El Gobierno Vasco ha redactado ya el borrador de la ley de la diáspora, una norma que amplía el concepto de “ciudadanía vasca en el exterior” reconociendo a los descendientes hasta el cuarto grado —hasta tataranietos— de quienes residen fuera de España pero mantienen la nacionalidad y su última vecindad administrativa en Euskadi. Así consta en la memoria jurídica que acompaña al proyecto, que busca actualizar la ley de 1994 y responder a los distintos perfiles de emigrantes, desde los exiliados de la Guerra Civil hasta los jóvenes que se desplazan hoy por motivos laborales o de estudios.
La norma, todavía sin preámbulo, se tramitará en el Parlamento Vasco a lo largo de 2026, según el calendario legislativo confirmado por el lehendakari Imanol Pradales durante su visita al Jaialdi de Boise (Estados Unidos) en julio de 2025. El objetivo, explicó el Ejecutivo autónomo, es integrar a quienes tienen vínculos de origen con el País Vasco, aunque no ostenten la nacionalidad —competencia exclusiva del Estado—, y facilitar su relación con las instituciones vascas.
Qué reconoce la ‘ley de tataranietos’
El artículo segundo del borrador define como parte de la “ciudadanía vasca en el exterior” no solo a los residentes en el extranjero y a los evacuados durante la Guerra Civil, sino a los “descendientes hasta el cuarto grado en línea recta” que conserven la nacionalidad española y hayan tenido su última vecindad administrativa en la comunidad autónoma. Esta novedad, señalada por la propia memoria jurídica, apunta a reforzar el lazo con generaciones que jamás pisaron Euskadi pero mantienen “una conexión cultural y afectiva”.
Para acreditar ese vínculo, la solicitud podrá presentarse tanto en los consulados españoles como en las delegaciones del Gobierno Vasco en el exterior, actualmente presentes en Madrid, París, Bruselas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, México DF y Nueva York. La administración vasca considera que estas oficinas, que ya representan a la comunidad autónoma en materias de cooperación y relaciones con las colectividades vascas, son también competentes para gestionar el nuevo reconocimiento.
Derechos y obligaciones para la diáspora
El proyecto de ley enumera una serie de derechos que podrán ejercer los vascos del exterior durante sus estancias en Euskadi. Entre ellos figuran el acceso a la sanidad pública —concretamente al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza)—, la posibilidad de acudir al Ararteko (la Defensoría del Pueblo vasca) en defensa de sus intereses, el acceso a cursos de aprendizaje de euskera y la participación en campañas institucionales de visitas y búsqueda de orígenes. No se contempla la equiparación con la ciudadanía plena, pero sí un estatus de “vinculación especial” que antes solo se reconocía de forma genérica.
Paralelamente, la futura ley obliga a las Euskal Etxeak y otras entidades reconocidas a “impulsar la participación en los procesos electorales que se desarrollen en la comunidad autónoma de Euskadi de la ciudadanía vasca en el exterior que tengan derecho a sufragio”. La medida pretende activar el voto del censo CERA, cuyo peso, aunque reducido, ha sido determinante en ocasiones. Según los datos disponibles, en las autonómicas de 2020 y en las generales de 2019 el recuento del voto exterior favoreció al PP, modificando algún escaño.
La ley no crea una nueva nacionalidad, competencia exclusiva del Estado, pero sí reconoce derechos sanitarios, culturales y de participación electoral a los descendientes de vascos en el exterior.
El Ejecutivo autonómico justifica esta revisión integral destacando que la ley vigente de 1994 “ha servido para compactar a la comunidad vasca en el mundo” pero necesita adaptarse a una realidad migratoria más diversa, que incluye a quienes salen temporalmente por estudios o trabajo. La memoria económica subraya que el nuevo perfil de emigrante “no necesariamente vive una situación adversa, sino que busca una experiencia profesional y personal en el exterior”, y que el texto quiere prestar una atención especial a los jóvenes.
Antecedentes y encaje institucional
La iniciativa forma parte del programa de gobierno de la legislatura y fue anunciada por el lehendakari Pradales en el Jaialdi de Boise en julio de 2025, con el horizonte de presentarla en 2026. El borrador, que aún carece de preámbulo, mantiene la arquitectura tradicional de las Euskal Etxeak —como la red NABO en Estados Unidos— pero introduce también canales de relación con otras entidades y redes virtuales. La tramitación, sin embargo, deberá sortear las posibles fricciones competenciales, ya que las concesiones de nacionalidad son potestad del Gobierno central, y la ley autonómica se circunscribe al ámbito de las competencias estatutarias en cultura, acción exterior y sanidad.
De acuerdo con la misma memoria jurídica, la norma incluye un guiño a los exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, por considerar que “siguen siendo una época histórica de especial dureza” cuyas consecuencias “perduran hasta la actualidad”. En ese sentido, la ley no solo atiende a los descendientes de la emigración económica, sino que busca reparar simbólicamente a quienes se vieron forzados a abandonar el país por razones políticas.
El calendario legislativo apunta a que el proyecto llegará al Parlamento Vasco en los próximos meses. Una vez se complete la exposición de motivos, el texto será sometido a enmiendas de los grupos parlamentarios. La aprobación definitiva, si la negociación avanza sin contratiempos, podría producirse antes de que finalice 2026, actualizando un marco legal que data de 1994 y que, según el Ejecutivo, dejaba fuera a “nuevas generaciones que siguen sintiéndose parte de la comunidad vasca en el mundo”.
