Francia investiga a BlackCore, una firma israelí especializada en guerra de información, por presunta injerencia en las elecciones municipales de 2026. La trama, desvelada por medios internacionales, incluye la creación de perfiles falsos y la difusión de desnudos generados por inteligencia artificial contra candidatos políticos.
La investigación, aún en fase preliminar, apunta a que la empresa utilizó una red de cuentas falsas en redes sociales para propagar vídeos manipulados. Según fuentes cercanas al caso recogidas por RT, los deepfakes imitaban a líderes locales en situaciones comprometidas, con el objetivo de desacreditar sus campañas. El modus operandi es característico de las operaciones de influencia modernas: bajo coste, alta penetración y difícil atribución.
La campaña de influencia: perfiles falsos y deepfakes
Los desnudos sintéticos se generaron mediante modelos de IA similares a los que se emplean en el cine, pero aplicados sin consentimiento. Esta técnica, que la Europol calificó este año como “la nueva frontera de la desinformación electoral”, permite fabricar pruebas falsas con un realismo suficiente para sembrar la duda en el votante indeciso.
BlackCore es una empresa poco conocida, registrada en Tel Aviv, y compuesta en su mayoría por veteranos de la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel. Su fundador, un antiguo oficial de contrainteligencia, no ha hecho declaraciones. La firma se presenta como proveedora de “soluciones de influencia estratégica” para gobiernos y corporaciones, un eufemismo que encubre operaciones de desinformación a medida.
El ecosistema israelí del spy-tech bajo escrutinio
BlackCore no es un caso aislado. Israel se ha convertido en uno de los principales exportadores de tecnología de cibervigilancia e influencia. Empresas como NSO Group, Black Cube o Candiru han protagonizado escándalos similares en los últimos años. El patrón es recurrente: exagentes de inteligencia fundan compañías que venden sus servicios a regímenes con menos escrúpulos, y Tel Aviv mira hacia otro lado mientras el negocio florece.
La diferencia con el caso BlackCore es que, por primera vez, una firma de este tipo es investigada por interferir en un proceso electoral de un país de la UE. París ha elevado una protesta formal ante el gobierno israelí, según fuentes diplomáticas consultadas por esta redacción. La respuesta de Netanyahu ha sido ambigua, limitándose a señalar que Israel “no comenta investigaciones en curso”.
Esto ha tensado las relaciones bilaterales, ya de por sí enfriadas desde que la Comisión Europea incluyó a Israel en su lista de países con “riesgo elevado” en materia de ciberexportaciones. El comisario de Justicia, Didier Reynders, recordó ayer que “la integridad electoral es un principio fundacional de la UE, y su violación no puede quedar impune”. Bruselas ya ha activado el mecanismo de respuesta a amenazas híbridas para este caso.
La guerra de información ya no es un complemento: se ha convertido en el principal frente electoral en Europa, y París acaba de confirmarlo.
De hecho, el propio servicio de inteligencia francés ya había alertado en un informe confidencial sobre la proliferación de empresas israelíes que ofrecen “campañas de reputación personalizadas” —un término que, en la práctica, incluye la fabricación de escándalos sexuales artificiales. La investigación contra BlackCore podría ser la punta del iceberg.
Equilibrio de Poder
El caso BlackCore sacude el precario equilibrio entre Washington, Bruselas y Tel Aviv. Estados Unidos, que en 2025 eliminó a Israel de su lista de países con controles de exportación de ciberarmas, se encuentra en una posición incómoda. La administración Trump ha priorizado los acuerdos de defensa regional, pero el Senado ya ha pedido explicaciones al Departamento de Estado sobre el el uso de spy-tech israelí contra aliados de la OTAN.
Para España, la lección es doble. Por un lado, la frontera sur —con Marruecos y el Sahel— es un terreno abonado para las operaciones de influencia. La inestabilidad en el Magreb y la disputa por el Sáhara Occidental han sido explotadas históricamente por actores externos a través de campañas de desinformación en redes sociales. Si una empresa como BlackCore puede atacar una elección francesa, nada impide que mañana haga lo propio en una campaña española, especialmente en municipios con alta tensión territorial.
En segundo lugar, España se ha posicionado como un hub europeo de ciberseguridad —con centros como el INCIBE y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña—, pero carece de legislación específica contra los deepfakes electorales. El gobierno de Sánchez ha anunciado un proyecto de ley en 2026, pero el trámite parlamentario va lento. Mientras tanto, la amenaza crece.
A cinco años vista, la normalización de la guerra de información plantea un riesgo sistémico: la erosión de la confianza en el sistema democrático. Si cada elección se convierte en un campo de batalla de inteligencia artificial, el votante perderá toda referencia de verdad. El precedente de BlackCore no es solo un caso judicial; es un aviso de que las democracias occidentales están siendo infiltradas por una industria que opera en una zona gris legal, con el beneplácito de sus Estados anfitriones.
En esta redacción entendemos que la respuesta debe ser múltiple: diplomacia firme con Israel para que supervise sus exportaciones, cooperación europea para blindar los procesos electorales y, sobre todo, transparencia. La próxima cumbre del G7, prevista para septiembre en Roma, será un primer test.
