Juanma Moreno ha presidido este lunes el homenaje a Blas Infante en el Parlamento andaluz, el primer acto oficial de su nuevo mandato, apenas un día después de jurar el cargo. La ceremonia, convocada por el 90 aniversario del fusilamiento del llamado ‘padre de la patria andaluza’, ha estado marcada por el recién firmado pacto PP-Vox Andalucía, que incluye la derogación de la Ley autonómica de Memoria Histórica. Las izquierdas han cargado contra Moreno por la contradicción que supone, a su juicio, rendir tributo a Blas Infante mientras se compromete con Vox a tumbar la norma que protege su legado.
Qué plantea Vox y por qué defiende la derogación
El acuerdo de gobierno entre el PP y Vox, rubricado la semana pasada para facilitar la investidura de Moreno, recoge entre sus 150 medidas la sustitución de la Ley andaluza de Memoria Histórica por una Ley de Concordia. Para Vox, se trata de un compromiso irrenunciable que ya figuró en los pactos de 2019 y que, según fuentes del partido consultadas por Moncloa.com, el PP incumplió durante dos legislaturas. El argumentario de la formación de Santiago Abascal sostiene que la norma actual es «parcial, divisiva y centrada en una única visión del pasado», y que una ley de concordia debe abarcar a todas las víctimas, incluidas las del terrorismo y las de la persecución religiosa durante la Guerra Civil.
El GPVOX en el Parlamento andaluz llegó a registrar hasta tres iniciativas para tumbar la ley autonómica, la última de ellas una proposición con un único artículo derogatorio. El PP las rechazó todas en la anterior legislatura. Ahora, con el pacto suscrito y un representante de Vox dentro del Consejo de Gobierno —el futuro vicepresidente Manuel Gavira, que asumirá la cartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local—, la formación confía en que esta vez el compromiso se materialice. «No es una imposición, es un punto de encuentro que el PP ha aceptado libremente», subrayan fuentes de la dirección regional de Vox.
El choque en el Parlamento y la reacción del Gobierno
El acto institucional ha saltado el protocolo habitual. Los portavoces de los tres grupos de izquierdas —PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía— han convertido sus discursos en una sucesión de reproches al presidente andaluz. María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, ha denunciado la «enorme contradicción» de defender el legado de Blas Infante y a la vez «desmontar» la ley memorialista. El portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha sido aún más duro: ha recordado que la norma permite buscar el cuerpo de Infante, todavía en una fosa común, y ha acusado a Moreno de pactar con «los padres políticos de quienes lo asesinaron».
Desde el PP, el portavoz Toni Martín ha devuelto los ataques acusando a los socialistas de instrumentalizar el legado de Blas Infante y de haber convertido Andalucía «en una tierra de segunda división». Moreno, por su parte, ha cerrado el acto reivindicando la «vía andaluza del diálogo, la concordia y el entendimiento», al tiempo que ha anunciado que su gobierno —con trece consejerías, doce del PP y una de Vox— estará conformado antes del viernes.
A este rifirrafe se suma el amago del Gobierno de Pedro Sánchez. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ya adelantó la semana pasada que si la Junta deroga la ley autonómica, el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional, como ya ha hecho con la norma similar aprobada en Baleares tras la entrada de Vox en el Ejecutivo insular.
Vox, por su parte, ni ha acudido ni ha dado explicaciones sobre su ausencia. El grupo parlamentario de la formación nunca ha participado en los homenajes a Blas Infante, una figura que cuestiona abiertamente por su defensa del autonomismo. «No compartimos el mito de Blas Infante ni el andalucismo político, pero eso no significa que bloqueemos la gobernabilidad de la Junta», ha señalado un dirigente de Vox a esta redacción.
El pacto PP-Vox sitúa la memoria histórica en el centro del debate andaluz justo cuando Moreno buscaba un inicio de mandato sin sobresaltos.
La estrategia de Vox: avanzar en su agenda sin ocupar el foco
La ausencia deliberada de Vox en el acto del Parlamento andaluz es coherente con una estrategia de largo recorrido. La formación no reconoce el Estado de las Autonomías y considera que el andalucismo político es un instrumento de «disgregación nacional». Sin embargo, su entrada en el Ejecutivo andaluz le permite impulsar medidas como la Ley de Concordia sin necesidad de protagonizar cada acto institucional, algo que en Bambú —la sede nacional de Vox— valoran como un ejercicio de madurez táctica.
El precedente balear es ilustrativo: allí, la derogación de la ley de memoria democrática se ejecutó tras la entrada de Vox en el gobierno autonómico, pese al recurso del Gobierno central ante el Constitucional. En Andalucía, el escenario es similar, pero con una diferencia sustancial: la Junta dispone de una mayoría parlamentaria más holgada y el PP, pese a las críticas, ha asumido la medida como propia. «Moreno necesita a Vox para gobernar, y Vox necesita que el PP andaluz demuestre que los pactos no se incumplen una segunda vez», explican fuentes de la dirección nacional del partido.
La presión de las izquierdas y el recurso al Constitucional son, para Vox, costes asumidos. De hecho, el partido confía en que el debate sobre la memoria histórica reactive su discurso identitario de cara a las próximas citas electorales, mientras el PP queda atrapado entre su vocación moderada y las exigencias de su socio de gobierno. La derogación de la Ley andaluza de Memoria, si finalmente se consuma, será la primera gran victoria legislativa de Vox en la comunidad más poblada de España.
