El Senado cierra este año 2020 con una sesión plenaria que debate y vota el proyecto de ley de reforma educativa conocida como ‘Ley Celaá, y ya no tiene previsto desarrollar más plenos hasta el mes de febrero ya que enero se considera como mes inhábil, aunque se podría convocar una sesión extraordinaria en el caso de ser necesario.
Una vez finalizada esta sesión, el Senado ya no volverá a la actividad plenaria hasta el próximo 2 de febrero, que previsiblemente será de control al Ejecutivo de Pedro Sánchez, si bien el Reglamento recoge la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria durante el mes de enero, extremo que por ahora se descarta.
De este modo, el Gobierno estará dos meses sin someterse a una sesión de control en el Senado ya que la última que se celebró fue el pasado 1 de diciembre. Los grupos de la Cámara acordaron habilitar los dos últimos plenos del año para la tramitación de los PGE, algo que fue ratificado por unanimidad en una sesión plenaria.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará más tiempo sin comparecer ante el Senado ya que su última aparición en la Cámara Alta fue el pasado 17 de noviembre en un Pleno marcado por la polémica por los apoyos a los PGE de Bildu y ERC.
UNA DE LAS LEYES MÁS POLÉMICAS DE LA LEGISLATURA
Para este Pleno, que se desarolla durante el 23 de diciembre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva una de sus dos leyes más polémicas de lo que llevamos de legislatura, la reforma educativa conocida como ‘Ley Celaá’ en relación a la ministra de Educación, que ha recibido cuantiosos reproches por parte de algunos sectores de la comunidad educativa y de grupos de la oposición.
Uno de los puntos más controvertidos de dicha ley es el de eliminar el castellano como lengua vehicular en Cataluña, después del pacto que alcanzó el Gobierno con ERC, algo que provocó una avalancha de críticas por parte de la oposición.
A pesar de ello, el Congreso aprobó por mayoría esta reforma educativa, entró en el Senado el pasado 25 de noviembre y está previsto que el Gobierno encuentre el aval también de la Cámara Alta para poder reformar definitivamente la conocida ‘Ley Wert’.
