La Agencia Valenciana Antifraude ha puesto el foco en un contrato de 153.420 euros adjudicado en 2023 para dotar a los vehículos de los Bomberos de Valencia con equipos informáticos y tabletas. Según la resolución del organismo, los pliegos se diseñaron a medida de la adjudicataria, el precio se hinchó de forma injustificada y la empresa tuvo acceso anticipado a información confidencial. La Fiscalía archivó la denuncia, pero Antifraude advierte de un fallo sistémico en los controles del Ayuntamiento de Valencia.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Agencia Antifraude halla pliegos técnicos calcados de la propuesta previa de la adjudicataria, un incremento de casi 15.000 euros sin justificar y un pacto de precios con el fabricante antes de que la licitación fuera pública.
- ¿Quién está detrás? El contrato se tramitó desde el Departamento de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, liderado por el concejal Juan Carlos Caballero, mano derecha de la alcaldesa María José Catalá (PP). Compromís ha revelado la resolución de Antifraude.
- ¿Qué impacto tiene? La agencia pide revisar el contrato y activar el plan antifraude municipal. El caso se suma a otros expedientes que cuestionan los mecanismos de contratación del consistorio.
La resolución, publicada como informe final en la web de la Agencia Valenciana Antifraude, detalla cómo la empresa que finalmente se llevó el contrato participó en la elaboración de las especificaciones técnicas que luego se incluyeron en los pliegos. “Existen evidencias documentales de que la empresa adjudicataria participó en la determinación de los requisitos técnicos y en la fijación del precio estimado antes de la convocatoria de la licitación”, recoge el texto. Esa participación previa le otorgó una ventaja competitiva que vulnera los principios de igualdad de trato y no discriminación.
La adjudicataria firmó una declaración de ausencia de conflicto de intereses que Antifraude considera falsa: tuvo acceso a información determinante meses antes. La agencia subraya que esta conducta “pudiendo exigir responsabilidades administrativas y/o penales”. La Fiscalía, sin embargo, archivó la causa, pero el organismo que dirige Eduardo Beut insiste en que los controles municipales no funcionaron.
Las cifras que no cierran y el pacto de precios oculto
El sobrecoste del contrato asciende a casi 15.000 euros, un incremento que no aparece justificado en el expediente. Pero lo más grave, según Antifraude, es la existencia de un acuerdo de precios entre el fabricante y la adjudicataria cerrado antes de que la licitación fuera pública. “La existencia de un acuerdo de precios entre el fabricante y la adjudicataria meses antes de que la licitación fuera pública prueba un acceso anticipado a información confidencial”, recalca el informe.
Ese acuerdo, al que Antifraude accedió mediante correos electrónicos y testimonios, demuestra que el precio final del contrato estaba protegido. La empresa conocía de antemano qué equipo se pediría y a qué precio. Así, la puja pública se convirtió en un mero trámite. La agencia habla de “precio protegido” específico para el Ayuntamiento de Valencia.
La ventaja competitiva no fue casual: la adjudicataria participó en la redacción de los pliegos y luego negó el conflicto de intereses.
Compromís ha sido quien ha aireado el expediente. Su portavoz, Papi Robles, apunta directamente al concejal de Bomberos: “Es la mano derecha de Catalá y el responsable de este contrato”. El edil Ferran Puchades subraya que el pacto de precios protegido se cerró cuando la licitación aún no era pública.
El Ayuntamiento de Valencia defiende que la Fiscalía ya archivó la denuncia y que el Departamento de Bomberos atendió todas las peticiones de información. Pero Antifraude no se centra en el archivo penal, sino en la debilidad de los controles internos municipales. Pide revisar el contrato de oficio y activar los planes de prevención del fraude.
El Escenario Valenciano
El caso refuerza la percepción de que los mecanismos de contratación del Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, presentan grietas sistémicas. No es un hecho aislado: la misma Agencia Antifraude ha investigado otros contratos en el consistorio, como los vinculados al exconcejal José Marí Olano. Esta recurrencia coloca a la alcaldesa María José Catalá bajo presión, aunque ella no está directamente señalada. El concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero, es estrecho colaborador suyo y Compromís exige explicaciones que no llegan.
En clave nacional, la historia conecta con el debate sobre la contratación pública en las grandes ciudades gobernadas por el PP. Las irregularidades en la elaboración de pliegos a medida no son exclusivas de Valencia: en los últimos años, otros ayuntamientos han visto cómo sus procedimientos eran cuestionados por organismos antifraude autonómicos. La ausencia de controles efectivos, sumada a la firma de declaraciones de inexistencia de conflicto de intereses que luego resultan falsas, dibuja un problema estructural que no se resuelve con un simple archivo en Fiscalía.
La proyección inmediata es la revisión del contrato que Antifraude ha solicitado. Si el Ayuntamiento no actúa, el caso quedará en el limbo administrativo, engrosando la lista de expedientes con fallos detectados pero sin consecuencias reales. La oposición mantendrá la presión en la próxima comisión municipal, mientras el organismo que lidera Eduardo Beut insiste en que se cumpla el plan de integridad y ética en la contratación. La pelota está en el tejado del consistorio valenciano.
Ficha del Caso
- El caso: Contrato de suministro de sistemas informáticos para los Bomberos de Valencia, valorado en 153.420 euros y adjudicado en 2023. La Agencia Antifraude descubre que los pliegos se copiaron de una propuesta previa de la adjudicataria y que el precio se pactó antes de la licitación.
- Datos importantes: Incremento injustificado de casi 15.000 euros. Acuerdo de precios entre fabricante y adjudicataria meses antes de publicarse la licitación. La empresa firmó una declaración de ausencia de conflicto de intereses que Antifraude considera falsa. La Fiscalía archivó la denuncia penal.
- Resumen: La Agencia Antifraude ve fallos sistémicos en los controles del Ayuntamiento de Valencia y pide revisar el contrato y aplicar los planes antifraude municipales. El caso revela una contratación a medida que vulnera la libre competencia.
