La Abogacía del Estado se opone a ampliar la suspensión del voto CERA y avala a 189.678 descendientes de nacionalizados para el 29N.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que rechace ampliar la suspensión del voto a los hijos de nacionalizados por la ley de nietos.
- ¿Quién está detrás? El escrito se firma en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; la ampliación la habían solicitado Vox e Iustitia Europa.
- ¿Qué impacto tiene? Afecta a 189.678 inscritos en consulados y al escrutinio del 29N, con un peso decisivo en Galicia, donde el censo exterior cierra escaños ajustados.
El escrito: 189.678 nombres que no están en ninguna lista
El escrito de alegaciones, conocido este martes, muestra la oposición de la Abogacía a las medidas cautelares pedidas por Vox e Iustitia Europa, por «no resultar conformes y ajustadas a derecho». El organismo actúa en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que, «con carácter previo», emplaze a los terceros afectados.
El argumento central es el sufragio. Los servicios jurídicos del Estado sostienen que la ampliación produciría una «afectación notoria» e «indubitada» sobre el derecho fundamental al sufragio activo de quienes quedarían excluidos. Y añaden que incidiría «de modo notorio y directo» en el proceso electoral en curso, que quedaría condicionado por la «inseguridad e indeterminación» de la medida.
El escrito pone cifra al colectivo: 189.678 personas, según las inscripciones practicadas en las oficinas consulares al amparo de la Ley de Memoria Democrática, la norma que articula la conocida como ley de nietos. La Abogacía subraya que la relación nominal que se interesa no existe y que exigiría cruzar esa lista con quienes adquirieron la nacionalidad sin certificación consular, un encaje que no consta en ningún registro disponible.
De fondo late un conflicto ya abierto. El Supremo había suspendido cautelarmente el voto de los nacionalizados que no acreditaran el exilio de sus descendientes; ahora los recurrentes pretenden extender esa paralización a los hijos de quienes ya obtuvieron la nacionalidad. La Abogacía responde que la petición es «en sí misma indeterminada y de imposible cumplimiento» y recuerda el «extraordinario esfuerzo» consular, materialmente incompatible con los recursos disponibles en apenas unas semanas.
En Galicia el voto de la diáspora no es un trámite: es el margen con el que se han ganado y perdido escaños durante décadas.
Galicia entra aquí de lleno. Es la comunidad con más residentes españoles en el exterior, según el Padrón de Españoles Residentes en el Exterior que publica el INE, y buena parte de los solicitantes de la ley de nietos desciende de la emigración gallega a Argentina, Cuba, Uruguay, Brasil y Venezuela. En no pocos municipios de Ourense y Lugo, el censo de ausentes supera al de residentes presentes.
Galicia y el voto CERA del 29N: un censo que decide escaños ajustados
El voto CERA llega días después del escrutinio general y ha inclinado actas por márgenes de unos cientos de papeletas. Con 189.678 personas en juego en el conjunto de España, la porción que corresponda a Galicia puede mover un escaño. La competencia es estatal: la reforma que suprimió el voto rogado en 2022 se decidió en el Congreso, y en el Parlamento de Galicia no hay margen legislativo sobre el censo exterior.
El BNG fue una de las fuerzas que con más insistencia reclamó aquel cambio; el PSdeG lo respaldó. Ninguno de los dos ha convertido el incidente cautelar en arma de debate autonómico, y la gestión diaria del fenómeno corresponde a la Secretaría Xeral da Emigración, dependiente de la Xunta de Galicia.
El PPdeG afronta el 29N con mayorías absolutas consecutivas desde 2009 y con Alfonso Rueda en la presidencia de la Xunta, pero el escenario que ahora cuenta es otro: unos comicios generales en los que el censo exterior se reparte por provincias y el recuento llega tarde.
El Laboratorio Gallego
El mapa gallego no se mueve por este incidente, pero lo condiciona. El PPdeG gobierna con mayoría absoluta desde 2009 y el BNG es primera fuerza de la oposición desde febrero de 2024; el PSdeG ocupa el tercer lugar. Ninguno de los tres controla el calendario del censo exterior: la competencia es estatal y la decisión, judicial.
La lectura nacional es doble. Alberto Núñez Feijóo concurre al 29N con el modelo gallego como referencia y con un electorado exterior que en Galicia tiene tradición y estructura. Y el Gobierno, a través de la Abogacía, ha optado por defender la celebración sin recortes de censo: traslada al Supremo el coste político de cualquier exclusión.
Queda la proyección. Si la Sala rechaza la ampliación, el escrutinio del 29N se hará con el censo actual. Si la acepta, el recuento de ausentes quedará partido en dos categorías y el resultado podría acabar judicializado. El plazo es de semanas, y las papeletas ya están en circulación.
Ficha del Caso
- El caso: Vox e Iustitia Europa piden al Supremo extender a los hijos de nacionalizados la suspensión del voto que ya pesa sobre quienes no acreditan el exilio de sus descendientes.
- Datos importantes: 189.678 afectados según las inscripciones consulares de la Ley de Memoria Democrática; elecciones generales el 29 de noviembre; la Abogacía del Estado pide emplazar a los terceros antes de resolver.
- Resumen: El Gobierno se opone a la ampliación por el riesgo sobre el sufragio activo y sobre el escrutinio. En Galicia, comunidad con mayor censo exterior, la decisión judicial llega con las papeletas en camino.
