La consellera de Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha puesto sobre la mesa una propuesta que amenaza con reabrir el debate sobre la financiación autonómica: un objetivo de déficit fiscal superior al 0,2% para Cataluña y metas asimétricas entre comunidades. Romero ha defendido este lunes en TV3 que las autonomías infrafinanciadas necesitan más margen que las que cierran en superávit, y ha pedido la colaboración del PP, que gobierna la mayoría de territorios, para romper el actual tope homogéneo del 0,1%.
La titular de Economía compareció así el día después de participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde no se alcanzó un acuerdo sobre los nuevos objetivos. «Estaríamos de acuerdo o pondríamos sobre la mesa la posibilidad de que los objetivos de déficit fueran diferentes en función de la comunidad autónoma porque hay algunas comunidades que estamos infrafinanciadas y, obviamente, no cumpliremos con el objetivo de déficit, y otras comunidades que están muy bien financiadas que cierran con superávit», afirmó en la televisión pública catalana, en unas declaraciones recogidas por Crónica Global.
Infrafinanciación y déficit: la petición de un trato diferenciado
El actual marco fija un déficit común del 0,1% para todas las comunidades autónomas. Romero considera que esa «café para todos» ahoga a Cataluña, que arrastra años de infrafinanciación crónica. La consellera recordó que territorios gobernados por el PP, como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, ya han expresado su sintonía con establecer metas diferenciadas. «A mí lo que me gustaría es que el PP, básicamente, que es quien gobierna mayoritariamente las comunidades autónomas o gran parte de las comunidades autónomas, no pensara en el partido, no pensara en unas próximas elecciones, pensara en los ciudadanos», instó.
El cálculo de la Generalitat es que un objetivo asimétrico —superior al 0,2% en su caso— le daría oxígeno para ejecutar los primeros presupuestos de la legislatura, aprobados hace apenas unas semanas, sin tener que aplicar recortes drásticos. La aprobación de las cuentas, insistió Romero, no es una declaración de intenciones sino un instrumento para la gestión real.
La presión sobre Junts y ERC para lograr un objetivo mayor
La viabilidad de la propuesta depende en buena medida de la aritmética parlamentaria en el Congreso. Romero lanzó un guiño a los grupos que apoyaron la investidura: «Veremos también en esta tramitación qué margen tienen los grupos de incorporar propuestas, pero yo estoy segura de que es mejor un objetivo asimétrico y que Junts y ERC pueden apoyar que quedarnos con el 0,1%». Un mensaje nada inocente cuando el Govern de Salvador Illa necesita tanto a los republicanos como a los posconvergentes para sacar adelante cualquier reforma fiscal.
El contexto: incendios, presupuestos y la necesidad de recursos
Romero también vinculó la petición con la emergencia forestal que ha obligado a confinar varias poblaciones en Cataluña. Admitió la falta de gestión durante años y destacó que el 70% de la masa forestal es privada, pero subrayó que los presupuestos recién aprobados crecen un 22% e incluyen partidas para gestión forestal. «La prioridad siempre es la seguridad personal», dijo, justificando los confinamientos y el posible impacto económico. La consellera confía en que las patronales, aunque no haya habido un diálogo previo específico, son «muy serias y muy responsables».
Romero intenta romper el café para todos del Ministerio de Hacienda y obtener margen fiscal para una Generalitat que arrastra décadas de infrafinanciación.
El precedente catalán y la respuesta de Moncloa
La reivindicación de un trato asimétrico en el déficit no es nueva. Cataluña ya lo planteó en 2010, en plena negociación del Estatut, y ha vuelto a aparecer cada vez que el Govern ha sentido la necesidad de más recursos. En 2025, el acuerdo entre PSC y ERC incluyó una cláusula sobre la «financiación singular», pero nunca se concretó. Ahora, con unos presupuestos que aún deben ejecutarse y una tensión creciente por la falta de ingresos, Romero reactiva la demanda en un momento en el que Moncloa está más pendiente de la estabilidad parlamentaria que de ceder en déficit.
El Gobierno central mantiene por ahora el objetivo del 0,1% y no ha abierto la puerta a la asimetría. La experiencia de las últimas cumbres fiscales muestra que cualquier desviación necesita el visto bueno de la mayoría de las comunidades. La consellera confía en que el PP pueda cambiar de postura, pero en el PP las posiciones son variadas: mientras las baronías valenciana y murciana verían con agrado un mayor margen, la dirección nacional del partido se resiste a dar a Cataluña un tratamiento especial que pueda ser leído como un agravio electoral. La partida sobre la financiación autonómica está, una vez más, abierta.
El próximo pleno del Parlament podría servir para que los grupos fijen su posición definitiva, y la tramitación en el Congreso de la nueva ley de estabilidad presupuestaria será la prueba de fuego. El Govern de Illa necesita el sí de ERC y Junts, y la negociación de los objetivos de déficit puede convertirse en la primera gran batalla de la legislatura.
