EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El DOJ (el Departamento de Justicia de EE. UU.) anunció el lunes imputaciones contra 63 personas en 15 estados por votación ilegal, registro fraudulento y falsas declaraciones de ciudadanía.
- ¿Quién está detrás? El fiscal general Todd Blanche, que sitúa las acusaciones dentro de la prioridad de integridad electoral del segundo mandato de Donald Trump. Desde enero de 2025 suman 239 imputados.
- ¿Qué impacto tiene? Llega la víspera del voto y el mismo día en que el Tribunal Supremo rechazó apartar 20.000 papeletas en California. El Congreso que salga de las urnas marcará los tiempos de los aranceles y del gasto en defensa que afectan a España.
El DOJ ha imputado a 63 personas en 15 estados por delitos electorales la víspera de las legislativas que se celebran hoy en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia anunció el lunes las acusaciones: votación ilegal, registro fraudulento y falsas declaraciones de ciudadanía. Cuatro de los imputados son inmigrantes irregulares; en el resto de los casos el departamento no ha precisado el estatus migratorio, de modo que podrían residir legalmente en el país sin ser elegibles para votar.
Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el DOJ acumula 239 imputados por delitos relacionados con el voto. Solo en las últimas nueve semanas ha acusado a 195 no ciudadanos repartidos por 25 estados, siempre según sus propios recuentos.
Quiénes son los 63 imputados y qué se les atribuye
Los estados afectados son Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Texas, Tennessee, Nueva Jersey, Wisconsin, Nueva York, Utah, Misuri, Nevada, Nuevo México, California, Arkansas, y Pensilvania. El patrón que describe la acusación es heterogéneo: hay registros que se remontan a 2000 y votantes que se inscribieron y emitieron su papeleta el mismo día.
En varios casos, los imputados sabían que no eran ciudadanos estadounidenses cuando se registraron, sostiene el departamento. El comunicado no detalla cuántos de los 63 llegaron a emitir un voto válido ni en qué elecciones.
El fiscal general Todd Blanche enmarcó las acusaciones en una doctrina: ‘Estos extranjeros supuestamente se aprovecharon de la confianza del pueblo americano y desafiaron las leyes que gobiernan las elecciones de nuestra nación’. Añadió que el departamento ‘seguirá investigando y procesando el fraude electoral para restaurar la confianza en nuestro sistema electoral’.
En Estados Unidos, la integridad del censo electoral dejó de ser un debate entre abogados hace una década: hoy es una cuestión de primer orden político.
El pulso con California: el Supremo responde en horas
Ese mismo lunes, el DOJ presentó una petición de emergencia ante el Tribunal Supremo para intervenir en su disputa con California por más de 20.000 votantes registrados que la administración identifica como presuntos no ciudadanos. La respuesta llegó horas después: los jueces la rechazaron sin votos particulares y dejaron en pie las decisiones de los tribunales inferiores.
El departamento sostiene que la ciudadanía debe verificarse antes de contar esas papeletas y pidió apartarlas. California responde que la lista federal contiene errores sustanciales y que retirar esos votos dejaría sin sufragio a ciudadanos con derecho a él.
Washington no pide permiso.
La secuencia importa. Primero las imputaciones, después el intento de apartar papeletas en el estado más poblado del país. La coincidencia con la jornada electoral no es un detalle menor, y desde el departamento se presenta como el resultado de una investigación en curso.
La Lógica de Washington
Para entender el movimiento hay que mirar atrás. Durante casi medio siglo, el control del censo se gestionó con una herramienta administrativa: la Sección 5 de la Ley del Derecho al Voto de 1965, que obligaba a ciertos estados y condados —sobre todo del sur— a pedir autorización federal antes de cambiar cualquier norma electoral. Ese mecanismo, el preclearance, cayó en 2013 con la sentencia Shelby County contra Holder. Desde entonces el departamento no tiene vía preventiva: le queda la penal.
La lógica responde a un problema que la administración considera estructural: 195 no ciudadanos imputados en nueve semanas y una desconfianza sostenida del electorado republicano hacia los censos que gestionan los estados. El precedente más útil no es Reagan ni Nixon, sino la ley HAVA de 2002, aprobada con consenso bipartidista tras el recuento de Florida de 2000: cuando la legitimidad del voto se pone en duda, Washington ha respondido con legislación, dinero federal y estándares comunes. La diferencia de 2026 es el instrumento. En lugar de una ley, una batería de acusaciones.
El manual ha cambiado.
Para España el asunto no es ajeno. La composición del Congreso que salga de las urnas determina la velocidad con la que se negocian los asuntos que tocan de lleno al interés español: la revisión de aranceles, el gasto en defensa que reclama la OTAN y el calendario regulatorio de la tecnología. Santander e Iberdrola trabajan en un mercado donde la mayoría legislativa cambia cada dos años.
Hay además un ángulo consular. Cualquier depuración de censos basada en bases de datos de ciudadanía afecta a población naturalizada, y ahí entran los españoles que obtuvieron la nacionalidad estadounidense y que, por un cruce de datos defectuoso, podrían aparecer como no ciudadanos. Es el tipo de fallo que un sistema electoral tarda meses en corregir.
La proyección tiene dos ventanas. La primera, esta semana: el resultado decidirá si el DOJ mantiene el ritmo de imputaciones o si la Cámara abre una investigación sobre los criterios de verificación. La segunda, en enero, cuando se constituya el nuevo Congreso y se conozca la composición del comité judicial, el órgano con potestad para citar al fiscal general.
Las urnas responderán antes que los tribunales.
Ficha del Caso
- El caso: El DOJ imputa a 63 personas en 15 estados por votación ilegal, registro fraudulento y falsas declaraciones de ciudadanía, la víspera de las legislativas.
- Datos clave: 239 imputados desde enero de 2025; 195 no ciudadanos en 25 estados en nueve semanas; cuatro acusados son inmigrantes irregulares; más de 20.000 votantes en disputa en California.
- Para España: el resultado electoral condiciona el calendario de aranceles, defensa y regulación tecnológica que afecta a las empresas españolas en EE. UU.
