El Gobierno del Principado de Asturias ha dado luz verde este martes a una actualización de los baremos que compensan a los ganaderos por los daños ocasionados por la fauna silvestre, con aumentos que alcanzan hasta el 27 % para el bovino, en pleno debate sobre el futuro de la gestión del lobo en la comunidad.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno del Principado ha actualizado el baremo de indemnizaciones por daños de fauna silvestre en ganadería, con incrementos de hasta el 27 % para el bovino. La medida se aprueba mientras el Ejecutivo autonómico se propone retomar la caza controlada de lobos en septiembre.
- ¿Quién está detrás? La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, dirigida por el gobierno de coalición PSOE e IU/Convocatoria por Asturias, tras una revisión técnica y ante la presión del sector ganadero.
- ¿Qué impacto tiene? Los ganaderos asturianos recibirán compensaciones más ajustadas a los precios de mercado, pero persiste la controversia sobre la política de sacrificio de lobos, con la oposición ecologista recurriendo judicialmente.
La revisión, impulsada por la Consejería de Medio Rural, actualiza los valores de referencia de las reses afectadas y clarifica conceptos como el lucro cesante, las medidas preventivas o los criterios de valoración técnica. El objetivo es homogeneizar los expedientes y dar mayor seguridad jurídica a un sistema que arrastraba ambigüedades en su aplicación.
En el caso del vacuno, el incremento oscila entre el 2 % y el 27 % según el sexo, la edad y el morfotipo productivo, e incorpora una categoría nueva para terneros lácteos de 0 a 6 meses. El ovino y el caprino renuevan los grupos de edad para ajustarse a los sistemas de identificación obligatoria, mientras que el porcino recibe ajustes vinculados a la evolución del mercado.
Junto a la subida de los baremos, el Principado mantiene las bonificaciones para las explotaciones que acrediten la implantación de medidas preventivas frente a los ataques. La norma también precisa los supuestos en los que procede aplicar esas bonificaciones y cuándo pueden quedar excluidas, un punto que generaba discrepancias en la tramitación anterior.
Con esta medida, el Ejecutivo de Adrián Barbón busca ofrecer una respuesta económica inmediata al sector mientras prepara el terreno para la fase más delicada: la vuelta a los controles poblacionales del lobo, prevista para septiembre.
La coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva se ha convertido en el principal campo de batalla política del medio rural asturiano.
La vuelta de los controles de población y el choque con los ecologistas
El pasado mes de junio, el Gobierno asturiano aprobó la modificación del II Plan de Gestión del Lobo para retomar los sacrificios selectivos a partir de septiembre, tras obtener lo que considera “garantías jurídicas”. El plan anterior, anulado por el Tribunal Supremo, contemplaba la muerte de 53 ejemplares, de los que llegaron a abatirse 31 y otros 13 aparecieron muertos, lo que supuso una afección del 83 % de la cuota.
Según los datos oficiales, la población de lobos en Asturias ha aumentado un 11 % y alcanza ya las 50 manadas, 46 de ellas reproductoras. Unas cifras que la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies tacha de “hinchadas” para justificar una medida que consideran ilegal, recordando que el lobo sigue siendo una especie amenazada en recuperación.
Las organizaciones ecologistas insisten en que las soluciones deben pasar por medidas de gestión que protejan tanto a la ganadería extensiva como a la biodiversidad, y ya han anunciado que recurrirán la vuelta a los sacrificios. La tensión entre el campo y la conservación vuelve a marcar la agenda política asturiana.
El Pulso Territorial
El Gobierno de coalición PSOE-IU maneja un equilibrio complicado. La ganadería extensiva es un pilar económico de amplias zonas rurales de la comunidad, especialmente en los montes y valles del interior, y las pérdidas por ataques de lobo han sido un agravio histórico. Pero Asturias también es territorio de una potente tradición ecologista que ha frenado en los tribunales anteriores intentos de control poblacional.
En el conjunto del Estado, otras comunidades con presencia de lobo —como Castilla y León o Cantabria— también mantienen indemnizaciones a ganaderos, aunque el debate jurídico y político está menos polarizado que en el Principado. Asturias es, de hecho, la autonomía donde la batalla legal ha llegado hasta el Supremo y donde el choque entre instituciones, ganaderos y ecologistas se vive con más intensidad.
El horizonte inmediato es septiembre, cuando el Ejecutivo prevé ejecutar las primeras extracciones. Todo dependerá de que los recursos judiciales no las suspendan de nuevo. Mientras, los ganaderos contarán con las nuevas indemnizaciones desde ya, un alivio económico que, sin embargo, no rebaja el ruido de fondo de un conflicto que va mucho más allá de los baremos.
Ficha Autonómica
- El caso: Asturias actualiza sus compensaciones por daños de fauna silvestre en ganadería, justo cuando se prepara para retomar el sacrificio selectivo de lobos, un plan recurrido por los ecologistas.
- Datos importantes: Incrementos de hasta el 27 % en bovino, ajustes en ovino-caprino y porcino, y clarificación del lucro cesante. Población de lobos: 50 manadas, 46 reproductoras.
- Resumen: El Principado sube las indemnizaciones para calmar al sector y da pasos hacia los controles en septiembre, aunque la batalla judicial amenaza con volver a bloquear el proceso.
