El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha reconocido este jueves que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 no prevén que el Estado financie al 50% el sistema de Dependencia, como exige la ley, y ha indicado que en 2021 se aportará un porcentaje del 26%, con intención de alcanzar el 34% al final de la legislatura.
Durante su comparecencia ante la Comisión del ramo del Congreso, para explicar las partidas de los PGE que corresponden a su departamento, Álvarez ha destacado entre sus prioridades la mejora y refuerzo del sistema, especialmente en lo que tiene que ver con los dependientes de larga duración, especialmente mayores y personas con discapacidad.
Entre sus objetivos, ha indicado, está la reducción de la lista de espera de personas dependientes que tienen el derecho a acceder al sistema y no son atendidos. Para ello, ha indicado, quieren elevar el porcentaje de participación del Estado en la Dependencia, que en la actualidad «está por debajo del 20%».
Es por ello, que el «plan de choque» que prepara su departamento en esta materia busca elevar esta financiación hasta «el 26%» durante el próximo año, «alcanzando el 34% al final de la legislatura». «Es un cambio de tendencia significativo», ha declarado.
REVERTIR LA «EROSIÓN» DEL PP
Los portavoces de Ciudadanos y Junts en este órgano, Sara Giménez y Genis Boadella, respectivamente, han recordado al secretario de Estado que la obligación del Ejecutivo es compartir a medias la financiación con las comunidades autónomas, una reclamación que Álvarez, ha señalado, está en los horizontes del Gobierno.
Sin embargo, ha indicado, «no se puede cambiar en un año, en una convocatoria, los recortes que se han hecho desde 2012 y que se acumularon en esta década». A su juicio, la labor de su departamento, ahora, es «consolidar» las cuantías y «revertir» la «erosión» del PP en esta materia, y ha llamado a los partidos a colaborar para lograr mejorar en esta partida.
Estas declaraciones han generado las críticas de la formación que preside Pablo Casado. Su portavoz de Derechos Sociales, Alicia García, ha sido muy crítica con la comparecencia de Álvarez, a quien ha acusado de «anteponer el ladrillo» frente a la «atención a las personas» con sus políticas de transformación del sistema residencial «construyendo nuevos edificios».
A estas declaraciones, el secretario de Estado ha respondido que la transformación es «algo más» que lo que plantea el PP y su intención es «mejorar y reformar las residencias» ya existentes, así como mejorar los servicios que se dan «en viviendas y centros de día». «Esto no es ladrillo», ha indicado, para criticar a García su «lejanía» con la opinión de los expertos en esta materia sobre «los cómo remodelar» el modelo residencial. Este cambio, ha apuntado, también tiene que ver con «la incorporación de nuevas tecnologías o la teleasistencia avanzada».
CRÍTICAS DE VOX A UNOS PGE «IDEOLÓGICOS»
El PP también ha criticado otros aspectos de los presupuestos, que considera «un trampantojo para ocultar las miserias del Gobierno» en la gestión de la crisis sanitaria. En este sentido, ha denunciado que «uno de cada cuatro euros» que anuncian viene de los Fondos Europeos y, por tanto, «no están garantizados».
Este mismo argumento ha usado la portavoz de Vox, María de los Reyes Romero, para tachar las partidas de «irreales». Además, considera que el Gobierno ha realizado unas cuentas «ideológicas», «antisociales» y «un disparate».
En su intervención, la diputada también ha mostrado su interés por reforzar «la primera línea» de las organizaciones que han ayudado en la pandemia, «muchas pertenecientes a la Iglesia católica» y que, según ha indicado, espera que no sufren «hostigamiento y acoso anticlerical» por parte del Ejecutivo.
Del mismo modo, ha lamentado que 4,5 millones se dediquen a los animales y que se aumente la partida para menores extranjeros no acompañados cuando ya se dan ayudas al desarrollo a los países de los que provienen. Romero ha señalado que hay que «vigilar» que este «llegue al destino para el que fue previsto».
Álvarez, ha señalado que el objetivo de su departamento con estos presupuestos es lograr una «transformación económica» que se aleje de la «devaluación salarial» y la «pérdida de derechos laborales» que, a su juicio, generó las políticas llevadas a cabo en la crisis de 2008, «reformando las políticas sociales y mejorando los mecanismos del sistema de cuidados.
En su comparecencia ha detallado algunas de las partidas más importantes, como los 2.500 que se transfieren al IMSERSO, los 10 millones para entidades del Tercer Sector, los 25 millones para el plan de accesibilidad universal; o los 177 millones en servicios sociales. También ha destacado el aumento de 28 millones en la partida para la mejora de atención en los centros que atienden a Menores Extranjeros No Acompañados.
