El Parlament ha dado este miércoles un primer paso para prohibir la compra especulativa de viviendas en zonas de mercado tensionado. La cámara ha aprobado tramitar por lectura única la proposición de ley de los Comuns, con los votos a favor del PSC, ERC y la CUP. Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.
La iniciativa modifica la Ley de urbanismo para permitir a los ayuntamientos restringir, a través del planeamiento urbanístico, las operaciones de compra de pisos con finalidades especulativas en aquellas zonas donde los precios de la vivienda están disparados. La fórmula elegida —tramitación por urgencia— acorta los plazos, pero abre una brecha jurídica que ya está siendo explotada por la oposición.
Una vía exprés que choca con las garantías legales
Junts y el PPC han anunciado que recurrirán la norma al Consell de Garanties Estatutàries antes de que se cierre el periodo de sesiones. El dictamen, que despejaría o enredaría su compatibilidad con la Constitución y el Estatut, no estará listo antes del último pleno del verano. Eso implica que la votación final quedará pospuesta, como mínimo, hasta septiembre.
La lectura única está prevista en el reglamento del Parlament desde la reforma avalada por el Tribunal Constitucional en 2017. Permite acelerar la tramitación siempre que no se cercene el derecho de los grupos a presentar enmiendas. La paradoja es que ese mismo instrumento, pensado para agilizar, sirve ahora a la oposición para ralentizar: la petición al Consell suspende el trámite hasta que el órgano se pronuncie.
“Quizás se retrase, pero será una realidad más pronto que tarde”, ha asegurado la diputada de los Comuns Susana Segovia. Sin embargo, el bloque de derechas y Aliança Catalana insisten en que la proposición vulnera el derecho de propiedad y carece de una definición jurídica sólida de lo que es la compra especulativa.
Propiedad privada frente a función social: el choque ideológico
El debate ha dejado al descubierto dos concepciones antagónicas de la vivienda. Para Junts y el PP, la ley supone un “ataque frontal” al derecho de propiedad. La diputada popular Àngels Esteller ha tachado el concepto de especulación de “ideológico” y ha reprochado a los Comuns que pretendan aprobar de un plumazo una norma sin un debate profundizado. En la misma línea, Judith Toronjo (Junts) ve una “vulneración clara del derecho a la propiedad”.
Del lado de los partidos que la apoyan, ERC ha pedido diferenciar fiscalmente a quien compra para vivir de quien lo hace para lucrarse, mientras que la CUP la juzga insuficiente. La socialista Eva Candela ha defendido la urgencia de la regulación, aunque ha reconocido que deberá complementarse con otras políticas.
Lo que subyace es una cuestión de calado: si los ayuntamientos pueden, mediante el planeamiento urbanístico, limitar quién compra en determinadas calles. El Consell de Garanties tendrá que aclarar si una ley autonómica puede fijar ese tipo de restricciones sin invadir competencias estatales o el núcleo duro del artículo 33 de la Constitución.
La tramitación por urgencia acelera el trámite, pero lo debilita: cualquier fallo del Consell o del Constitucional después podría dejar la ley en agua de borrajas.
La sombra del pacto presupuestario y el calendario electoral
La aprobación de esta ley antes del verano era uno de los compromisos que los Comuns arrancaron al Govern para apoyar los presupuestos de 2026. El retraso forzado por el recurso amenaza con agrietar esa alianza justo cuando Illa necesita estabilidad para negociar las cuentas del año siguiente.
Los Comuns han insistido en que el texto actual es solo un punto de partida, con el objetivo de blindar el acceso a la vivienda frente a grandes tenedores. Pero el calendario parlamentario es tozudo: si el Consell no dictamina hasta septiembre, la ley difícilmente estará en vigor antes de que acabe 2026, y el horizonte de las elecciones municipales de 2027 empezará a pesar en los movimientos de cada fuerza.
No es la primera vez que el Parlament recurre a la lectura única para una norma de vivienda. En 2020, el Govern de Quim Torra intentó tramitar de urgencia un decreto de alquiler social que acabó siendo recurrido ante el Tribunal Constitucional. Aquel precedente pesa en la decisión de Junts y PP de forzar un dictamen previo, convencidos de que la nueva proposición no superaría un examen de constitucionalidad.
La debilidad del PSC en política de vivienda es estructural. Illa necesita que la ley salga adelante para mantener la confianza de los Comuns, pero su falta de control sobre los tiempos judiciales y la posibilidad de que el Consell ponga reparos dejan el resultado en el aire. Mientras, la crisis de acceso a la vivienda en Cataluña sigue escalando, y cada mes de espera se traduce en más contratos de alquiler fuera de los índices de referencia.
El Govern confía en que la urgencia acabe imponiéndose y la proposición se convierta en ley antes de que termine el año. Pero la aritmética parlamentaria y la estrategia dilatoria de la oposición le niegan, por ahora, cualquier certeza. El próximo acto se escribirá cuando el Consell devuelva su dictamen. Hasta entonces, la prohibición de la compra especulativa sigue siendo, sobre el papel, urgente.
