La transición del PP valenciano sigue abierta: Génova no confirma a Pérez Llorca para 2027 ni autoriza el congreso regional.
Un año, una gestora caducada y ninguna confirmación
El 3 de noviembre de 2025, Carlos Mazón compareció en el Palau de la Generalitat Valenciana con una frase que lo resumía todo: «ya no puedo más». Días antes, en el funeral por las 234 víctimas de la DANA celebrado en la Ciutat de les Arts i les Ciències, los familiares habían increpado al entonces president en presencia de los Reyes y de Alberto Núñez Feijóo. Las manifestaciones se repetían cada mes. La presión no cesó hasta la dimisión. Conservó el acta: hoy es diputado en les Corts Valencianes y expresident de la Generalitat.
Génova eligió sustituto: Juanfran Pérez Llorca, entonces síndic del grupo parlamentario popular, por delante de la alcaldesa de València, María José Catalá. Se conformó una gestora, se diseñó una estrategia para pasar página de la gestión de la catástrofe, y el nuevo president —de talante moderado— empezó a bajar el volumen de la política valenciana. El plan tenía lógica: gobernar, no polemizar.
Doce meses después, la transición no está cerrada. La dirección nacional no ha confirmado a Pérez Llorca como candidato a las autonómicas de 2027, aunque todo apunta a que lo será, y tampoco ha autorizado el congreso regional que le daría la legitimidad interna que hoy le falta. La gestora que debía ordenar el partido tiene el mandato caducado. En las filas populares hay incertidumbre, y no precisamente por el calendario.
A eso se suma un dosier anónimo contra el president por operaciones urbanísticas en Finestrat, el municipio que gobernó como alcalde. Se desconoce quién lo ha elaborado. El PSPV ha anunciado que llevará la información a la Justicia y Compromís ya la ha presentado ante la Agencia Antifraude. Nadie firma el documento. Todos lo leen en clave interna.
El contexto electoral aprieta. Vox crece en las encuestas de la Comunitat Valenciana y el PP necesita recuperar pulso con un liderazgo que Madrid aún no ha refrendado. La paradoja es llamativa: el Consell de Pérez Llorca gestionó con más eficacia la última DANA, la de finales de octubre, pero el aval político sigue sin llegar.
En Valencia la transición no se mide en discursos, sino en un congreso que no se convoca y en una candidatura que nadie confirma.
El frente judicial: sin imputación, sin sentencia y con la instrucción abierta
En febrero de 2026, la jueza de Catarroja elevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada para que se investigara a Mazón por una posible negligencia grave: su ausencia durante buena parte de la tarde del 29 de octubre de 2024 y el retraso en la coordinación y en el envío del Es-Alert. El 16 de marzo, el TSJCV rechazó la petición por falta de indicios sólidos y objetivos. El 27 de abril confirmó esa decisión por unanimidad, al desestimar los recursos de las acusaciones particulares.
El 3 de junio, la Audiencia Provincial de Valencia estimó el recurso de Mazón y le permitió personarse en la causa de Catarroja: accede al sumario e interviene en las diligencias que afecten a su defensa. El 4 de septiembre, la jueza rechazó sus alegaciones sobre una supuesta investigación prospectiva. Mazón no está imputado y conserva el aforamiento. La instrucción sigue abierta, prorrogada hasta abril de 2027, con los mensajes de WhatsApp del expresident y de su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, entre las diligencias pendientes.
En paralelo, los familiares de las 234 víctimas han remitido una carta a Feijóo en la que le exigen que retire su apoyo a Mazón para que no siga como diputado. La oposición pide lo mismo. La pregunta que sobrevuela el partido es si el PP incluirá al expresident en las listas de 2027 —lo que mantendría su condición de aforado— o si lo dejará fuera y cerrará, de una vez, la etapa.
El Escenario Valenciano
El pacto entre PP y Vox sostiene el Consell, pero no resuelve el problema de fondo del PP valenciano: un president sin congreso, un partido con gestora caducada y un dosier de autoría desconocida circulando por las redacciones. El PSPV y Compromís han entendido el momento y presionan por la vía judicial e institucional ante la Corts Valencianes. La incertidumbre no es solo interna: condiciona la capacidad de negociar con Vox en el parlamento autonómico y la cohesión del grupo popular.
En clave estatal, la DANA dejó de ser un asunto valenciano hace dos años. El PP de Feijóo carga con el coste reputacional de la emergencia más letal en España en más de seis décadas, y la decisión sobre Mazón se lee en Madrid como un test de cómo el partido administra sus crisis territoriales. El debate sobre el sistema nacional de protección civil sigue vivo en el Congreso, y la comparación con otros episodios —la riada de Biescas de 1996, que empujó una reforma de la protección civil española— reaparece cada vez que se discute la coordinación entre administraciones.
El calendario manda. El congreso regional, si se convoca, definiría el liderazgo antes de las autonómicas de 2027. La instrucción de Catarroja tiene prórroga hasta abril de 2027, justo en la antesala de la campaña. Y las familias de las víctimas seguirán preguntando, cada 29 de octubre, qué se hizo aquella tarde. La política valenciana lleva un año esperando una firma que no llega.
Ficha del Caso
- El caso: Un año después de la dimisión de Mazón por la DANA del 29 de octubre de 2024, el PP valenciano no ha cerrado su transición: sin candidato confirmado para 2027 y sin congreso regional autorizado.
- Datos importantes: 234 víctimas mortales; dimisión el 3 de noviembre de 2025; gestora con mandato caducado; el TSJCV rechazó investigar a Mazón en marzo y abril de 2026; instrucción de Catarroja prorrogada hasta abril de 2027.
- Resumen: El liderazgo de Pérez Llorca depende de una confirmación de Génova que no llega, mientras el dosier de Finestrat y el futuro electoral de Mazón condicionan el pulso con Vox y la reconstrucción.
