El absentismo laboral se ha convertido en una auténtica sangría para la economía española, alcanzando cifras que obligan a una intervención urgente. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, ha lanzado un mensaje contundente durante su intervención en Telecinco: es imprescindible que Gobierno, comunidades autónomas y agentes sociales cierren filas para acordar medidas que frenen el absentismo fraudulento. El objetivo, según Bravo, es claro y doble: “Tenemos que proteger a los que trabajan y a los que están enfermos”, evitando que un uso indebido del sistema termine perjudicando la viabilidad de las empresas y la equidad entre los trabajadores.
La situación, lejos de mejorar, ha experimentado un crecimiento exponencial en el último lustro. Mientras que en 2018 el coste derivado de estas ausencias para las arcas públicas y las empresas se situaba en unos alarmantes 14.000 millones de euros, las proyecciones para el año 2025 disparan esta cifra hasta los 33.000 millones de euros. Este volumen económico equivale, ni más ni menos, a la mitad del presupuesto destinado a Educación en todo el país o al presupuesto íntegro de la Comunidad de Madrid. Ante estos números, Bravo insiste en que la gravedad del asunto exige una “reflexión” profunda y una respuesta coordinada que no admita más dilaciones.
Inacción gubernamental y el peso del fraude en el sistema
El vicesecretario de Hacienda ha reprochado al Ejecutivo central su falta de determinación, recordando que el propio Gobierno identificó el absentismo en 2024 como un problema crítico para la estabilidad económica nacional. A pesar de los anuncios sobre la creación de mesas de trabajo, observatorios y el desarrollo de un real decreto específico para atajar esta lacra, la realidad se impone: la inacción ha sido la tónica dominante. Juan Bravo advierte que “obviar que también hay una parte de fraude, es no querer ver la realidad”, una postura que, a su juicio, impide aplicar soluciones efectivas que diferencien entre la patología real y el uso ilegítimo de las bajas médicas.
Para el dirigente popular, no se debe caer en la trampa de cuestionar a la inmensa mayoría de la plantilla. De hecho, ha recordado que “tres de cada cuatro trabajadores no faltó ni un solo día a trabajar”, subrayando que el sistema debe proteger precisamente a este colectivo cumplidor y a quienes sufren dolencias legítimas. No obstante, los datos estadísticos son irrefutables y apuntan a una concentración anómala de las bajas: el 50% de la totalidad de las ausencias están focalizadas en apenas un 10% de los trabajadores, un hecho que, según Bravo, evidencia “desequilibrios” sobre los que es necesario actuar con firmeza y transparencia administrativa.
El modelo de gestión como clave para la recuperación
Ante este escenario, Juan Bravo propone importar experiencias de éxito que ya han demostrado su eficacia en la gestión de recursos humanos. Como ejemplo, destaca la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de Correos, donde se logró reducir el absentismo a la mitad mediante acuerdos dialogados y consensuados con la representación sindical. “Ese modelo puede extenderse al conjunto del país”, asegura el vicesecretario, quien aboga por un enfoque constructivo que combine la interoperabilidad de las bases de datos para realizar un seguimiento médico más preciso con la posibilidad de impulsar una reincorporación parcial y progresiva.
Esta fórmula de regreso al puesto, “conforme a lo que vaya diciendo el médico”, facilitaría la recuperación del empleado sin desvincularlo totalmente de su actividad profesional. Además, la propuesta popular pone el foco en las lesiones musculoesqueléticas, las más comunes en el entorno laboral. Bravo propone priorizar los tratamientos para estas dolencias, lo que permitiría acelerar la recuperación de los afectados y aliviaría el “sobresfuerzo en su día a día” que deben asumir los compañeros que cubren las vacantes generadas por las ausencias prolongadas.
Un acuerdo complementario entre protección y control
El Partido Popular insiste en que el propósito de esta ofensiva no es, bajo ningún concepto, generar confrontación entre trabajadores y empresas, sino fortalecer el diálogo social necesario para construir un marco de convivencia laboral más robusto. La obligación de cualquier administración responsable es “dar la mejor respuesta a aquel que enferma”, una premisa que rechaza cualquier planteamiento que pueda perjudicar a quienes realmente precisan de una incapacidad temporal para sanar.
En conclusión, el enfoque del equipo de Feijóo se basa en la convicción de que la lucha contra el fraude y la protección social son pilares que “no son incompatibles”, sino complementarios. Solo mediante una gestión eficiente que identifique las causas reales de la siniestralidad y el absentismo, España podrá mitigar un coste insostenible que actualmente lastra la competitividad del tejido productivo nacional. El reto está servido: convertir el consenso en un escudo real contra los abusos, sin perder la empatía con quienes atraviesan un proceso de enfermedad real.
