El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exembajador español en la India Gustavo de Arístegui, al que fuera diputado del PP Pedro Gómez de la Serna y a otras 21 personas por constituir supuestamente una organización para conseguir contratos en países extranjeros, en este caso Argelia, mediante el pago de dádivas y comisiones a funcionarios de aquel país.
En el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada relacionada con los contratos en Argelia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 apunta que los hechos son constitutivos de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal o asociación ilícita.
De la Mata comenzó a investigar en enero de 2016 los presuntos pagos ilícitos a autoridades y funcionarios públicos de Argelia y a sus familiares en relación con dos contratos de obra por la construcción de la estación desaladora de aguas de Souk Tleta, por un importe de 250 millones de euros, y el tranvía de Ouargla, con un coste de 230 millones.
De las diligencias practicadas, el magistrado instructor explica que se desprende que la finalidad de la organización constituida era por un lado «conseguir contratos en países extranjeros (en este caso, en Argelia), mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios argelinos». Por otro lado, buscaban en algunos casos enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos del propio contrato.
Para esto, añade el juez, armaron toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa, y simularon la prestación de servicios para la ejecución de contratos por parte de estas sociedades pantalla.
PLAN PRECONCEBIDO CON UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO
«Todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización», dice el juez en su resolución.
El juez apunta que el liderazgo de la organización estaba integrado por los ex cargos del PP Gómez de la Serna y De Arístegui y por los directivos del grupo Elecnor Germán Junquera Palomares y Ramón López Lax. El resto de miembros de la organización imputados se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los líderes, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos ilícitos obtenidos, explica el auto.
Algunos, como José Faya López, empleado del despacho Voltar Lassen, y Borja de Arístegui Arroyo, hijo del exembajador, apoyaban y colaboraban con los exdirigentes ‘populares’, explica el juez. Otros seguían las instrucciones del fallecido Cristóbal Tomé Becerra (agente externo de Voltar Lassen), como ocurre con su hermano José Luis Tomé Becerra, su hijo David Tomé Miller y José Félix González Noriega, abogado y amigo de Gómez de la Serna.
Por último, según el auto del magistrado, otros procesados, como los empresarios Adolfo Suarez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendoza, participaron en la organización aportando sus estructuras fiduciarias y fungiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones.
Todos ellos participaron en las dos operaciones mercantiles corruptas, tanto en Souk Tleta como Ourgla, por lo que el magistrado les atribuye «estabilidad y permanencia en la organización así como persistencia en los objetivos criminales, que no limitaron a una única operación sino que se prolongó y reiteró en el tiempo».
ABSOLUTA FALTA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
El juez instructor destaca que distintos directivos del Grupo Elecnor «se concertaron para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Argelia, mediante pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de este país, aprovechándose para ello de la absoluta falta de mecanismos y procedimiento para la prevención de delito» en la sociedad.
Ello lo llevaron a cabo, bien por si solos mediante su filial Internacional de Desarrollo Energético SA, como es el caso de la desaladora de agua de Souk Tleta; o bien con los directivos de Rover Alcisa y Assignia Infraestructuras, con las que se hizo una UTE (Unión Temporal del Empresas) en relación con el contrato del tranvía de Ourgla.
De la Mata describe las operativas desarrolladas para la obtención de los dos contratos y afirma que contrataron al despacho Voltar Lassen de Gómez de la Serna y De Arístegui para «conseguir que se agilizaran los pagos debidos por las autoridades argelinas por la recepción provisional de las obras, como, más tarde, para que consiguiera que se produjera el pago por la adjudicación definitiva».
Asimismo, para ocultar los pagos que desde Elecnor llegaban a agentes comisionistas y, posteriormente, a las autoridades y funcionarios argelinos, se utilizaron sociedades en terceros países de Suárez Lopetegui y Suárez Hermoso de Mendoza, con las que se contrató servicios ficticios.
A partir de ahora, el Juzgado Central de Instrucción 5 da un plazo de 20 días a las partes para solicitar la apertura de juicio oral de esta investigación presentando escrito de acusación e bien solicitando el sobreseimiento de la causa.
