La Generalitat ha anunciado este martes la licitación de una nube pública soberana con una inversión de 481 millones de euros, la mayor apuesta tecnológica de la administración catalana para reducir la dependencia de grandes proveedores estadounidenses y chinos.
¿Por qué la Generalitat invierte ahora 481 millones en una nube soberana?
En declaraciones recogidas por Crónica Global, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha enmarcado la decisión en el contexto de inestabilidad geopolítica. “El mundo es cada vez más inestable y desde hace tiempo se reivindica que Europa abra su propio camino”, ha afirmado. El objetivo es que los datos más sensibles de los ciudadanos —historiales clínicos, información fiscal o trámites ambientales— se almacenen en territorio comunitario y no bajo legislaciones de Estados Unidos o China.
La licitación, que se adjudicará a finales de 2026, se apoya en la Estratègia d’Autonomia Tecnològica de la Generalitat (ESTRATEC), aprobada en el Consell Executiu del pasado martes. La infraestructura, que estará operativa en el tercer trimestre de 2027, se conectará directamente a la red pública de fibra óptica propia y obtendrá el sello SEAL 3, el máximo estándar de soberanía digital que acredita que puede seguir funcionando sin depender de terceros.
De La Meva Salut a las licencias ambientales: los datos que toca la nube soberana
Los servicios que manejan información personal crítica serán los primeros en migrar. La Meva Salut, las plataformas de actividad económica o las autorizaciones ambientales pasarán a alojarse en la nueva nube, que, según Dalmau, “permitirá una migración dinámica y progresiva” adaptándose a picos de demanda para evitar caídas del servicio.
Actualmente, el ecosistema digital de la Generalitat se reparte entre un 80 % de nube privada y un 20 % de nube pública convencional. Con la entrada en funcionamiento de la nube soberana, esa distribución cambiará radicalmente: la nueva infraestructura absorberá el 40 % de los servicios, la nube privada pasará a representar el 30 % y la pública convencional crecerá hasta el 30 % restante, según la planificación del Govern.
La soberanía digital ya no se mide en servidores físicos, sino en la jurisdicción que protege los datos.
¿Qué gana el ciudadano con una nube bajo jurisdicción europea?
La principal ventaja para los usuarios de los servicios públicos catalanes es que todos sus datos —médicos, fiscales, de seguridad— se procesarán y almacenarán íntegramente en territorio de la Unión Europea, bajo el paraguas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Además, el sello SEAL 3 impide que las autoridades de terceros países puedan acceder a la información, incluso en virtud de leyes extraterritoriales como la Cloud Act estadounidense. Fuentes del Departament de Presidència aseguran que esta medida reforzará la confianza de los ciudadanos y facilitará la implementación de servicios digitales interoperables, alineados con la estrategia europea Gaia‑X.
La tensión soterrada con Moncloa y el salto cualitativo de la autonomía digital
El proyecto de nube soberana no es una isla. La Generalitat lo vincula con el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y con la candidatura de Móra la Nova para albergar una gigafactoría de inteligencia artificial cofinanciada por la Comisión Europea. “Catalunya quiere dar un paso adelante también desde la propia administración pública”, ha subrayado Dalmau, dejando claro que la inversión en la nube forma parte del ecosistema necesario para atraer fondos europeos y consolidar al territorio como polo tecnológico del sur de Europa.
Madrid observa el movimiento con cautela. El Gobierno central tiene su propia nube soberana (Sara), pero la iniciativa catalana, con casi 500 millones, introduce una reivindicación de autonomía que puede chocar con la gobernanza estatal de los datos. Hasta el momento, Moncloa no se ha pronunciado, pero la mayoría de los expertos consultados coincide en que un despliegue tan robusto en Catalunya tensiona el modelo que se negocia a escala nacional. El silencio de Moncloa, mientras tanto, podría esconder la negociación de un encaje que evite duplicidades y garantice la interoperabilidad con la Administración central. Pero la Generalitat, con esta inversión, demuestra que no va a esperar a que Madrid marque el paso: la nube soberana será una realidad en 2027, transformando la relación entre el Govern y los grandes proveedores tecnológicos.
