El Gobierno vasco, a través del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), se ha comprometido este martes a buscar los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) que endurezca las medidas contra los delincuentes multirreincidentes. El pacto, cerrado con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, incluye asimismo la modificación del reglamento que regula las armas blancas y un refuerzo de las competencias de la Ertzaintza en materia de extranjería y seguridad ciudadana.
El encuentro de la Junta de Seguridad —inicialmente previsto para junio— sirvió para que ambas administraciones fijaran un plazo de seis meses para tener ‘ejecutados’ los cambios, según señaló Zupiria en declaraciones recogidas por esta redacción. El Gobierno de Pedro Sánchez confía en aprobar antes de ese plazo la modificación de la LEC que reclama el lehendakari Imanol Pradales desde el pasado mes de marzo, cuando se reunió con el presidente en La Moncloa.
Los cambios legislativos y reglamentarios
El PNV quiere que la reforma de la LEC impida que los delincuentes reincidentes entren y salgan de las comisarías cada vez que son detenidos a la espera de juicio y que, en lugar de ello, se adopten medidas de prisión provisional para cortar la reiteración delictiva. La formación jeltzale, que dispone de cinco escaños en el Congreso, asume un papel de interlocución con otras fuerzas políticas para sumar mayorías, vistos los precedentes de acuerdos puntuales con Junts. Fuentes del Ejecutivo vasco subrayan que el compromiso va ‘más allá de garantizar sus propios votos’.
En paralelo, Marlaska y Zupiria pactaron modificar el reglamento de armas blancas para aumentar el control y las sanciones sobre navajas y objetos similares en espacios públicos y festivos, una demanda que cobró fuerza tras varios altercados registrados en Euskadi. Ambas medidas quieren contrarrestar la percepción ciudadana de incremento de la inseguridad, alimentada por los altos índices de reincidencia en robos y la proliferación de armas blancas en la calle.
El nuevo papel de la Ertzaintza en la coordinación estatal
Entre los nueve ámbitos del acuerdo, el Gobierno vasco logró que la Ertzaintza participe de forma más activa en los informes que la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional elabora sobre la expulsión de delincuentes extranjeros. Además, la policía autonómica tendrá acceso al Registro Central de Infracciones de Seguridad Ciudadana, una reivindicación incluida también en el encuentro de marzo entre Pradales y Sánchez.
El acuerdo refuerza igualmente la presencia de la Ertzaintza en órganos de colaboración policial europea y estrecha su trabajo conjunto con entidades como el INCIBE, el Consejo Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. Zupiria calificó el conjunto de medidas como un ‘avance estratégico’ para la seguridad en Euskadi.
El PNV se implica en la búsqueda de mayorías parlamentarias para que los reincidentes puedan ser enviados a prisión provisional en lugar de quedar libres tras cada detención.
El lehendakari Imanol Pradales ya había pedido en su encuentro con Sánchez hace tres meses abordar reformas legales que atajen la sensación de inseguridad ciudadana. El propio presidente del Gobierno busca estirar la legislatura hasta el primer semestre de 2027, por lo que existe margen para tramitar la reforma de la LEC. Sin embargo, la aprobación requiere de un delicado equilibrio parlamentario que el PNV se ofrece a facilitar, consciente de que sus cinco votos pueden ser decisivos para arrastrar a otras formaciones y alcanzar la mayoría necesaria.
La Junta de Seguridad también abordó aspectos de coordinación en materia de ciberseguridad y el incremento del control sobre la seguridad privada en Euskadi, ámbitos en los que la Ertzaintza ampliará su capacidad de supervisión. El acuerdo, que se cerró en el Palacio de La Moncloa, refleja la voluntad de ambos gobiernos de avanzar juntos en la agenda de seguridad pese a las diferencias políticas existentes en otros terrenos.
