EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la primera ley de municipios turísticos del archipiélago, con 63 votos a favor y 3 abstenciones (Vox).
- ¿Quién está detrás? La norma fue impulsada por trece ayuntamientos, asumida por la Fecam (Federación Canaria de Municipios) y tramitada a iniciativa municipal, con el respaldo unánime del resto de grupos.
- ¿Qué impacto tiene? Por primera vez se reconoce el sobreesfuerzo en servicios públicos de los ayuntamientos turísticos y se les da un régimen jurídico propio, con dos categorías (excelencia y singularidad) que conllevan obligaciones y ventajas concretas.
El Parlamento de Canarias ha dado este miércoles un paso que muchos alcaldes llevaban décadas esperando. Con 63 votos a favor y solo las tres abstenciones de Vox, la cámara autonómica aprobó la primera ley de municipios turísticos del archipiélago, una norma que reconoce legalmente lo que los ayuntamientos con alta presión turística viven a diario: que prestan servicios públicos a una población flotante muy superior a la empadronada.
La ley salda una deuda de 33 años con los ayuntamientos canarios y crea un régimen jurídico específico que, hasta ahora, no existía. La iniciativa no nació en un despacho del Gobierno regional, sino que fue impulsada por trece municipios y asumida después por el conjunto de los consistorios a través de la Fecam (la Federación Canaria de Municipios). Es la primera norma tramitada en la comunidad autónoma a iniciativa legislativa municipal.
Dos categorías para medir el peso real del turismo
La norma establece dos figuras: municipio turístico de excelencia y municipio turístico de singularidad. Para obtener la primera, los ayuntamientos deberán acreditar dos de tres requisitos: que su población turística anual sea al menos cinco veces superior a la empadronada, contar con un mínimo de 4.000 plazas de alojamiento turístico, o disponer de plazas hoteleras de cinco estrellas que representen al menos el 10% de la población empadronada. Además, la actividad turística debe suponer más del 15% de la economía municipal.
Las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro —las llamadas islas verdes— y los municipios considerados de reto demográfico tienen un umbral más bajo: les basta con que la población turística triplique la empadronada, que las plazas alojativas lleguen a 2.000 o que existan establecimientos de cuatro estrellas, incluso en municipios limítrofes. Para la categoría de singularidad, se exige acreditar al menos dos recursos de interés turístico singular y que la actividad turística supere el 5% de la economía local; en las islas verdes y zonas con problemas de despoblación, basta con un recurso.
Canarias legaliza lo que sus alcaldes llevan décadas viviendo: que un municipio con 20.000 vecinos empadronados puede tener que prestar servicios a 100.000 personas cada día.
La declaración corresponderá al Gobierno de Canarias mediante decreto, a solicitud del ayuntamiento interesado y previo acuerdo plenario por mayoría absoluta. Tendrá vigencia indefinida, salvo que se pierdan los requisitos, se incumplan las obligaciones de forma reiterada o el propio consistorio renuncie expresamente.
Más obligaciones, más visibilidad
Los municipios que obtengan la catalogación podrán usar la denominación oficial, incorporarse a los programas autonómicos e insulares de promoción y participar en los órganos consultivos turísticos. Pero también asumirán compromisos concretos: desde adaptar sus ordenanzas y aprobar instrumentos de planificación turística hasta reforzar la limpieza en zonas de uso turístico, la vigilancia ambiental, el socorrismo en playas, la información turística accesible y la actualización de portales web. No es solo un sello: es un contrato de servicio público más exigente.
Los ayuntamientos turísticos deberán cumplir con con una serie de obligaciones que, en la práctica, les obligarán a destinar más recursos a infraestructuras y personal. La consejera de Turismo, Jéssica de León, no estuvo presente en la sesión parlamentaria —se encontraba de vacaciones—, pero la unanimidad lograda subraya que el texto final ha sido capaz de integrar las sensibilidades de casi todos los grupos.
El Pulso Territorial
El archipiélago canario está gobernado por una coalición que encabeza Coalición Canaria junto al PP, con el apoyo externo de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI). La ley sale adelante con el respaldo de toda la oposición salvo Vox, que se abstuvo al considerar que faltaba una ficha financiera y que contenía referencias climáticas y de género ajenas al turismo. Este consenso tan amplio es poco frecuente en una cámara de 70 escaños donde las fuerzas nacionalistas, el PP y el PSOE suelen competir por el relato del modelo económico.
Comparada con otras comunidades, Canarias se suma ahora a un grupo reducido de territorios —como Baleares— que intentan reconocer normativamente la huella del turismo sobre los servicios municipales, aunque en las islas se ha optado por un modelo de doble categoría que permite distinguir entre destinos masivos y municipios que apuestan por un turismo más singular. Un precedente histórico: ya en 1993, varios alcaldes canarios reclamaron un estatuto específico. Han tenido que pasar 33 años y varias crisis turísticas para que el Parlamento diera luz verde. Lo que viene ahora es la publicación de la ley en el Boletín Oficial de Canarias y la posterior convocatoria de las primeras solicitudes de declaración, que los ayuntamientos deberán presentar en los próximos meses. La verdadera prueba será comprobar si el reconocimiento jurídico se traduce en más financiación o se queda en un gesto simbólico.
Ficha Autonómica
- El caso: El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la primera ley de municipios turísticos del archipiélago, una iniciativa municipal que crea un régimen jurídico para los ayuntamientos con alta presión de visitantes.
- Datos importantes: 63 votos a favor, 3 abstenciones (Vox). Dos categorías: excelencia y singularidad. Umbrales específicos para las islas verdes y los municipios de reto demográfico. Vigencia indefinida una vez concedida la declaración.
- Resumen: La nueva norma reconoce el sobreesfuerzo en servicios públicos y obliga a los ayuntamientos a cumplir más exigencias, a cambio de mayor visibilidad y participación en políticas turísticas. La declaración se hará por decreto del Gobierno de Canarias.
