El Parlamento de Galicia (la cámara unicameral gallega) celebró este miércoles su último pleno antes del parón estival con un agrio debate sobre el traspaso de la AP-9, la autopista de peaje que vertebra el eje atlántico gallego. El presidente de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico), Alfonso Rueda, acusó al BNG (Bloque Nacionalista Galego) y al PSdeG (los socialistas gallegos) de aceptar una “estafa” de 4.000 millones de euros al avalar el acuerdo alcanzado en el Congreso para transferir la autopista a la comunidad.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Rueda rechazó el texto aprobado en el Congreso y advirtió de que obligaría a Galicia a pagar 4.000 millones a la concesionaria Audasa.
- ¿Quién está detrás? El PPdeG insiste en que el Parlamento gallego blindó que el Estado asumiera ese coste; el BNG y el PSdeG acusan a Rueda de seguir instrucciones de la dirección nacional del PP.
- ¿Qué impacto tiene? La fractura política hace temer que la negociación esté perdida y que la AP-9 siga gestionada desde Madrid.
Rueda endurece el tono y da por perdida la negociación
Durante la sesión de control, Rueda dejó claro que la Xunta de Galicia mantiene su apoyo a la transferencia de la AP-9, pero rechazó frontalmente el pacto alcanzado con el aval del Gobierno central. “Transferencia sí, estafa no”, resumió el presidente autonómico, después de que el acuerdo unánime aprobado por el Parlamento de Galicia en marzo establecía que el coste de una posible compensación a Audasa correspondería al Estado.
Según Rueda, el texto del Congreso deja abierta la puerta a que la Xunta asuma una factura de unos 4.000 millones de euros. “Lo de la AP-9 ya lo doy por perdido”, afirmó, en lo que interpretó como una cesión del BNG y del PSdeG a las instrucciones de Madrid. El presidente gallego subrayó que el Consello de Goberno (el equivalente al Consejo de Ministros autonómico) ya había fijado una posición unánime respaldada por los tres grupos y exigió que “no muevan los marcos fijados por el Parlamento gallego”.
La intervención de Rueda dejó poco espacio para la diplomacia. El mandatario se mostró especialmente duro con la líder del BNG, a la que reprochó que “se le está poniendo cara de belga”, en alusión al próximo partido entre España y Bélgica en el Mundial de fútbol.
El cruce de reproches marcó el tono del debate, dejando en evidencia la falta de consenso que hasta hace poco parecía sólido.
Lo que el Parlamento de Galicia había acordado por unanimidad se ha fracturado en cuestión de semanas por la falta de garantías sobre quién asume el coste de rescatar la concesión.
La oposición acusa a Rueda de seguir las órdenes de Madrid
A continuación, la portavoz nacionalista, Ana Pontón, calificó de “infame” el rechazo del PP al traspaso y aseguró que Rueda actúa “por orden de Madrid”. Recordó que los gallegos siguen pagando las consecuencias de la ampliación de la concesión de la AP-9 durante el Gobierno de José María Aznar, y defendió que la comunidad acabará consiguiendo una autopista de titularidad gallega y libre de peajes. Pontón también le afeó que “viste la camiseta del PP” en lugar de la de Galicia y lo definió como “el presidente del no a Galicia” por rechazar la condonación parcial de la deuda autonómica y un nuevo modelo de financiación , según recogieron fuentes parlamentarias.
Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sostuvo que Rueda “se inventa una factura ficticia” de 4.000 millones de euros, porque Galicia no tendrá que asumir ese coste. El líder socialista también criticó que la Xunta rechace negociar la propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno central y acusó a Rueda de anteponer la estrategia del PP a los intereses de la comunidad.
El Laboratorio Gallego
El choque sobre la AP-9 no es un episodio aislado. Ilustra cómo la política gallega funciona como un laboratorio donde se ponen a prueba tensiones que luego escalan al ámbito nacional. El PPdeG ha defendido históricamente que las transferencias de infraestructuras vengan acompañadas de financiación estatal completa, un principio que Alberto Núñez Feijóo, ahora líder nacional del PP, aplicó con éxito durante sus mandatos al frente de la Xunta. Ahora, con los populares en la oposición en Madrid, Rueda se enfrenta a un escenario en el que el Gobierno central y los partidos nacionales —incluido el PSOE— tratan de descargar costes en las autonomías. El resultado es una fractura que deja al Ejecutivo gallego en minoría en su propio parlamento.
La lectura nacional es inmediata: si el PP valenciano o el andaluz viesen cómo un acuerdo de traspaso les obliga a asumir una compensación multimillonaria, la reacción sería idéntica. El caso gallego sirve como primer aviso de una dinámica que podría repetirse en otras comunidades que negocien la cesión de infraestructuras con concesiones privadas. La escalada retórica en Santiago muestra, además, que la unidad de acción entre el PP nacional y sus federaciones no es automática cuando están en juego cifras de nueve dígitos.
De cara al próximo período de sesiones, tras el verano, el Parlamento gallego deberá decidir si mantiene su pulso o si la negociación se reabre en Madrid. Mientras, la AP-9 seguirá siendo una de las autopistas más caras de España.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta de Galicia rechaza el acuerdo del Congreso para transferir la AP-9 porque implicaría asumir 4.000 millones de euros en compensaciones a la concesionaria Audasa.
- Datos importantes: El Parlamento gallego había aprobado por unanimidad una resolución que blindaba que el Estado corriera con los costes. El texto de Madrid no incluye esa garantía, según el PPdeG.
- Resumen: La bronca parlamentaria anticipa un bloqueo en la cesión de la autopista y reabre el debate sobre hasta dónde debe llegar la autonomía financiera de Galicia frente a las decisiones del Gobierno central.
