El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que clausurará por completo este domingo el chalé de Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, debido a que la licencia mostrada por los miembros de Vox para regularizar la situación de unas obras vivienda «no respondía a los requerimientos» formulados. El ‘desahucio’ se producirá a las 10:00 horas del domingo por parte de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento (controlada por Ciudadanos).
En la vivienda tipo chalé se realizaron unos trabajos de reforma (se añadió una planta más y se cerró una terraza, entre otros cambios). El año pasado se les remitió un apercibimiento por parte del Consistorio y recientemente se emitió esta resolución de clausura, el siguiente paso del procedimiento.
Las mismas fuentes detallan que es un trámite habitual dentro de «miles de casos» similares y que la decisión corresponde en exclusiva al departamento de Desarrollo Urbano, sin tener que pasar por Junta de Gobierno municipal.
Por su parte, Monasterio ha asegurado este miércoles que el cierre del funcionamiento de la oficina que tiene en su casa no se producirá porque antes del 8 de septiembre demostrarán que todos los trámites están correctos. «Nosotros tenemos licencia de vivienda y del despacho profesional», ha aseverado.
A su juicio, que el Ayuntamiento quiera clausurar y precintar una parte de su vivienda se debe a años de un «laberinto burocrático agravado por un denunciante rencoroso», ya que llevan 9 años «cumpliendo con cada paso de la ordenanza para intentar llegar al final del proceso» y «años pagando todas las tasas necesarias (alguna, dos veces)».
MONASTERIO SE REMONTA A 2013 PARA EXPLICAR LOS CONFLICTOS
También asegura que han pagado el IBI actualizado, sin la licencia actualizada y que han estado «perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo para obtener definitivamente la licencia de primera ocupación y funcionamiento».
«Llevamos años también haciendo perder el tiempo a ímprobos funcionarios del Ayuntamiento, que están constreñidos por procelosos procesos burocráticos», ha lamentado.
Al final de 2013, según Monasterio «surge el primer conflicto con el constructor por las cantidades restantes, y sale de la obra sin rematarla», por lo que un año después tienen que meter a nuevos contratistas «para rematar y corregir lo que no ha hecho o ha hecho mal el anterior».
Ya en 2017 un técnico del Ayuntamiento inspecciona la obra y en 2018 les requieren que actualicen los planos, y modifiquen la licencia original.
«Cumplimos con todo para adecuarnos a la ordenanza municipal. Se interrumpe la licencia de ocupación, mientras se modifica la licencia. Parecía que al fin obtendríamos la licencia. Nada más lejos de la realidad. El litigio con el constructor se judicializa. Y además el propio constructor nos denuncia ante el Ayuntamiento por la falta de licencia de actividad en el despacho que él mismo ha estado bloqueando», ha relatado.
