Los presupuestos de Extremadura de PP y Vox eliminan la ecotasa eléctrica y multiplican por doce las ayudas a la caza. Las cuentas para 2027 renuncian a 177,9 millones hasta 2029 y elevan el apoyo a los cotos de 50.000 a 600.000 euros.
El proyecto que la Junta de Extremadura, presidida por María Guardiola, tramita en la Asamblea diseña una rebaja fiscal progresiva sobre las propietarias de la central nuclear de Almaraz: Iberdrola, Endesa y Naturgy. El calendario arranca en 2027 con un descuento del 30% que restará 28,1 millones de ingresos y culmina en 2029 con la bonificación total del tributo. En paralelo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, en manos de Vox, eleva de 50.000 a 600.000 euros la partida de infraestructuras cinegéticas.
Qué propone el presupuesto de PP y Vox y con qué argumentos
La ecotasa autonómica, un tributo ambiental que grava la actividad de generación y que ha aportado en torno a cien millones anuales a las arcas regionales, desaparece por fases. El argumentario que sostiene el grupo parlamentario es conocido: la Comunidad soporta ya la fiscalidad energética que diseña el Gobierno central y sumar un tributo propio penaliza la continuidad de la central nuclear de Almaraz, que sostiene empleo industrial en el Campo Arañuelo y en el norte de Cáceres. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, defendió en el debate parlamentario que la rebaja responde a la presión fiscal estatal sobre las compañías.
Las ayudas al sector cinegético pasan de 50.000 a 600.000 euros en un solo ejercicio. Según detalló el secretario general de Agricultura, José María Guerrero, en la Asamblea de Extremadura, el montante se reparte a partes iguales: 300.000 euros para los titulares de cotos privados y otros 300.000 para las sociedades locales de cazadores. La lectura de Vox es de gestión: el sector sostiene empleo en el medio rural, ordena las poblaciones de ungulados, reduce los daños a la agricultura y colabora en la prevención de enfermedades animales.
El respaldo a la tauromaquia y a las sociedades locales de cazadores completa el mapa de prioridades de las cuentas. La partida cinegética se multiplica por doce en un ejercicio en el que la Consejería de Agricultura asume el discurso de la contención. La elección, en todo caso, es política.
El presupuesto no oculta sus prioridades: menos impuesto energético, más apoyo al mundo rural y un ajuste selectivo en las estructuras que la Junta considera duplicadas.
El impacto: quién pierde ingresos y quién lo critica
La oposición carga contra la renuncia fiscal. La portavoz socialista Isabel Gil Rosiña ha llevado el debate al terreno de la ironía en la Cámara autonómica: ‘Madre mía, tomarán trankimacín para dormir los que ganan 10.000 millones de euros al año’. Su tesis es que la Junta se alinea con las grandes compañías mientras la región pierde capacidad para financiar los servicios públicos.
Los balances del sector no dibujan, sin embargo, la vulnerabilidad que la oposición atribuye a las eléctricas: las grandes energéticas españolas acumulan más de 15.600 millones de beneficio conjunto en los nueve primeros meses de 2026. El debate llega a la Cámara con Unidas por Extremadura habiendo registrado una enmienda a la totalidad, el instrumento con el que se rechaza un proyecto de presupuestos en bloque y se devuelve al Ejecutivo. La iniciativa no tiene recorrido aritmético: PP y Vox suman mayoría absoluta en la Asamblea y la tramitación seguirá hasta el dictamen en comisión.
El ajuste tiene otra cara. El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) pasa de 763.380 a 392.635 euros, y su partida de gastos corrientes cae de 352.703 a 28.300 euros, un 92% menos. La Junta justifica la supresión de los fondos para estudios sobre la realidad juvenil en la necesidad de evitar duplicidades con otros departamentos. El organismo conserva, eso sí, la mitad de su presupuesto global.
La lectura estratégica: fiscalidad propia y perfil propio ante el PP
Extremadura entra en el club de comunidades que utilizan la fiscalidad propia como seña de identidad política. Madrid y Andalucía llevan años compitiendo en ese terreno y la región extremeña lo hace ahora con un tributo que grava la generación nuclear. El movimiento tiene además un valor interno para Vox: la Consejería de Agricultura es su principal escaparate de gestión y la actividad cinegética, una bandera que el partido ha enarbolado en toda España.
El precedente pesa. La ruptura de los gobiernos de coalición en julio de 2024 y la reconstrucción posterior del acuerdo dejaron una regla no escrita: Vox negocia consejerías con capacidad real de decisión y no como comparsa. Un presupuesto que rebaja impuestos a las eléctricas y multiplica las ayudas al sector cinegético es la prueba práctica de ese criterio. Al PP le permite exhibir política fiscal; a Vox, política de territorio.
Queda el flanco que la oposición explotará hasta la votación final. La comunidad renuncia a 178 millones de ingresos y el PSOE exige mantener el tributo, pero no consta que haya detallado qué gasto recortaría para compensar esa recaudación ni cómo evitaría la pérdida de competitividad de Almaraz. La tramitación continúa en la Asamblea de Extremadura, con el dictamen en comisión y el debate final en el Pleno como próximas estaciones antes de que las cuentas entren en vigor el 1 de enero de 2027.
