Expertos del Consejo de Europa han alertado del uso en España de plataformas de alquiler de pisos turísticos para ejercer la trata de personas durante la pandemia de la Covid-19. Así lo indican en un informe en el que advierten de que la crisis del coronavirus está empeorando la trata de personas en toda Europa.
«En España, los perpetradores utilizan cada vez más plataformas digitales, como Airbnb, para alquilar apartamentos donde tiene lugar la explotación sexual, lo que reduce la capacidad de las fuerzas del orden para detectar a las víctimas», avisan en el último informe anual del Grupo de Expertos en Acción contra la Trata de Personas del Consejo de Europa (GRETA).
En todo caso, también ponen de relieve la actuación del Ministerio de Igualdad español a la hora de mantener en funcionamiento durante la pandemia las estructuras de apoyo a las víctimas de trata.
«En España, el Ministerio de Igualdad adoptó un Plan de Contingencia contra la violencia de género por la crisis de la Covid-19, con medidas específicas que garantizan la protección de los derechos de las víctimas de explotación sexual y trata con fines sexuales, así como la prestación de servicios y recursos para atender sus necesidades específicas», destacan.
En general, los expertos del Consejo de Europa indican en su informe que la pandemia ha tenido un «impacto preocupante» en la trata de personas en toda Europa pues ha hecho que las víctimas sean «aún más vulnerables.
«Las ONG de primera línea han informado de retrasos en la identificación formal de personas como víctimas de la trata, lo que afecta gravemente a su acceso a un alojamiento seguro, atención médica y el apoyo que tanto necesitan, al tiempo que las pone en riesgo de sufrir más abusos», ha explicado la presidenta de GRETA, Helga Gayer.
Según ha precisado, «los traficantes han aprovechado al máximo la situación, explotando la precaria situación financiera de muchas de sus víctimas». Además, ha alertado de que «la escasez de recursos y las demoras en el sistema de justicia están obstaculizando los esfuerzos para hacer que los traficantes rindan cuentas y brindar justicia e indemnización a sus víctimas».
El décimo informe general de GRETA proporciona una descripción detallada de sus actividades desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, incluye una sección dedicada al impacto de Covid-19 en la lucha contra la trata y otra sobre la identificación de las víctimas entre los solicitantes de asilo.
En el informe, GRETA pide nuevamente a la Federación Rusa que ratifique la convención, que ya ha sido ratificada por los otros 46 estados miembros del Consejo de Europa, así como por Bielorrusia, que no es miembro. Israel expresó formalmente su interés en adherirse a la convención en agosto de 2020.
EL CASO DE ALEMANIA TRAS EL CIERRE DE BURDELES
Además del caso de España, el documento se refiere a la situación de otros países donde la pandemia ha afectado a las medidas para atacar la trata de personas, como Alemania donde, «tras la decisión de cerrar temporalmente burdeles, ha habido un aumento de la prostitución oculta, acompañada de más condiciones de explotación y violencia».
Mientras, en Malta, el informe precisa que, después de que se detectaran los primeros casos de Covid-19 entre los solicitantes de asilo, se cerraron todos los centros de recepción de asilo y de detención de inmigrantes, «lo que impidió que el ACNUR y las ONG visitaran y brindaran información y asistencia legal».
Entre los buenos ejemplos de respuesta de los gobiernos, además del caso de España, citan en el documento el de Italia, donde el Departamento de Igualdad de Oportunidades decidió posponer la emisión de una nueva convocatoria de propuestas de proyectos de asistencia a las víctimas y dispuso una extensión de todos los proyectos hasta el 31 de diciembre de 2020; o el DE Reino Unido, donde los proveedores de servicios indicaron que había continuado el acceso a refugios y servicios, con un aumento del apoyo virtual.
Si bien, los expertos señalan que también hay informes sobre «obstaculización a servicios, como refugio y atención médica, lo que aumenta la probabilidad de volver a traumatizar o revictimizar»; y advierten, además, de que la pandemia ha provocado, en particular, una interrupción de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas proporcionados por las ONG.
VÍCTIMAS DE TRATA ENTRE SOLICITANTES DE ASILO
Por otro lado, el informe de GRETA detecta un número cada vez mayor de casos de identificación de víctimas de trata entre solicitantes de asilo. En Noruega, según la Dirección de Inmigración (UDI), 98 solicitantes de protección internacional fueron identificados como presuntas víctimas de trata en 2016-2019; en Suiza, según la Secretaría de Estado de Migración (SEM), se detectaron 289 entre 2014-2017.
Además, varios países informaron a GRETA de que las víctimas de la trata eran reconocidas como refugiadas u obtenían algún otro tipo de protección internacional.
En concreto, el informe señala que en Austria, ha aumentado el número de víctimas a las que se ha concedido asilo, en su mayoría mujeres nigerianas, por motivos de pertenencia a un determinado grupo social; en Chipre, en el período 2015-2020, se concedió el estatuto de refugiado a 12 personas por ser víctimas de la trata; y en Noruega, entre 2016 y 2019, 55 presuntas víctimas de trata recibieron permisos de residencia en el procedimiento de protección internacional, de las que 36 fueron reconocidas como refugiadas.
«Es fundamental para la seguridad de los solicitantes de asilo vulnerables que aquellos que han sido víctimas de trata sean identificados de manera eficaz y se les proporcione el apoyo, la asistencia y la protección a los que tienen derecho en virtud de la convención contra la trata del Consejo de Europa», ha señalado la presidenta de GRETA.
