El Ayuntamiento de Valencia ha admitido a trámite la iniciativa del Valencia CF para gestionar directamente el Plan de Actuación Integrado (PAI) del antiguo Mestalla. La decisión, firmada por el concejal de Urbanismo Juan Giner (PP) el pasado 10 de junio, convierte al club en agente urbanizador y le permite vender las parcelas por separado, un movimiento clave para cerrar la subasta de los terrenos, de la que espera obtener alrededor de 150 millones de euros.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Urbanismo admite a trámite que el Valencia CF gestione directamente el PAI del antiguo Mestalla; podrá vender las parcelas por separado.
- ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de Valencia (PP) y el Valencia CF, cuyo máximo accionista es Peter Lim.
- ¿Qué impacto tiene? Se levantarán seis torres de viviendas de hasta 29 plantas, ninguna de protección oficial, en un momento de grave crisis de vivienda en la ciudad.
El club toma las riendas del urbanismo de Mestalla
La resolución de la delegación de Urbanismo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que se trata de una «pequeña Unidad de Ejecución en suelo urbano con ordenación pormenorizada» y que no supone «un crecimiento urbanístico que deba ser objeto de especial control». El Ayuntamiento renuncia a la gestión directa porque, según sus propias palabras, «los recursos de la Administración son limitados» y hay un tercero dispuesto a asumirla. La admisión a trámite es provisional; la decisión definitiva deberá pasar por el pleno municipal.
A partir de ahora, el club dispone de tres meses desde la notificación para presentar una alternativa técnica y un programa económico, un proyecto de urbanización que detalle plazos, presupuesto y soluciones para aceras, alumbrado y zonas verdes, e incluya el derribo del mítico estadio. Una vez aprobado, se procederá a la reparcelación, que delimitará los solares y hará posible su venta individualizada.
0% de vivienda protegida en plena emergencia residencial
El ámbito cuenta con 75.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial y 14.000 metros cuadrados de suelo comercial sobre rasante. Se estima que saldrán entre 500 y 600 viviendas, ninguna de ellas de protección oficial (VPO). El Ayuntamiento defiende que el plan ATE de 2015 no contempló esa exigencia y que la legislación autonómica de la época (la Ley 1/2012 de la Generalitat) no la hacía obligatoria. Las fichas urbanísticas aprobadas en 2024, según el consistorio, no alteraron la edificabilidad residencial, por lo que no procede reserva alguna.
La concejala del PSPV, Elisa Valía, ha acusado al Gobierno municipal del PP de priorizar «el beneficio de los promotores y fondos de inversión por encima de las familias» y ha advertido de que todo el terciario previsto podría convertirse en hoteles o apartamentos turísticos tras el «fiasco de su nueva normativa. Para Valía, «el PP gobierna para las grandes empresas y en contra de las familias, saqueando el patrimonio municipal».
El asunto también está judicializado. La asociación Libertad VCF, opositora al máximo accionista Peter Lim, recurrió la aprobación de las fichas urbanísticas alegando precisamente la falta de VPO. El fallo está pendiente y podría obligar a revisar el planeamiento. Mientras tanto, los plazos corren para un club necesitado de liquidez.
En la Valencia de la emergencia habitacional, el viejo Mestalla se derribará sin una sola vivienda protegida.
Según el plano de detalle, las seis torres residenciales, de entre 15 y 29 plantas, se levantarán sobre galerías comerciales de dos alturas que darán a la avenida de Aragón y a la calle Joan Reglà. En la esquina de Joan Reglà con avenida de Suecia habrá un equipamiento público de 1.307 metros cuadrados, y hacia Blasco Ibáñez, un centro de salud y un colegio. El jardín central ocupará 24.728 metros cuadrados. El antiguo hotel icónico, en cambio, está en el aire: la empresa HCG Levante, propietaria de la parcela, se ha desvinculado de esa obligación y puede levantar allí cualquier edificación compatible con el PGOU.
El escenario valenciano
El caso pone de relieve una de las contradicciones del urbanismo en la Comunitat Valenciana, donde la presión sobre la vivienda alcanza niveles récord y, sin embargo, los grandes desarrollos esquivan la reserva de VPO. Valencia arrastra un déficit de vivienda asequible que el Ayuntamiento del PP está abordando con planes de apartamentos turísticos y recalificaciones, pero sin la contundencia que reclaman los colectivos sociales. A escala nacional, el debate sobre la vivienda protegida enfrenta al Gobierno central, empeñado en reforzarla, con muchas comunidades gobernadas por el PP, que critican la ineficacia de la Ley estatal de Vivienda. La decisión sobre Mestalla tiene, por tanto, lectura estatal: muestra cómo una administración local del PP facilita una gran operación privada sin condicionarla a la función social de la vivienda, justo cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez intenta impulsar más VPO y limitar los pisos turísticos. Si el recurso de Libertad VCF prosperara, podría obligar al consistorio a reformular el planeamiento. Por ahora, los plazos apremian: el club debe presentar su alternativa técnica en septiembre de 2026 y la subasta de los terrenos está prevista para finales de año o principios de 2027.
Ficha del Caso
- El caso: El Ayuntamiento de Valencia cede al Valencia CF la gestión del PAI del antiguo Mestalla, lo que permitirá demoler el estadio y construir más de 500 viviendas sin protección oficial, con oposición política y un recurso judicial pendiente.
- Datos importantes: 75.000 m² edificables para viviendas, seis torres de hasta 29 plantas, 0% VPO, estimación de 150 millones de euros por la venta de los terrenos, tres meses para presentar el proyecto de urbanización desde julio de 2026.
- Resumen: La decisión facilita la venta del suelo y acelera el derribo, pero refuerza las críticas a la política de vivienda municipal y deja en el aire el hotel icónico.
