El presidente del PP ha incorporado a su discurso la ‘prioridad nacional’ que Vox reivindica para las ayudas sociales y ha anunciado recortes en las bajas médicas. Ambos giros, calcados a las tesis de la patronal y de la derecha, confirman que el PP se está moviendo hacia los postulados de Vox en materia migratoria y de control del gasto social.
La ‘prioridad nacional’ de Vox, ahora asumida por Feijóo
Vox ha convertido la ‘prioridad nacional’ en una línea roja para cualquier pacto de gobierno desde las autonómicas de 2023. Los acuerdos firmados en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía entre barones del PP y la formación de Santiago Abascal incluyen una cláusula que establece que ‘el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio’. La medida busca —según Vox— proteger a los nacionales y residentes de larga duración frente al ‘efecto llamada’ de la inmigración irregular y garantizar que el Estado de bienestar no se convierta en un imán para quien no ha cotizado.
Pero más allá de la declaración de principios, el texto pactado habla de un ‘periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio’ y exige una ‘trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema’, lo que podría excluir a inmigrantes en situación irregular e incluso a trabajadores de la economía sumergida. Vox sostiene que es una cuestión de justicia y de sostenibilidad del sistema: los recursos son limitados y deben destinarse a quienes llevan años aportando.
El pasado martes, en un acto con empresarios vascos, Alberto Núñez Feijóo no solo asumió ese discurso, sino que dio un paso más al tildar el absentismo laboral de «cáncer» y proponer recortes económicos concretos para quienes estén de baja. «Tomaré una decisión, con o sin acuerdo con los sindicatos», advirtió. La tormenta política no se hizo esperar. Este miércoles, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, intentó modular el mensaje, pero ratificó las líneas centrales: el fraude en las bajas justifica reducir las prestaciones y el objetivo es volver al gasto de 2018, unos 14.000 millones de euros, frente a los 33.000 millones actuales.
El PP se alinea con la patronal y hace suyo el discurso social de la derecha
La propuesta ha generado una tormenta política. El Gobierno, a través del vicepresidente económico Carlos Cuerpo, recordó que el incremento del gasto en incapacidad temporal se debe en buena parte al aumento de los salarios, el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de la salud mental, no a un fraude masivo. Sin embargo, el PP insiste en que hay que reducir ese gasto a niveles de 2018, lo que necesariamente implica un recorte perceptible para los trabajadores de baja. La dirección del PP admite que no tiene datos concretos sobre el porcentaje de fraude, pero apunta a que ‘no está justificado que cada año suba más de 4.000 millones’.
Vox, que ya había denunciado reiteradamente el ‘fraude’ en las bajas y el coste de la inmigración irregular para las arcas públicas, ve cómo el PP compra su argumentario sin tapujos. Los pactos autonómicos ya en vigor amenazan directamente el acceso de los inmigrantes irregulares al ingreso mínimo vital y otras ayudas, una medida que Feijóo ha llegado a calificar de necesaria pese a que el ingreso mínimo vital exige residencia legal y efectiva de más de un año, como recordó Trabajo.
El PP no solo asume la agenda de Vox: la convierte en eje de su discurso nacional, arrinconando así al partido de Abascal en el papel de motor ideológico de la derecha.
Lo que gana Vox: un PP que se mueve hacia sus postulados y le entrega la agenda
Desde la óptica de Vox, la cesión del PP es una victoria en toda regla. La formación de Abascal ha logrado marcar el debate en dos de sus banderas históricas —inmigración y control del gasto social— y ahora el PP, necesitado de sus votos en varias comunidades, asume esas tesis sin apenas matices. El propio Feijóo ha convertido en central un principio que hasta hace meses sus barones veían con recelo.
Sin embargo, esta coincidencia no está exenta de riesgos para el PP. Al adoptar sin fisuras el núcleo duro del discurso de Vox, Feijóo entrega la iniciativa a la derecha más radical y aleja a los electores centristas que pudieran sentirse incómodos con recortes sociales y un endurecimiento migratorio tan explícito. Para Vox, en cambio, supone un doble rédito: por un lado, legitima su agenda; por otro, sitúa al PP en el brete de tener que cumplir esos compromisos cuando llegue la hora de gobernar en más territorios. Si no lo hace, Vox tendrá una nueva herramienta de presión.
Con las elecciones autonómicas y generales en el horizonte, Vox consolida su papel de partido bisagra que no solo condiciona gobiernos, sino que moldea la política social desde la oposición. El discurso de Feijóo es la constatación de que la ‘prioridad nacional’ ha pasado de ser una exigencia de la ultraderecha a un tema central del debate político.
