La pasada Junta General de Accionistas de Indra volvió a convertirse en escenario de duras acusaciones sobre el rumbo de la compañía. Allí, accionistas minoritarios reclamaron públicamente la dimisión del presidente Ángel Escribano —ya sustituido— y, ahora, la del actual presidente, Ángel Simón, al considerar que la empresa está siendo utilizada para fines ajenos a sus intereses empresariales y estratégicos.
Durante su intervención uno de estos accionistas, cuya identidad es conocida por MONCLOA.COM pero que quiere preservar su anonimato, sostuvo que Indra es «una empresa estratégica para la soberanía tecnológica, la defensa y la seguridad nacional de España», motivo por el que expresó «su preocupación» por la evolución de su gobierno corporativo durante los últimos años. Según afirmó, «tanto los nombramientos como los ceses de los últimos presidentes de la compañía responderían a decisiones impulsadas desde el Gobierno con el objetivo de controlar la empresa«.
Uno de estos mismos accionistas minoritarios recordó que hace un año ya manifestó su oposición al modelo de gestión de Indra y al nombramiento de Ángel Escribano como presidente. Aunque este ya no ocupa el cargo, aseguró que «mantiene e incluso refuerza sus críticas, al considerar que los cambios en la cúpula directiva responden a una estrategia política y no empresarial».
Acusaciones sobre una supuesta operación para controlar Indra
En su discurso ante los accionistas, el inversor afirmó que en junio de 2021 fue informado personalmente de una presunta operación para tomar el control de Indra. Según relató, esa propuesta le fue trasladada durante reuniones mantenidas con históricos dirigentes regionales del PSOE, entre ellos Gaspar Zarrías, Rodolfo Ares y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
De acuerdo con su versión, en aquellos encuentros se le propuso adquirir entre un 5 % y un 7 % del capital de la compañía junto con SAPA y Escribano. Además, aseguró que durante esas conversaciones también se habló de futuras adjudicaciones multimillonarias y de que Marc Murtra habría llegado a la presidencia de Indra con el objetivo de preparar determinadas operaciones empresariales.
El accionista explicó que rechazó participar en esa iniciativa y aseguró que toda la documentación relacionada con esos hechos está debidamente conservada. A su juicio, los acontecimientos descritos presentan «indicios de ilicitud» que deberían ser puestos en conocimiento de la Fiscalía.
Asimismo, cargó contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por lo que calificó como una ausencia «clamorosa» de supervisión. En su intervención llegó a afirmar que esa supuesta falta de actuación podría incluso constituir un delito si finalmente se demostrara la existencia de una actuación concertada para controlar la empresa.
Las declaraciones se producen en un momento especialmente sensible para Indra, una compañía considerada uno de los principales pilares de la industria española de defensa y tecnología, con una creciente participación en grandes programas militares nacionales e internacionales.
La compra de EM&E centra buena parte de las críticas
Otro de los principales ejes de la intervención fue la futura adquisición de EM&E, una operación que el accionista calificó como uno de los grandes objetivos impulsados desde Moncloa.
Según sostuvo, la salida de Ángel Escribano de la presidencia no habría alterado los planes para culminar esta compra, que, en su opinión, continúa adelante bajo el impulso del Ejecutivo y con la participación del Ministerio de Defensa y la SEPI.
El accionista aseguró que EM&E carece de un valor estratégico suficiente para Indra y cuestionó el fuerte crecimiento experimentado por la compañía durante los últimos años. Según explicó, habría pasado de facturar alrededor de 40 millones de euros a recibir contratos valorados en miles de millones mediante adjudicaciones directas, lo que habría incrementado notablemente su valoración hasta situarla en torno a los 2.000 millones de euros, cifra por la que posteriormente podría ser adquirida por Indra.
En su intervención defendió que «muchos de esos contratos deberían haberse adjudicado mediante procedimientos competitivos abiertos tanto a Indra como a otros proveedores españoles especializados en el sector de la defensa».
Además, afirmó que «EM&E no dispone de capacidad suficiente para ejecutar directamente la mayor parte de los contratos recibidos, asegurando que subcontrata prácticamente toda su actividad». Por ello, cuestionó la lógica industrial de la operación y sostuvo que únicamente puede comprar esa empresa «quien la ha aupado».
Amenaza con acciones penales y exige la dimisión del presidente
El accionista también dirigió un mensaje directo al actual presidente de Indra, Ángel Simón, recordándole que tanto él como el resto del consejo tienen un deber de lealtad hacia la compañía y todos sus accionistas.
Advirtió de que, si finalmente se materializan operaciones que considera irregulares, ejercerá las correspondientes acciones penales. Incluso aseguró que ya ha sufrido «persecución y acoso del poder público», incluyendo actuaciones de la Agencia Tributaria dirigidas contra él, su familia y sus empresas.
Durante su intervención reclamó igualmente explicaciones sobre el papel desempeñado por la SEPI y por los responsables políticos que, según su criterio, «habrían intervenido en las decisiones estratégicas adoptadas desde 2021».
Como ejemplo del deterioro del gobierno corporativo, recordó que en apenas cuatro años Indra ha tenido tres presidentes, cuatro consejeros delegados y ocho consejeros independientes han dimitido o sido cesados, una elevada rotación que atribuyó directamente a la gestión realizada desde la SEPI.
También cuestionó la política retributiva aplicada al exconsejero delegado José Vicente De los Mozos, cuyo salario, según afirmó, fue incrementado hasta rondar los cuatro millones de euros pocos días antes de que el propio consejo decidiera no renovar su mandato. Además, pidió conocer los bonus percibidos durante su salida y solicitó explicaciones sobre la diferencia salarial respecto a Josep María Recasens, al considerar que estas decisiones podrían plantear dudas desde la perspectiva del buen gobierno corporativo.
El discurso concluyó con una petición expresa dirigida al actual presidente de la compañía. El accionista reclamó que «Ángel Simón presente su dimisión y, en caso de no hacerlo, instó a la Junta General de Accionistas de Indra a promover su cese para que la empresa pueda contar, según sus palabras, con una dirección plenamente comprometida con la creación de valor, los intereses de todos los accionistas y el interés general de España«.
