Los casos judiciales y las denuncias han traído una tormenta veraniega a la sede de Podemos. Ahora, con el paso del magistrado Juan José Escalonilla, la formación del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, es oficialmente un partido imputado por presunta corrupción y por pagar sobresueldos a través de una caja B. Todo esto ha hecho que en Podemos se hayan llevado las manos a la cabeza ante el hecho de que quien ha denunciado, el exabogado del partido José Manuel Calvente, ha basado sus acusaciones en «rumorología». Sin embargo, fuentes del partido aseguran que esta denuncia no les inquieta. Donde está lo problemático y donde se encuentra lo que hace estremecerse a más de un dirigente del partido es en el caso Dina, una investigación que salpica directamente al líder y donde los hechos pueden acabar por romper el partido.
Las primeras declaraciones del abogado de la formación no han aclarado nada. Es más, ni siquiera ha presentado ante Escalonilla ninguna prueba que permita fundamentar la grave acusación que equipararía a Podemos con un partido corrupto. Calvente ha relacionado todo con rumores, comentarios de terceras personas y habladurías dentro del entorno laboral, pero nada palpable. Todo esto ha llevado a los dirigentes de Podemos ha quejarse de la reacción mediática y, sobretodo, de cómo la justicia ha podido abrir un caso con tan pocas pruebas, pero sobre las consecuencias reales del juicio se muestran tranquilos.
Sin embargo, el caso Dina es otro cantar. Todo empezó con el presunto robo del móvil a una exasesora de Iglesias, la actual directora del periódico de Podemos La Última Hora, Dina Bousselham. Ese robo fue protagonizado, presuntamente, por el excomisario José Manuel Villarejo, y con él Podemos se victimizó durante varias campañas electorales en las que repetía el mensaje de que las «cloacas del Estado» quisieron destruir por dentro al partido. Ahora, la investigación del juez que instruye el caso Villarejo (llamado Tándem) ha acorralado paulatinamente a Iglesias hasta el punto de que nadie en su partido pone la mano en el fuego por él.
Iglesias tuvo acceso a la información del caso gracias a una supuesta filtración de un fiscal anticorrupción antes de que el magistrado José Manuel García Castellón lo publicara. Y a esto hay que añadir que Iglesias obtuvo el contenido robado en una tarjeta de memoria y no se lo entregó a su legítima propietaria hasta meses después. Todo esto ha arrojado una neblina sobre el caso que hace que los dirigentes del partido teman que pueda tener consecuencias penales para Iglesias y, por tanto, para el propio partido.
El caso Dina es un tema sensible, privado, que podría esconder varios delitos cometidos por el líder de Unidas Podemos que, sobre la hemeroteca, obligarían a dimitir a Iglesias. Fuentes del partido aseguran que el sentir general en referencia a José Manuel Calvente es claro: no temen que el letrado pueda hacer mella en la formación, pues le consideran un extrabajador despechado que quiere venganza a raíz del caso de acoso sexual que le intentaron imputar.
Pero la forma de actuar de la abogada de Iglesias, Marta Flor, y su relación íntima con el fiscal Stampa, el que presuntamente le filtró la información relativa al caso, es un pantano en el que nadie se quiere mojar.
Calvente no es el problema, ni siquiera esas acusaciones de una presunta caja B. El verdadero problema es tener a un juez como José Manuel García Castellón instruyendo un complejo caso que esconde unas polémicas actitudes del líder de Unidas Podemos. «Ahí se le puede complicar realmente la vida», aseguran fuentes oficiales.
