El 8 de septiembre comienzan las clases de educación primaria. Cuatro días antes, abren las escuelas infantiles. A la ministra de Educación, Isabel Celaá, no le queda mucho tiempo para averiguar la fórmula de adaptación al Covid-19 en las aulas. Semipresencialidad y grupos burbuja son algunos de los métodos sobre la mesa, que no se ajustan, sin embargo, a los medios de lo que disponen actualmente los profesores.
En todos los casos, se contempla un mismo requisito imprescindible, la contratación de más profesores. Serán necesarios para desdoblar cursos, así como para impartir las clases a distancia. Sindicatos de docentes de toda España reclaman la inversión de «recursos económicos suficientes para la contratación de personal, para la adquisición de ordenadores y tableta», como expone la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).
El sindicato canario ANPE coincide con APIA también en la petición de material tecnológico para el alumnado, con el objetivo de que la barrera económica no impida a ningún alumno recibir clase a distancia. «Debe dotarse con urgencia a todo el alumnado que lo requiera de tabletas», aseguran.
Este aspecto ya lo ha contemplado la ministra, que implementará un plan similar al que ejecutó Rodríguez Zapatero en 2009 con su proyecto Escuela 2.0. Fue cuando el presidente socialista le dio un portátil a cada alumno de quinto y sexto de primaria y primero de la E.S.O. en 14 comunidades, con un gasto de 600 millones de euros.
Aunque un programa como este en las circunstancias actuales goza de más lógica que el antepasado de 2009, Celaá no podrá evitar las sombras de ese plan de Zapatero que finalmente acabó en desastre. Se repartieron 634.000 portátiles, cuya eficiencia educativa nunca pudo demostrarse. La en ocasiones escasa infraestructura digital de los centros, sumada a la inexperiencia de algunos docentes en el apartado informático fueron en parte causas del fracaso de tal proyecto.
En este caso, y bajo el nombre Educa en Digital, Celaá repartirá 500.000 portátiles bajo préstamo, que recibirán prioritariamente centros públicos y alumnado perteneciente al 6% más desfavorecido. Para evitar los errores de Zapatero, la ministra tratará de «seguir impulsando» la formación digital del profesorado con cursos del Intef, así como modernizar las plataformas de los centros.
Según el INE, hay 792.048 hogares sin dispositivos electrónicos en España y 284.243 sin conexión a internet. La entrega de dispositivos puede ayudar a solventar este problema, pero no será de utilidad si no viene acompañada de la capacitación e infraestructura necesarias.
En todo caso, mientras el despliegue tecnológico está asegurado, lo que queda por averiguar es si las aulas podrán evitar convertirse en cámaras de contagio. Celaá explicaba en Hoy por Hoy que «las escuelas tienen que estar abiertas», pero la enseñanza presencial en el nuevo contexto necesitará más profesores y medidas sanitarias.
Francisco García, secretario general de Comisiones Obreras de Enseñanza, expone que si España invierte los 2.000 millones de euros prometidos para esta materia, y se le suman fondos europeos, el país podría contar con el dinero necesario para aplicar las medidas necesarias. Desde este sindicato valoran en 7.000 millones el presupuesto necesario para ejecutar la vuelta al cole 2020. Lo que también advierte este sindicato es que el Gobierno estaría eludiendo implementar medidas sanitarias generalizadas al transferir esta responsabilidad a los centros educativos.
ENFERMERO ESCOLAR
La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar, por su parte, pide que las consejerías de Educación de las CCAA implanten la figura del enfermero escolar en todos los centros educativos, de forma que haya al menos un experto sanitario en cada colegio. Por tanto, instan a los gobiernos a contratar a los enfermeros necesarios, explicando que esta medida solo conllevaría un coste de entre 16 y 20 euros por ciudadano al año.
Esta petición es compartida por diversas asociaciones de profesores, que consideran también imprescindible la contratación de personal que «asesore en el cumplimiento de los protocolos sanitarios y en la detección de posibles síntomas», indica la APIA.
HUELGAS
En la Comunidad de Madrid, CCOO Enseñanza ya ha avisado de posibles huelgas en septiembre, si no obtienen de Ayuso la respuesta que consideren necesaria para una segura vuelta a clase.
Paralelamente, el Govern de las Islas Baleares ha anunciado ya que aumentará la plantilla de profesores contratando a 458 profesores más para el próximo curso. No obstante, el sindicato regional STEI Intersindical califica de «insuficientes» estos medios, además de tildar de «inadmisible» la propuesta de grupos burbuja con 25 alumnos. Según STEI, estos grupos deberían ser de, al menos, 15 personas, algo que representa «una posibilidad del todo inviable con el escaso aumento de plantilla ofrecido por la Conselleria de Educación».
Siguiendo con esta comunidad, el sindicado de Mallorca UOB ha anunciado una huelga de profesores para principios de curso. Critican que la Conselleria de Educación «no ha habilitado espacios ni contratado docentes para desdoblar grupos y garantizar la distancia de seguridad», y creen que así se «condena los docentes, personal no docente, alumnos y familias a los contagios y rebrotes de la COVID-19».
