El Tribunal Supremo rechaza la petición de emergencia del Departamento de Justicia para segregar en California los votos de 20.000 ‘probables no ciudadanos’.
La respuesta llegó la noche del lunes, víspera de las legislativas que se votan este martes, en forma de orden de una sola línea, sin firma y sin que consten votos particulares. Y sin pedir a la parte contraria que presentara su réplica.
Una orden de una sola línea: qué ha decidido el Supremo y qué no
El tribunal no ha entrado en el fondo. Ha resuelto por la vía del shadow docket, el canal exprés del Supremo: el procedimiento por el que decide peticiones urgentes sin vista oral y con motivación mínima o nula. El DOJ pedía que los funcionarios electorales de California apartaran físicamente las papeletas de esos 20.000 nombres antes de certificar el escrutinio. El Supremo ha dicho no y ha tardado una línea en decirlo.
California lo ha combatido con el argumento de su fiscal general, el demócrata Rob Bonta: la lista contiene errores y segregar papeletas a partir de ella despojaría del voto a ciudadanos legales. ‘Esta última decisión debería poner fin al intento de la administración de alterar las elecciones de California mediante órdenes judiciales de emergencia’, ha declarado Bonta.
Hasta el Supremo, el camino fue corto. El Noveno Circuito, el tribunal de apelaciones que cubre California y otros ocho estados del Oeste, ya había rechazado la petición urgente del DOJ, y el departamento acudió entonces en en el último escalón del sistema judicial americano. La apelación no entró en el fondo: no había tiempo material para reordenar la administración electoral a menos de 24 horas de la apertura de los colegios.
Cuando el calendario electoral y la revisión judicial chocan, el Supremo americano protege el calendario. Es su jurisprudencia más antigua y la más incómoda.
Quien se ha atribuido el tanto es el gobernador Gavin Newsom. ‘California acaba de lograr una derrota histórica del Supremo contra Donald Trump‘, ha escrito en redes sociales, subrayando que el tribunal rechazó la petición ‘sin siquiera pedir a la otra parte que respondiera: algo inédito’. Ese carácter inédito es afirmación suya y no consta en la orden, que no acompaña explicación alguna. Lo confirmado: ningún voto particular y una respuesta en tiempo récord.
Qué se juega California y por qué se mira desde Madrid
California vota este martes gobernador — el demócrata Xavier Becerra frente al republicano Steve Hilton — y, como el resto del país, decide quién controla el Congreso desde enero de 2027. El estado es fiablemente demócrata en las presidenciales, pero varias contiendas al Congreso se fallan por unos pocos miles de votos.
Lo que se dirime en California y en una docena de distritos más es qué Congreso tendrá Trump en sus dos últimos años. En Madrid eso se traduce en dinero: la estabilidad del marco arancelario pactado entre Bruselas y Washington en 2025 depende de quién controle el Capitolio. Una Cámara hostil puede frenar una escalada de aranceles; también puede negarse a ratificar cualquier alivio. Para el aceite de oliva andaluz, el vino, la aceituna de mesa, y el automóvil — miles de millones de euros de exportación anual — la diferencia es un arancel estable o uno que se revisa cada trimestre.
Las empresas españolas con presencia en Estados Unidos —Inditex y Santander, entre otras— no pierden un contrato porque el Supremo rechace una petición del DOJ. Pero todas leen el mismo indicador: la capacidad de la primera economía mundial de resolver sus disputas institucionales sin romper el calendario electoral.
Hoy ha aguantado.
La Lógica de Washington
El Departamento de Justicia no actuó en el vacío. La tesis que la administración sostiene desde 2025 es que el censo electoral americano arrastra un problema de integridad sin resolver: la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, conocida como ‘motor voter’ (permite registrarse al renovar el carné de conducir), empuja a los estados a actualizar sus listas con más frecuencia de la que muchos cumplen. Sobre ese diagnóstico, la coalición que sostiene a Donald Trump exige que el Gobierno federal pueda auditar los censos y separar los votos de quienes no acreditan ciudadanía. California era el escenario natural de la prueba.
La razón del no tiene menos que ver con el reloj que con el derecho. La doctrina Purcell, fijada por el propio Supremo en 2006, sostiene que los tribunales federales no deben alterar las reglas electorales en las semanas previas a una votación si hay riesgo de confundir al votante. Con los colegios abriendo en horas, reordenar papeletas en el estado más grande del país solo era administrable después del escrutinio. En Washington se cita Bush contra Gore, 2000: allí el Supremo intervino para cerrar un recuento, no para abrirlo. La diferencia entre ambos casos es el calendario, no la ideología.
El calendario manda.
El asunto no está cerrado. El DOJ mantiene abiertas sus investigaciones sobre los censos estatales y la lista de 20.000 nombres sigue en su poder. Cabe esperar nuevas peticiones después del escrutinio, cuando la doctrina Purcell deja de jugar a favor del reloj. El tribunal no ha dicho que el fondo le importe poco; ha dicho que hoy no toca.
Para España, la ventana decisiva no es esta semana sino el 3 de enero de 2027, cuando se constituye el Congreso salido de las urnas. De su composición dependen la revisión del marco arancelario con la UE, el calendario de gasto en defensa que Washington reclama a los aliados de la OTAN y el tono de la relación bilateral. Nada de eso se dirime en un juzgado de California. Todo eso se inclina en unas elecciones que California ayuda a decidir.
Ficha del Caso
- El caso: El DOJ pidió al Supremo que obligara a California a separar las papeletas de 20.000 personas señaladas como ‘probables no ciudadanos’ en vísperas de las legislativas del 3 de noviembre.
- Datos clave: Orden de una sola línea, sin firma y sin votos particulares; el tribunal no solicitó réplica a la parte contraria. El Noveno Circuito ya había denegado la petición urgente. California elige gobernador entre Xavier Becerra y Steve Hilton.
- Para España: Las legislativas determinan el Congreso que se constituye el 3 de enero de 2027 y, con él, el margen del marco arancelario UE-EE. UU. que afecta a las exportaciones españolas.
