Junts ha cerrado la puerta al modelo de financiación singular que negocian el Govern de Salvador Illa y ERC con el Gobierno central. Según los cálculos del partido de Carles Puigdemont, el acuerdo apenas reportaría a Cataluña 200 millones de euros netos adicionales, una cifra muy alejada de los 4.700 millones que defienden el presidente Pedro Sánchez y el líder republicano Oriol Junqueras.
El cálculo que divide al independentismo
Fuentes de la dirección de Junts consultadas por esta redacción detallan que el nuevo reparto inyectaría 21.000 millones extra al conjunto de las comunidades autónomas, de los cuales Cataluña aportaría unos 4.500 millones. ‘No supone unos ingresos extraordinarios de 4.700 millones para Cataluña; suponen 200’, explican. La diferencia entre la cifra defendida por Moncloa y la que alega el partido de Puigdemont es la traducción cruda de un desacuerdo de fondo sobre la ordinalidad pactada.
A esa brecha los neoconvergentes suman el argumento del déficit fiscal: cada año se pierden en Madrid 28.000 millones, recuerdan. Con ese agujero como telón de fondo, aceptar la propuesta de Illa y Junqueras equivaldría, a su juicio, a renunciar a la soberanía fiscal que ERC exhibió durante la investidura.
La exigencia de un concierto y el viraje de ERC
En la formación de Puigdemont no han olvidado cómo en agosto de 2024 la entonces secretaria general de ERC en funciones, Marta Rovira, habló de ‘concierto económico’ como moneda de cambio de la investidura de Illa. Ahora la dirigencia republicana ha rebajado aquel objetivo hasta un modelo de financiación mejorado que ni siquiera incluye avances visibles en la cesión del IRPF a la Generalitat.
Illa y Junqueras han intensificado la presión pública. El president pidió el lunes ‘desde aquí, al menos, no nos entorpezcamos’, y Junqueras instó a dejar ‘las peleas’ y pensar en las familias catalanas. Sin embargo la formación de Puigdemont mantiene su postura y no piensa avalar la reforma de la LOFCA necesaria para que el nuevo modelo sea aplicable en el Congreso.
Con un saldo neto de apenas 200 millones, los de Puigdemont consideran que aceptar este acuerdo sería renunciar a la llave de la caja que prometieron a sus bases.
El tablero de la dependencia: Illa necesita a Junts más que nunca
El rechazo de Junts traslada la presión al Govern y a Moncloa. Sin el voto de los siete diputados de Junts en la Cámara Baja, la reforma de la LOFCA queda bloqueada, y con ella los 4.700 millones que el ejecutivo de Illa necesita para cuadrar unos servicios públicos tensionados por el crecimiento demográfico. La alternativa —un acuerdo alternativo— chocaría con el calendario de los Presupuestos catalanes, que ERC ya ha cedido para mantener la estabilidad.
En la lectura política, el movimiento refuerza a Puigdemont como el guardián del relato independentista más exigente, justo cuando ERC intenta rentabilizar sus cesiones con la quita de 17.104 millones. La amenaza es clara: si la vía exprés de la financiación no convence a Junts, la legislatura de Illa se asoma a un semestre de bloqeo. Esta redacción observa una contradicción: mientras Sánchez presume de haber blindado a Cataluña como tercera comunidad por aportación, su socio principal en Madrid puede tumbar el acuerdo con un cálculo de 200 millones que, sea o no exacto, tiene el poder de hundir la aritmética parlamentaria.
El próximo pleno del Parlament, previsto para septiembre, puede convertirse en el primer examen de esa fragilidad. Y la propuesta de financiación que vuelva de Madrid deberá medirse con el reloj de una legislatura que no tiene margen para otro portazo.
