El Gobierno desclasificó en nueve ocasiones documentos secretos solicitados por jueces en los últimos quince años. Este es el precedente que afronta el Consejo de Ministros ante la petición del comisario Enrique García Castaño, quien ha solicitado declarar, sin los límites que le impone la ley de secretos oficiales, ante el juez instructor que investiga al excomisario José Manuel Villarejo.
García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, ha solicitado al juez Diego de Egea que pida autorización al Consejo de Ministros para que pueda revelar “datos sensibles de operaciones policiales, fuentes, información y el uso de fondos reservados”.
De esta manera, considera que puede explicar el contenido de las grabaciones de Villarejo que le han llevado a ser imputado por los presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales. García Castaño ha señalado que tiene intención de colaborar con la Justicia.
De Egea tiene previsto aceptar la petición de García Castaño y solicitar al Gobierno la autorización para que éste pueda defenderse con toda la información de que dispone, pero sin incurrir en delitos relacionados con la ley de secretos oficiales y la que regula los fondos reservados.
Es el Consejo de Ministros quien tendría la última palabra en este caso a la hora de levantar el secreto de unos datos que afectan a esta investigación judicial. La diferencia en este caso es que, por ahora, la petición de García Castaño no está delimitada. En las ocasiones en que el Gobierno ha atendido las peticiones en este sentido de los juzgados, se trataba de documentación específica.
Entre los acuerdos de desclasificación se encuentran otros que no fueron solicitados por los jueces. Un ejemplo de ello fue la documentación que se envió en julio de 2004 a la comisión parlamentaria de investigación sobre los atentados del 11 de marzo de ese mismo año contra los trenes de cercanías de Madrid, que dejaron 191 muertos.
INVESTIGACIÓN DEL 11-M
No fue la única vez que se levantó el secreto de documentación sobre estos hechos, ya que, además de lo remitido a la comisión de investigación del Congreso, hubo una segunda tanda de desclasificación en 2005, relacionada esta vez con el sumario judicial de esos mismos atentados.
Finalmente, en marzo de 2007, fueron desclasificados más documentos sobre estos ataques terroristas a petición de la Audiencia Nacional. En esta ocasión se trataba de información relacionada con José Emilio Suárez Trashorras, acusado de facilitar los más de doscientos kilos de explosivos a los terroristas.
En febrero de 2005, el Consejo de Ministros desclasificó información y documentación del Centro Nacional de Inteligencia relacionados con vuelos que realizó la CIA, la agencia de espionaje norteamericana, con escala en territorio español. Una investigación judicial en la Audiencia Nacional indagó sobre si en estos vuelos se trasladaba a personas que habían sido detenidas ilegalmente como sospechosos de estar relacionados con actividades terroristas.
La investigación sobre la muerte por disparos del ejército estadounidense en Haití del periodista español Ricardo Ortega llevó a la Audiencia Nacional a realizar una solicitud similar al Gobierno. En enero de 2009, el Consejo de Ministros acordó desclasificar la información sobre el caso referida a las investigaciones sobre el suceso que realizó el CNI.
ACCIDENTE DE AFGANISTÁN
Sólo dos meses después, el Gobierno levantó el secreto sobre la documentación del Centro Nacional de Inteligencia referida a la muerte de 17 militares al estrellarse un helicóptero en Afganistán. El accidente se había producido en agosto de 2005. La desclasificación la había solicitado el Juzgado Togado Militar que llevaba el caso.
En 2009 hubo una tercera desclasificación de secretos, también a instancia de un juzgado. Una semana después de levantar el secreto sobre el accidente del helicóptero, el Gobierno hizo lo mismo sobre más documentos del CNI relacionados con el juicio contra el espía Roberto Flórez, que fue condenado finalmente por traición.
Hasta el año 2011 no se produjo otro acuerdo similar del Consejo de Ministros. Se trató en esta ocasión de los documentos secretos sobre la embajada y consulados de España en Argentina. Estos fueron reclamados por el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que en ese momento investigaba la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina.
En noviembre de 2014, el Consejo de Ministros autorizó la desclasificación de documentos secretos solicitados por el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, sobre escuchas telefónicas, realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el caso H-Alboka.
Esta investigación, que está a punto de llegar a juicio, se realizó alrededor de abogados que habrían actuado presuntamente como correa de transmisión de ETA para controlar a sus presos. Las escuchas del servicio de espionaje fueron la base de la actuación policial.
Finalmente, en 2015 se desclasificó como secreto el informe sobre el accidente del avión F-5 que ocurrió en 2012 en la base aérea de Talavera. De nuevo se trató de una petición del juzgado militar que investigó el caso.
Entre los documentos sobre los que se eliminó su carácter secreto, que no habían sido requeridos por los juzgados, se encuentra la decisión del Gobierno, a finales de 2004, de desclasificar la Directiva de Defensa Nacional. Este es el documento estratégico que fija las prioridades, analiza los riesgos y establece las líneas generales de actuación desde el punto de vista militar.
