La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Alzira (Valencia) por su presunta implicación en la muerte de un trabajador irregular y la posterior ocultación del fallecimiento, según ha confirmado el cuerpo policial. Los hechos se remontan al pasado 28 de enero de 2026, cuando la víctima, un hombre que trabajaba sin contrato en un edificio en construcción, sufrió una caída mortal por el hueco del ascensor.
A todos ellos se les considera presuntos autores (personas a las que se atribuyen los hechos en fase de investigación mientras no recaiga una condena firme) de los delitos que se investigan. La presunción de inocencia permanece intacta hasta que un tribunal dicte sentencia.
La investigación, que ha durado varios meses, ha revelado que el operario soportaba condiciones laborales abusivas: jornadas que excedían con creces las permitidas por ley, carencia de medidas de seguridad y la ausencia total de contrato. De acuerdo con la Policía Nacional, el fallecido no solo trabajaba de forma ilegal, sino que dormía en un colchón en el mismo inmueble, sin acceso a servicios básicos como agua caliente. Llevaba desde principios de año realizando turnos maratonianos para la empresa constructora, sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Los agentes comprobaron, además, que el trabajador era uno más dentro de una plantilla sumergida que la firma mantenía oculta para abaratar costes.
Condiciones laborales abusivas y falta de seguridad
Los agentes han constatado que la empresa constructora, administrada por dos hermanos, no habían instalado los sistemas de iluminación ni las protecciones preceptivas en los huecos, lo que propició el accidente. La inspección ocular del inmueble, aún en fase de construcción, reveló que no existían redes de protección ni señalización en la zona del ascensor. El trabajador, cuya identidad no ha trascendido, realizaba turnos que sobrepasaban con creces el horario legal y pernoctaba de forma precaria en la obra, en una situación que la policía califica como explotación ilícita. Las pesquisas apuntan a que llevaba varias semanas sin descanso y que la empresa le había prometido un contrato que nunca llegó a formalizar.
La manipulación de la escena del accidente
Tras la caída, los ahora detenidos presuntamente alteraron la escena antes de solicitar ayuda. Según las pesquisas, extrajeron el cuerpo del hueco del ascensor y lo arrastraron hasta la zona de las escaleras, donde colocaron barandillas metálicas de protección en el primer tramo para darle «apariencia de seguridad». Una vez modificado el lugar, llamaron a los servicios de emergencia pasadas las horas, haciendo creer que la víctima era un cliente que había sufrido un tropiezo accidental. La maniobra, según la policía, tenía como fin ocultar la causa real de la caída y simular un accidente fortuito.
La investigación determinó que los detenidos modificaron el lugar del siniestro antes de alertar a los servicios de emergencia con el fin de eludir responsabilidades.
El propietario del edificio, también detenido, mantuvo esa versión inicial: declaró ante los agentes que el fallecido se encontraba en el inmueble para visitar la construcción y alquilar una vivienda. La primera comparecencia de este responsable recogía que se trataba de un cliente particular que acudía a ver el avance de las obras. Sin embargo, las pruebas recabadas –incluidas las contradicciones en los testimonios y la falta de documentación mercantil– desmontaron esa coartada y confirmaron que era un trabajador en situación irregular.
Las detenciones y la fase judicial
Los cuatro arrestados son los dos hermanos administradores, a quienes se investiga por presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores; el padre de ambos, apoderado de la firma, y un operario más. A estos dos últimos se les atribuye un delito de encubrimiento por haber colaborado presuntamente en la modificación del lugar del accidente.
La operación policial, desarrollada por la Brigada Provincial de Información de Valencia, se llevó a cabo esta semana en Alzira y los detenidos han pasado a disposición judicial. La autoridad competente determinará ahora las responsabilidades penales. Mientras tanto, la investigación sigue abierta para esclarecer todas las circunstancias del caso.
