EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha presentado a la Comisión Mixta de Afectados el borrador de la futura Ley del Litoral, el texto que debe ordenar los núcleos costeros tradicionales del Archipiélago.
- ¿Quién está detrás? La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, dirigida por Antonio Acosta, y los colectivos vecinales integrados en la comisión.
- ¿Qué impacto tiene? Abre el estudio de vías de legalización para viviendas en dominio público y anuncia un censo de asentamientos que hoy no existe.
El Gobierno de Canarias presenta a los afectados por la Ley de Costas el borrador de la Ley del Litoral.
Un borrador que reconoce lo que la Ley de Costas dejó sin resolver
La cita se produjo en el marco de una nueva reunión de la Comisión Mixta de Afectados, el foro donde se sientan colectivos vecinales y Administración autonómica. Allí, el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, desplegó las tres líneas del documento: ordenación de los núcleos, mejora de los servicios públicos y estudio de vías para la legalización. Ninguna de las tres es un trámite menor.
El punto de partida es una norma estatal de hace casi cuatro décadas. La Ley de Costas declaró dominio público marítimo-terrestre la franja litoral y, con ello, miles de viviendas levantadas antes de 1988 quedaron atrapadas en un limbo administrativo que nadie ha resuelto. Acosta lo resumió con una frase que los vecinos llevan años repitiendo en voz baja: “Hay que valorar cada uno de los núcleos y conocer en qué situación se encuentran. Nuestro objetivo es conservarlos y protegerlos, teniendo siempre presente que detrás de cada vivienda hay personas y familias”.
No es un problema de papel. Es agua corriente, alcantarillado, acceso rodado y licencias que no llegan. Aquí no se discute urbanismo: se discute si se puede vivir. Y en esa frontera la Comunidad Autónoma choca con un límite que no puede saltarse por decreto, porque el dominio público marítimo-terrestre es competencia estatal. Cualquier legalización que impulse el Parlamento de Canarias —la cámara autonómica, con 70 escaños— tendrá que encajar en el marco de Madrid o quedará en papel mojado.
El censo que aún no existe: cuántos núcleos y cuántos vecinos hay en el litoral
Y aquí aparece el dato que descoloca. Nadie sabe cuántos son. Ni cuántos núcleos hay, ni cuántas viviendas están habitadas, ni cuántas personas viven bajo la sombra de la normativa de Costas. La propia Dirección General reconoce que no existe un registro completo. De ahí el censo que prepara junto a Grafcan (la empresa pública cartográfica del Archipiélago), con una nueva encomienda específica prevista para ampliar la identificación de los asentamientos.
Canarias lleva décadas sabiendo que sus núcleos costeros existen. Lo que nunca ha tenido es la lista que diga cuántos son y quién vive en ellos.
El censo medirá las características de cada enclave, el estado de las viviendas, y su relación con el dominio público y las zonas de servidumbre. Acosta pidió participación vecinal: “Queremos que este borrador sea participativo, que la gente lo lea y que pueda aportar ideas que podamos incorporar”. El calendario sigue sin fecha cerrada.
El Pulso Territorial
Canarias gobierna en coalición. Coalición Canaria y el PP sostienen un ejecutivo que afronta su último tramo de legislatura con la mirada puesta en las elecciones autonómicas previstas para 2027.
La Ley del Litoral es, en ese mapa, una pieza de doble filo: contenta a los vecinos históricos de la costa, pero exige pactar con el Estado y admite pocos atajos. El presidente Fernando Clavijo hereda un expediente que lleva años abierto y que ninguna legislatura ha cerrado. Será su Gobierno quien decida si el censo se convierte en la base de una ley con efectos reales o en un inventario más.
Tampoco es una rareza canaria. Otras comunidades costeras del arco que cubrimos, como Baleares y Cantabria, arrastran debates parecidos sobre suelo urbano dentro del dominio público. La diferencia aquí es la escala: ocho islas, 88 municipios y un litoral repartido en enclaves dispersos donde llevar servicios cuesta el triple que en tierra firme. El precedente inmediato es la reforma estatal de 2013, que amplió las concesiones hasta 75 años sin resolver el fondo del problema.
Lo que viene es un recorrido largo: cerrar el censo, incorporar alegaciones, elevar el texto al Consejo de Gobierno y tramitarlo en el Parlamento de Canarias. El riesgo es evidente: que la ley llegue cuando parte de esos núcleos ya haya perdido servicios y población. Los vecinos llevan años esperando. Y el mar no espera.
Ficha Autonómica
- El caso: El Ejecutivo canario ha presentado a la Comisión Mixta de Afectados el borrador de la Ley del Litoral, llamada a ordenar los núcleos costeros tradicionales y a estudiar su legalización.
- Datos importantes: No existe un censo oficial de asentamientos ni de residentes afectados por la normativa de Costas; se elabora con Grafcan. La legalización depende del marco estatal del dominio público marítimo-terrestre. El Parlamento de Canarias tiene 70 escaños.
- Resumen: El borrador abre un proceso participativo sin calendario cerrado. Queda por ver cuántos núcleos y vecinos entran en el censo y cómo encaja la futura ley en la normativa estatal.
