Adif y Adif-Alta Velocidad han recurrido a modificaciones de contrato declaradas urgentes para absorber sobrecostes en obras de alta velocidad, un atajo administrativo que evita el concurso y limita el escrutinio. La secuencia se repite: surge una incidencia durante la ejecución, el Director de Obra firma una propuesta técnica y un informe de «problema sobrevenido del terreno» —elaborado por la propia Adif— convierte el imprevisto en una modificación urgente. Las adjudicatarias son casi siempre las mismas: filiales de ACS, Acciona, FCC, Ferrovial y Sacyr, además de OHLA.
Los tres casos seleccionados no son los únicos, pero sí los más ilustrativos: se han elegido por el volumen del sobrecoste, por la entidad de las empresas implicadas y porque su rastro documental puede seguirse íntegramente en fuentes públicas. Entre ellos figura el soterramiento ferroviario de Murcia, tramos Estación del Carmen-Barriomar y Nonduermas, adjudicado el 24 de mayo de 2019 a una UTE encabezada por Ferrovial Agromán. Cada ficha recoge la obra, la adjudicataria, el importe y la fecha de la modificación, así como los informes que la sustentan y dónde verificarlos: Plataforma de contratación, BOE y Tribunal de Cuentas.
1Los tres sobrecostes, uno a uno: obra, adjudicataria, importe y fecha de la modificación
El primero de los expedientes es el soterramiento de la red ferroviaria de Murcia, tramos Estación del Carmen-Barriomar y Nonduermas, adjudicado el 24 de mayo de 2019 a la UTE de Ferrovial Agromán y Acciona Construcción por 158,8 millones de euros sin IVA (192,1 con IVA). La Intervención General del Estado contabiliza tres modificaciones de aumento y sostiene que las no sustanciales sumaron 14,5 millones, por encima del umbral de 5,5 millones que obligaba a resolver el contrato, y que al menos 17,3 millones de la descontaminación de suelos de la Estación del Carmen no eran imprevisibles. El segundo es la integración del ferrocarril a su paso por Sant Feliu de Llobregat, licitada por 68,8 millones y adjudicada a Acciona por 51,76. Su primera modificación se aprobó el 15 de julio de 2022: 10,27 millones más y un precio final de 62,03 millones, un 19,83% de subida que el informe califica de contraria a la normativa.
El tercero es la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería en el tramo Pulpí-Vera, en Almería, adjudicada a Acciona por unos 121,2 millones. La modificación se acordó el 31 de julio de 2022 por 24.155.223 euros, el 19,93% del importe de adjudicación. La IGAE sospecha que la cifra se fijó de antemano para no rebasar el 20%: detecta cambios de desglose entre el informe del proyecto y el de la Inspección de Servicios, fechados con días de diferencia, y concluye que es difícil aceptar que la necesidad de modificar derivara de circunstancias sobrevenidas cuando respondía a defectos señalados por el contratista en el replanteo. Ese es el patrón que hace relevante el trío: en los tres casos, la constructora alega defectos del proyecto en el acta previa al inicio de la obra, la modificación se queda milimétricamente por debajo del umbral que exige dictamen del Consejo de Estado y, por tanto, no hay nuevo concurso. El informe, de 2 de marzo de 2026 y remitido al juez Ismael Moreno en la pieza del caso Koldo, examina 11 contratos por 537,2 millones y apunta a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la causa.
