Junts per Catalunya y el PP han anunciado este martes su intención de recurrir ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la proposición de ley de los Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda. La iniciativa, que se tramitará mañana, miércoles 8 de julio, en lectura única en el Parlament, podría retrasarse hasta octubre si el órgano consultivo admite el recurso.
El portavoz de Junts, Salvador Vergés, y la portavoz popular, Lorena Roldán, explicaron a las puertas del hemiciclo que la norma vulnera el derecho a la propiedad, invade las competencias municipales y contradice la normativa europea sobre libertad de empresa. La ley, que ya cuenta con el respaldo del Govern, se plantea como una de las llaves para que los Comuns mantengan su apoyo a los presupuestos de 2026.
Un peaje exigido por los Comuns en los presupuestos
La proposición de ley hunde sus raíces en el pacto presupuestario firmado el 19 de febrero entre el president Salvador Illa y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach. En aquel acuerdo, los Comuns condicionaron su voto a la aprobación de esta limitación a los grandes tenedores en las 271 zonas de mercado residencial tensionado, que abarcan al 90% de la población catalana. La idea era que la ley entrara en vigor este mismo agosto, un calendario que ahora salta por los aires.
Según fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com, el Govern asumió la tramitación en lectura única para acelerar el proceso, pero la oposición de Junts y el PP ha terminado por llevar el debate al terreno jurídico, donde la ley puede tropezar con el filtro del CGE.
El choque competencial y la ‘inseguridad jurídica’
Junts y el PP coinciden en que la norma crea un totum revolutum competencial. Vergés advirtió de que trasladar a los ayuntamientos la decisión de aplicar o no las restricciones generará desigualdades territoriales: “Nos podemos encontrar con que Barcelona lo aplica y Badalona no, y nadie asumirá las consecuencias”. Además, el partido de Carles Puigdemont calcula que Catalunya necesita 125.000 viviendas nuevas y sostiene que la regulación no ataja el verdadero problema: la falta de oferta.
Roldán, por su parte, insistió en que la tramitación por lectura única “impide el debate parlamentario y la comparecencia de los colegios profesionales”, una práctica que erosiona la calidad democrática. El recurso de inconstitucionalidad también cuestiona que la ley pueda afectar a herencias y donaciones, un extremo que los Comuns niegan pero que la mayoría de los juristas considera plausible.
El recurso no solo impugna el fondo, sino que cuestiona la vía exprés que impide el debate parlamentario.
Para Junts, la polémica trasciende lo jurídico y se convierte en un arma contra el Govern de coalición. Vergés lanzó un dardo directo: “En vivienda siguen mandando los Comuns. El Govern improvisa y pone parches basándose en la inseguridad jurídica y el intervencionismo”. La acusación busca erosionar a Illa ante un socio díscolo y un electorado que exige soluciones habitacionales sin distorsionar el mercado.
Octubre en el horizonte: el CGE, clave
Una vez superada la votación de mañana, los grupos podrán presentar enmiendas. Pero Junts ya ha anunciado que, en cuanto se cierre ese plazo, llevará el texto al Consell de Garanties Estatutàries, cuyo dictamen tiene carácter vinculante. El CGE dispondrá de un mes para pronunciarse, lo que aplazará la aprobación definitiva del Parlament hasta octubre como muy pronto. Ese parón obliga al Govern a renegociar con los Comuns, que ven cómo su principal reivindicación se desvanece en el calendario.
La lectura política es nítida: Junts y el PP, a menudo enfrentados, han hecho piña para frenar lo que consideran un “ataque al derecho de propiedad” y, de paso, demostrar que la mayoría parlamentaria que sostiene al ejecutivo es frágil y dependiente de los tiempos.
Mañana el pleno dará luz verde a la lectura única. A partir de ahí, comenzará la verdadera batalla en el Consell de Garanties. Y mientras, el presupuesto de 2026 espera el ‘sí’ de ERC y la resistencia de Albiach.
