Donald Trump ha movido ficha tras el varapalo judicial que supuso la sentencia del Tribunal Supremo contra su orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento. El presidente de Estados Unidos ha pedido a su equipo legal que solicite de inmediato la repetición del caso, en un giro estratégico que tensa aún más la cuerda institucional.
La decisión del alto tribunal, con 6 votos a favor y 3 en contra y cuyo ponente fue el presidente de la Corte, el juez John Roberts, dejó clara la lectura constitucional. La orden ejecutiva de Trump pretendía restringir la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes (indocumentados o con visados temporales), reinterpretando la 14ª Enmienda (la reforma constitucional que, desde 1868, otorga la nacionalidad a todos los nacidos en suelo estadounidense). El fallo determinó que cualquier persona nacida aquí está «sujeta a la jurisdicción» del país y, por tanto, es ciudadana desde el nacimiento. La ciudadanía derivada del nacimiento en suelo americano es un derecho constitucional inequívoco.
El desenlace parecía cerrado hace apenas una semana. Pero entonces llegó la reacción del presidente. En una publicación en su red social, Trump ha denunciado la aparición de carteles en la frontera sur y en México que ofrecen «ciudadanía por nacimiento desde cuatro mil dólares». Según sus palabras, «se están poniendo carteles que que ofrecen ‘ciudadanía por nacimiento’ desde 4.000 dólares», y calificó la situación de «estafa» insostenible.
El presidente no se detuvo ahí: «La ciudadanía estadounidense no está a la venta. De hecho, eso es un delito y, por tanto, el fallo del Supremo es erróneo. Solicitaré una repetición ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de inmediato». Un lenguaje inusualmente duro contra la máxima instancia judicial y un movimiento procesal poco habitual.
En el voto concurrente, el juez Brett Kavanaugh —quien votó en contra del presidente en la sentencia— abrió una rendija legislativa. Señaló que el Congreso sí tiene capacidad para modificar la ley y establecer excepciones a la ciudadanía por nacimiento, siempre que la nueva norma sea compatible con la Decimocuarta Enmienda. El matiz no pasó desapercibido: al principio, el propio Trump pareció aceptar la vía parlamentaria y pidió a los legisladores republicanos que actuaran.
Sin embargo, el anuncio del miércoles supone un volantazo. Ya no se trata de esperar al Congreso, sino de forzar al Supremo a desdecirse. Una apuesta que añade presión sobre los jueces conservadores y, al mismo tiempo, mantiene la cuestión migratoria en el centro del debate de cara al ciclo electoral de 2026.
La respuesta de Trump va más allá de la retórica: está poniendo a prueba los límites de la separación de poderes en Estados Unidos.
La decisión del Tribunal Supremo y el rechazo de la orden ejecutiva
La sentencia conocida la semana pasada no dejó dudas. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025 (decreto que no requiere aprobación del Congreso) buscaba reinterpretar la cláusula de «sujeción a la jurisdicción» de la 14ª Enmienda para excluir a los hijos de padres en situación irregular o con visados temporales. El fallo mayoritario lo tumbó por inconstitucional. El razonamiento: el texto constitucional es claro y no admite esa lectura restrictiva.
El juez Roberts, en nombre del tribunal, recordó que la enmienda respondía a la necesidad histórica de garantizar la igualdad de derechos tras la Guerra Civil. Cualquier excepción tendría que venir del poder legislativo. Ese es el verdadero corazón jurídico de la derrota del presidente.
La respuesta de Trump: exigir una repetición inmediata
Al pedir una nueva vista ante el mismo tribunal que le acaba de dar la espalda, el presidente utiliza un mecanismo excepcional. Las repeticiones no se conceden fácilmente: requieren que se demuestre un error jurídico grave o que algún juez cambie de posición. Pero el gesto tiene más de declaración política que de éxito procesal real. Washington no pide permiso para pelear; simplemente, alarga la batalla.
La Casa Blanca insiste en que la práctica de ofrecer «partos turísticos» se ha convertido en un negocio ilegal que desborda al sistema migratorio. Trump habla de miles de millones de dólares en fraude. Aunque las cifras concretas no han sido verificadas de forma independiente, la narrativa conecta con el electorado republicano más fiel y con la base de votantes que en 2024 le devolvió la presidencia.
La Lógica de Washington
La intención de la Casa Blanca no es ganar este asalto judicial concreto. La lógica de Washington es otra: se trata de prolongar el conflicto institucional para forzar al Congreso a legislar. El presidente sabe que una repetición exitosa es improbable, pero el ruido mediático y la presión política sobre los legisladores republicanos representan una baza poderosa.
El precedente histórico nos lleva a la época de la Reconstrucción y, más recientemente, a los intentos fallidos de limitar la ciudadanía por nacimiento mediante ley federal. Ningún presidente había llevado el desafío tan lejos. Trump ha roto el consenso bipartidista y ha colocado a su partido en una tesitura: o aprueba una reforma legislativa que afecta a millones de niños nacidos de inmigrantes, o queda retratado ante su electorado más duro.
Para España, el escenario tiene un impacto indirecto pero relevante. La comunidad española en Estados Unidos —residentes, trabajadores temporales y estudiantes— no se vería afectada de momento por una hipotética modificación, pero el clima de restricción migratoria encarece visados y endurece los trámites para empresas españolas con operaciones en América (Inditex, Santander, Iberdrola). Además, la postura de Washington podría influir en las negociaciones entre la UE y EE. UU. sobre movilidad laboral y programas de intercambio.
La proyección a corto plazo es clara: los jueces del Supremo tendrán que pronunciarse sobre la solicitud de repetición en las próximas semanas. Mientras tanto, el Partido Republicano se debate entre legislar como pidió Kavanaugh o desgastarse en un pulso con el Poder Judicial. La cuenta atrás electoral ya ha comenzado y el presidente necesita una victoria, aunque sea simbólica.
Ficha del Caso
- El caso: El presidente Trump busca que el Tribunal Supremo reconsidere su fallo sobre la ciudadanía por nacimiento, que tumbó su orden ejecutiva por 6 votos a 3.
- Datos clave: La 14ª Enmienda (1868) garantiza la ciudadanía a todo nacido en suelo estadounidense. El voto concurrente de Kavanaugh sugiere que el Congreso podría modificar la ley, pero aún no lo ha hecho.
- Para España: Aunque los ciudadanos españoles no son objetivo directo, un endurecimiento general del sistema migratorio complica la movilidad de trabajadores y empresas españolas con presencia en EE. UU.
