El 19 de noviembre Colombia se para. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha convocado un paro nacional contra la Ley de Rescate Económico, el paquete fiscal con el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella quiere reordenar impuestos, salud y gasto público. En el centro del cartel, dos nombres españoles: BBVA y Santander.
La convocatoria la anunció Fabio Arias Giraldo, presidente de la central sindical, que llama a movilizarse en plena tramitación legislativa. Su tesis: el texto reparte las cargas al revés. Más peso sobre los hogares. Alivio sobre las empresas.
Vamos por partes, porque el detalle explica por qué una discusión tributaria en Bogotá acaba salpicando a la banca española.
Qué cambia la reforma que ha encendido a la CUT
El proyecto toca el IVA de los alimentos. Productos de la canasta familiar que hoy tributan al 5% o están exentos pasarían a la tarifa general del 19%, la que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para la CUT, es un golpe directo al costo de vida de los hogares con menos ingresos.
También se mueve el aporte a salud: se mantendría en el 4% para quien gana hasta dos salarios mínimos y subiría de forma progresiva hasta el 8% para quienes ingresan entre 20 y 25 salarios mínimos. A eso se suman nuevos tramos en la renta de personas naturales y menos deducciones y rentas exentas.
Un mismo texto rebaja el impuesto a las empresas y sube la factura del súper: el pulso colombiano es, sobre todo, quién paga la fiesta.
En el otro platillo están los alivios, según la lectura sindical: el impuesto de renta empresarial bajaría del 35% al 31% y se eliminaría de forma progresiva el impuesto al patrimonio.
Los aportes a las cajas de compensación familiar caerían del 4% al 3%. Y el punto que más inquieta es otro: el Gobierno pide facultades extraordinarias para reorganizar entidades estatales, lo que la central lee como vía libre a fusiones y privatizaciones, con hasta 700.000 puestos de trabajo en riesgo según la cifra que maneja Arias.
Por qué el foco apunta a BBVA y Santander
Aquí la historia deja de ser solo colombiana. BBVA y Santander figuran entre los grupos financieros con presencia consolidada en el país desde mediados de los noventa, y el sector es beneficiario natural de las dos medidas más discutidas: la rebaja del impuesto de renta y el fin progresivo del impuesto al patrimonio, que grava los patrimonios altos.

Traducido: quien protesta necesita una cara visible a la que señalar, y esa cara habla castellano. En una discusión sobre quién paga impuestos, una entidad extranjera con beneficios locales es el blanco más rentable.
No están solas. Telefónica opera en el país como Movistar y otras compañías españolas mantienen inversiones en energía e infraestructuras. Pero un banco tiene algo que no tiene una teleoperadora: sucursal en cada ciudad, crédito a pymes, hipoteca al vecino. La protesta contra el banco se ve en la calle. La protesta contra el impuesto, no.
Hay un matiz que casi nadie cuenta. La rebaja del 35% al 31% no es un traje a medida de las filiales extranjeras: es la señal clásica con la que un Gobierno intenta atraer inversión en plena sequía fiscal. El problema es de percepción: si la calle lee la reforma como un trasvase de esfuerzo desde los hogares hacia las empresas, la banca española se convierte en el rostro del ajuste aunque no lo haya escrito.
El precedente de 2021 que nadie quiere repetir
Colombia ya ha rodado esta película. En abril de 2021, el Gobierno de Iván Duque presentó una reforma que ampliaba el IVA y alcanzaba la cesta básica. La respuesta fue un estallido social de semanas, con bloqueos de carreteras, y el texto acabó retirado.
La diferencia es el punto de partida. Entonces el malestar llegó con la economía convaleciente de la pandemia; ahora se libra sobre un ajuste fiscal y unas facultades extraordinarias que concentran poder en el Ejecutivo. Y el calendario aprieta: el 19-N cae en plena discusión legislativa, cuando el texto aún puede enmendarse, descarrilar o radicalizarse.
Para las empresas españolas, la lección es de manual. El riesgo país —la probabilidad de que un Estado cambie las reglas a mitad de partido— no se mide solo en tipos de cambio: se mide en la capacidad de una calle enfadada para reescribir la agenda de un Gobierno. Y Colombia no es una plaza cualquiera. Allí la banca, las telecomisiones y la energía españolas han sostenido posición durante tres décadas; un paro que se enquista no se come en un trimestre de resultados, se come en confianza y en inversiones aplazadas.
Lo que toca seguir es concreto. Cuánto respaldo consigue la CUT el 19 de noviembre, si el Congreso suaviza el IVA de los alimentos y si el Ejecutivo mantiene las facultades extraordinarias. Cada movimiento se leerá en Madrid como una señal sobre el valor real de dos filiales con décadas de balance.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: La CUT convoca un paro nacional el 19 de noviembre de 2026 contra la Ley de Rescate Económico, el paquete fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
- Datos importantes: El IVA de la cesta básica pasaría del 5% al 19%, la renta empresarial bajaría del 35% al 31% y el aporte a salud subiría hasta el 8% en los salarios altos.
- Resumen: Es un pulso fiscal con dos bancos españoles como cara visible. España se juega la estabilidad de una plaza histórica para su banca y su imagen empresarial.

