EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación el diseño, instalación y mantenimiento de un sistema de videovigilancia inteligente con analítica de vídeo e IA durante cuatro años.
- ¿Quién está detrás? El Consistorio de la capital aragonesa, que ya opera 44 cámaras y ha anunciado su intención de llegar a casi 200 dispositivos.
- ¿Qué impacto tiene? El plazo para presentar ofertas termina el 24 de noviembre; el despliegue se extendería de 2027 a 2030 y afectará a barrios con problemas de vandalismo y seguridad.
El Ayuntamiento de Zaragoza saca a licitación 3,66 millones para instalar cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial en cuatro años.
Qué compra exactamente el Consistorio por 3,66 millones
El contrato cubre el diseño, la instalación, y el mantenimiento de un sistema de videovigilancia inteligente en el término municipal de Zaragoza, según el anuncio publicado por el Ayuntamiento. No se trata de comprar cámaras sueltas y colgarlas de una farola: se trata de montar una red con analítica de vídeo, es decir, software que procesa las imágenes y detecta patrones —aglomeraciones, merodeos, objetos abandonados— sin que nadie tenga que estar mirando pantallas a todas horas.
La cifra que figura en el anuncio de licitación es de 3.664.800 euros. El resumen municipal que acompaña al expediente maneja otra cifra: 3.554.254 euros, IVA incluido. La diferencia ronda los 110.000 euros y no aparece desglosada en la documentación difundida, así que conviene manejarla con prudencia hasta que se publique el detalle del contrato. El plan es a cuatro años y arranca desde la fase más básica, el diseño. El Consistorio admite que la licitación puede adjudicarse a una o a varias empresas, y el plazo para presentar ofertas se cierra el 24 de noviembre.
El objetivo declarado es aumentar la seguridad ciudadana, prevenir delitos y conductas antisociales y acelerar la respuesta ante emergencias. La analítica también servirá, según el expediente, para la gestión urbana: contar flujos, dimensionar servicios, decidir con datos. Todo ello, subraya el Ayuntamiento, bajo la normativa de protección de datos y derechos fundamentales.
Cámaras que nadie mira en directo
Hoy Zaragoza tiene 44 cámaras en servicio. En octubre, el Ayuntamiento hizo oficial que esa cifra se elevará hasta casi 200 dispositivos, y esta licitación es la palanca para llegar allí. Las grabaciones no se visionan en directo: se almacenan y solo se facilitan a la Policía o a la autoridad judicial cuando se reclaman para una actuación concreta.
Zaragoza pasa de 44 a casi 200 cámaras: la pregunta ya no es si la ciudad estará más vigilada, sino quién decide qué se mira y qué no.
La aritmética ayuda a dimensionar el salto. Con cerca de 700.000 habitantes según el INE y 44 dispositivos, hay una cámara por cada 15.900 vecinos. Con casi 200, la proporción bajaría a una por cada 3.500. El despliegue irá por barrios, empezando por los que ya tienen dispositivos activos: Delicias estrenó los suyos para frenar el vandalismo y el Consistorio quiere extender la cobertura al resto de la ciudad.
Aquí no llega la cámara.
El Pulso Territorial
Zaragoza no decide en el vacío. El PP gobierna el Ayuntamiento con Natalia Chueca al frente desde 2023 y comparte color político con el ejecutivo autonómico de Jorge Azcón, que desde julio de 2024 administra Aragón en solitario tras la salida de Vox del gobierno de coalición. Sin mayoría absoluta en las Cortes de Aragón —el parlamento unicameral de 67 escaños—, el ejecutivo negocia cada iniciativa con PAR y CHA, y ese equilibrio condiciona también el relato sobre seguridad: el PSOE aragonés reclama desde hace meses un plan integral de seguridad ciudadana y sostiene que las cámaras no sustituyen a los agentes. La oposición no discute la licitación. Discute para qué sirve.
La dimensión regional pesa. Zaragoza es el quinto municipio de España por población y el más poblado de las comunidades que cubrimos, de modo que lo que aquí se adjudica suele marcar tendencia en Murcia, Valladolid o Palma. El riesgo está en otro sitio: la analítica de vídeo abre un debate jurídico que en España sigue sin cerrarse del todo —qué se puede inferir de una imagen y durante cuánto tiempo se conserva— y el expediente remite a la normativa sin detallar los protocolos concretos.
Con el plazo cerrado el 24 de noviembre, la adjudicación podría resolverse a comienzos de 2027 y el despliegue se extendería hasta 2030, con las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en medio del calendario. Quien firme el contrato no será quien lo inaugure.
Ficha Autonómica
- El caso: Zaragoza licita una red de videovigilancia inteligente con IA que debe llevar la ciudad de 44 a casi 200 cámaras en cuatro años.
- Datos importantes: 3.664.800 euros en el anuncio de licitación frente a los 3.554.254 euros del resumen municipal con IVA incluido; plazo de ofertas hasta el 24 de noviembre; contrato de cuatro años con posibilidad de varios adjudicatarios.
- Resumen: El expediente está en fase de licitación y sin adjudicar. La siguiente parada es la apertura de ofertas y, después, el despliegue por barrios entre 2027 y 2030.
