Pepa Millán planta a Óscar Puente en el Congreso y le exige responder ante un tribunal por las 116 víctimas de Urda. La portavoz del GPVOX ha abandonado este martes la comparecencia del ministro de Transportes después de preguntarle si ‘puede conciliar el sueño con 116 muertes a sus espaldas’.
El gesto no ha sido improvisado. Millán ha acudido a la cita con el argumentario cerrado y lo ha desplegado punto por punto: las palabras del propio ministro, la filtración de audios tras el siniestro, los fondos europeos, la factura del mantenimiento y el destino del dinero público. Cuando ha terminado de enumerarlos, ha recogido sus papeles y ha dejado la sala. La escena resume el pulso que el partido mantiene con el Ministerio desde hace meses.
Qué le exige Vox al ministro y con qué argumentos
El primer eje es la contradicción. Millán ha recordado que Puente sostuvo que ‘el tren en España vive el mejor momento de su historia’ y le ha devuelto la frase a la cara: ‘¿Usted puede conciliar el sueño con 116 muertes a sus espaldas?’. No es una pregunta suelta. Es el marco de toda la intervención y la queja de fondo: un responsable político que presume de gestión mientras se acumulan expedientes sin depurar.
Hay un segundo eje: la gestión de la crisis. La portavoz ha señalado que lo primero que hizo el Gobierno tras el siniestro —’que no accidente’— fue, a su juicio, filtrar unos audios ‘de manera ilegal’ para culpar a unos trabajadores de la responsabilidad del ministerio. Sobre esa sospecha Vox construye su lectura política del caso y su exigencia de que se depuren responsabilidades hacia arriba.
Y un tercer eje, el de los números. Millán ha preguntado dónde están los 160.000 millones de euros que la Unión Europea destinó al mantenimiento de la red ferroviaria y ha contrapuesto esa cifra con la orden que prorrogó ‘un sistema obsoleto’ para ahorrar 37 millones de euros. A eso ha sumado los 1.500 millones de euros entregados a Marruecos, Egipto y Uzbekistán para modernizar sus redes ‘mientras la nuestra se cae a pedazos’.
Queda el destino del gasto. ‘¿Dónde están los impuestos de los españoles? Porque ustedes gastan menos que nadie en mantenimiento’, ha insistido, antes de citar también los contratos para rastrear lo que publicaban los medios de comunicación. La dirección del partido acompaña esa crítica con la evolución de las cuentas del departamento: casi 4.000 millones de euros menos de inversión en dos años mientras el gasto público estatal crecía un 14 %.
La conclusión ha sido una declaración de intenciones. ‘No queremos más muertes, no queremos más mentiras y no queremos más traiciones’, ha dicho Millán, antes de comprometer que Vox hará ‘lo imposible’ para que el ministro pague ‘ante un tribunal por cada una de las 116 muertes’.
Vox no reclama una disculpa política: reclama un banquillo. Esa es la distancia entre una interpelación al uso y una exigencia de responsabilidad penal.
Qué recorrido tiene la exigencia de responsabilidad penal
La exigencia no tiene traducción parlamentaria inmediata. El Congreso de los Diputados no puede condenar a nadie ni abrir un proceso penal: esa potestad corresponde a los tribunales. Lo que sí puede hacer el GPVOX, con 33 diputados y como tercera fuerza de la Cámara, es sostener el foco sobre el Ministerio en cada comparecencia, en cada sesión de control y en cada PNL (Proposición No de Ley, un instrumento para fijar la posición de la Cámara sin valor normativo directo) que registre al respecto.
Ahí aparece el límite. Sin el concurso del PP, cualquier iniciativa contra el ministro se queda en el terreno del gesto y del desgaste mediático. Los populares tienen la llave aritmética de la Cámara y, hasta ahora, no han situado la gestión ferroviaria entre sus prioridades de confrontación con el Ejecutivo. Vox trabaja ese flanco: si el PP no acompaña, la presión se queda en el terreno público; si acompaña, el Gobierno pierde el escudo parlamentario.
Por qué Vox ha elegido Urda como bandera
Desde la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP en el verano de 2023, cada movimiento de Vox en la Cámara se lee también en clave de presión por la derecha. Urda encaja en ese patrón mejor que casi cualquier otro asunto: combina víctimas, dinero público y una gestión del relato que el partido considera fallida. Y deja al PP en una posición incómoda, obligado a elegir entre la defensa institucional del Ministerio y la solidaridad con las familias.
La contradicción que Vox subraya tiene un dato incómodo para el Ejecutivo: 37 millones de ahorro en un sistema obsoleto, por un lado, y 1.500 millones para redes ajenas, por otro. Con ese par de cifras construye el partido su discurso para los próximos meses, con la vista puesta en el calendario electoral y en la próxima sesión de control. La pregunta que queda abierta es si el Congreso convierte las 116 muertes de Urda en un asunto de Estado o si, de nuevo, se queda en el titular de una tarde.
