La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (Feuso-Andalucía) lamenta que «cerca de 3.000 profesores que imparten la asignatura de Religión en centros públicos andaluces podrían perder su puesto de trabajo» a consecuencia de la Ley Orgánica para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), conocida popularmente como la ‘Ley Celaá’, y que «deja relegada a la mínima expresión la asignatura de Religión, que «no computará en la nota media del alumno, que por primera vez no contará con alternativa (asignatura espejo), de modo que quien decida no estudiarla no tendrá que elegir otra en su lugar, pudiéndose ir al recreo o a casa».
Según un comunicado de Feuso-A, en concreto, «el profesorado más numeroso (más de 2.200) que se vería más afectado por esta medida es el que imparte esta materia en Centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes de la Junta de Andalucía, pero cuyos contratos dependen del Ministerio de Educación y que, en su gran mayoría (casi un 90%) son mujeres».
Desde Feuso-A se insiste en la necesidad de que las competencias sobre este profesorado sean transferidas –con la correspondiente dotación económica– al gobierno autonómico –como ya sucede en otras comunidades autónomas–, de quien ya depende, por ejemplo, el profesorado que imparte Religión en Educación Secundaria.
«Se trata de un profesorado muy cualificado y comprometido con las líneas de actuación y los fines educativos de sus centros, en formación permanente, al igual que el resto de sus compañeros, pero que reciben un trato completamente desigual e injusto», denuncia la secretaria general de Feuso-Andalucía, María de la Paz Agujetas.
Desde Feuso señalan que «se trabaja desde hace tres décadas por conseguir el reconocimiento de diversos derechos laborales de los profesores de Religión que desarrollan su labor en la enseñanza pública, especialmente en el segundo ciclo de Infantil y en Primaria», para añadir que «gracias a este sindicato se consiguió que se les reconociera su derecho a Seguridad Social y el abono de trienios, y se trabaja actualmente por conseguir el reconocimiento por ley de derechos admitidos mediante sentencia en firme, como es el abono de sexenios o la posibilidad de desempeñar puestos como tutores o en el organigrama de administración de los centros donde desempeñen su cometido profesional».
Asimismo, dadas las complejas circunstancias que podrían marcar el desarrollo del curso 2020/2021 a consecuencia de la pandemia de la Covid-19, desde este sindicato indican que se ha propuesto que se aproveche «la capacitación y el estrecho vínculo» de estos docentes a sus centros para que pudieran desempeñar labores de refuerzo educativo en aquellos alumnos que presenten más lagunas en los conocimientos impartidos mediante enseñanza virtual en el último trimestre del presente curso. «Una forma más de reivindicar y poner en valor a este profesorado, cuyos puestos de trabajo se ven seriamente amenazados por la nueva ley educativa en trámite», concluye.
