El Ayuntamiento de València cifra en 3.500 las plazas de pisos turísticos dadas de baja desde mayo y estudia su reversión a vivienda.
De apartamento turístico a vivienda: el giro que el Consistorio dice estar notando
El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, trasladó ese balance a la Federación de Asociaciones Vecinales de València en la última reunión de la Mesa de Diálogo sobre Vivienda. Habló de «muchas consultas de información» y de «solicitudes firmes de reversión» de apartamentos que un día fueron turísticos y que sus propietarios quieren devolver al uso residencial. La web municipal lo recoge en una nota posterior. Lo que no aparece es el dato que de verdad importa: cuántas de esas peticiones se han cerrado.
La inspección sí tiene números. El Consistorio habla de más de un millar de órdenes de cese de actividad desde 2023 y de 1,6 millones de euros en multas desde marzo de 2025. Son cifras que el gobierno municipal de María José Catalá presenta como prueba de que el mercado empieza a moverse y de que la presión inspectora empuja a los dueños a elegir entre legalizar el apartamento o pasarlo al alquiler de larga duración.
El otro bloque de datos es el de obra nueva. En los últimos tres años el Ayuntamiento ha autorizado licencias de nueva planta para 5.561 viviendas, de las que 1.369 son de protección pública, un 58% más que en la legislatura anterior. La VPP (vivienda de protección pública, la figura que limita el precio de venta y de alquiler frente al mercado libre) sigue siendo, aun así, una de cada cuatro de esas licencias. La proporción importa: el resto sale a precio de mercado.
Al otro lado de la mesa, la presidenta vecinal María José Broseta puso el acento en lo que no se construye. La federación sostiene que más de diez PAI previstos en la ciudad no alcanzan el 10% de vivienda protegida accesible y que los criterios aplicados priman la edificación de lujo. Citan el suelo del viejo Mestalla y la promoción de alquiler que se levanta en Tres Forques, uno de los distritos con renta más baja. Los PAI (Programa de Actuación Integrada, la figura urbanística valenciana que ordena el desarrollo de un sector) son, en su lectura, la prueba de que el planeamiento no reparte.
El Consistorio cuenta consultas y los vecinos cuentan listas de espera. Entre las dos cifras vive la emergencia habitacional de València.
La otra cara de la mesa: acampada, jóvenes y un parque público que no llega
La protesta sigue en la plaza. La Acampada de València cumple un mes frente al Ayuntamiento sin intención de recoger y denuncia hostigamiento, identificaciones de participantes por agentes de la Policía Local en las inmediaciones de sus domicilios y amenazas que, dicen, no van a cambiar la lucha. El derecho a una vivienda digna es hoy la pancarta más larga de la ciudad.
Esta semana hay otra cita. El Consell Valencià de la Joventut presenta este miércoles el Observatori d’Emancipació Juvenil de la Comunitat Valenciana, acompañado de un análisis comparado de política de vivienda entre territorios. El tema no es casual: la emancipación de los jóvenes valencianos depende hoy menos del contrato de trabajo que del recibo del alquiler , y ese recibo lo firman el mercado, la norma autonómica y la licencia municipal.
El Escenario Valenciano
En València la vivienda se decide en dos plantas administrativas. El Ayuntamiento de Catalá firma licencias, inspecciona y sanciona; la Generalitat Valenciana sostiene el parque público y la política de VPP. Son dos gobiernos del PP —municipal y autonómico— con el mismo color y distinto margen, y sobre ambos planea idéntica pregunta: cuánto suelo público se reserva. El Consell de Pérez Llorca, con Vox en el ejecutivo, afronta el mismo cuello de botella con un presupuesto de vivienda que la oposición considera corto.
El pulso no es solo valenciano. Barcelona y Málaga llevan años cerrando apartamentos turísticos sin haber resuelto el precio del alquiler; los gobiernos de Canarias y Baleares chocaron con el mismo muro. En Madrid, el Congreso de los Diputados debate desde hace legislaturas cómo declarar zonas tensionadas y cómo obligar a las plataformas a compartir datos. Bruselas añadió una pieza: el reglamento europeo de alquileres de corta duración exige registrar cada vivienda con un número único para que los ayuntamientos puedan cruzar información con las plataformas. Sin registro no hay inspección posible, y sin inspección la baja de plazas se queda en anuncio.
En las Corts, la vivienda se ha convertido en el eje recurrente de la sesión de control: PSPV y Compromís miden cada presupuesto autonómico por las viviendas protegidas que salen del papel. Mientras, el calendario municipal aprieta. El informe del Consell Valencià de la Joventut se presenta este miércoles, la Mesa de Diálogo sobre Vivienda volverá a reunirse en las próximas semanas y sigue pendiente la cifra exacta de reversiones cerradas. El plazo de seis meses que Catalá anunció a comienzos de año para reconvertir los apartamentos irregulares se agotó ya en el calendario. Lo que falta no es un anuncio: es un registro público.
Ficha del Caso
- El caso: El Ayuntamiento de València, gobernado por el PP, sostiene que la presión inspectora sobre los apartamentos turísticos irregulares empuja a sus dueños a reconvertirlos en vivienda habitual.
- Datos importantes: 3.500 plazas dadas de baja desde mayo; más de 1.000 órdenes de cese desde 2023; 1,6 millones de euros en multas desde marzo de 2025; 5.561 licencias de obra nueva en tres años, de ellas 1.369 de VPP (+58%).
- Resumen: El Consistorio no publica cuántas reversiones se han cerrado, la federación vecinal reclama más vivienda protegida y la acampada por el alquiler cumple un mes en la plaza del Ayuntamiento.
