La Confederación Española de Policía (CEP) ha anunciado este martes que el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio para reclamar a la Dirección General de la Policía información sobre los criterios del diseño de la prueba de ortografía del proceso de oposición para el ingreso en la Policía Nacional por la Escala Básica.
Esta investigación se ha abierto como consecuencia de la denuncia interpuesta por CEP, que viene motivada por las quejas de los opositores relativas a las características del examen de oposición.
Según explican, esta prueba de ortografía consistía en determinar cuáles de las palabras incluidas en un listado de cien figuraban o no en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), estableciendo para ello un tiempo límite de ocho minutos.
En la denuncia, la Confederación Española de Policía censura que este tipo de examen «en ningún caso puede configurarse como indicador fiable de sus conocimientos ortográficos, pudiendo darse la paradoja de que un futuro policía conozca perfectamente si una palabra tiene entrada o no en el citado diccionario y, por el contrario, sea incapaz de escribirla correctamente».
«Se ha exigido, en definitiva, no un conocimiento ortográfico sino el dominio de una mecánica memorística en relación con las palabras que aparezcan o no en la citada referencia biblográfica», critican. Además, concluyen que este enfoque «desnaturaliza el objetivo de la prueba y condiciona el perfil de los opositores».
En paralelo, creen que la decisión de abrir una investigación también tiene que ver con que en alguna sede donde se hizo el examen se pudo conocer con antelación la prueba de ortografía al ya haberse realizado hasta dos horas antes en otras ciudades, quebrándose así el principio de igualdad y «perjudicando a los opositores afectados por esta desventaja».
