Santiago Abascal ha exigido este martes a UGT y CCOO que desconvoquen la huelga general del 11 de noviembre. Y ha añadido una advertencia: Vox ‘tomará nota’ del papel de las centrales si el próximo 29 de noviembre se abre un cambio de ciclo político.
El presidente de Vox trasladó esa exigencia durante una entrevista en El Programa de AR, en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que calificó la convocatoria de ‘auténtico despropósito político’. Su tesis es que ‘no tiene ningún sentido hacer una huelga general contra la oposición’. Para el dirigente, el paro no apunta al Gobierno de Pedro Sánchez, sino a quienes ejercen de alternativa.
Qué exige Vox a las centrales y con qué argumentos
El argumentario del partido se apoya en un precedente que Abascal subrayó: la exministra de Hacienda María Jesús Montero reconoció que las protestas por el problema de la vivienda iban dirigidas contra las fuerzas opositoras y no contra el poder ejecutivo. Sobre esa base, reclamó a las cúpulas sindicales ‘un mínimo de vergüenza’ para frenar una movilización netamente partidista. A su juicio, es inadmisible que las organizaciones de clase actúen como arietes gubernamentales para blindar al poder frente a la alternativa ciudadana.
La segunda pata de la propuesta es económica. El líder de Vox insistió en la necesidad de suprimir las subvenciones públicas a unas entidades que define como ‘de corte marxista y comunista’, y remarcó que ambas plataformas ‘responden a cuestiones ideológicas y no a los intereses de los trabajadores’. Frente al monopolio institucional de las centrales tradicionales, recordó que el tejido laboral cuenta con otras opciones representativas en la función pública y en el sector privado, y puso en valor el sindicato Solidaridad, impulsado por su formación.
En la misma dirección se pronunció la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, que calificó a UGT y CCOO de organizaciones ‘paniaguadas’ y satélites del PSOE. Millán contrapuso la huelga ideológica con las reivindicaciones legítimas de los maquinistas ferroviarios tras el siniestro de Urda y recordó que las autonomías donde gobierna su partido ya aplican recortes severos a la financiación pública de los sindicatos.
La huelga del 11-N deja de ser una protesta laboral y se convierte en un test político: cada central elige bando antes de que los españoles voten.
El presidente de Vox fue más allá al anticipar el escenario posterior a las urnas. Alertó de que la izquierda y sus terminales afines recurrirán a la intimidación en la calle si los españoles optan por una mayoría alternativa. ‘No tengo ninguna duda de que si los españoles quieren un cambio, esos que han estado sirviendo al Gobierno con su silencio le servirán también con la intimidación y con la presión en las calles’, subrayó, vinculando esa estrategia a los disturbios registrados contra actos públicos de su partido durante la campaña.
El recorrido de la exigencia y el pulso con el PP
A falta de una respuesta pública de las centrales, la convocatoria sigue en pie y se ha convertido en el primer examen político de un calendario que desemboca en las generales del 29 de noviembre. En ese tablero, el GPVOX, tercera fuerza del Congreso, comparece sin la carga de defender una gestión de gobierno: solo tiene que fijar posición ante quienes, según su lectura, sostienen al Ejecutivo y financian su relato con dinero público.
El otro flanco que Abascal abrió en la entrevista fue el PP. Si hay Gobierno de coalición tras el 29-N, exigirá auditorías completas para esclarecer la situación financiera real y los datos migratorios, y avisó a los populares de que no tolerará pactos de silencio: ‘No puede haber un gobierno que por la paz política o por la paz entre partidos mire hacia otro lado’. Para el dirigente, el Ejecutivo de Sánchez debe afrontar todas sus responsabilidades penales y políticas, sin fórmulas de apaciguamiento ni ‘pelillos a la mar’.
La estrategia de Vox: de la calle a las urnas
La exigencia a UGT y CCOO encaja en una línea de trabajo que el partido viene desplegando desde hace meses: trasladar al terreno sindical la misma lógica con la que ya ha tensionado al PP en inmigración, fiscalidad o política del agua. Vox no pide a las centrales que rectifiquen su ideario, sino que se retraten ante una convocatoria que, según su análisis, sirve al Gobierno. Es el mismo movimiento que ha aplicado en las autonomías donde gobierna, donde ha recortado la financiación pública a los sindicatos y ha abierto la puerta a modelos alternativos de representación.
El precedente inmediato está en la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP y en la estrategia de presión por la derecha que Vox mantiene desde entonces. Ahí reside también el riesgo: si la huelga se celebra con respaldo ciudadano, el partido tendrá que explicar por qué la calificó de despropósito. La lectura que hacemos es que, si se desconvoca, el rédito será para quien puso la exigencia encima de la mesa antes de que las urnas hablen. Vox tiene por delante dos hitos: el 11 de noviembre en la calle y el 29 de noviembre en las urnas.
