El Gobierno español ha confirmado este miércoles que solicitará en septiembre el séptimo pago de los fondos europeos Next Generation EU, con la previsión de recibir el desembolso antes de que acabe 2026. El anuncio lo ha realizado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para la Unión Europea.
España solicitará en septiembre el séptimo pago de los fondos Next Generation
La nueva petición se enmarca en la recta final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Cuerpo ha asegurado que el Ejecutivo mantiene un “compromiso firme y claro” para que los fondos lleguen a la economía y las empresas españolas. El sexto desembolso, que se cobró parcialmente la semana pasada, incluía proyectos como la entidad estatal de vivienda Casa 47, la Ley de Movilidad Sostenible, el Perte de descarbonización industrial, el Kit Digital y el programa Invest EU. Con la séptima solicitud, España aspira a mantener el ritmo de ejecución que le ha situado como el segundo país de la UE en subvenciones desembolsadas y en hitos cumplidos, solo por detrás de Italia.
A 31 de mayo de 2026, el Ministerio de Economía contabilizaba ya 68.534 millones de euros asignados a proyectos entre la administración general del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. La cifra supone un avance considerable, pero también deja margen para que la oposición cuestione la capacidad de absorción. El PP, a través del diputado Francisco José Conde, ha acusado a Cuerpo de mentir y ha asegurado que el Gobierno “va a pedir a Europa un plan de rescate, porque no ha hecho su trabajo”.
La gigafactoría de IA y los proyectos emblemáticos que financiará el desembolso
Entre los proyectos estrella que recibirán parte del séptimo pago destaca la gigafactoría de inteligencia artificial de Móra la Nova, en Tarragona. La Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (SETT) ha anunciado una aportación pública de 720 millones de euros, a los que se sumarán alrededor de 800 millones de fondos privados. Para el Gobierno, esta infraestructura otorgará a España “soberanía en inteligencia artificial” y la posicionará en el mapa europeo de la computación de alto rendimiento. La instalación no solo atraerá inversión, sino que aspira a generar un ecosistema de empresas tecnológicas en una zona tradicionalmente industrial.
El séptimo pago también financiará otros instrumentos que ya aparecían en el sexto, como el programa Invest EU o nuevas convocatorias del Kit Digital. La continuidad de estos proyectos es una de las bazas que el Ejecutivo quiere vender en Bruselas: España no solo ejecuta, sino que acumula experiencia y masa crítica para que el impacto de los fondos sea duradero.
Los 68.534 millones ya asignados muestran una ejecución real, pero el ruido político interno amenaza con empañar la narrativa de éxito ante Bruselas.
El Eje del Poder Europeo
España se encuentra en una posición delicada. Por un lado, figura entre los alumnos aventajados en la ejecución del Next Generation EU, con un volumen de hitos y objetivos que solo supera Italia. Por otro, la presión de la oposición y el desgaste que genera la gestión de los fondos –con dudas recurrentes sobre la llegada real a pymes y autónomos– convierten cada comparecencia en un campo de minas. La solicitud del séptimo pago no es solo un trámite administrativo: es una prueba de que el Gobierno mantiene la credibilidad ante la Comisión Europea en un momento en que el semestre europeo vuelve a apretar con la nueva regla de gasto.
En Bruselas se valora la celeridad española, pero también se mira con lupa la capacidad de absorber tantos recursos sin generar cuellos de botella ni burbujas sectoriales. La gigafactoría de IA, aunque ilusionante, concentra una inversión muy elevada en un proyecto cuyo retorno es a largo plazo. Los precedentes no ayudan: otros Estados miembros han visto cómo grandes infraestructuras financiadas con fondos comunitarios acababan lastrando sus cuentas por sobrecostes o baja demanda.
La apuesta del Gobierno por el fondo soberano España Crece, que pretende movilizar más de 120.000 millones de euros mediante colaboración público-privada, es la siguiente carta. Si Bruselas da por bueno el séptimo desembolso, la transición hacia un modelo de financiación mixto será más fácil. Si surgen objeciones de calado, el ruido interno entre Moncloa y el PP podría escalar y complicar la recta final del Plan de Recuperación. La clave estará en la ejecución real de los proyectos que ahora se presentan como bandera.
