El Gobierno de Pedro Sánchez aguarda con expectación la declaración judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, prevista para el próximo 2 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. En Moncloa confían en que las explicaciones del exlíder socialista contrarresten los indicios y despejen las dudas sobre su presunta implicación en una trama de tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
La comparecencia, en calidad de imputado, llega tras meses de investigación. Fuentes gubernamentales consultadas por Moncloa.com admiten que el auto del juez Calama es «serio» y está «muy motivado», pero recuerdan que aún no existen pruebas concluyentes. «No sabemos lo que hay detrás», admite un ministro, reflejando la inquietud en el Ejecutivo ante un sumario que aún puede deparar sorpresas.
Por qué Moncloa sigue con lupa la declaración del 2 de junio
La fecha clave es el 2 de junio. Zapatero no solo es un expresidente del Gobierno; es un referente histórico del socialismo español y un activo en la memoria del partido. Su imputación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental ha puesto a Ferraz 70 en una situación delicada. La dirección federal, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha optado por un respaldo firme pero cauto.
El presidente publicó un vídeo el día de su imputación negando los hechos, y desde entonces el Gobierno y el PSOE han asumido su defensa pública. «Reivindicamos su legado, pensamos que es inocente y una persona honorable, y le seguiremos respaldando hasta que aparezcan pruebas en su contra», resumen fuentes del Grupo Parlamentario Socialista. La línea roja, pues, es la existencia de evidencia sólida.
El contraste con otros frentes judiciales: del ‘lawfare’ a la cautela estratégica
La estrategia de Moncloa ante este caso difiere radicalmente de la adoptada en otras causas que afectan al entorno familiar del presidente. Frente a la investigación a Begoña Gómez o a David Sánchez, el Gobierno ha denunciado «una aberración jurídica» y ha hablado de lawfare sin ambages. Con Zapatero, en cambio, la prudencia se impone. «El auto está bien trabado; no se puede meter en el mismo saco que las querellas del juez Peinado», reconocen en círculos monclovitas.
Esta doble vara refleja la gravedad de los indicios. El juez Calama describe una «estructura societaria y financiera internacional» diseñada para canalizar fondos ilícitos y estima que el expresidente obtuvo dos millones de euros en comisiones. Además, le sitúa en la «cúspide» de una trama que, presuntamente, influyó en el rescate público de Plus Ultra por 53 millones de euros concedido por la SEPI.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz se ha instalado un clima de contención. La dirección del partido cierra filas con Zapatero, pero evita gestos de euforia. El propio Emiliano García-Page, barón crítico y presidente de Castilla-La Mancha, ha guardado silencio, una actitud que fuentes socialistas interpretan como un respaldo tácito a la línea de prudencia. El PSC de Salvador Illa tampoco se ha desmarcado. La cohesión territorial parece asegurada mientras no aparezcan pruebas incriminatorias.
El caso tiene un impacto reputacional difícil de medir. Para un partido que se presenta como adalid de la regeneración democrática, ver a un expresidente bajo la lupa judicial por corrupción golpea en la línea de flotación. Sin embargo, en Moncloa se afanan en señalar que el informe de la UDEF que sustenta la imputación no ha sido aún examinado en profundidad por la defensa, y que la declaración del 2 de junio será la primera oportunidad de Zapatero para dar su versión ante el juez. La experiencia histórica muestra que el PSOE ha sabido resistir otras tormentas judiciales: en los años noventa, casos como Filesa o los GAL pusieron contra las cuerdas al felipismo, pero la respuesta institucional y la firmeza del partido permitieron sortear el trance. Hoy el contexto es distinto, pero la receta de no precipitarse se repite.
El respaldo al expresidente es firme, pero los mimbres jurídicos del auto obligan a la prudencia.
En el plano social, la noticia ha generado un coro de críticas de la oposición. El PP y Vox exigen explicaciones y vinculan el rescate de Plus Ultra con supuestas connivencias del Ejecutivo. Desde el GPS del Congreso, la portavoz adjunta ya ha anticipado que se remitirán a la audiencia judicial y que no aceptarán «juicios paralelos». «Resulta paradójico que quienes piden respeto por las investigaciones cuando afectan a su partido, ahora condenen antes de que el juez se pronuncie», replican.
La declaración de Zapatero en el Senado el pasado 2 de marzo —que puede consultarse en el diario de sesiones— ya marcó la línea de defensa: niega cualquier relación con el rescate y asegura que nunca habló del asunto con Pedro Sánchez ni con ningún miembro del Gobierno. El juez Calama, sin embargo, considera que la influencia de Zapatero fue «predominante» en el logro del rescate. El próximo 2 de junio, el careo en la Audiencia Nacional podría confrontar versiones.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Respaldo institucional al legado de Zapatero y defensa de la presunción de inocencia frente a acusaciones aún no probadas.
- Protagonista: José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE).
- Próximo hito: Declaración judicial el 2 de junio ante el juez Calama en la Audiencia Nacional.
