El suplicatorio para levantar la inmunidad parlamentaria al eurodiputado y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como a los exconsejeros Toni Comin y Clara Ponsati, se encuentra paralizado por las medidas especiales del coronavirus a la espera de que el Parlamento Europeo encuentre una alternativa para facilitar las comparecencias de los implicados.
En este sentido, la Eurocámara prepara fórmulas para solventar los obstáculos derivados de la pandemia al proceso del suplicatorio que es presencial y confidencial. La comparecencia de los tres políticos independentistas ante la Comisión de Asuntos Jurídicos sería el pistoletazo de salida para relanzar el proceso.
Más allá de la presencialidad, la clave del trámite del suplicatorio es que exige una reunión confidencial en la Cámara, un problema que por el momento no se ha logrado sortear, aunque la Eurocámara ya ha desarrollado sistemas de votación secreta.
Según el presidente de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez, el proceso se retomará «al día siguiente de que se normalice la actividad parlamentaria». Con todo, el eurodiputado de Ciudadanos defiende que el trámite continúa y el trabajo de análisis de la documentación está avanzado.
Fuentes parlamentarias explican que una vez puedan comparecer el expresident y los exconsejeros el proceso no se debería dilatar más de cuatro meses, aunque, a la vez, confluyen distintos factores y todo dependerá de la complejidad del caso, puesto que en otros suplicatorios el trámite se ha alargado más de un año.
Y añaden que el caso del expediente de Puigdemont, Comín y Ponsati cuenta con una gran cantidad de documentos, entre ellas muchas resoluciones judiciales españolas, lo que ha generado un volumen ingente de cerca de 4.000 folios. Esto da muestra de la complejidad del proceso y de que es difícil pronosticar un plazo para que se resuelva. En estos momentos esta documentación es la que el ponente, el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, está estudiando y será la base para su recomendación.
PROCEDIMIENTO DEL SUPLICATORIO
La petición del suplicatorio se trata a puerta cerrada e incluye la posibilidad de que el afectado comparezca entre cinco y diez minutos en una audiencia a la que puede acudir acompañado por un abogado que le asesore o puede designar a otro eurodiputado para representarle.
Una vez que el ponente ha redactado su recomendación, ésta se discute también a puerta cerrada y se somete a votación. El informe finalmente se eleva al pleno para decidir si se aprueba o no el suplicatorio, en un voto a mano alzada que se resuelve por mayoría simple.
Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de ‘fumus persecutionis’, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es «perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución».
