El Gobierno regional de Madrid ha tachado de ‘carta de pago al independentismo’ el nuevo modelo de financiación que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez y exige su retirada inmediata. La advertencia la lanzó este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, apenas dos días después de que el ministro de Hacienda, Arcadi España, confirmara la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo 29 de julio.
Un modelo «que ya fue rechazado» y una mayoría que no cuadra
García Martín recordó que el mismo esquema de financiación ya fue rechazado por las comunidades autónomas en su día y acusó al Ejecutivo central de reabrir un debate, el de los déficits asimétricos, «simplemente para beneficiar a Cataluña». El portavoz del Gobierno regional insistió en que Pedro Sánchez «no quiere llegar a un acuerdo» multilateral, sino que busca pagar la factura que le presentan los partidos independentistas para mantenerse en la Moncloa.
Además, el consejero arremetió contra la ausencia de presupuestos generales del Estado desde hace años. A su juicio, el documento presentado por Hacienda no es un proyecto de cuentas realista, sino «un programa electoral pagado por todos los españoles» —elaborado, dijo, a sabiendas de que no saldrá adelante en el Congreso—.
El déficit ya escondido que asfixia a las comunidades
El reparto del objetivo de déficit es el ejemplo más tangible de la asimetría que denuncia Madrid. Según los datos que maneja el Gobierno autonómico, el Estado se reservó el 95 % del límite de déficit, dejando a las comunidades el 5 % restante y obligándolas a «apretarse el cinturón». García Martín subrayó que el baile de cifras llega después de que el Ejecutivo central haya condonado parte de la deuda a Cataluña en foros anteriores, lo que, en su opinión, demuestra que el trato preferente ya opera de facto.
Mientras, en la Puerta del Sol advierten que el debate del CPFF llega sin que se hayan aclarado las bases técnicas del nuevo modelo. Fuentes de la Consejería consultadas por Merca2.es señalan que la Comunidad se plantea no acudir a la reunión si el orden del día se mantiene en los términos actuales, aunque la decisión final está pendiente de la comunicación oficial del Ministerio, y podría endurecerse si Sánchez insiste en el formato actual.
“Sin presupuestos ni mayoría, el Gobierno intenta comprar tiempo con un sistema de financiación que ya nació muerto en 2021.”
La ofensiva de Madrid es un eco de la discordia que ya se vivió en 2021, cuando el intento de imponer una armonización fiscal —el llamado «impuesto a los ricos»— desató una cascada de recursos judiciales. Entonces, como ahora, la Comunidad defendió su autonomía fiscal y su modelo de baja presión tributaria. La diferencia, apuntan desde la Consejería, es que en aquella ocasión el debate no afectaba directamente a la cesta de servicios públicos; ahora sí.
En la práctica, cualquier vuelco en el reparto de la financiación se traduce en menos dinero para la sanidad, la educación o el transporte que usan a diario los 6,8 millones de madrileños. La Comunidad de Madrid es la mayor economía regional de España, contribuye más de lo que recibe y, según los últimos cálculos del Instituto de Estudios Fiscales, el actual sistema la penaliza en cerca de 1.200 millones de euros anuales respecto a un reparto por población ajustada. Si el nuevo modelo profundiza esa brecha, los barrios del sur o del este —los que más dependen de los servicios públicos— serán los primeros en notarlo.
Por qué este pulso va más allá de un rifirrafe partidista
Cuando en Barcelona se discute un concierto económico similar al vasco, Madrid observa con recelo. No es la primera vez que la capital teme un desvío de recursos: en 2012, la entonces presidenta Esperanza Aguirre ya hablaba de «agravio» con el cupo catalán, y en 2018, Ángel Garrido llevó el asunto a la Asamblea. Ahora, con un Gobierno sin mayoría y dependiente de ERC y Junts, la cautela se convierte en alarma.
En esta redacción entendemos que la bronca entre administraciones no debería ocultar lo esencial: cualquier decisión sobre financiación afecta a la cola del centro de salud de Vallecas, al autobús que espera un vecino de Móstoles o a la ratio de las aulas de Alcorcón. Si el CPFF del 29 se convierte en un monólogo del Gobierno central, la pérdida de confianza entre regiones puede ser más cara que la propia reforma.
La Comunidad de Madrid mantiene por ahora el pulso. El 29 de julio está marcado en rojo y, si no hay giro de guion, Madrid podría ausentarse del consejo. Sería la primera vez desde 2010 que una comunidad de su peso planta a Hacienda en un foro así. Y eso, en términos de gobernanza, sí que sería una noticia de verdad.
