Adif y Adif-Alta Velocidad han recurrido a modificaciones de contrato declaradas urgentes para absorber sobrecostes en obras de alta velocidad, un atajo administrativo que evita el concurso y limita el escrutinio. La secuencia se repite: surge una incidencia durante la ejecución, el Director de Obra firma una propuesta técnica y un informe de «problema sobrevenido del terreno» —elaborado por la propia Adif— convierte el imprevisto en una modificación urgente. Las adjudicatarias son casi siempre las mismas: filiales de ACS, Acciona, FCC, Ferrovial y Sacyr, además de OHLA.
Los tres casos seleccionados no son los únicos, pero sí los más ilustrativos: se han elegido por el volumen del sobrecoste, por la entidad de las empresas implicadas y porque su rastro documental puede seguirse íntegramente en fuentes públicas. Entre ellos figura el soterramiento ferroviario de Murcia, tramos Estación del Carmen-Barriomar y Nonduermas, adjudicado el 24 de mayo de 2019 a una UTE encabezada por Ferrovial Agromán. Cada ficha recoge la obra, la adjudicataria, el importe y la fecha de la modificación, así como los informes que la sustentan y dónde verificarlos: Plataforma de contratación, BOE y Tribunal de Cuentas.
3Los informes del ‘problema sobrevenido del terreno’: autoría, fecha y contenido técnico
Los papeles que convierten un terreno en «problema sobrevenido» los firma la propia Adif. El pliego de sus obras de alta velocidad exige una «propuesta técnica motivada» del Director de Obra —un ingeniero de la casa— con el importe aproximado del modificado y la descripción básica de los trabajos añadidos; solo si se introducen precios nuevos entra la Oficina de Supervisión de Proyectos. El trámite se sustancia «con carácter de urgencia», con audiencia al contratista de tres días hábiles, y permite seguir excavando mientras se redacta el proyecto modificado si la parálisis causaría «graves perjuicios» para el interés público, siempre que el incremento no supere el 20% del precio inicial. En los 21 expedientes de 2020-2022 revisados por la UCO, 11 acabaron modificados al alza: 68.094.929,84 euros y un incremento medio del 17,27%, concentrados en 22 empresas, según el informe policial que adelantó El Debate.
El contenido técnico es, para los investigadores, el eslabón más frágil. Los informes achacan el sobrecoste a «supuestos problemas imprevistos del terreno», «ajustes técnicos» o «necesidades de coordinación», sin sondeos, auscultación ni ensayos que sostengan la excepción; las justificaciones son «débiles, repetitivas y, en varios casos, contradictorias», y algunas redacciones están «prácticamente calcadas», un patrón que la UCO lee como indicio de incrementos pactados de antemano. Las resoluciones posteriores ahondan en esa idea: la Audiencia Nacional falló el 27 de octubre de 2025 que el squeezing del túnel de Prado-Porto (Ourense, contrato de 104 millones, UTE de ACS, Torrescámara y Vimac) ya figuraba en la documentación inicial, y el Tribunal de Cuentas avisó en 2014 de que muchas modificaciones del AVE Madrid-Barcelona se amparaban en «causas imprevistas» conocidas antes de licitar. En Murcia, Adif reconoció por escrito «errores, indefiniciones y omisiones del proyecto constructivo» y cargó 36,5 millones (17,6%) sobre el contrato de Ferrovial y Agromán, como recogió La Verdad.
