Expectación en Podemos ante la vuelta de Montero y la baja paternal de Iglesias

Es una semana en la que Podemos está volcado de lleno en sus primarias internas para las próximas elecciones generales, para la que no hay fechas, hay otro asunto que alimenta el runrún de las reuniones de la formación morada: el inminente regreso de Irene Montero de su baja maternal y como consecuencia de ello,  que Pablo Iglesias salga del foco mediático para cogerse la baja paternal.

Al líder de Podemos todavía le corresponden tres meses de permiso por el nacimiento de sus dos hijos ya que la pareja decidió dividir por la mitad la baja a la que tienen derecho para cuidar de los pequeños.

Iglesias, sin embargo, no descarta el reincorporarse antes al escenario político en el caso de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida adelantar las elecciones antes de marzo, un escenario más que difícil ya que todo apunta a que el Ejecutivo intentará sacar los Presupuestos de 2019 durante los meses de enero y febrero.

El líder de Podemos ya se ausentó dos meses tras el nacimiento de sus mellizos, por lo que la formación morada conoce cómo es el día a día sin su presencia. No obstante, aquel período no computó como baja paternal ya que los bebés nacieron prematuros y la ley permite la atención exclusiva de los padres en las primeras semanas de ingreso hospitalario.

Cuando a principios de septiembre se reincorporó a su puesto de diputado y líder de la formación morada, Iglesias negó que se hubiera planteado abandonar la vida pública. «Tengo la sensación de que hay algunos que dicen que Podemos es perfecto y que su problema es Pablo Iglesias; y, cuando yo no he estado, dicen que sin Pablo Iglesias la cosa no funciona», señaló entonces.

Después de que los niños de la pareja nacieran prematuramente el pasado 3 de julio, el lugar de Montero como portavoz adjunta de Podemos en el Congreso de los Diputados lo ocupó Ione Belarra, la diputada navarra.

«Nuestra proposición de ley sobre permisos de maternidad y paternidad es que sean remunerados al 100%, iguales e intransferibles»

Los permisos de paternidad ocuparon durante el pasado mes de junio parte de la agenda política, cuando Podemos pidió al PSOE que las bajas de ambos progenitores fuesen “iguales e intransferibles”.

En ese sentido, los parlamentarios no mantienen ningún permiso oficial que constate el permiso de paternidad o maternidad, puesto que sus actividades no están desarrolladas en el marco de Estatuto de Trabajadores. Pese a ello, el líder de Podemos declaró en septiembre que en el caso de que un compañero estuviese en su misma situación, podría haber otros que le sustituyeran.

AUMENTO DE LAS SEMANAS DE PATERNIDAD

Por su parte, Podemos propuso que las parejas pudiesen tomar las semanas de baja de manera que les viniese bien: juntos o por separado. Sin embargo, el modelo del PSOE recoge obligatoriamente que los progenitores compatibilizan las seis primeras semanas.

“Nuestra proposición de ley sobre permisos de maternidad y paternidad es que sean remunerados al 100%, iguales e intransferibles. Quiero pedirle aquí el apoyo de su Gobierno para que esta proposición se pueda convertir en ley”, pronunció el líder de Podemos en el Congreso.

En la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) firmados en octubre por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias, ambos incluyeron una modificación en las bajas por nacimiento para que en 2019 haya ocho semanas de permiso por paternidad y que dicha cifra aumente en 2021 a 16 semanas.

En el caso de parto múltiple, como el de la diputada Montero, la duración del permiso se aumentará en dos días más por cada hijo. Con respecto, a la última semana del periodo de descanso, los PGE de PSOE y Podemos señalaron que podía disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes al nacimiento.

La portavoz de Unidos Podemos tuvo la oportunidad de despedirse de sus seguidores en Twitter: “Gracias por vuestro cariño estos meses. Estoy de baja por maternidad, pero seguiremos conectados por las redes”.

A pesar de su inactividad política, Montero ha seguido la actualidad y no dudó en reivindicar los derechos de las mujeres tras el crimen de Laura Luelmo en Huelva: “Laura sale a correr a las cuatro de la tarde y aparece asesinada días después. A todas se nos pasa por la cabeza que esto le ha pasado sencillamente por ser mujer. Correr sin miedo. Basta de violencias machistas El mayor de los abrazos para la familia y amig@s. #LauraSomosTodas

LAS PRIMARIAS DE PODEMOS

En un ambiente hostil donde algunos de los militantes del partido morado han denunciado tratos de favor hacia la candidatura de Iglesias, todos elevan sus esfuerzos en las primarias del partido que finalizarán mañana viernes.

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, insistió a través de sus redes sociales con el hashtag #merepresenta, su apoyo a las candidaturas de Iglesias y Montero de cara a las futuras generales para las que aún no hay fecha.

pablo iglesias
Pablo Iglesias e Irene Montero en el último Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Foto: Flickr

«A mi  Irene Montero #MeRepresenta. … y Ione Belarra y Rafa Mayoral y Noelia Vera y Alberto Rodriguez y tant@s otr@s. A mí Pablo Iglesias después de TANTOS años, #MeRepresenta en el Congreso. Si a ti te ocurre lo mismo, vota en https://participa.podemos.inf», publicó Echenique.

Por contra, Iñigo Errejón, prefirió no pronunciarse sobre las primarias, enfocando su apoyo a los actos constitucionalistas y la defensa la bandera española. Aunque, si admitió en una entrevista a Vanity Fair que no conoce aún a los hijos de Iglesias y Montero.

El PP mira al 26-M: las armas de Casado para evitar el ‘sorpasso’ de C’s

En las filas del PP ya se miran las elecciones municipales, autonómicas, europeas y quizás generales del ‘superdomingo’ del 26-M. Pablo Casado intentará retener las cuatro plazas que dispone, amén de la mayoría de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y el posible cambio en la Junta de Andalucía liderado por Moreno Bonilla.

En la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Murcia y La Rioja podrían repetir. En Génova 13 son conscientes de que el peligro en estas cuatro plazas electorales es evitar una mayoría de PSOE-Unidos Podemos y soportar el posible ‘sorpasso’ de Ciudadanos.

En la capital Antonio González Terol podría quitarle el trono a Ángel Garrido y en la Región de Murcia se estrenará como candidato el presidente Fernando López Miras, que intentará atenuar el crecimiento de C’s y evitar la irrupción del ex popular Alberto Garre.

Juan Vicente Herrera dará el relevo en Castilla y León tras 18 años al alcalde salmantino Alfonso Fernández Mañueco. En La Rioja también se estrena como cabeza de cartel José Ignacio Ceniceros, que ganó internamente a la favorita en todas las quinielas, Cuca Gamarra, que intentará seguir al frente de Logroño pese a que Ciudadanos ha advertido que nunca más la volverá a apoyar.

LAS CINCO COMUNIDADES DONDE EL PP INTENTARÁ RECUPERARSE

La dinámica electoral favorece a priori al centro-derecha porque el PP podría compensar su desgaste con el crecimiento de Ciudadanos, que no ha tocado techo, y por la entrada en el panorama político de Vox.

Isabel Bonig no lo tendrá fácil en la Comunidad Valenciana. No tanto porque el PSPV retenga el poder, sino por el ascenso de Ciudadanos, previsiblemente liderado por Toni Cantó. En Baleares, otro territorio donde el PP está gravemente afectado por la corrupción, Biel Company ha logrado despejar las dudas sobre su candidatura autonómica tras ‘mandar’ a Mateo Isern a reconquistar Palma.

Francisco Núñez no lo tendrá fácil para tumbar a García Page, aunque el desgaste de Ciudadanos podría posibilitar que el PP recupere Castilla-La Mancha tras la salida de Cospedal. Monago intentará hacer lo propio en Extremadura ante el presidente Fernández Vara. Luis María Beamonte sí que podría recuperar en trono en Aragón por el desgaste de los socios de Lambán.

LOS CUATRO TERRITORIOS COMANCHE

Asier Antona no lo tendrá fácil en Canarias, aunque el cambio de la Ley electoral favorece a la irrupción de C’s. María José Sáenz de Buruaga, que cuenta con multitud de enemigos internos tras haber ganado las primarias con ayuda de un discapacitado físico y psíquico, tampoco es favorita en Cantabria ante el posible primer triunfo de Revilla.

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Pablo Casado y Ana Beltrán. Foto: Flickr PP.

En Asturias no se pone en duda una mayoría progresista y encima hay grietas: Mercedes Fernández sigue a la espera de ser designada por Pablo Casado y ya ha mostrado sus discrepancias con el presidente del PP estatal porque éste pidió un acercamiento a Foro.

Aunque Navarra es el ‘territorio comanche’ para el PP, ya que algunas encuestas pronostican que Ana Beltrán conseguirá cero diputados y se quedará fuera del Parlamento foral ante la entrada de Ciudadanos y por la existencia de un partido similar, UPN.

Aunque otros sondeos, es el caso del que realizó GAD3 el mes pasado, apunta a la resistencia del PP en la Comunidad Foral con dos diputados y muy por encima del mínimo exigido: 4,4% de voto, con lo cual mejorarían en medio punto sus números de 2015.

En las cuatro comunidades donde no habrá elecciones autonómicas, Andalucía, Galicia, Catalunya y Euskadi, también hay partidos en juego. En el sur intentarán aprovechar la ola positiva tras el previsible cambio en la Junta, Feijóo intentará recuperar poder local ante ‘las mareas’, y el empresario Josep Bou no dejó buenas sensaciones en su presentación en Barcelona, donde competirá contra Manuel Valls. Euskadi es caso aparte…

El ‘casadismo’ ha aceptado la candidatura de en San Sebastián de Borja Sémper, que fue uno de los críticos más feroces contra la dirección estatal. El presidente del PP de Gipuzkoa explicó que da el paso «no tanto» porque se lo haya pedido la dirección del partido, «que también», sino por varios apoyos de personas cercanas.

Sémper afirmó tras el triunfo de Casado en RNE que la integración de la que hablaba el nuevo presidente era «más un eslogan que una realidad» y reivindicó el triunfo en las urnas de Soraya: «Los afiliados votaron de manera libre y mayoritariamente a Soraya (…) ¿Son las normas de las que nos habíamos dotado? Sin duda. Pero confieso que a mí ahí hay algo que no me encaja».

EL ‘CASADISMO’ TOMA POSICIONES EN EUSKADI

La ‘casadista’ Leticia Comerón será la aspirante a la alcaldía de Vitoria, gran plaza para el PP vasco. La concejala recientemente presentó su candidatura con Alonso y Maroto como teloneros. Los ex alcaldes achicaron las grietas y mostraron su apoyo público a la esperanza de los populares pese a que una encuesta de ETB pronostica que caerán hasta la tercera posición.

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Alonso y Maroto han firmado una tregua entre el PP vasco y Casado. Foto: Flickr PP.

El vicesecretario de Organización del PP estatal dejó claro en Diario Vasco que cuenta con Alonso, al que tilda de «mentor y amigo» y explicó que no concebía «el PP vasco sin Alfonso Alonso y sin Borja Sémper, y mucho menos sin mi amigo del alma Iñaki Oyarzábal», candidato del PP a la Diputación de Álava.

 

Primera pulla del general de Vox contra el general de Podemos

«Carme Chacón fue una buena ministra pero no estuvo bien asesorada». Esta frase del exjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (Jeme), Fulgencio Coll, tras anunciarse su candidatura de Actúa-Vox para la alcaldía de Palma de Mallorca ha atraído la atención de un buen número de militares ya que es una crítica velada al trabajo que desempeñó Julio Rodríguez como jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad).

Rodríguez y Coll estuvieron a las órdenes de Chacón ya que formaron parte de la cúpula militar entre 2008 y 2012. Varias fuentes militares recordaron a MONCLOA.COM que fue una etapa difícil para las Fuerzas Armadas ya que la crisis económica paralizó los programas especiales de armamento.

El Jeme concluyó su etapa al frente de Tierra logrando renovar los vetustos BMR en zonas de conflicto, sobre todo Afganistán, ya que la falta de protección específica de estos vehículos contra los artefactos explosivos de la insurgencia talibán estaba provocando un goteo de muertos y heridos dentro del destacamento español. Los Lince que se enviaron a territorio afgano permitieron, al menos, que no hubiera más muertes por los llamados IED.

Sin embargo, Coll se quedó con una espina clavada al no conseguir que el Consejo de Ministros aprobase la compra de los modernos vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8×8. El propio Ejército de Tierra resume este pesar en su página web en una nota del pasado mes de marzo: «La aspiración del Ejército de contar con un vehículo moderno que sustituyese a los veteranos Blindados Medios Ruedas (BMR) y fuese el vehículo clave de las modernas Brigadas viene de lejos. Sin embargo, la mala coyuntura económica hizo que el proyecto quedara en suspenso«.

La recuperación posibilitó retomar el proyecto a principios de este año con un presupuesto inicial de 92 millones de euros y una adjudicataria: la Unión Temporal de Empresas formada por Indra, General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas y SAPA operaciones.

En el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la situación era distinta, aunque la ministra Chacón y otros altos cargos del Ministerio de Defensa aprobaron inicialmente los planes de Tierra para dotarse lo antes posible del 8×8. Pero llegó el veto inesperado del Jemad, cuyo opinión era determinante para que la compra fuese llevada al Consejo de Ministros.

Rodríguez, que había sido director general de Armamento con José Bono y José Antonio Alonso, puso reparos a la viabilidad de la operación y consideró que el 8×8 no era el vehículo apropiado para Tierra. El resultado es que Coll se quedó sin el ‘premio’ de dotar a su ejército de este sistema de combate. Y es algo que no se lo perdona a su antiguo superior jerárquico, el exJemad Rodríguez.

Hay que recordar que Coll venía de una primera legislatura socialista en la que llevó a cabo la retirada de las tropas españolas de Irak y puso en marcha la Unidad Militar de Emergencias (UME) tan denostada por el PP en sus inicios y que, sin embargo, ahora es defendida por toda la clase política sin discusión.

Ahora, se ha lanzado a la arena política. “Los extremistas no están en Vox, están en aquellos que apoyan a los terroristas o a los separatistas o en aquellos que nos quieren llevar a un modelo neocomunista que ha fracasado en Venezuela“, subrayó Coll en su estreno como político.

El teniente general retirado aseguró que renunciará a su sueldo de alcalde si llega a dirigir el Consistorio mallorquín. El presidente de Actúa-Vox en las islas Baleares, Jorge Campos, destacó que el exJeme es un “candidato de lujo” para competir en Palma de Mallorca por su reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y recordó que sus antepasados han tenido cargos importantes en las islas.

Así, el abuelo de Coll, Juan Coll Fuster, fue alcalde de Palma durante el franquismo, concretamente entre 1945 y 1952, y su antepasado Juan Coll Crespí también lo fue en 1856. “Proviene de una familia con una doble vocación de servicio y con la entrega a España a través de la milicia, y la entrega a los mallorquines y palmesanos, puesto que su padre fue el último presidente de la Diputación antes de convertirse en Consell insular”, recordó Campos.

ALUD DE COMENTARIOS SOBRE EL FICHAJE DE VOX

El fichaje de Coll por Vox provocó un alud de comentarios dentro de las Fuerzas Armadas, como en su día lo fue la entrada de Rodríguez en Podemos. “Siempre supimos que era un general muy flexible en sus planteamientos”, subrayó otro general retirado a MONCLOA.COM tras haber compartido tareas con Coll la pasada década.

En su momento, sorprendió que Chacón se decantase para Tierra por un general que venía “de una familia de derechas y conservadora”, aunque esa condición la tiene buena parte de los altos mandos militares.

A la hora de decidir quién iba a ser el Jeme en 2008, para la ministra de Defensa y, también para Zapatero, fue determinante el buen hacer de Coll para poner en marcha la UME y que en 2004 retirase con éxito las tropas españolas de Irak cuando los socialistas llegaron al poder.

 

Vox pide cadena perpetua tras la muerte de Luelmo pese a que la Constitución lo prohíbe

La prisión permanente revisable se le queda pequeña a Vox en casos como el asesinato de la profesora Laura Luelmo. El líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, reclamó ayer la instauración de la cadena perpetua «para este tipo de asesinos y violados» y que no tengan posibilidad de pisar la calle el resto de su vida.

«Desde que VOX se fundó, en caliente y en frío, exigimos la cadena perpetua para este tipo de asesinos y violadores. No son reinsertables -ni lo merecen- a pesar de lo que diga el buenismo progre. Los criminales así deben vivir y morir en prisión», señaló en su cuenta personal de twitter.

Unas horas antes de la detención del principal sospechoso del asesinato de Luelmo, el propio Abascal colgó un vídeo sobre este caso con el título ‘Cadena perpetua, ya’ y en el que abunda sobre esta cuestión tan controvertida.

YouTube video

No hay que legislar en caliente. Eso es lo primero que se les ocurre a algunos cuando hay un atentado islamista, cuando un violador en serie vuelve a violar a una mujer incluso asesinarla en un permiso carcelario, cuando un menor es asesinado, maltratado… no hay que legislar en caliente. Es lo primero con lo que nos advierten. Y eso nos lo dicen los que no legislan ni en caliente ni en frío ni en templado”, argumentó Abascal.

El líder de Vox señaló que una de las principales misiones del Estado es «garantizar la seguridad de los ciudadanos» y, por eso, el Estado tiene «el monopolio del uso de la violencia para que no nos tomemos la justicia por nuestra mano”.

“Sucede además que la dictadura ‘progre’ ha impuesto una visión según la cual el delincuente es una especie de víctima de la sociedad que se ve empujado a cometer los delitos y se buscan las razones por las que el delincuente actúa. Hay una especie de solidaridad siempre con el delincuente, que acaba por eliminar las nociones más elementales de justicia”, prosiguió.

En su opinión, «hay crímenes monstruosos porque hay monstruos» y es un «deber inaleniable de los Estados hacer que cuando esos monstruos son detenidos, no vuelvan a pisar la calle nunca más».

«El Estado tiene el monopolio del uso de la violencia para que no nos tomemos la justicia por nuestra mano”

Abascal finaliza el vídeo haciendo un repaso a las posturas de cada uno de los partidos respecto a penas como la prisión permanente revisable. “Desde Vox, exigimos la aprobación de una cadena perpetua sin ningún tipo de posibilidades de reinserción para determinados delitos. Para proteger a la sociedad, para castigar al delincuente y para resarcir a la víctima”, concluye.

El posicionamiento de este partido choca de lleno con la Constitución, cuyo artículo 25.2 dice lo siguiente: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados».

La Carta Magna no se queda ahí. Dicho artículo 25.2 no es la única piedra en el camino hacia la cadena perpetua. Así, el artículo 15 de la Constitución prohíbe las penas inhumanas: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

La actual prisión permanente revisable, que aprobó el PP durante el Gobierno del PP, está pendiente de estudio dentro del Tribunal Constitucional. En octubre, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se reunió con el padre de Diana Quer para abordar la medida.

Juan Carlos Quer le pidió que no se aboliera “en caliente”, a lo que Delgado accedió, comprometiéndose a esperar al parecer del Tribunal Constitucional al respecto. El Alto Tribunal no llevará al pleno este recurso en lo que queda de año por lo que no se espera que dicte sentencia hasta finales de 2019.

VOX TENDRÍA QUE CAMBIAR LA CARTA MAGNA

Así las cosas, la petición de Vox sólo podría llevarse a cabo con una reforma de la Carta Magna mediante el el procedimiento agravado para reformarla. Este sistema agravado es el que se utiliza cuando la reforma afecta al Título Preliminar, al capítulo II, a la Sección Primera del Título I o al Título II. Hasta el momento, ninguna de las dos reformas de la Constitución han precisado de este procedimiento.

Para llevar a cabo la reforma, el cambio debería ser aprobado por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a continuación, ambas se disolverían inmediatamente. Las nuevas Cámaras elegidas tendrían que ratificar la decisión, para lo que solo sería necesaria una mayoría simple. Después se estudiaría el texto del proyecto, que debería ser aprobado por mayoría de dos tercios. Una vez aprobado por las Cortes Generales, se tendría que someter a referéndum para su ratificación.

Entre tanto, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, cargó contra aquellos que claman por la cadena perpetua por ser, a su juicio, los que «siempre hablan de denuncias falsas» en casos de violencia de género y de «feminazis».

 

El PSOE fracasa en su intento de ‘expropiar’ la tele de Castilla y León

José Luis Ulibarri y Míchel Méndez Pozo pasaron de enemigos crónicos a aliados mediáticos en 2009 tras la decisión salomónica de la Junta de Castilla y León controlada por el PP: ninguno de los dos se quedaba en exclusiva con la tele autonómica ante la irrupción de la TDT, pero ambos compartían su accionariado para enfado del PSOE.

Edigroup, propiedad de Ulibarri, y Promecal, en manos de Méndez Pozo, desmantelaron sus respectivas redes locales enemigas surgidas en los noventa e impulsaron la Radio Televisión de Castilla y León, empresa privada que se nutre del dinero del presupuesto público.

Los reyes mediáticos de la región más grande de Europa siempre aparecen en el centro de triángulos cuyos vértices son siempre política, construcción y medios de comunicación. Ulibarri, que fue encarcelado en julio sin que la tele autonómica informase sobre ello.

En septiembre fue puesto en libertad provisional mientras Méndez Pozo, primer constructor encarcelado por corrupción y conocido como «El rey de Burgos», la esperaba al mando de la tele.

José Luis Ulibarri ha sido procesado por seis delitos en la Gürtel y está imputado en la Operación Enredadera por varias conversaciones con varios alcaldes. Entre ellos el leonés Antonio Silván (PP), que le informaba puntualmente sobre las mesas de contratación en los que salía ganador con asiduidad.

El propietario de El Correo de Burgos, El Diario de Valladolid, El Diario de León y copropietario de Heraldo-Diario de Soria (además de socio de El Mundo y Es Radio), está en el foco judicial por un supuesto amaño del PP y C’s de un contrato de 8,7 millones de euros relacionado con la dependencia.

EL PSOE FRACASA EN SU INTENTONA

El PSOE intentó la semana pasada quitarle la gestión de la autonómica por se el presunto cabecilla de la trama Enredadera. La Proposición No de Ley no salió adelante porque el PP rechazó el envite y Podemos e Izquierda Unida se abstuvieron. Solo C’s apoyó a los socialistas.

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Ulibarri comparte junto a Méndez Pozo el accionariado de la tele de Castilla y León. Foto: RTVE.

Luis Tudanca (PSOE) acusó al PP de echarse atrás después de haberle dado su visto bueno en el mes de septiembre. El portavoz socialista lanzó acusaciones peligrosas al Gobierno, y en especial al Juan Vicente Herrera y a su sustituto para el 26-M, Fernández Mañueco: «¿Qué ha pasado desde el 14 de septiembre? ¿Quién les manda a ustedes? ¿Quién manda en Castilla y León?».

Ulibarri ha sido acusado de mandar en demasiadas ocasiones. El empresario, junto a Méndez Pozo, se mantendrán al frente de la tele autonómica privada que en 2018 ha recibido una contraprestación de 18 millones de euros por parte de la Junta.

Tudanca explicó tras su derrota que no pretendía «tener la razón. Nunca he pretendido tener toda la razón en política. Pero cuando me vaya de la política me iré sin haber sido uno de esos políticos que se citan en ‘El Padrino’, de esos que algunos poderosos llevan en los bolsillos como si fueran centavos».

Podemos tildó la propuesta como «la nada absoluta» por la dificultad legal de ‘expropiar’ una empresa privada a su propietario y por la falta de concreción del PSOE en su propuesta. El PP afirmó que la tele es «un modelo ejemplar, económico y de éxito» y acusó a Tudanca de querer controlar los medios de comunicación.

LLUVIA DE MILLONES PARA UN 2% DE SHARE

La televisión de Castilla y León tiene una audiencia testimonial: en el mes pasado CyL 7, que emite programación autonómica, logró un triste 1,4% de share. Su hermana pequeña, La 8, logró un 0,8% de share, según datos de Barlovento Comunicación, con una programación basada en contenidos provinciales.

Ulibarri y Méndez Pozo aun así se mantienen al frente de la gestión de la autonómica y ambos respiraron aliviados tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional, que obligó en mayo a la Junta a desembolsar 28 millones de euros por el IVA correspondiente de los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2017 al entender que sus ingresos públicos eran una contraprestación por un servicio público y no una subvención.

Edigroup y Promecal han salvado su gestión gracias a la Audiencia Nacional y gracias a la falta de consenso de las Cortes castellano-leonesas. Atrás se quedaron ejercicios tan nefastos como 2011, año en el que la tele autonómica arrojó pérdidas por valor de casi cinco millones de euros y se ejecutaron cuarenta despidos.

UNA TELE EN PRECARIO

José Sarrión, diputado de Izquierda Unida-Equo, protestó en verano porque «la televisión se encuentra en manos de dos empresarios históricamente vinculados al PP de Castilla y León, uno condenado y el otro a punto de serlo (…) que incumplen sistemáticamente el convenio laboral de sus trabajadores, que son quienes acaban pagando el pato».

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Parón de los trabajadores de CyL TV por incumplimiento de convenio. Foto: iLeón.com.

IU explicó que apuesta «por modelos de televisión pública y en este caso habría de desarrollarse buscando fórmulas que permitan un futuro laboral a la plantilla actual de trabajadores de Edigrup y de Promecal, que no tienen culpa alguna de este modelo».

Sarrión exigió que «el modelo general de relaciones entre la Junta y los medios debe ser revisado y se tiene que replantear completamente, empezando por el establecimiento de criterios objetivos de reparto que eviten la discrecionalidad en la asignación de fondos por publicidad institucional».

 

Alonso y Maroto firman una tregua tras la guerra del PP vasco contra Casado

La dimisión de María San Gil en 2008 por defender una tesis centralista en el Congreso del PP y la de Arantza Quiroga en 2015 tras impulsar un equipo de trabajo con EH Bildu en el Parlamento vasco son las dos fotografías que evidencian la trayectoria ideológica del PP vasco en la última década.

Este volantazo fue auspiciado por Mariano Rajoy, que en su primera legislatura contra Zapatero optó por criticar las negociaciones del Gobierno con ETA y a partir de la segunda admitió implícitamente las tesis de los socialistas para ayudar al final del terrorismo.

En esta última década se quedó atrás Jaime Mayor Oreja y se promocionaron internamente Alfonso Alonso, Javier Maroto o Iñaki Oyarzabal, tres miembros del PP alavés que contribuyeron a la conquista de la alcaldía de Vitoria o de la Diputación de Álava con un discurso menos vehemente contra Bildu que el que exhibían Santiago Abascal y compañía.

El PP vasco casi en bloque apoyó en las primarias estatales a Soraya Sáenz de Santamaría, que ganó en Euskadi con más de treinta puntos de ventaja sobre Pablo Casado. El nuevo presidente del PP ‘solo’ contaba con el apoyo activo de Javier Maroto, que rompía así su tradicional tándem con Alfonso Alonso fraguado durante ocho años en el Ayuntamiento de Vitoria.

Alonso fue alcalde de Vitoria entre 1999 y 2007 con Maroto de portavoz del equipo de Gobierno y el actual número tres del PP logró la vara de mando de la capital alavesa en 2011. Ambos se marcharían a Madrid de la mano de Rajoy, aunque Alonso se vio obligado a emprender el viaje de regreso en 2016 tras haber forzado la dimisión de Arantza Quiroga.

El exministro de Sanidad salvó los muebles en las autonómicas al retener a nueve de los diez diputados y se quedó a menos de 20.000 votos del PSE, que perdió más de un 40% de sus apoyos. El pasado año fue ratificado como presidente del PP vasco y ahora mantiene el cargo tras haber aparcado la guerra contra Casado por mediación de Maroto.

LA BARONÍA REBELDE

El PP vasco es la única dirección regional del PP que ha mantenido la guerra abierta del ‘sorayismo’ contra Casado tras las primarias. Alfonso Alonso explicó a finales de julio en El Mundo que «Pablo Casado sabe que integrar a Soraya es su asignatura pendiente».

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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Foto: Twitter

El nuevo presidente del PP estatal integró a dos miembros de su equipo (Javier Maroto y Raquel González) y a tres del ‘sorayismo’ (Alfonso Alonso, Carlos Iturgaiz y Mari Mar Blanco), en claro guiño a la tregua.

Pero no ayudó a la concordia interna que Alonso le tildase de «oportunista» en plenas primarias por sus críticas a Rajoy sobre Catalunya o que afirmase en octubre que Casado «ya se moderará», síntoma de la incomodidad de la cúpula del PP vasco por la dinámica discursiva del aspirante a La Moncloa.

26-M: EL EXAMEN DE ALONSO

La guerra fría podría romperse el próximo 26 de mayo. Es evidente que el PP se la juega tras la sangría electoral que ha sufrido en Euskadi, donde ha perdido 144 concejales, 17 junteros y más de 100.000 apoyos en las últimas dos décadas.

En el PP vasco son conscientes de que Pablo Casado tiene poder de decisión para elegir cabeza de cartel y composición de las planchas municipales para mayo. Por lo cual, tal y como señalan fuentes cercanas a los populares a MONCLOA.COM, «Maroto y Alonso han firmado una tregua por la cual la dirección regional propondrá a los candidatos, aunque el PP estatal tendrá la última palabra, tal y como ha demostrado en Bilbao».

Esas mismas fuentes señalan que en este nuevo tiempo ya se han creado situaciones incómodas como la llamada de Maroto a Alonso para que anunciase a la presidenta del PP vizcaíno Raquel González como candidata en Bilbao.

Esta decisión «por órdenes de Madrid» fue un duro golpe para Alonso, consciente de que el actual portavoz del PP en Bilbao Luis Eguíluz dio el paso en 2015 con una promesa de mantenerse durante dos legislaturas y prácticamente nadie dudaba internamente de que iba a repetir como candidato. Alonso se vio obligado a comunicárselo vía telefónica solo unos minutos antes de hacer publica la decisión.

González, concejal de Getxo, fue uno de los escasos apoyos a Casado y se ha hecho fuerte tras ganar la presidencia regional del PP en Vizcaya contra la candidata oficialista Nerea Llanos pese a los fallidos intentos de Alonso de integración de las dos candidaturas tras la salida de Antón Damborenea.

El ex presidente recibió menos aplausos de los previstos en su adiós porque su salida estaba marcada por la destitución de su mano derecha tras advertirse irregularidades contables.

EL PP VASCO MESURA SU DISCURSO

Alfonso Alonso enterró el hacha de guerra contra Casado en una entrevista concedida a El Independiente: «Creo que tiene un gran futuro como líder político. Está cerrando un flanco y va a ganar el centro. Va a llegar. Lo conozco hace muchos años. Muchas veces se le ha despreciado, tiene gran capacidad de discurso y lo hará«.

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Una encuesta evidencia que el PP podría estar al borde de quedarse fuera en San Sebastián. Foto: EiTB.

El presidente del PP vasco se la juega el 26-M y lo quiere hacer con parte de su equipo: Borja Sémper intentará la supervivencia de los populares en el Ayuntamiento de San Sebastián. Su candidatura ha levantado suspicacias porque él se había negado a regresar a la arena política municipal tras 14 años en el consistorio de Irún.

Pero ahora regresa ante las pésimas perspectivas electorales que podrían suponer que la emblemática dirección regional del PP vasco recibiese un sonoro tortazo electoral. Según ETB, los populares caerían de tres a dos concejales y quizás la fragmentación del espacio del centro-derecha les podría llevar incluso a la desaparición pese a la tímida irrupción de Ciudadanos y Vox en Euskadi.

Galicia, Navarra y Baleares se resisten al fenómeno Vox

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El líder de Vox, Santiago Abascal, puede presumir de haber conquistado a una buena parte del electorado en muy poco tiempo, pero este crecimiento es tan rápido que su partido aún no ha conseguido tener presencia en todo el territorio. Galicia, Navarra y Baleares son algunas de las comunidades donde Vox no tiene aún estructura.

Cantabria, Valladolid, A Coruña , Lugo, Pontevedra, Soria, La Rioja, Navarra, Guipúzcoa, Girona, Baleares y Palencia, son las provincias en las cuales Vox todavía no ha despegado, según aparece en su página web.

Vox
Provincias en las que se encuentra Vox.

Galicia, feudo del Partido Popular, resiste a la irrupción de Vox. Los populares de Alberto Núñez Feijoó indicaron que el partido de Abascal no tenía cabida entre los gallegos y que el PP era el «mejor antídoto» contra los nacionalismos.

Vox ya piensa en las elecciones de mayo de 2019 y aprovecha el efecto  llamada tras los resultados las elecciones andaluzas. Por ejemplo, en Palencia, una de las provincias donde Vox aún no tiene implantación, estos comicios provocaron que Vox pasase de cuatro a sesenta afiliados en un mes.

Precisamente la sede de Vox en Palencia amaneció hace unos días con grandes pintadas de pintura roja contra la cristalera central de la formación política. Jose María Arconada, presidente de Vox en Palencia, afirmó que los hechos diferenciaban los verdaderos demócratas de quienes presumían serlo.

Otro ejemplo de la llegada de nuevos militantes se encuentra en Barcelona, donde el número de afiliados creció un 10%. Vox espera arrebatar muchos votos al Partido Popular, que se encuentra en franca decadencia electoral en el territorio catalán. Los partidarios de Santiago Abascal confían incluso en dar el sorpasso a los populares.

Esta guerra entre Vox y los independentistas se hace cada vez más patente. Para parar los pies a la formación de Abascal en Cataluña, los secesionistas catalanes han convocado a principios de año una cumbre internacional.

En una entrevista al diario El Confidencial, Santiago Abascal relató el crecimiento de Vox tras las elecciones en Andalucía: «Estamos todavía recogiendo los datos a nivel de toda Cataluña, pero ha habido un crecimiento exponencial desde las andaluzas. En solo cuatro días, la afiliación en la provincia de Barcelona creció el 10% y ya nos situamos por encima de los 1.000 militantes».

LA MOCIÓN Y EL 1-0, CLAVES EN LA SUBIDA DE AFILIADOS

El detonante que hizo que Vox creciese en cuanto al número de afiliados está en las elecciones andaluzas, donde el partido consiguió 12 escaños. La imagen de los partidarios de Abascal se vio reforzada gracias a los 400.000 votos que hicieron que se convirtiera en protagonista del debate político andaluz.

El crecimiento exponencial de las cifras de afiliación se acentuó en el pasado puente de la Constitución, que explican en Vox, tuvo como consecuencia el colapso de la página web. Además, el partido de ultraderecha informó que uno de los momentos con mayor aumento de simpatizantes coincidió con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña y la moción de censura contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Tras el procés catalán, Vox se querelló contra los miembros del Govern y la mesa del Parlament por la votación de la Ley del Referéndum. A partir de ahí, el equipo de Abascal junto a Javier Ortega Smith, número `dos´ de Vox, presentaron varias demandas en los Tribunales.

El líder de Vox llegó a pedir la dimisión de Rajoy por no considerarle un presidente dispuesto a «defender a su Patria». También acusó al expresidente de dejarse llevar por la «demagogia política» y de no apoyar la legalidad en Cataluña y en el resto de España. La moción de censura de Rajoy consiguió que el partido registrase un aumento de casi 700 afiliados.

Otro curioso dato es que en las primeras semanas del Gobierno de Pedro Sánchez, la cifra de afiliados a Vox creció en 1.086. El partido que se rige como «conservador, liberal y católico» fue para muchos un barco al que subirse después de que el Ejecutivo confirmase una mayor financiación a las políticas migratorias. Específicamente, Vox ganó 483 miembros tras dicha decisión del presidente.

«En solo cuatro días, la afiliación en la provincia de Barcelona creció el 10% y ya nos situamos por encima de los 1.000 militantes»

La formación de Abascal llegó a alcanzar los 20.500 afiliados hace unos días. Un récord histórico para un partido que en agosto de 2017 solo cosechó 3.500 registrados. Este aumento hace que los militantes de Vox se hayan multiplicado casi por seis.

A pesar de este crecimiento, Abascal se mantuvo cauto tras el «aluvión» y alertó de la entrada de personas non gratas en su partido: «podrían acercarse personas no convenientes, arribistas o que no compartan el programa y vengan por otras razones”, dijo.

El proceso para afiliarse a Vox es sencillo, solo basta con rellenar un formulario online y enviarlo a un correo que aparece en la web. La cuota mensual de afiliados va desde los 9 euros a los 30 euros como «cuota generosa», aunque en noviembre Abascal aseguró que habría cuotas desde un euro para aquellos que tuviesen una situación especial.

La cuenta oficial de Twitter de Vox alabó en 2017 el acto de dos simpatizantes en Balsaren (Barcelona), que colocaron la bandera española en la fachada exterior del Ayuntamiento del municipio.

 

Francia lanza su nueva generación de satélites espía sin contar con España

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Francia pondrá en órbita en la tarde de mañana miércoles, 19 de diciembre, su primer satélite espía militar de muy alta resolución sin contar con la participación de España, con la que está en negociaciones.

Previsto el lanzamiento para la tarde del martes, Arianespace, la compañía europea de servicios de lanzamiento, ha pospuesto 24 horas el despegue del cohete portador, tras una reunión celebrada con las autoridades del ministerio de Defensa, la Dirección General de Armamento (DGA), la Agencia Espacial de Francia (CNES) y el director de la base espacial de Kourou.

El motivo del retraso se debe a una “meteorología desfavorable” debida a “fuertes vientos en la alturas de la base espacial de Guayana”, según fuentes oficiales. El vuelo se ha reprogramado para las 17:37, hora peninsular española, del 19 de diciembre.

La ausencia de participación española no es un menoscabo del gobierno del Emmanuel Macron ni de su ministra de Defensa, Florence Parly, hacia el gobierno de Pedro Sánchez y su titular de defensa, Margarita Robles.

Al contrario, son las autoridades españolas las que han estado “dando largas” durante más de dos años a todos los intentos de París por llegar a un acuerdo para que España, al igual que otros países europeos, entrase a formar parte del conjunto de naciones asociadas al nuevo sistema espacial de observación militar.

Bautizado con el singular nombre de Componente Espacial Óptico 1 o CSO-1, ‒acrónimo de Composante Spatiale Optique, despegará mañana miércoles a las 17:37, hora peninsular española, desde la base espacial de Kourou, en la Guayana francesa, al norte de Brasil, a bordo de un cohete ruso Soyuz, siempre que las rachas de fuertes vientos en las alturas de la base espacial lo permitan.

Para España, embarcarse en el nuevo programa francés de satélites espía CSO es crítico. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general de Ejército Fernando Alejandre, es el responsable de los cerca de 3.000 militares españoles desplegados en el exterior de nuestras fronteras, para quienes la inteligencia que se extrae de las imágenes ópticas representan una cobertura para su seguridad táctica y estratégica y su integridad física.

Además, hay que tener en cuenta que el ministerio de Defensa que ahora dirige Robles ya es socio del programa Helios 2, una constelación formada por dos plataformas espía de observación óptica construida, lanzada al espacio y liderada por Francia, en la España contribuye con el 2,5% de las inversiones, pero cuya vida operativa llegará a su fin a partir de 2019.

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El satélite espía galo CSO, colocado en la rampa de lanzamiento.

A pesar de todo, es muy probable que a los largo de los primeros meses de 2019, una vez CSO-1 se encuentre en órbita y en funcionamiento, el Consejo de Ministros sorprenda con un acuerdo por el que autoriza al ministerio de Defensa a participar en la constelación de satélites espía franceses CSO.

Pero ¿cuáles han sido hasta ahora los obstáculos para adherirse a CSO? La Secretaría de Estado de Defensa, a cuyo frente se encuentra Ángel Olivares, pretende que una parte importante de la contribución se materialice mediante el intercambio de las imágenes radar que proporciona el satélite espía español Paz, que fue puesto en órbita el 22 de febrero y entró oficialmente en servicio el pasado 10 de septiembre.

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Reunión hispano-gala para hablar del CSO.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa francés ha sido reacio hasta la fecha a la demanda de Madrid, ya que dispone de las imágenes radar que le proporciona Italia y Alemania a través de sus constelaciones de satélites radar Cosmo-Skymed y SAR-Lupe, respectivamente. No obstante, todo hace prever que finalmente aceptará imágenes radar de Paz como forma de pago en especie.

Otro aspecto que no es del agrado de las autoridades españolas es la gobernanza de  la constelación CSO y el mecanismo de adhesión de terceros países. París se erige en el absoluto propietario del sistema y los asociados básicamente disponen de derechos de programación, recepción y explotación de imágenes ópticas de muy alta y extrema resolución en unas cantidades acordes con su inversión en el programa.

VISITA FRANCESA AL MÁS ALTO NIVEL

Para clarificar la posición española, a mediados de abril viajó hasta Madrid una delegación francesa encabezada por el máximo responsable de la política de armamentos del país vecino, Jöel Barre, un ingeniero de alta cualificación que entre 1991 y 1995 fue el director del programa Helios, por lo que conoce de primera mano las características y peculiaridades de los satélites ópticos de observación.

Barre mantuvo una reunión con el entonces secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, con el entonces recién nombrado director general de Armamento y Material, almirante Santiago González Gómez, y con el subdirector general de Gestión de Programas, el general de división Salvador Álvarez Pascual.

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Cita en Madrid del anterior Sedef, Agustín Conde, con el director francés de Armamento, Jöel Barre.

Defensa valoraba en un comunicado que el resultado de la reunión había sido “muy satisfactorio”, que se habían tratado asuntos “que directamente afectan a la Secretaría de Estado de Defensa del Ministerio de Defensa”, así como que habían repasado “programas bilaterales” y analizado “iniciativas europeas en las que ambos países participan conjuntamente”. Pero de la citada reunión han transcurrido ocho meses y hasta la fecha no se ha suscrito ningún acuerdo concreto.

El hecho de que España se integre en la iniciativa CSO es del máximo interés para Francia, tanto desde el punto de vista político, como militar y económico. La puesta en órbita y el coste de la vida operativa de las dos primeras plataformas CSO supera los 1.000 millones de euros de inversión, por lo que dar entrada a socios extranjeros reduce de manera significativa la carga financiera del estado francés.

El diseño, desarrollo, fabricación de los satélites corre a cargo de Airbus Defence & Space France y Thales Alenia Space en sus factorías de Toulouse y Cannes, respectivamente. Con una masa al despegue en el entorno de las 3,5 toneladas y dotados con sensores ópticos de nueva generación capaces de observar en los espectros visible e infrarrojo, puestos a puntos por Thales Alenia Space France, los nuevos espías electrónicos serán capaces de obtener imágenes de muy alta resolución (VHR) o extrema alta resolución (EHR) por debajo de los 20/30 centímetros, con lo que pueden discriminar y descubrir cualquier tipo de armas, materiales y vehículos de interés militar.

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Recreación del CSO galo en el espacio.

El sistema CSO es el relevo de Helios 2 en el que, además de nuestro país, también participan Alemania, Bélgica, Grecia e Italia, países que salvo ya están comprometidas con CSO, salvo Grecia. En su lugar, Suecia ha entrado a formar parte de los socios de CSO.

Alemania se unió al CSO en abril de 2015 tras suscribir un acuerdo para financiar en su totalidad ‒por 210 millones de euros‒ un tercer satélite, el CSO-3, que será emplazado en el espacio en octubre de 2021. Bélgica lo hizo en octubre de 2017, Suecia en noviembre de 2015 e Italia lo hará en los primeros meses de 2019. Y es que las autoridades militares galas han dado a conocer que dejarán fuera de servicio los dos Helios 2 cuando se ponga en órbita el CSO-2, lo que está previsto para mayo de 2020.

La participación española en CSO está contemplada en el Plan Director de Sistemas Espaciales publicado por el ministerio de Defensa a finales de 2016. En el ámbito de la cooperación internacional, el citado Plan Director detalla que “en el caso de que las condiciones económicas y operativas lo recomendasen”, la participación de España se cir­cunscribiría “a la firma de un acuerdo bilateral con Francia”, con un porcentaje de participación “entre el 3 y el 5 por ciento”.

La constelación CSO estará integrada por un grupo de tres satélites que aportarán mejoras significativas en términos de precisión, calidad y tiempo de revisita de objetivos respecto al sistema espacial Helios 2 actualmente en servicio, cuyos dos ingenios en órbita ‒Helios 2A y Helios 2B‒ concluirán su vida operativa en el horizonte de 2020.

 

Las esperanzas blancas del ‘sanchismo’ que podrían salvar los muebles del PSOE

La debacle de las elecciones andaluzas a punto estuvo de descoser de nuevo a los socialistas tras la «regeneración» exigida por José Luis Ábalos, que fue desautorizado por Pedro Sánchez. El presidente advirtió que una nueva guerra interna ante Susana Díaz podría agravar sus problemas en La Moncloa y en el PSOE.

Tras agotarse el espíritu de la moción del censura del 1 de junio, el presidente del Gobierno quiere que los socialistas andaluces marquen los plazos y mantengan su discurso de intentar retener la Junta de Andalucía, pese a que esta situación se evidencia como utópica.

La irrupción de Vox podría conllevar un nuevo ciclo electoral favorable al centro-derecha, tal y como le han explicado en un manifiesto Cayo Lara o Gaspar Llamazares a Alberto Garzón. Los socialistas intentarán invertir el ciclo de la mano de los doce barones y baronesas ‘sanchistas’ en las municipales y autonómicas de mayo.

LOS CINCO BARONES CRÍTICOS CON PEDRO SÁNCHEZ

La amarga victoria de Susana Díaz desmoraliza a los críticos internos con Pedro Sánchez, que aun así sabe que el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, no lo tendrá fácil para hacerse con la baronía autonómica más poderosa.

Otros cuatro barones ‘susanistas’ repetirán en mayo tras derrotar al ‘sanchismo’, que tras recuperar el aparato estatal intentó sin suerte aumentar su poderío en algunas comunidades autónomas donde el PSOE recuperó el Gobierno en 2015.

Emiliano García Page se deshizo sin problemas y por más de cuarenta puntos en las primarias del ‘sanchista’ José Luis Blanco, alcalde de Azuqueca de Henares y ahora denunciante de una «cacería» del aparato provincial del PSOE en Guadalajara.

Guillermo Fernández Vara ganó por más de treinta puntos a su ex consejera de Educación, Eva Pérez, afín al presidente del Gobierno. Más dificultades encontró Ximo Puig, ya que el alcalde de Burjassot Rafa García alcanzó un 42,4% de los apoyos y se quedó a ‘solo’ catorce puntos.

Javier Lambán también retuvo su poder por nueve puntos sobre Carmen Dueso, secretaria general de la Agrupación Norte del PSOE zaragozano. Este resultado evidenció que la ‘sanchista’ Susana Sumelzo quizás de haber dado el paso hubiese podido derribar al actual presidente de Aragón.

LOS FIELES A SÁNCHEZ EN EL PSOE

Pedro Sánchez recuperó el poder interno en mayo del año pasado y lo hizo ayuno de apoyos internos relevantes. Tan solo tres baronías se mostraron favorables a sus tesis y es por ello que mantuvieron el poder autonómico con facilidad.

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Francina Armengol en otra visita a La Moncloa con Pedro Sánchez. Foto: Flickr La Moncloa.

María Chivite en Navarra será la candidata sin siquiera celebrarse primarias, la presidenta balear Francina Armengol disfrutó de la misma alfombra roja y Miquel Iceta en Catalunya intentará que el PSOE mantenga algunas capitales de provincia como Lleida o Tarragona.

También es ‘sanchista’ declarado José Manuel Franco, que arrasó en las primarias internas en el aparato de la antigua FSM con más del 70% de apoyos y se supone que se mantendrá como número dos de Ángel Gabilondo a partir de mayo.

Menos proclive en un primer momento fue Idoia Mendía en Euskadi, pero tras haber sido un puntal de Patxi López tampoco encontró contestación interna en las primarias por un acercamiento con Sánchez. El presidente ha dejado atrás las grietas con el PSE, apoyo autonómico de su socio más fiel en el Congreso, el PNV.

Pedro Sánchez ‘controla’ doce de las baronías autonómicas y dos de ellas las logró el pasado año por sorpresa: Cantabria y Región de Murcia. En Cantabria, Pablo Zuloaga ganó por siete puntos a la actual vicepresidenta de Revilla, Eva Díaz Tezanos.

El ‘sanchismo’ le premió y el ex alcalde de Santa Cruz de Bezana es desde julio es el nuevo delegado del Gobierno, buen escaparate desde el que intentará que el PSOE deje de ser tercera fuerza en la región tras más de una década.

Situación parecida vive el ‘sanchista’ Diego Conesa, que dimitió como alcalde de Alhama de Murcia tras ser designado como delegado del Ejecutivo en la Región de Murcia. El secretario general autonómico venció por sorpresa y por poco más de cuatro puntos a María González Veracruz, que apoyó en las primarias estatales Patxi López e intentó sin suerte relevar a su padre, Rafa González Tovar, tras cinco años en el cargo.

Diego Conesa Moncloa
El ‘sanchista’ Diego Conesa encabeza el PSOE murciano.

El problema que tiene el ‘sanchismo’ es que pese a lograr 12 triunfos internos autonómicos solo uno parece tener opciones de convertirse en presidente: el asturiano Adrián Barbón, cercano a Adriana Lastra y que con el 60% de votos venció al ‘javierista’ y teniente alcalde de Gijón José María Pérez.

También logró triunfo interno otro candidato oficialista, Ángel Víctor Torres. El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y ex alcalde de Arucas logró el 43,5% de apoyos y venció a Patricia Hernández y al eurodiputado y ex ministro Juan Fernando López Aguilar, caído en desgracia desde que recibió una denuncia por malos tratos que acabó archivada por la justicia.

LOS OTROS BARONES OFICIALISTAS

Gonzalo Caballero aprovechó su sintonía con Ferraz y se convirtió en el líder del PSdG tras ganar a Juan Díaz Villoslada por dieciséis puntos. El sobrino de Abel Caballero venció el pulso a su tío, ciclón electoral en Vigo y muy duro con las tesis de Pedro Sánchez.

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El PSOE cántabro está liderado por Pablo Zuloaga y espera dejar de ser la tercera fuerza en esta región.

Otro afín a Ferraz, Luis Tudanca, también ganó las primarias en Castilla y León. Aunque en este caso sin rival interno. El triunfo de Sánchez en Soria pese al apoyo del alcalde, Carlos Martínez, a Susana Díaz evidenció que el favorito para echarle un pulso interno no debía abandonar la plaza donde lleva siendo casi 12 años alcalde.

El PSOE intentará mantener su poder local en Castilla y León manteniendo su trono en Valladolid, Soria y Miranda de Ebro. Tudanca vio premiada su fidelidad con el actual presidente del Gobierno con un premio: su mano derecha Virgina Barcones se convirtió en delegada del Gobierno.

Concha Andreu, portavoz de los socialistas en La Rioja, también ganó las primarias tras haber mostrado su apoyo a Pedro Sánchez. La diputada sostiene que el PSOE puede recuperar el poder tras 23 años en la oposición y releva así a César Luena, ex secretario de Organización estatal que mostró su apoyo a Patxi López.

 

El Tribunal Supremo deja en el aire la suspensión de la exhumación de Franco

La familia del dictador Francisco Franco ha perdido su primera jugada en el terreno judicial para paralizar la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos, pero tiene una nueva oportunidad de suspenderla provisionalmente. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso en el que pedían la suspensión cautelar, antes de entrar en el fondo del asunto.

Este tribunal considera que hasta el momento el Gobierno no ha dado el paso definitivo para la exhumación, por lo que no cabe ninguna suspensión. Sin embargo, la familia podrá volver a recurrir cuando se produzca el acuerdo del Consejo de Ministros por el que efectivamente se acometa la misma. El Gobierno no podrá ejecutar el traslado de los restos hasta que el Tribunal Supremo decida de nuevo si acepta la suspensión cautelar.

El Gobierno tomó la decisión de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos a través de un decreto ley que fijó un procedimiento que se encuentra ahora en sus últimos pasos, una vez que le ha llegado el informe de la comunidad de Madrid que señala que no es necesario cumplir ningún trámite en lo que se refiere a sus competencias.

En su recurso contra el decreto que posibilita la exhumación de Franco, la familia argumentaba que la iniciativa del Gobierno es discriminatoria, ya que el decreto está dirigido a sólo un caso de exhumación. Además, la familia apela al derecho a la intimidad para paralizar la iniciativa. Por su parte, la abogacía del Estado rechazó los argumentos de la familia, ya que sostuvo que no se ha quebrado el principio de igualdad, ni ha existido indefensión.

En todo caso, el Tribunal Supremo no entra aún en el fondo del asunto, sino que, a través de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha tenido que valorar si se debe paralizar la exhumación de forma cautelar para evitar un daño irreparable.

La comunidad de Madrid, que es la administración que tiene competencias en materia de sanidad mortuoria, ya ha remitido al Gobierno central el informe no vinculante que le solicitó sobre la exhumación. Este documento señala que no requiere ninguna autorización por parte de la Administración madrileña.

Las normas de esta comunidad señalan que si han pasado más de cinco años de la muerte no es necesaria ninguna autorización sanitaria para realizar una exhumación. En otras comunidades, la reinhumación en una cripta, como la de la Almudena, habría necesitado permisos de la administración autonómica.

LA LICENCIA DE LA EXHUMACIÓN

El Gobierno ya ha dado los primeros pasos para solicitar la licencia de obras al ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para abrir el sepulcro. Posteriormente tendrá que solicitar permiso al prior de la abadía donde se encuentra la basílica para realizar la exhumación, ya que se trata de un lugar de culto y por lo tanto, según los acuerdos del Estado con la Santa Sede, es inviolable.

La decisión sobre la paralización cautelar de la exhumación es el primer gran obstáculo que tendría que superar el Gobierno para que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos en los plazos que se planteó al principio de este procedimiento, cuando aprobó el decreto por el que modificó la ley de Memoria Histórica. El Ejecutivo señaló al principio que la exhumación se haría realidad antes de que finalizara el año, cálculo que extendió luego a los primeros meses de 2019.

Incluso si salvara el obstáculo del recurso de la familia ante el Tribunal Supremo, el Gobierno se enfrentaría a continuación a otro gran dolor de cabeza: el destino final de los restos del dictador. La intención declarada por la familia de enterrarlos en la cripta de la catedral de la Almudena de Madrid ya ha provocado tensiones entre el Gobierno y la Iglesia católica.

El Ejecutivo podría encontrarse con que su iniciativa terminara llevando los restos del dictador a un lugar de gran relevancia en pleno centro de Madrid. La sola idea de que la catedral de la Almudena se convirtiera en lugar de peregrinación de franquistas llevó al Gobierno a anunciar que haría lo que estuviera en su mano para que no fuera así, incluida una nueva modificación legal que prohibiera el acceso a lugares públicos donde se produjeran actos de exaltación de la dictadura.

Para evitar llegar a eso, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, viajó al Vaticano a tratar sobre este asunto con el secretario de Estado Pietro Parolin. El Gobierno español puso sobre la mesa tanto la exhumación como el nuevo horizonte abierto con el posible destino final de los restos de Franco.

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Carmen Martínez Bordiú y su hija Cynthia Rossi durante el funeral de Carmen Franco en Madrid. Foto: GTRES.

El Gobierno llegó a Roma porque no había aceptado la postura de la Iglesia española, en particular del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en la que públicamente mostraron que no podían poner ningún impedimento al traslado de los restos del Valle de los Caídos a la catedral de la Almudena.

La versión oficial que dio el Gobierno sobre el encuentro entre Calvo y Parolin señaló que el Vaticano se había mostrado comprometido a trabajar para evitar que el destino final de los restos de Franco fuera la Almudena. Sin embargo, en un gesto excepcional, el Vaticano salió al paso con una nota en la que rectificó la versión del Gobierno español y desmintió que hubiera ningún acuerdo sobre este punto.

El siguiente escalón relacionado con la Iglesia que tiene que superar el proceso de exhumación es el trámite para poder entrar físicamente a realizarla. La entrada en la basílica tiene que ser autorizada por el prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos. El Vaticano sí que ha mostrado que no pondrá reparos en la exhumación, pero todavía es una incógnita la decisión que tomará el prior, y en qué forma lo hará, que en principio es autónomo en cuanto a sus decisiones.

 

Ciudadanos apuesta por el rechazo al valencianismo y se la juega en las elecciones

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El posicionamiento de Ciudadanos respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana ha dejado claro cuál es el perfil político por el que apuesta en esta región: reivindicar al Estado una financiación justa y unas inversiones suficientes pero rechazando posturas valencianistas.

Ciudadanos fue el único grupo parlamentario que se abstuvo en la votación del jueves pasado cuando la Comisión Constitucional del Congreso aprobó la reforma del Estatuto, que contó con el apoyo del resto de partidos.

Esta modificación, pendiente desde 2011, supone incorporar el compromiso de que las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado deben ser equivalentes al peso demográfico que representa la Comunidad Valenciana en España. Durante muchos años, esas inversiones han supuesto entre el 6% y el 8% del total destinado a las comunidades autónomas, pese a que la población valenciana representa el 11%.

El posicionamiento de Ciudadanos le valió las críticas de los demás portavoces presentes en la Comisión, que arremetieron contra este partido por haber roto la unidad política y el consenso en una cuestión tan importante como esta.

“Hoy Ciudadanos ha dado la espalda a los valencianos, ha renunciado a representarlos”, lamentó el diputado del PSOE Artemi Rallo. Más claro fue Fran Ferri, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, que afirmó que, con su abstención, Cs le había dado “una patada en el culo a los valencianos”.

Incluso el PP se situó al lado de los partidos de izquierdas y enfrente del partido de Albert Rivera. “Incomprensible, inexplicable y pusilánime”, dijo el diputado autonómico Alejandro Font de Mora para describir la postura de la formación naranja.

Ciudadanos se la ha jugado quedándose fuera de la foto en la reforma del Estatuto. Si se mantiene firme en su postura pese a las presiones del resto de grupos, volverá a abstenerse y, por tanto, a quedar aislado, cuando la propuesta se vote esta semana en el Pleno del Congreso y, posteriormente, en el Senado.

PRESENTAN A CIUDADANOS COMO «ANTIVALENCIANO»

Aunque habrá que esperar a los comicios autonómicos y municipales de 2019 para saber si esto tendrá un coste electoral para Cs, al que sus adversarios políticos pretenden presentar como un partido “antivalenciano”, el riesgo de perder votos es evidente.

Las quejas de la Comunidad Valenciana por ser una de las comunidades peor financiadas y por salir mal parada en el reparto de las inversiones del Estado vienen de largo y es algo que todos los partidos, incluido Cs, reconocen como uno de los principales problemas a resolver.

La diferencia está en las soluciones que plantea cada fuerza política, aunque en el caso de las inversiones territorializadas, todos los partidos excepto Ciudadanos se han puesto de acuerdo.

La reforma estatutaria prevé la constitución de una comisión negociadora entre la Administración estatal, la autonómica y la local con el fin de que la Comunidad Valenciana participe en la toma de decisiones sobre esa cuestión. Si bien la mayoría de los partidos afirman que esto puede servir para que las inversiones se incrementen, algunos temen que se quede en una mera declaración de intenciones.

Ciudadanos, en cambio, no tiene ninguna duda. Insiste en que esta medida no tendrá una eficacia real y que se está engañando a los valencianos, y así lo explicó en la Comisión el diputado Ignacio Prendes.

“El PP, el PSOE, Podemos y Compromís no lo han aprobado hasta ahora porque saben que es una norma jurídicamente inaplicable, políticamente intrascendente y económicamente inviable”, señaló Prendes. La modificación estatutaria “no traerá ni un solo euro a los valencianos” y por eso “no vamos a ser cómplices de este paripé”, añadió Juan Córdoba, portavoz adjunto de Cs en las Cortes Valencianas.

La formación naranja se basa en que tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana han determinado que un Estatuto de Autonomía no puede predeterminar el contenido de los Presupuestos Generales del Estado.

CIUDADANOS SORPRENDE CON SU ABSTENCIÓN

La abstención de Ciudadanos en la votación del jueves sorprendió porque un mes antes había pactado un texto con el PP, el PSOE y Unidos Podemos para aprobar la reforma. Además, se había incluido una enmienda de Cs para dejar claro que las inversiones se ajustarán al principio de solidaridad interterritorial.

Pero los motivos esgrimidos por la formación naranja siguen siendo los mismos que expuso en abril y en octubre de 2016, cuando también optó por abstenerse en la votación del Congreso para tramitar la reforma del Estatuto valenciano.

Por un lado, Cs rechaza “la política de pancarta que engaña a la ciudadanía, genera frustración y no sirve para nada”, en palabras de Toni Cantó, diputado de Cs en la Cámara Baja por Valencia.

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El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en un debate en el Congreso de los Diputados. Foto: Flickr Cs.

Por otro lado, insiste en que lo que se necesita es que el Estado y las comunidades aborden sin demora y de manera bilateral la reforma del sistema de financiación autonómica en función de criterios cuantitativos y cualitativos, y reclama también un plan nacional de evaluación y priorización de infraestructuras para decidir cómo repartir las inversiones del Estado.

Así lo defendió en el Congreso en 2016 la diputada alicantina Marta Martín, que afirmó que “el desbarajuste que hay en este país no se ordena con los parches que suponen las concesiones bilaterales”.

UN PAÍS «INVIABLE Y DESCOSIDO»

Dos años después, Prendes ha insistido en esto mismo al advertir de que recoger en cada Estatuto de Autonomía “aquello que quieren oír los ciudadanos de cada comunidad aunque saben que es inaplicable” aboca a “un país absolutamente inviable, descosido” donde al Estado carece de instrumentos para mantener “el equilibrio territorial y el principio de solidaridad”.

De momento, el PSOE ya ha aprovechado la impopular postura del partido naranja para atacar a Albert Rivera y a Toni Cantó, posible candidato a la Presidencia de la Generalitat valenciana en 2019, al plantear el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, que se los nombre “personas no gratas” por no respaldar la modificación del Estatuto.

 

Gorka Maneiro lanzará un ‘Vox de izquierdas’ tras despreciar a Podemos

La semana pasada Vox escribía en su cuenta de Facebook que habían «llegado para quedarse». Es evidente que el auge de la formación que lidera Santiago Abascal podría estar relacionada en parte con la crispación que ha surgido en ciertos sectores de la sociedad ante la que ellos creen como tibia respuesta del Gobierno central hacia el procés.

Es por ello que muchos ciudadanos creen que es hora de enarbolar sus símbolos tras la llamada ‘revolución de los balcones’. Lo hace Vox desde el ala ultraconservadora y lo hará una nueva formación que prepara Gorka Maneiro, fundador e impulsor de la Plataforma Ahora.

Cierto es que la plataforma que lidera el ex portavoz nacional de UPyD en prácticamente nada se asemeja ideológicamente al partido que lidera Santiago Abascal, a excepción de la férrea defensa de ambos partidos de la unidad española y sus símbolos.

Maneiro explicaba en su cuenta de Twitter en la noche del 2-D que hay «gente de izquierdas que vota a Vox o a partidos de derechas y todo porque no hay una izquierda decente. Terrible. Necesitamos una nueva izquierda, igualitaria, progresista y contundente con quienes quieren romper España«. Eso podría intentar él mismo a partir del próximo lunes.

Gorka Maneiro será uno de los invitados este fin de semana del espacio ‘Sin complejos’, que dirige Luis del Pino en esRadio. El que fuese diputado del Parlamento vasco durante siete años ha anunciado en Twitter que «muy probablemente, en los próximos días, la Plataforma Ahora lanzará una iniciativa para aunar a toda la izquierda no nacionalista y dar respuesta a millones de huérfanos políticos. Atentos».

La propia plataforma explica en sus redes que este fin de semana se organizará «una Asamblea de Asociados para debatir sobre los próximos procesos electorales», que tendrá consecuencias directas: «El lunes, convocatoria y anuncio de nuestra decisión política».

Se desconoce si este partido que nace desde la Plataforma Ahora se integrarán algunos de su miembros más ilustres: Fernando Savater, David Ortega, Luis de Velasco, Carolina Punset, Félix de Azúa, Félix Ovejero o Ramón de España, que firmaron el documento fundacional en marzo del pasado año.

MANEIRO BUSCARÁ A LOS DESENCANTADOS CON SÁNCHEZ

El nuevo partido que podría liderar Gorka Maneiro criticaba tras las elecciones andaluzas al PSOE y Adelante Andalucía por «no asumir responsabilidades ni entender las razones de su fracaso fue de auténtica vergüenza ajena. E ilustra la descomposición de la izquierda oficial española, no tanto por votos sino sobre todo por su falta de argumentos, incapaz de estar a la altura de los acontecimientos y de las necesidades de España y de los españoles».

Vox
Gorka Maneiro, portavoz de la Plataforma Ahora. Foto: Flickr.

Y añadía en su blog de Huffington Post: «Soy un firme convencido de que la deriva de la izquierda española es uno de los grandes problemas de nuestro país: si hubiera una izquierda digna de tal nombre, no estaríamos hoy como estamos ni habría miles de huérfanos políticos obligados a no votar o a votar con la nariz tapada».

Especialemente crítico se mostraba con Podemos: «Que Pablo Iglesias salga haciéndose el preocupado ante el avance de la ultraderecha y nos azuce para que salgamos a la calle frente al «fascismo de Vox», solo puede provocar sopor y vergüenza ajena».

Y remataba: «Lo que realmente le preocupa es que Vox haya podido comenzar a sustituir (en parte) a Podemos como destino de indignados y cabreados varios. Además, Podemos tuvo tiempo antes de defender la convivencia y la democracia… pero optó por confraternizar con los golpistas en Cataluña».

En otra entrada de su blog, Maneiro reconocía que Podemos en 2014 le resultaban «simpáticos y divertidos». Pero su visión sobre la formación morada ha empeorado: «Recordamos los vínculos de Podemos con regímenes criminales, la beca de Errejón o el empleo precario fomentado por alguno de sus líderes. Kichi ha concedido premios a una Virgen de madera.

Seguía Maneiro: «Ellos que denunciaron todas las injusticias, defienden con uñas y dientes los privilegios forales y coquetean con Bildu, como si tal cosa. Durante todo este tiempo, ellos que venían a democratizar los partidos políticos, han defenestrado a algunos de sus líderes, protagonizado purgas varias e incumplido casi todo lo prometido. A la vieja usanza. Como los partidos viejos».

Vox
Gorka Maneiro fue elegido parlamentario vasco en dos legislaturas por UPyD. Foto: Flickr UPyD.

También mostró su opinión sobre el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero: «No es la casa, realmente. Son las cosas que dijeron que harían y nunca hicieron. O las cosas que criticaron a tantos y hoy las hacen ellos. Es la incoherencia y la mentira». 

De Podemos, Ciudadanos y PSOE intentará rascar votos la nueva formación que previsiblemente liderará Maneiro, que hasta en dos ocasiones logró el acta de diputado por Euskadi y ahora intentará que los antiguos votantes de UPyD vuelvan a acordarse de esta formación homóloga a la del partido que fundó Rosa Díez.