico”, el Gobierno enviará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a Cataluña.

Sin embargo, en Ciudadanos creen que el agravamiento de los acontecimientos en Cataluña ha llegado a un punto tal que ya no caben “medias tintas” y que “no hay más elección para el Gobierno que aplicar el 155”, según Arrimadas.

“Yo no sé qué tiene que pasar en Cataluña para que el señor Sánchez actúe. No sé si está esperando a que pase una desgracia o a que se cumpla lo que quiere Torra, que es la vía eslovena”, dijo la portavoz de la Ejecutiva del partido.

El secretario general, José Manuel Villegas, explicó que ven la Ley de Seguridad Nacional como una “solución de urgencia”, pero que “la solución global es aplicar el artículo 155, intervenir la Generalitat y aplicarlo el tiempo que haga falta”.

Para el partido naranja, esa medida nunca se debió haber levantado. De hecho, el pasado mayo, cuando Torra se disponía a nombrar a los miembros de su Ejecutivo, Albert Rivera se reunió en la Moncloa con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y propuso renovarla en el Senado. Pero ni el PP ni el PSOE estuvieron por la labor, de manera que la aplicación del 155 acabó decayendo a principios de junio.

INICIATIVA DE CIUDADANOS SOBRE EL 155

Ahora, en cambio, la situación es otra, ya que Pablo Casado apuesta por recurrir a ese mecanismo constitucional o a la Ley de Seguridad Nacional, y eso puede aumentar la presión sobre el Gobierno de Sánchez, aunque este por ahora lo descarte.

Y con el fin de seguir incrementando esa presión, Rivera ha anunciado para el Pleno del Congreso que se celebrará la próxima semana, la votación de una iniciativa que obligará al PSOE a posicionarse a favor o en contra de recurrir de nuevo al artículo 155 de la Carta Magna.

Lo que Ciudadanos no aclara es cuál es su propuesta concreta; con qué duración y con qué alcance querría aplicar el 155. Rivera dice que eso lo debe definir el Gobierno, que es el único que puede tomar la iniciativa para activarlo, pero lo cierto es que después la propuesta se somete a votación de todos los grupos en el Senado.

Hace unos meses, el planteamiento de Cs a Rajoy era que el Ejecutivo central debía controlar las finanzas de la Generalitat, garantizar que los Mossos d’Esquadra y los medios de comunicación públicos no actúan en contra de la ley e impedir la reapertura de las embajadas catalanas.

Lo que es seguro es que Ciudadanos ve fundamental que los Mossos dejen de depender del Gobierno de Quim Torra, al que acusan de querer convertir el cuerpo en “una Policía política, la guardia pretoriana del procés. Sin embargo, no precisan sus preferencias respecto a qué habría que hacer con la educación.

Su intervención por parte del Gobierno sería una cuestión muy delicada, pero tanto Villegas como Arrimadas han expresado estos días su preocupación por la educación cuando se han referido al 155, advirtiendo de que el Govern la usa para “adoctrinar” y como “arma propagandística”.