Adif y Adif-Alta Velocidad han recurrido a modificaciones de contrato declaradas urgentes para absorber sobrecostes en obras de alta velocidad, un atajo administrativo que evita el concurso y limita el escrutinio. La secuencia se repite: surge una incidencia durante la ejecución, el Director de Obra firma una propuesta técnica y un informe de «problema sobrevenido del terreno» —elaborado por la propia Adif— convierte el imprevisto en una modificación urgente. Las adjudicatarias son casi siempre las mismas: filiales de ACS, Acciona, FCC, Ferrovial y Sacyr, además de OHLA.
Los tres casos seleccionados no son los únicos, pero sí los más ilustrativos: se han elegido por el volumen del sobrecoste, por la entidad de las empresas implicadas y porque su rastro documental puede seguirse íntegramente en fuentes públicas. Entre ellos figura el soterramiento ferroviario de Murcia, tramos Estación del Carmen-Barriomar y Nonduermas, adjudicado el 24 de mayo de 2019 a una UTE encabezada por Ferrovial Agromán. Cada ficha recoge la obra, la adjudicataria, el importe y la fecha de la modificación, así como los informes que la sustentan y dónde verificarlos: Plataforma de contratación, BOE y Tribunal de Cuentas.
2La secuencia administrativa que evita el concurso: de la incidencia en obra a la modificación ‘urgente’ del contrato
El circuito se activa casi siempre en el mismo punto: la comprobación del replanteo, el acto formal previo al arranque en el que el contratista recorre la traza y deja por escrito sus reservas. De esas observaciones —un terreno que no se corresponde con el del proyecto, servicios afectados, accesos imposibles— nace la propuesta del director de obra, que recaba del órgano de contratación autorización para abrir un expediente de modificación. El pliego de Adif-Alta Velocidad establece que ese expediente se tramitará con carácter de urgencia: redacción y aprobación técnica del modificado, audiencia del contratista y del redactor del proyecto por un plazo mínimo de tres días e informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos si aparecen precios nuevos. Si paralizar los trabajos causaría perjuicios graves, el órgano de contratación puede autorizar la continuación provisional de la obra antes de que el modificado esté aprobado, siempre que el importe previsto no exceda el 20% del precio inicial. Esas unidades se certifican y abonan como pagos a cuenta con los precios de la propuesta técnica.
Ahí está el embudo. Al quedarse por debajo del 20%, la modificación no obliga a pedir dictamen preceptivo al Consejo de Estado ni se convierte en causa de resolución, y el contrato permanece en manos del mismo adjudicatario sin publicidad ni competencia: no hay concurso nuevo, sino una negociación bilateral con el contratista ya instalado en la obra. Los papeles del caso Koldo permiten reconstruir el patrón. La IGAE examinó tres obras de Adif con Acciona, sola o en UTE con Ferrovial: el soterramiento de Barriomar y Nonduermas, en Murcia (31,3 millones añadidos, un 19,72%); el cubrimiento de las vías de Sant Feliu de Llobregat (10,2 millones, un 19,83%); y el tramo Pulpí-Vera del AVE Murcia-Almería (24.155.223 euros, un 19,93%, aprobado el 31 de julio de 2022). En los tres casos, según Hacienda, el modificado se tramitó antes de iniciar los trabajos y a partir de defectos señalados por la empresa en el replanteo, y el organismo sospecha que el importe se fijó de antemano para quedar justo por debajo del umbral. Adif y su expresidenta, Isabel Pardo de Vera, rebaten el informe por basarse en valoraciones retrospectivas.
